Eduardo
Jiménez J.
ejimenez2107@gmail.com
@ejj2107
Circula
una encuesta con un alza de los que estarían a favor de una Asamblea
Constituyente; y si bien se debe tomar con pinzas no solo por ser una encuesta
hecha por teléfono, sino por el ánimo exacerbado que se vive en estos momentos;
no obstante ello podemos colegir que esta alza obedece a la situación de
convulsión política que estamos viviendo y al trabajo de concientización que buena
parte de la izquierda ha efectuado desde hace mucho tiempo. Ha sido una
narrativa de cerca de 20 años donde la izquierda ha vendido la idea que una
nueva constitución es la solución de todos nuestros problemas. Se presenta como
una suerte de pomada milagrosa curalotodo.
En contraste,
se presenta a la constitución vigente como la villana de la película, la que no
permite hacer obras a favor del pueblo o dar servicios idóneos. Esa narrativa
ha calado, sobre todo entre gente sencilla, fácilmente manipulable, que no
tiene muchos conocimientos de lo que contiene la carta política.
Se debe tomar en
cuenta lo que sucedió en Chile el 2019, donde muchos ciudadanos pensaron que el
cambio de constitución iba a solucionar los problemas que les aquejaban,
olvidando que al final de cuentas la constitución es solo una ley que por sí
misma no soluciona ningún problema. Ya calmados los ánimos y viendo el engendro
creado por la Asamblea chilena, masivamente votaron por el no al proyecto de nueva
constitución.
Volviendo al
tema, hay dos aspectos que llaman la atención de la encuesta. El manejo
empresarial del estado y la eliminación de cualquier signo de derechos a favor
de las minorías sexuales y más bien el retorno de ideas retro como la pena de
muerte o la penalización del aborto.
Sobre el
manejo empresarial del estado, cuyo porcentaje ha subido, si bien la encuesta
no detalla razones, supongo que parte se debe a la idea que una empresa del
estado no cobrará demasiado por los servicios públicos como energía y
telecomunicaciones.
Lo malo con
esta idea es que no toma en cuenta el antecedente histórico de pésimo manejo
empresarial que tuvo el estado en los años 70 del siglo pasado cuando se
nacionalizó varias empresas internacionales. Tampoco que la más emblemática de
todas ellas, Petroperú, arroja pérdidas y el estado la tiene que subsidiar,
ergo todos nosotros, los peruanos, ya que sale de los impuestos directos o
indirectos que pagamos. Las empresas públicas en nuestro país han sido nido de
corrupción, malos manejos y clientelismo, de allí los candados que se pusieron
en la constitución vigente.
Sobre lo otro
(restablecimiento de la pena de muerte y servicio militar obligatorio), podemos
decir que los extremos se juntan: la derecha más conservadora, con la izquierda
más reaccionaria comulgan en las mismas ideas. Igual sucede con la proscripción
de toda mención a los derechos de las minorías sexuales como el matrimonio
igualitario o la liberación del aborto, banderas de la izquierda progresista
que tienen poco apoyo ciudadano y que, seamos sinceros, siempre fueron banderas
de minorías que el sentir mayoritario, mucho más conservador en el Perú.
Una
constitución no produce por si cambios sociales y lo que cojea entre nosotros
más bien son las políticas públicas tanto del gobierno central, como los
gobiernos regionales y locales, gobiernos que se han dedicado más a la
corrupción y a hacerse ricos rápidamente quien ostenta un cargo público que a
atender las necesidades del ciudadano.
Esta foto del
momento debe ser contrastada con otra que se tome cuando las aguas amainen y se
vean las cosas más serenamente. Igualmente hace falta que los liberales defiendan
mejor los argumentos a favor de la constitución económica. Una labor no solo
académica, sino de base. Un hecho incuestionable y estadístico es que la
pobreza bajó notablemente bajo el capítulo económico de la actual carta
política, no por la constitución, sino porque se pusieron las bases
institucionales de un buen manejo económico que hasta ahora nos ha permitido
soportar los embates que hemos sufrido.
