Los audios difundidos por IDL-reporteros sobre
tráfico de influencias en los altos niveles del estado confirma algo que todos
sabemos: la descomposición del estado y la sociedad peruana.
Los niveles excrementicios de los audios ratifican
los hechos. En este caso especial, el Poder Judicial, el órgano encargado con
imparcialidad de administrar justicia. Los audios confirman que es posible
eludir mecanismos tan sutiles como el diseñado en la Constitución del 93 para la
elección de los magistrados. Parecía sensato que la “sociedad civil” a través
de los colegios profesionales elija a los jueces y fiscales que administrarán
justicia. Lo que no se previó es que el mecanismo institucional podía ser
pervertido con la colusión de evaluados y evaluadores y que los exámenes apenas
iban a ser un formalismo para que ingresen los jueces y fiscales “leales” a
quien los nombró, que se coordinará para “mejorar el sueldo” a algún familiar
que trabaja bajo las órdenes del “hermanito” (es sintomático el tono coloquial de complicidad como se
tratan los implicados en los audios). También es sintomático como desde el
congreso y cierta prensa estaban detrás del mensajero antes que del mensaje, y
si era “inconstitucional” la propalación de los audios sin el consentimiento de
los implicados. A ese nivel estamos.
Quienes conocen un poco el sistema judicial por
dentro, saben que no es novedad lo escuchado en los audios. La influencia
política y económica es bastante fuerte entre los jueces y fiscales, sobretodo
en casos muy especiales. Hay sentencias que se venden al “peso” y el resultado
depende cuánto pague el demandante o el demandado para ganar. O qué poder
económico o político se tiene para archivar una denuncia en el Ministerio
Público. Tampoco podemos decir que la corrupción haya comenzado en los años 90
con el fujimorismo. Existía desde mucho antes, desde los inicios de la
república. El guano y el ferrocarril de Meiggs en el siglo XIX, las faraónicas
obras de Leguía y Odría en el XX o las concesiones de obras a favor de
Odebrecht en el presente siglo. Ahora es más visible y la sociedad se
sensibiliza mucho más con lo que ve o con lo que escucha. Pero, no son
problemas nuevos ni producto originado por un solo grupo político. La
corrupción irradia por igual a grupos de derecha o de izquierda.
La reacción más probable, aparte de las
renuncias de altos funcionarios
implicados que hemos presenciado o las prisiones preventivas, será “aumentar
las penas” de los delitos, un remiendo más al Código Penal, y los consabidos
discursos sobre “corrupción cero”. La solución tampoco pasa por una asamblea
constituyente que “refunde” el país. Los recursos políticos, como la
convocatoria a una constituyente, tienen efecto corto y no son solución al
problema. Pasado algún tiempo aparecerán otros audios o videos de algún caso de
corrupción grave en las alturas del poder. Volveremos a los discursos de
siempre y a aumentar de nuevo las penas por corrupción, y así. Cambiarán de
repente los actores pero no los hechos. El asunto no es tanto de cambio de
instituciones (que serán burladas como las actuales), sino de operadores del
sistema y de una “cultura de la corrupción” que es estructural en nosotros.
No quiero ser pesimista, pero comparto la idea
que vivimos en una sociedad anómica, sin reglas. Que gran parte de la población
no cree en el estado (salvo para servirse de él), ni es solidaria ni menos tiene
valores. Que el tema de la corrupción es histórico y por tanto estructural (nos
viene por lo menos de la época de la Colonia). No es casual que México y Perú,
los dos virreinatos más importantes de América, donde se negociaban todas las
prebendas al mejor postor (lo que ahora llamaríamos las concesiones), donde los
sobornos y las compras de cargos públicos y compra de jueces eran asunto común,
atraviesen por similares problemas de corrupción, que incluye a jueces,
fiscales y altos funcionarios de la administración pública. Nada de nuestros
problemas actuales es casual.
Quizás la única forma de cambiar el estado de
las cosas es con un movimiento en contrario tan grande que permita ir en
sentido opuesto a la corriente dominante de la corrupción. Lo malo es que
requeriríamos la participación activa de la sociedad, y la sociedad está poco
interesada en estos temas, más allá de la indignación temporal. Los grupos
organizados que propalan los audios no tienen
la recepción ni cobertura necesaria como para efectuar un movimiento
constante. Los ciudadanos bien intencionados, los republicanos y en general
todos aquellos que desean un cambio del estado actual, no tienen la llegada ni
el poder necesarios para una reforma radical del sistema. Su foco de acción es
bastante limitado.A los políticos que usufructúan del poder no les interesa un
cambio; y, a los grandes empresarios (como a los medianos o pequeños) les
interesa menos luchar contra la corrupción. Es más, son parte del sistema, sino
vean el caso Odebrecht y del propio Poder Judicial. No
esperemos mucho.
Por los
audios, todo indica que el poder político somete a los magistrados a sus
intereses a cambio de permitirles sus “negocios” y extender una red de gran
corrupción que incluye el narcotráfico y el lavado de activos (por ello obtener
una plaza como juez o fiscal en el distrito judicial del Callao era una de las
más codiciadas por obvias razones). No son únicamente “los diez verdecitos”,
sino magistrados leales en puestos clave para los casos donde “el cliente” esté
dispuesto a pagar una alta suma de dinero por archivar su proceso.
Los audios también revelan que los jueces y
fiscales dedicados a estos menesteres necesitan amparo político para seguir en
sus actividades. De allí la necesidad de “estar bien” con quienes manejan el
poder, sea desde el Congreso o desde el Ejecutivo (el pedido de entrevistas o
de “almuercitos” con quienes deciden desde el ámbito político es bastante
revelador de ello).
Se creyó que aperturando los mercados,
“destrabando” la economía y formalizando la propiedad, alcanzábamos por arte de
magia el primer mundo. La realidad demuestra lo contrario. Lo cierto es que
desde un punto de vista netamente de desarrollo económico, con corrupción y
mercantilismo, difícilmente pasaremos a las grandes ligas. Es más, podemos
regresionar a estados económicos ya superados. Vean el caso de Argentina o el
Brasil actual. Sin una institucionalidad sólida, un poder judicial eficiente e
imparcial, sin servicios adecuados por parte del estado, y viviendo en la
corrupción y el compadrazgo no pasaremos de ser una nación de ingresos medios,
con posibilidades, reitero, de regresionar a épocas pasadas.
En Inglaterra, a inicios del siglo XIX, un
grupo de intelectuales llamados los “filósofos radicales” se dieron cuenta que
la sola revolución industrial que había vivido Inglaterra en el siglo XVIII no
garantizaba un desarrollo y autonomía por si mismo, y plantearon una serie de
reformas netamente institucionales relacionadas con la sociedad y el estado:
libertad de credo, de prensa, derecho universal al sufragio. Esas reformas, ahora
de sentido común, en su época fueron revolucionarias. Reformas institucionales
que cimentaron el desarrollo económico vivido gracias a la revolución
industrial.
Quizás los cambios –si se llegan a dar- sean un
trabajo a largo plazo. Pensar en un cambio consensuado como si estuviésemos en
Suiza o Inglaterra, es pedir demasiado. Más pueden funcionar reformas graduales
que cambios radicales. Estos últimos han demostrado su fracaso cuando han
tenido de impulso el simple voluntarismo o producto de cálculos políticos.
Debemos comenzar a mirar al pasado, a revisar
la historia, nuestra y la de los otros.
