Hablar o escribir acerca de la reforma del estado implica establecer una posición ideológica previa de quien habla o escribe sobre el tema, salvo que se quiera pasar desapercibido, asépticamente puro, como ha sucedido con algunos que han opinado sobre el tema. Es así que para los neoliberales, la reforma del estado solo pasa por una mejor eficiencia de la administración pública (uso de la informática, simplificación administrativa, mejor atención al usuario) y una sensible reducción del personal (despidos); mientras que para los estatistas, una reforma no necesariamente pasa por un estado más elástico y con reacciones más prontas, sino por la creación de empresas públicas o de más ministerios a fin de atender las demandas sociales.
Sin embargo, la reforma del estado pasa necesariamente por saber qué tipo de estado queremos. Y allí es donde surgen las divergencias abismales.
Ya Fujimori había planteado una reforma del aparato estatal en los años iniciales de su primer gobierno que significó una disminución de la planilla burocrática y una reducción de ministerios, así como la creación de “islotes de eficiencia” dentro del aparato burocrático: oficinas descentralizadas funcionales, personal técnico muy calificado e infraestructura moderna (Indecopi, Sunat, Sunarp). Lamentablemente la búsqueda de la re-reelección dejó “congelado” el proyecto donde intervinieron jóvenes tecnócratas neoliberales (una de ellas fue la conocida periodista y abogada Rosa María Palacios).
Pero, una reforma más amplia y profunda abarca temas como la reforma institucional, el acceso a un estado más democrático, inclusivo y moderno, que satisfaga las demandas sociales de la sociedad, de un estado más ágil y flexible, y, pasa también por una necesaria reconversión de las fuerzas armadas y fuerzas policiales; en fin, de un estado más hacia el siglo XXI y hacia un país más moderno. Una reforma del estado igualmente implica una reforma judicial profunda y un sistema que permita la redistribución de los beneficios a todos (“el chorreo”). Y para todo eso es necesario tener objetivos previos claros y bien definidos. Se trata de un proyecto a largo plazo y que demora más de un gobierno, por lo que requiere continuidad institucional.
Pero, considerando que el ejecutivo prefiere no arriesgar demasiado en cada paso que da (costo político bajo), lo más probable es que una “reforma del estado” pase por un camino más modesto que será lanzado con bombos y platillos en el más optimista de los panoramas para después caer en el olvido cuando el tema haya perdido su encanto mediático. No esperemos más.
Post scriptum: Luego de la crisis ministerial y desafección de Pilar Mazzetti en el Ministerio del Interior, ha asumido funciones Luis Alva Castro, el mismo que fue gran responsable de la hiperinflación de 1988-90, al permitir en los años previos de su premierato y mando en el MEF, durante el primer gobierno de Alan García, la emisión inorgánica de papel moneda. Ahora no está en esa sensible cartera (felizmente), pero es de temer que el Mininter se cope de “compañeros” y que la moralización quede en un bonito anuncio inaugural. Ojalá me equivoqué, pero no le veo condiciones de asumir un liderazgo de reforma en un ministerio donde salta la pus apenas se aprieta un poco.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, February 27, 2007
Thursday, February 22, 2007
¿CONSTITUCIÓN DE 1979 O DE 1993?
Cada cierto tiempo, y por las más distintas razones, emerge el debate constitucional que se reduce a dos opciones: o regresar a la Carta Política de 1979 o mantener la vigente. Ambas posiciones sostienen la idea que son necesarias reformas previas, se trate de retornar a la carta derogada o de continuar con la actual.
Si bien cada posición es muy respetable, sin embargo sus argumentos más que jurídicos o sociales, son de carácter retórico. Así, por ejemplo, los “retornistas” a la Constitución del 79, sostienen que es la carta prístina, constitucionalmente “pura”, “legítima en sus orígenes”, mientras que la otra es una carta espuria (algo así como antaño era procrear un hijo fuera del matrimonio), un hijo “bastardo” concebido para satisfacer las bajas pasiones de la reelección del autócrata a fin de perpetuarse en el poder, por lo que al ser promulgada por un dictador sería nula desde sus orígenes; en cambio, para los “vigentistas”, la carta del 79 está desfasada y no podemos regresar al pasado debido a que traería inestabilidad jurídica y económica, espantaría a las inversiones, además que la carta del 93 trae consigo instituciones nuevas que no tenía la anterior y su régimen económico está más acorde con los nuevos tiempos.
Sin embargo, el debate es bizantino. El asunto no es tanto retornar a una carta o mantener la actual (o incluso elaborar una nueva carta “desde cero” como proponen algunos). La cuestión reside más en la necesidad o no de cambiar la carta y de ser necesario en qué cambiarla, así como de la coyuntura o del momento para realizarlo.
Y no es tan fácil como parece.
En primer lugar, cabe la pregunta ¿quién realiza las reformas, el actual congreso o una asamblea constituyente ex profeso?
Los legalistas y apegados a la literalidad del texto de la carta política vigente sostendrán que el actual congreso está facultado para realizar el cambio, toda vez que el mismo texto constitucional los faculta; en cambio los que sostienen que debe ser una asamblea constituyente convocada ex profeso sostienen que el actual congreso no ha recibido mandato alguno del pueblo para realizar semejantes cambios, que deben ser hechos más bien por una asamblea convocada para tal finalidad.
Desde el inicio existe un problema de legitimidad, ¿quién se encargará de la reforma, el congreso en funciones o una asamblea constituyente constituida para tal fin?
La legitimidad se verá afectada de tomar cualquiera de los dos caminos, además que la composición de una eventual Asamblea Constituyente sería muy distinta al parlamento actual, lo que va a provocar evidentemente ciertas rencillas y algún que otro gesto de folclorismo político, dependiendo de la calidad de los recursos humanos que la conformen; aparte que el presente congreso no se caracteriza por tener constitucionalistas de primer nivel, salvo una que otra honrosa excepción.
Pero supongamos (ceteris paribus como dirían los economistas) que el problema queda resuelto y que por razones pragmáticas y de presupuesto, se decide que sea el congreso en funciones el encargado de la reforma de la carta.
Si el punto es cambiar el texto constitucional, no podría ser realizado sin proponer el Legislativo un amplio debate en la sociedad y sobretodo que la constitución aprobada no quede en un cambio meramente retórico, sino que los cambios sean sustanciales, vale decir, sentar un pacto fundacional que tenga comprometida a la sociedad, y para ello es necesario que el mismo Congreso legisle críticamente.
Una constitución no es solo “la ley de leyes” (como huachafamente dicen algunos - con el perdón de Hans Kelsen-), sino que una constitución es el acuerdo social, político y económico que toma una nación en un momento determinado de su historia. Es el compromiso que realiza un grupo social para decidir cómo y hacia dónde vamos y, sobretodo, cuáles son las herramientas, garantías y limitaciones de ese pacto. En pocas palabras, una constitución es un proyecto nacional de bien común.
Veamos algunos problemas que deberían ser tratados honesta y seriamente al momento de reformar la carta.
Por ejemplo, si reformamos la estructura del Estado (la parte orgánica de la constitución), vamos a tener que muchas instituciones deben ser puestas al día, acorde con la época, entre ellas el vetusto y criticado Poder Legislativo y su par el Poder Judicial.
¿Introduciremos como reforma la renovación por tercios o por mitades del congreso como tantas veces se ha planteado? O, ¿seguimos con el régimen unicameral, perfeccionándolo, o regresamos al bicameral? Las respuestas a estas preguntas plantean un desafío para el Poder Legislativo, no sólo intelectual, sino de desprendimiento en aras del interés nacional. ¿Se sacrificarán los actuales congresistas a fin de favorecer un mayor perfeccionamiento institucional que ponga de nuevo en el nivel que le corresponde al primer poder del estado? O, para decirlo de otra manera, ¿renunciarán los actuales congresistas a sus cinco años de mandato y se someterán a una fiscalización y mayor transparencia crítica de la sociedad? ¿Promoverán las causales de vacancia del congresista? ¿Renunciarán a la inmunidad parlamentaria absoluta?
O, analicemos el Poder Judicial. ¿Seguiremos designando al Presidente de este importante poder del estado como hasta ahora (sólo un puñado de vocales, que entre ellos reunidos, designan al presidente de la Corte Suprema) o iremos a la elección por votación universal y secreta de todos los magistrados de la república para que elijan a su más alto representante nacional? O, ¿seguiremos con una Corte Suprema centralizada y burocrática, o vamos a la descentralización de la máxima instancia judicial? Y, si vamos a las instancias inferiores, ¿implementaremos el sistema de jurados para los casos penales, a fin que sea la propia sociedad quien decida sobre la pena que impone al autor de un delito?
Sobre el Poder Ejecutivo, en un país que cuenta más con caudillos que con instituciones sólidas, seguiremos con la reelección del presidente de la república pasado un período o vamos a un mandato corto de cuatro años con posibilidades de una sola reelección inmediata y de allí nunca más vuelve a postular a cargo público alguno. ¿Se atreverá algún líder de partido político con aspiraciones presidenciales ha proponer algo así?
En cuanto a la descentralización política, ¿iremos hacia un gobierno federal con autonomías regionales plenas o nos quedaremos con el gobierno unitario y centralista? La decisión no es sencilla y requiere de mucho coraje político, porque de tomarse el primer camino significará el ocaso de los grandes caudillos nacionales y el inicio de otra forma de hacer y entender la política.
O, vayamos a los organismos electorales. Desde la vigencia de la actual constitución ha existido un debate entre los que sostienen que se debe regresar a la antigua forma donde el Jurado Nacional de Elecciones era quien elaboraba el padrón electoral, convocaba a elecciones, llevaba a cabo el sufragio y resolvía las controversias; es decir, era órgano administrativo, ejecutor y dirimente. Todo a la vez. Y los que prefieren mantener la actual conformación, por considerarla más moderna y eficaz administrativa y jurisdiccionalmente.
Los que quieren regresar a la usanza antigua aportan solo argumentos trillados, como el consabido “fraude”, olvidando que ya llevamos dos elecciones generales (la de 2001 y la de 2006) con el sistema electoral tripartito sin que nadie haya denunciado seriamente fraude alguno. ¿Nos quedamos con el actual sistema perfeccionándolo o regresamos al antiguo? Pregunta difícil de responder sin dejar de lado el apasionamiento político y sobretodo si no se cuenta con conocimientos técnicos para absolverla, lo que muy pocos políticos tienen.
Existen más preguntas que se pueden hacer si se trata de una verdadera reforma constitucional. Creo que con las expuestas es suficiente como para reflexionar que el asunto no es simplemente “cambiar la carta”, sino porqué cambiarla.
Examinemos ahora la constitución económica o el régimen económico constitucional.
El régimen económico de la Carta del 79 es totalmente distinto al de la Carta del 93.
Obedecen a concepciones económicas totalmente diferentes, mientras la carta del 79 tiene un esquema keynesiano, en el cual se le otorga al Estado un papel bastante activo, de un dirigismo estatal muy marcado; la actual se encuentra dentro de la concepción económica neoliberal, de laissez faire absoluto y con una participación secundaria y bastante tímida del Estado. Las explicaciones de uno y otro modelo obedecen a la ideología que los sustenta y al contexto socio-económico mundial en que fueron promulgadas ambas cartas y cuya repercusión se sintió también en nuestro país.
¿Con cuál nos quedamos? Algunos, sin pestañear, proponen retornar al régimen económico de la Constitución del 79, como si en el Perú y el mundo no habría pasado nada en los últimos treinta años. Otros, inclinados al liberalismo mercantil, proponen no tocar ni una coma del contenido económico de la Carta del 93. Personalmente estoy inclinado a una mixtura de ambos regímenes. Los dos contienen instituciones útiles y merecen rescatarse, no podemos a rajatabla condenar uno para imponer el otro, aunque la “combinación” requiere una delicada operación quirúrgica que armonice las instituciones de ambas concepciones, en un marco que le permita una participación regulatoria y empresarial activa al Estado, pero respetando las reglas del mercado y sin caer en un controlismo o dirigismo absoluto, donde debe primar el interés público pero sin descuidar los micro intereses particulares que se mueven en la sociedad y que son el motor de la riqueza. (En lo particular me inclino por tomar como base para la reforma del régimen económico a la carta del 93, debido a que la del 79 es excesivamente reglamentarista y controlista, pero eso sí, rescatando de esta última ciertas instituciones importantes que contiene).
Y, para terminar, en la parte dogmática de la constitución, la referente a los derechos fundamentales de la persona, ¿seguiremos con la costumbre de seguir incorporando más derechos constitucionales que quedan en el papel o nos esforzaremos por hacer realidad siquiera alguno de ellos? Hasta ahora, por ejemplo, la universalidad del seguro social sigue siendo un buen deseo más que una tangible realidad. Si cada gobierno democrático desde 1980 en adelante se hubiera propuesto en serio hacer realidad siquiera un derecho social durante su mandato, hoy la situación de millones de peruanos sería muy distinta.
Como vemos, la discusión tal como está planteada a fin de decidir con cuál constitución política nos quedamos es más retórica que real, con un discurso bastante pobre, repetitivo, carente de ideas originales y más bien repleto de clichés, que no afectará para nada la vida de los millones de peruanos de a pie; y, quizás nos encontremos que de aquí a algunos años, cuando se presente alguna crisis política bastante seria, estaremos de nuevo hablando de “una nueva constitución”. La sociedad va por un lado, mientras que los promotores de la discusión bizantina viven encerrados en su torre de marfil o de sus propios intereses.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Si bien cada posición es muy respetable, sin embargo sus argumentos más que jurídicos o sociales, son de carácter retórico. Así, por ejemplo, los “retornistas” a la Constitución del 79, sostienen que es la carta prístina, constitucionalmente “pura”, “legítima en sus orígenes”, mientras que la otra es una carta espuria (algo así como antaño era procrear un hijo fuera del matrimonio), un hijo “bastardo” concebido para satisfacer las bajas pasiones de la reelección del autócrata a fin de perpetuarse en el poder, por lo que al ser promulgada por un dictador sería nula desde sus orígenes; en cambio, para los “vigentistas”, la carta del 79 está desfasada y no podemos regresar al pasado debido a que traería inestabilidad jurídica y económica, espantaría a las inversiones, además que la carta del 93 trae consigo instituciones nuevas que no tenía la anterior y su régimen económico está más acorde con los nuevos tiempos.
Sin embargo, el debate es bizantino. El asunto no es tanto retornar a una carta o mantener la actual (o incluso elaborar una nueva carta “desde cero” como proponen algunos). La cuestión reside más en la necesidad o no de cambiar la carta y de ser necesario en qué cambiarla, así como de la coyuntura o del momento para realizarlo.
Y no es tan fácil como parece.
En primer lugar, cabe la pregunta ¿quién realiza las reformas, el actual congreso o una asamblea constituyente ex profeso?
Los legalistas y apegados a la literalidad del texto de la carta política vigente sostendrán que el actual congreso está facultado para realizar el cambio, toda vez que el mismo texto constitucional los faculta; en cambio los que sostienen que debe ser una asamblea constituyente convocada ex profeso sostienen que el actual congreso no ha recibido mandato alguno del pueblo para realizar semejantes cambios, que deben ser hechos más bien por una asamblea convocada para tal finalidad.
Desde el inicio existe un problema de legitimidad, ¿quién se encargará de la reforma, el congreso en funciones o una asamblea constituyente constituida para tal fin?
La legitimidad se verá afectada de tomar cualquiera de los dos caminos, además que la composición de una eventual Asamblea Constituyente sería muy distinta al parlamento actual, lo que va a provocar evidentemente ciertas rencillas y algún que otro gesto de folclorismo político, dependiendo de la calidad de los recursos humanos que la conformen; aparte que el presente congreso no se caracteriza por tener constitucionalistas de primer nivel, salvo una que otra honrosa excepción.
Pero supongamos (ceteris paribus como dirían los economistas) que el problema queda resuelto y que por razones pragmáticas y de presupuesto, se decide que sea el congreso en funciones el encargado de la reforma de la carta.
Si el punto es cambiar el texto constitucional, no podría ser realizado sin proponer el Legislativo un amplio debate en la sociedad y sobretodo que la constitución aprobada no quede en un cambio meramente retórico, sino que los cambios sean sustanciales, vale decir, sentar un pacto fundacional que tenga comprometida a la sociedad, y para ello es necesario que el mismo Congreso legisle críticamente.
Una constitución no es solo “la ley de leyes” (como huachafamente dicen algunos - con el perdón de Hans Kelsen-), sino que una constitución es el acuerdo social, político y económico que toma una nación en un momento determinado de su historia. Es el compromiso que realiza un grupo social para decidir cómo y hacia dónde vamos y, sobretodo, cuáles son las herramientas, garantías y limitaciones de ese pacto. En pocas palabras, una constitución es un proyecto nacional de bien común.
Veamos algunos problemas que deberían ser tratados honesta y seriamente al momento de reformar la carta.
Por ejemplo, si reformamos la estructura del Estado (la parte orgánica de la constitución), vamos a tener que muchas instituciones deben ser puestas al día, acorde con la época, entre ellas el vetusto y criticado Poder Legislativo y su par el Poder Judicial.
¿Introduciremos como reforma la renovación por tercios o por mitades del congreso como tantas veces se ha planteado? O, ¿seguimos con el régimen unicameral, perfeccionándolo, o regresamos al bicameral? Las respuestas a estas preguntas plantean un desafío para el Poder Legislativo, no sólo intelectual, sino de desprendimiento en aras del interés nacional. ¿Se sacrificarán los actuales congresistas a fin de favorecer un mayor perfeccionamiento institucional que ponga de nuevo en el nivel que le corresponde al primer poder del estado? O, para decirlo de otra manera, ¿renunciarán los actuales congresistas a sus cinco años de mandato y se someterán a una fiscalización y mayor transparencia crítica de la sociedad? ¿Promoverán las causales de vacancia del congresista? ¿Renunciarán a la inmunidad parlamentaria absoluta?
O, analicemos el Poder Judicial. ¿Seguiremos designando al Presidente de este importante poder del estado como hasta ahora (sólo un puñado de vocales, que entre ellos reunidos, designan al presidente de la Corte Suprema) o iremos a la elección por votación universal y secreta de todos los magistrados de la república para que elijan a su más alto representante nacional? O, ¿seguiremos con una Corte Suprema centralizada y burocrática, o vamos a la descentralización de la máxima instancia judicial? Y, si vamos a las instancias inferiores, ¿implementaremos el sistema de jurados para los casos penales, a fin que sea la propia sociedad quien decida sobre la pena que impone al autor de un delito?
Sobre el Poder Ejecutivo, en un país que cuenta más con caudillos que con instituciones sólidas, seguiremos con la reelección del presidente de la república pasado un período o vamos a un mandato corto de cuatro años con posibilidades de una sola reelección inmediata y de allí nunca más vuelve a postular a cargo público alguno. ¿Se atreverá algún líder de partido político con aspiraciones presidenciales ha proponer algo así?
En cuanto a la descentralización política, ¿iremos hacia un gobierno federal con autonomías regionales plenas o nos quedaremos con el gobierno unitario y centralista? La decisión no es sencilla y requiere de mucho coraje político, porque de tomarse el primer camino significará el ocaso de los grandes caudillos nacionales y el inicio de otra forma de hacer y entender la política.
O, vayamos a los organismos electorales. Desde la vigencia de la actual constitución ha existido un debate entre los que sostienen que se debe regresar a la antigua forma donde el Jurado Nacional de Elecciones era quien elaboraba el padrón electoral, convocaba a elecciones, llevaba a cabo el sufragio y resolvía las controversias; es decir, era órgano administrativo, ejecutor y dirimente. Todo a la vez. Y los que prefieren mantener la actual conformación, por considerarla más moderna y eficaz administrativa y jurisdiccionalmente.
Los que quieren regresar a la usanza antigua aportan solo argumentos trillados, como el consabido “fraude”, olvidando que ya llevamos dos elecciones generales (la de 2001 y la de 2006) con el sistema electoral tripartito sin que nadie haya denunciado seriamente fraude alguno. ¿Nos quedamos con el actual sistema perfeccionándolo o regresamos al antiguo? Pregunta difícil de responder sin dejar de lado el apasionamiento político y sobretodo si no se cuenta con conocimientos técnicos para absolverla, lo que muy pocos políticos tienen.
Existen más preguntas que se pueden hacer si se trata de una verdadera reforma constitucional. Creo que con las expuestas es suficiente como para reflexionar que el asunto no es simplemente “cambiar la carta”, sino porqué cambiarla.
Examinemos ahora la constitución económica o el régimen económico constitucional.
El régimen económico de la Carta del 79 es totalmente distinto al de la Carta del 93.
Obedecen a concepciones económicas totalmente diferentes, mientras la carta del 79 tiene un esquema keynesiano, en el cual se le otorga al Estado un papel bastante activo, de un dirigismo estatal muy marcado; la actual se encuentra dentro de la concepción económica neoliberal, de laissez faire absoluto y con una participación secundaria y bastante tímida del Estado. Las explicaciones de uno y otro modelo obedecen a la ideología que los sustenta y al contexto socio-económico mundial en que fueron promulgadas ambas cartas y cuya repercusión se sintió también en nuestro país.
¿Con cuál nos quedamos? Algunos, sin pestañear, proponen retornar al régimen económico de la Constitución del 79, como si en el Perú y el mundo no habría pasado nada en los últimos treinta años. Otros, inclinados al liberalismo mercantil, proponen no tocar ni una coma del contenido económico de la Carta del 93. Personalmente estoy inclinado a una mixtura de ambos regímenes. Los dos contienen instituciones útiles y merecen rescatarse, no podemos a rajatabla condenar uno para imponer el otro, aunque la “combinación” requiere una delicada operación quirúrgica que armonice las instituciones de ambas concepciones, en un marco que le permita una participación regulatoria y empresarial activa al Estado, pero respetando las reglas del mercado y sin caer en un controlismo o dirigismo absoluto, donde debe primar el interés público pero sin descuidar los micro intereses particulares que se mueven en la sociedad y que son el motor de la riqueza. (En lo particular me inclino por tomar como base para la reforma del régimen económico a la carta del 93, debido a que la del 79 es excesivamente reglamentarista y controlista, pero eso sí, rescatando de esta última ciertas instituciones importantes que contiene).
Y, para terminar, en la parte dogmática de la constitución, la referente a los derechos fundamentales de la persona, ¿seguiremos con la costumbre de seguir incorporando más derechos constitucionales que quedan en el papel o nos esforzaremos por hacer realidad siquiera alguno de ellos? Hasta ahora, por ejemplo, la universalidad del seguro social sigue siendo un buen deseo más que una tangible realidad. Si cada gobierno democrático desde 1980 en adelante se hubiera propuesto en serio hacer realidad siquiera un derecho social durante su mandato, hoy la situación de millones de peruanos sería muy distinta.
Como vemos, la discusión tal como está planteada a fin de decidir con cuál constitución política nos quedamos es más retórica que real, con un discurso bastante pobre, repetitivo, carente de ideas originales y más bien repleto de clichés, que no afectará para nada la vida de los millones de peruanos de a pie; y, quizás nos encontremos que de aquí a algunos años, cuando se presente alguna crisis política bastante seria, estaremos de nuevo hablando de “una nueva constitución”. La sociedad va por un lado, mientras que los promotores de la discusión bizantina viven encerrados en su torre de marfil o de sus propios intereses.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, February 13, 2007
GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, ¿ES POSIBLE?
Creo que ha todos nos gustan las cosas gratis, también es cierto que existen ciertos derechos sociales que se han conseguido a lo largo del tiempo, entre ellos la gratuidad de la educación; pero más allá de los derechos “conquistados” o del gusto que se tiene por lo que no cuesta nada (vean las “colas” que se forman hasta para conseguir gratis una galletita con mermelada), preguntémonos un momento si es posible una buena educación pública superior cien por cien gratuita.
Sería lo ideal, pero la respuesta salta a la vista. Es imposible.
De allí que el proyecto de la congresista Martha Hildebrandt* haya causado tanto revuelo y sobretodo porqué va contra lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto en este caso es desgarrarse las vestiduras en público y vociferar a voz en cuello que eso es una salvajada, una herejía, que es atentar contra los más pobres, que el Estado debe de poner más dinero en las universidades públicas, que vamos hacia su privatización y otros argumentos más de carácter retórico. Es alinearse con aquellos que quieren mantener el statu quo, dejar las cosas como están, con los grupos de interés de por medio, a pesar que la educación pública universitaria es deficiente y en muchos casos mediocre (aunque la privada, salvo contadísimas excepciones, no escapa tampoco a esas características).
Todo depende del cristal con que se mire. Para un estatista, cualquier reforma educativa es solo sinónimo de más rentas. Para un neoliberal, significa solo privatizar lo público y mantener una costra de privilegios. Sin embargo, la realidad es más compleja.
Se ha dicho que el proyecto de la congresista Hildebrandt es anticonstitucional.
Argumento persuasivo a fin de conseguir adeptos a una posición (se ha convertido en un cliché abogadil cuando se quiere opinar en contra de algo) que real. Veamos porqué.
La carta de 1993 no universaliza la educación superior gratuita, sino que la condiciona a dos presupuestos básicos: estado socio-económico del estudiante y rendimiento académico (art. 17º, primer párrafo, de la Constitución Política). Ambos presupuestos son copulativos. Vale decir que si se aplicara la carta vigente estrictamente muchos de los incluso estudiantes de pregrado actuales (los de posgrado de las universidades públicas pagan sus derechos de enseñanza como en cualquier universidad privada) deberían pagar por sus estudios. Se estima que la cifra de estudiantes que provienen de un colegio privado y que ingresan a una universidad pública oscila entre el treinta y el cincuenta por ciento, dependiendo de la universidad a la que ingresen.
Por lo tanto, el proyecto de la congresista Hildebrandt no sería inconstitucional, se está ciñendo estrictamente a la carta vigente.
Ahora veamos la parte fáctica o real. El quid del asunto son las rentas y como administrarlas. Es cierto que las rentas de las universidades públicas siempre son escasas, pero como sucede con la educación escolar pública, la solución es más compleja que el simple aumento salarial a los profesores o implementar una mejor infraestructura, cosas importantes pero no las únicas.
Tan importante como las rentas es el saber administrarlas, y en este aspecto algunas universidades públicas se han caracterizado por no ser muy racionales en la utilización de sus recursos, mientras otras sí. Igual sucede con la generación de recursos propios. Existen universidades públicas que se las han ingeniado para generar sus propios recursos. Uno de los filones son los posgrados, que si bien son pagados, cuestan un poco menos que en una universidad privada, igual sucede con los diplomados, los cursos libres, seminarios y demás que imparten abiertos a todo el público.
Y, si queremos ir un poco más lejos, un cambio sustancial pasa también por algo desagradable para la mayoría de docentes, pero necesario: la evaluación periódica y la posibilidad de expulsar de sus filas a los malos profesores, y abrir las puertas al ingreso de docentes de otras universidades. Es sabido que en ciertas universidades públicas no admiten profesores de otras universidades, por más que tengan méritos académicos, prefiriendo a un profesor mediocre que sale de sus claustros y que simpatiza o tiene un carné partidario con el grupo político que detenta el poder en esa universidad, que a otro mejor preparado pero que proviene de una universidad distinta. Es la típica concepción del feudo medieval. Es mi “propiedad” y nadie ingresa.
También se hace necesaria y urgente una nueva ley universitaria acorde con los nuevos tiempos, debido a que la vigente hace tiempo que quedó desfasada. Esperemos que en el Congreso se pongan a trabajar seriamente un proyecto que sea sólido, coherente y realista.
Estamos seguros que el proyecto de la congresista Hildebrandt dormirá el sueño de los justos en alguna Comisión legislativa, políticamente no conviene, a pesar que la realidad y los hechos incontrovertibles digan lo contrario.
* Proyecto de ley Nº 939/2006-CR
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Sería lo ideal, pero la respuesta salta a la vista. Es imposible.
De allí que el proyecto de la congresista Martha Hildebrandt* haya causado tanto revuelo y sobretodo porqué va contra lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto en este caso es desgarrarse las vestiduras en público y vociferar a voz en cuello que eso es una salvajada, una herejía, que es atentar contra los más pobres, que el Estado debe de poner más dinero en las universidades públicas, que vamos hacia su privatización y otros argumentos más de carácter retórico. Es alinearse con aquellos que quieren mantener el statu quo, dejar las cosas como están, con los grupos de interés de por medio, a pesar que la educación pública universitaria es deficiente y en muchos casos mediocre (aunque la privada, salvo contadísimas excepciones, no escapa tampoco a esas características).
Todo depende del cristal con que se mire. Para un estatista, cualquier reforma educativa es solo sinónimo de más rentas. Para un neoliberal, significa solo privatizar lo público y mantener una costra de privilegios. Sin embargo, la realidad es más compleja.
Se ha dicho que el proyecto de la congresista Hildebrandt es anticonstitucional.
Argumento persuasivo a fin de conseguir adeptos a una posición (se ha convertido en un cliché abogadil cuando se quiere opinar en contra de algo) que real. Veamos porqué.
La carta de 1993 no universaliza la educación superior gratuita, sino que la condiciona a dos presupuestos básicos: estado socio-económico del estudiante y rendimiento académico (art. 17º, primer párrafo, de la Constitución Política). Ambos presupuestos son copulativos. Vale decir que si se aplicara la carta vigente estrictamente muchos de los incluso estudiantes de pregrado actuales (los de posgrado de las universidades públicas pagan sus derechos de enseñanza como en cualquier universidad privada) deberían pagar por sus estudios. Se estima que la cifra de estudiantes que provienen de un colegio privado y que ingresan a una universidad pública oscila entre el treinta y el cincuenta por ciento, dependiendo de la universidad a la que ingresen.
Por lo tanto, el proyecto de la congresista Hildebrandt no sería inconstitucional, se está ciñendo estrictamente a la carta vigente.
Ahora veamos la parte fáctica o real. El quid del asunto son las rentas y como administrarlas. Es cierto que las rentas de las universidades públicas siempre son escasas, pero como sucede con la educación escolar pública, la solución es más compleja que el simple aumento salarial a los profesores o implementar una mejor infraestructura, cosas importantes pero no las únicas.
Tan importante como las rentas es el saber administrarlas, y en este aspecto algunas universidades públicas se han caracterizado por no ser muy racionales en la utilización de sus recursos, mientras otras sí. Igual sucede con la generación de recursos propios. Existen universidades públicas que se las han ingeniado para generar sus propios recursos. Uno de los filones son los posgrados, que si bien son pagados, cuestan un poco menos que en una universidad privada, igual sucede con los diplomados, los cursos libres, seminarios y demás que imparten abiertos a todo el público.
Y, si queremos ir un poco más lejos, un cambio sustancial pasa también por algo desagradable para la mayoría de docentes, pero necesario: la evaluación periódica y la posibilidad de expulsar de sus filas a los malos profesores, y abrir las puertas al ingreso de docentes de otras universidades. Es sabido que en ciertas universidades públicas no admiten profesores de otras universidades, por más que tengan méritos académicos, prefiriendo a un profesor mediocre que sale de sus claustros y que simpatiza o tiene un carné partidario con el grupo político que detenta el poder en esa universidad, que a otro mejor preparado pero que proviene de una universidad distinta. Es la típica concepción del feudo medieval. Es mi “propiedad” y nadie ingresa.
También se hace necesaria y urgente una nueva ley universitaria acorde con los nuevos tiempos, debido a que la vigente hace tiempo que quedó desfasada. Esperemos que en el Congreso se pongan a trabajar seriamente un proyecto que sea sólido, coherente y realista.
Estamos seguros que el proyecto de la congresista Hildebrandt dormirá el sueño de los justos en alguna Comisión legislativa, políticamente no conviene, a pesar que la realidad y los hechos incontrovertibles digan lo contrario.
* Proyecto de ley Nº 939/2006-CR
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Monday, January 29, 2007
LA FILMOTECA
Luego de varios años he regresado a la Filmoteca de Lima ubicada al interior del Museo de Arte. Está igual, quizás más vieja. Los asientos me parecen incómodos, acostumbrado ahora a las cómodas butacas de la Ventana Indiscreta o de los multicines. Me parece que hasta el mismo señor que recogía los boletos a la entrada sigue allí. Hace muchos años venía acá, con una ex enamorada. Nos sentábamos en la última fila. Eso es lo bueno del cine, te acoge en su íntima oscuridad. Luego, por múltiples razones, dejé de venir.
Hoy me encuentro por una razón excepcional: le sigo el rastro a una película de Buñuel, “Nazarín”, que no pude ver en “La ventana…” el día que la dieron allá.
No sé cómo será la proyección, pero, me imagino, que no será muy buena, viendo los dos viejos parlantes que están al costado de la pantalla (el dolby surround y los demás artilugios de sonido no han llegado todavía a la Filmoteca).
Se dice que no está bien hablar mal de un viejo amor, y la Filmoteca fue uno muy querido. Gran parte de mi cenefilia se nutrió en su sala cuando los asientos eran de madera pura y dura y salías con un dolor en el trasero pero con gusto de haber visto por primera vez una película de Bergman o de Fellini. Es mejor callar y dejar ese bonito recuerdo en la memoria, ya que de eso tanto ella (la Filmoteca) como yo nos alimentamos y nos abriga tanto o más que un café caliente en invierno.
Estoy en esas cavilaciones cuando el señor que recogió mi boleto (ahora sí estoy seguro, es el mismo de épocas pasadas) se acerca a mi butaca y entre tímido y entrecortado, con la vista puesta en el suelo, me dice que lamentablemente no se podrá proyectar la película porque soy el único asistente y se requiere un mínimo de tres o cuatro para empezar una función, que disculpe más bien, que otra vez será. Le digo que está bien, que no se preocupe, que efectivamente parece que el ciclo de Buñuel no ha sido muy publicitado y me dirijo a la salida. Afuera hace frío a esa hora, me cierro la casaca polar hasta el cuello y me dirijo a tomar un café bien caliente pensando que no habrá un “otra vez será”.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Hoy me encuentro por una razón excepcional: le sigo el rastro a una película de Buñuel, “Nazarín”, que no pude ver en “La ventana…” el día que la dieron allá.
No sé cómo será la proyección, pero, me imagino, que no será muy buena, viendo los dos viejos parlantes que están al costado de la pantalla (el dolby surround y los demás artilugios de sonido no han llegado todavía a la Filmoteca).
Se dice que no está bien hablar mal de un viejo amor, y la Filmoteca fue uno muy querido. Gran parte de mi cenefilia se nutrió en su sala cuando los asientos eran de madera pura y dura y salías con un dolor en el trasero pero con gusto de haber visto por primera vez una película de Bergman o de Fellini. Es mejor callar y dejar ese bonito recuerdo en la memoria, ya que de eso tanto ella (la Filmoteca) como yo nos alimentamos y nos abriga tanto o más que un café caliente en invierno.
Estoy en esas cavilaciones cuando el señor que recogió mi boleto (ahora sí estoy seguro, es el mismo de épocas pasadas) se acerca a mi butaca y entre tímido y entrecortado, con la vista puesta en el suelo, me dice que lamentablemente no se podrá proyectar la película porque soy el único asistente y se requiere un mínimo de tres o cuatro para empezar una función, que disculpe más bien, que otra vez será. Le digo que está bien, que no se preocupe, que efectivamente parece que el ciclo de Buñuel no ha sido muy publicitado y me dirijo a la salida. Afuera hace frío a esa hora, me cierro la casaca polar hasta el cuello y me dirijo a tomar un café bien caliente pensando que no habrá un “otra vez será”.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, January 23, 2007
¿VENEZUELA VA CAMINO AL SOCIALISMO?
Si bien el presidente Chávez ha pedido al Congreso que Venezuela se denomine desde ahora “República socialista de Venezuela”, por experiencia histórica se sabe que el socialismo, como un nuevo estadio social, no se pasa por simple cambio de denominación o por retórica demagógica, sino que obedece a la estructura de su modo de producción, y por lo que sabemos, el modelo chavista no tiene nada de socialista sino más de bien de nacionalismo reciclado de los años sesenta.
Por eso, no es novedad que el proyecto chavista anuncie nacionalizaciones de empresas consideradas “estratégicas” como son las telecomunicaciones y electricidad, debido a que una característica de los procesos nacionalistas son precisamente las expropiaciones de empresas consideradas estratégicas en el marco de la política nacional; y, a pesar que Chávez anuncia un “socialismo para el siglo XXI”, su modelo por antonomasia (igual que lo era para el candidato Ollanta Humala) es el modelo nacionalista del gobierno del general Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-75). El modelo chavista no mira al futuro, sino al pasado.
Efectivamente, igual que pasó en el Perú de los sesenta, Chávez también fue producto del enorme desprestigio de que gozaban los partidos políticos de ese entonces. En el caso peruano se llegó a la denominada “convivencia” entre un partido de masas como el partido aprista con la oligarquía criolla representada por la Unión Nacional Odriista, con la finalidad de oponerse desde el Parlamento a las reformas del primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1963-68), hasta concluir –gracias a la ceguera política de ese entonces- en el golpe de estado del general Velasco e iniciar un gobierno autoritario con reformas nacionalistas y aplicación, en lo económico, del modelo de sustitución de importaciones, terminando con la vida política y de libertad de expresión en el país, proceso político-autoritario que duró doce años. En el caso venezolano, fue la convivencia hasta la médula de la corrupción de los dos partidos que se alternaron en el poder por cerca de cuarenta años: Acción Democrática y el socialcristiano COPEI. Hijo político de esa etapa de la vida política venezolana fue Hugo Chávez, que surgió como alternativa de cambio y simbolizaba el “orden” frente al desgobierno y la corrupción.
*****
Pero, aparte de las nacionalizaciones, Chávez ha “recomendado” la necesidad de que el Banco Central no tenga autonomía, con lo cual se estaría recortando independencia en el manejo a un organismo que precisamente tiene por finalidad, entre otras, regular el tipo de cambio y la tasa de interés, así como mantener en buen nivel las reservas internacionales; por lo que al parecer la medida apunta a una “farra fiscal” sin restricciones que mantenga contentos a los allegados al régimen, incondicionales entre los que se cuentan a los empresarios que –como sucede también acá- se mantienen callados y contentos mientras tengan prebendas del régimen.
Para aplicar ese modelo se necesitan amplios recursos financieros. Velasco se tuvo que endeudar en el exterior, Chávez tiene los ingentes recursos del petróleo. Por otro lado, la enorme injerencia del estado en la sociedad, la economía y la política hace que todos dependan de los recursos del gobierno, desde quien solicita un puesto de trabajo hasta los empresarios que hacen lobby en la antesala de un ministro con la finalidad de obtener una licitación pública, pasando por las dádivas del avisaje estatal en el sector comunicaciones. Si eres amigo del gobierno llueven avisos, caso contrario escasearán hasta obligarte a cerrar.
Lo paradójico del caso es que ese modelo de intervencionismo estatal trae más corrupción, precisamente contra lo que combatió Chávez al iniciar su vida política.
Pero el modelo autoritario nacionalista cuando se siente fuerte –como es el caso venezolano- puede adquirir formas desfachatadas de abuso del poder, como no renovar licencias a medios de comunicación que son contrarios al gobierno. Es lo que ha pasado con un canal de televisión en Venezuela al que el mismo Chávez –actuando como si el Estado fuera su “chacra”- denegó la renovación de la licencia.
Síntoma de esa fortaleza es también la posibilidad lanzada por él mismo de instaurar la reelección presidencial indefinida vía “consulta popular”.
El modelo nacionalista, en la variante chavista, tiene también por añadidura la “exportación” de la “revolución bolivariana”. Producto de la globalización, el modelo, y sobretodo su caudillo, trata de tener presencia en los países vecinos y ganar aliados y peso geopolítico en la región, no importa si es al precio de convertir las relaciones internacionales en una “política de callejón”, donde más que argumentos abundan los insultos a los mandatarios que no le simpatizan (el último de una larga lista fue el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza a quien calificó de pendejo –en la acepción caribeña de la voz-), buscando de esa manera callar a sus opositores en el exterior.
Aparte de la intimidación matonesca, otra arma poderosísima para conseguir aliados es la política de la “chequera abierta”, financiando con créditos blandos en petróleo o en “asistencia técnica” a países “hermanos” como Cuba, Bolivia y Nicaragua. Lo malo de esta política es que no produce alianzas muy sólidas a largo plazo, además que los “incondicionales” de Chávez en el exterior son países pequeños como Bolivia o Nicaragua, sin mucho peso relevante en la región; incluso a nivel extraregional solo ha podido conseguir el dudoso apoyo de países como Irán o Corea del Norte, razón por la cual perdió clamorosamente cuando Venezuela postuló a un sillón en el Consejo Permanente de la ONU.
Pero, el estilo de Chávez es más parecido al de Fujimori (quien, por cierto, le concedió asilo cuando perpetró el frustrado golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez): un vacío total de las instituciones democráticas, dejándolas en cascarón, y colocando a incondicionales en cargos clave. Un ejemplo fue la reciente instalación de la Corte Suprema en Venezuela, cuando, en actitud más que vergonzosa, los propios magistrados lanzaron vivas al caudillo. O, recientemente, cuando el Congreso venezolano, en una clara muestra de obsecuencia servil, delegó facultades al presidente Chávez para que legisle ampliamente por decreto sobre distintas materias, que van desde la estructura del Estado, pasando por los tributos, “seguridad ciudadana”, la llamada “participación popular” y por supuesto las nacionalizaciones anunciadas.
¿Alguien puede hablar de poderes autónomos en Venezuela?
Otra característica del modelo nacionalista es que no disminuye las desigualdades sociales ni baja los niveles de pobreza. Por la misma lógica del modelo –y por más que Chávez diga que es “el socialismo del siglo XXI”-, el nacionalismo no elimina las desigualdades sociales, ni menos a los ricos, sino que se basa en un clientelismo, tanto de la burguesía como de los sectores populares, otorgando a los primeros licitaciones y contratos con el gobierno, y a los últimos dádivas asistenciales, creando lazos de dependencia a fin que apoyen al régimen y al gobernante en el poder, en una suerte de Estado corporativo. De allí que las cifras de pobreza y delincuencia no hayan bajado en Venezuela (principalmente en Caracas), sino todo lo contrario, han aumentado.
A nivel de análisis de tendencias políticas, el chavismo ha permitido también dividir al campo de la izquierda pos muro de Berlín en dos tipos claramente diferenciados: aquellos que añoran los tiempos de mano dura y “dictadura”, con un marxismo fosilizado en la época maoísta o estaliniana, donde muchas veces su alineación con Chávez no es tan pura, ideológicamente hablando, sino que influyen mucho los “petrodólares” del dictador; y otra izquierda más moderna, liberal, inclusiva en el mundo y que propone cambios en el sistema pero sin excluir a sectores de la población o incluso a países enteros. Es la izquierda liberal que acepta realistamente la globalización como fenómeno irreversible, pero que busca que esta beneficie a todos y no sólo a algunos países o grupos de poder.
La izquierda arcaica, seguidora de Chávez, no es nada democrática, más bien es autoritaria, retrógrada y tiene émulos en distintos países, incluyendo el Perú; lo que ha permitido “desenmascarar” –uso un término caro a los marxistas de viejo cuño- sus verdaderas intenciones, más allá del barniz aparentemente democrático del cual están revestidas. La otra izquierda, la moderna, liberal, inclusiva, trabaja a largo plazo y mira al futuro, más que a proyectos pasados.
*****
Personalmente, creo que Chávez tiene para rato. Quizás esté en la cúspide de su poder, en pleno apogeo; pero, lo que demuestra la historia antigua y moderna es que tarde o temprano ninguna tiranía dura eternamente y mientras más se aferra el tirano al poder, más estrepitosa es su caída. En el caso de los proyectos nacionalistas pasados, tanto el de Velasco en los setenta como el de Perón en los cincuenta, demuestran que una vez agotado el modelo, la nación termina más pobre, endeudada, y con una economía destrozada y partidos políticos desarticulados, y que rehacer todo el tejido social demora no años sino décadas. Venezuela, luego de la borrachera nacionalista de Hugo Chávez, despertará así un día de su sueño de opio: totalmente decepcionada de su gobernante que ahora reverencia como su “salvador”, dándose cuenta que existe más desigualdad e injusticia social, y sobretodo totalmente desengañada, sabiendo que jamás estuvo en el “paraíso” socialista y que ahora es más pobre y más hambrienta que antes.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Por eso, no es novedad que el proyecto chavista anuncie nacionalizaciones de empresas consideradas “estratégicas” como son las telecomunicaciones y electricidad, debido a que una característica de los procesos nacionalistas son precisamente las expropiaciones de empresas consideradas estratégicas en el marco de la política nacional; y, a pesar que Chávez anuncia un “socialismo para el siglo XXI”, su modelo por antonomasia (igual que lo era para el candidato Ollanta Humala) es el modelo nacionalista del gobierno del general Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-75). El modelo chavista no mira al futuro, sino al pasado.
Efectivamente, igual que pasó en el Perú de los sesenta, Chávez también fue producto del enorme desprestigio de que gozaban los partidos políticos de ese entonces. En el caso peruano se llegó a la denominada “convivencia” entre un partido de masas como el partido aprista con la oligarquía criolla representada por la Unión Nacional Odriista, con la finalidad de oponerse desde el Parlamento a las reformas del primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1963-68), hasta concluir –gracias a la ceguera política de ese entonces- en el golpe de estado del general Velasco e iniciar un gobierno autoritario con reformas nacionalistas y aplicación, en lo económico, del modelo de sustitución de importaciones, terminando con la vida política y de libertad de expresión en el país, proceso político-autoritario que duró doce años. En el caso venezolano, fue la convivencia hasta la médula de la corrupción de los dos partidos que se alternaron en el poder por cerca de cuarenta años: Acción Democrática y el socialcristiano COPEI. Hijo político de esa etapa de la vida política venezolana fue Hugo Chávez, que surgió como alternativa de cambio y simbolizaba el “orden” frente al desgobierno y la corrupción.
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Pero, aparte de las nacionalizaciones, Chávez ha “recomendado” la necesidad de que el Banco Central no tenga autonomía, con lo cual se estaría recortando independencia en el manejo a un organismo que precisamente tiene por finalidad, entre otras, regular el tipo de cambio y la tasa de interés, así como mantener en buen nivel las reservas internacionales; por lo que al parecer la medida apunta a una “farra fiscal” sin restricciones que mantenga contentos a los allegados al régimen, incondicionales entre los que se cuentan a los empresarios que –como sucede también acá- se mantienen callados y contentos mientras tengan prebendas del régimen.
Para aplicar ese modelo se necesitan amplios recursos financieros. Velasco se tuvo que endeudar en el exterior, Chávez tiene los ingentes recursos del petróleo. Por otro lado, la enorme injerencia del estado en la sociedad, la economía y la política hace que todos dependan de los recursos del gobierno, desde quien solicita un puesto de trabajo hasta los empresarios que hacen lobby en la antesala de un ministro con la finalidad de obtener una licitación pública, pasando por las dádivas del avisaje estatal en el sector comunicaciones. Si eres amigo del gobierno llueven avisos, caso contrario escasearán hasta obligarte a cerrar.
Lo paradójico del caso es que ese modelo de intervencionismo estatal trae más corrupción, precisamente contra lo que combatió Chávez al iniciar su vida política.
Pero el modelo autoritario nacionalista cuando se siente fuerte –como es el caso venezolano- puede adquirir formas desfachatadas de abuso del poder, como no renovar licencias a medios de comunicación que son contrarios al gobierno. Es lo que ha pasado con un canal de televisión en Venezuela al que el mismo Chávez –actuando como si el Estado fuera su “chacra”- denegó la renovación de la licencia.
Síntoma de esa fortaleza es también la posibilidad lanzada por él mismo de instaurar la reelección presidencial indefinida vía “consulta popular”.
El modelo nacionalista, en la variante chavista, tiene también por añadidura la “exportación” de la “revolución bolivariana”. Producto de la globalización, el modelo, y sobretodo su caudillo, trata de tener presencia en los países vecinos y ganar aliados y peso geopolítico en la región, no importa si es al precio de convertir las relaciones internacionales en una “política de callejón”, donde más que argumentos abundan los insultos a los mandatarios que no le simpatizan (el último de una larga lista fue el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza a quien calificó de pendejo –en la acepción caribeña de la voz-), buscando de esa manera callar a sus opositores en el exterior.
Aparte de la intimidación matonesca, otra arma poderosísima para conseguir aliados es la política de la “chequera abierta”, financiando con créditos blandos en petróleo o en “asistencia técnica” a países “hermanos” como Cuba, Bolivia y Nicaragua. Lo malo de esta política es que no produce alianzas muy sólidas a largo plazo, además que los “incondicionales” de Chávez en el exterior son países pequeños como Bolivia o Nicaragua, sin mucho peso relevante en la región; incluso a nivel extraregional solo ha podido conseguir el dudoso apoyo de países como Irán o Corea del Norte, razón por la cual perdió clamorosamente cuando Venezuela postuló a un sillón en el Consejo Permanente de la ONU.
Pero, el estilo de Chávez es más parecido al de Fujimori (quien, por cierto, le concedió asilo cuando perpetró el frustrado golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez): un vacío total de las instituciones democráticas, dejándolas en cascarón, y colocando a incondicionales en cargos clave. Un ejemplo fue la reciente instalación de la Corte Suprema en Venezuela, cuando, en actitud más que vergonzosa, los propios magistrados lanzaron vivas al caudillo. O, recientemente, cuando el Congreso venezolano, en una clara muestra de obsecuencia servil, delegó facultades al presidente Chávez para que legisle ampliamente por decreto sobre distintas materias, que van desde la estructura del Estado, pasando por los tributos, “seguridad ciudadana”, la llamada “participación popular” y por supuesto las nacionalizaciones anunciadas.
¿Alguien puede hablar de poderes autónomos en Venezuela?
Otra característica del modelo nacionalista es que no disminuye las desigualdades sociales ni baja los niveles de pobreza. Por la misma lógica del modelo –y por más que Chávez diga que es “el socialismo del siglo XXI”-, el nacionalismo no elimina las desigualdades sociales, ni menos a los ricos, sino que se basa en un clientelismo, tanto de la burguesía como de los sectores populares, otorgando a los primeros licitaciones y contratos con el gobierno, y a los últimos dádivas asistenciales, creando lazos de dependencia a fin que apoyen al régimen y al gobernante en el poder, en una suerte de Estado corporativo. De allí que las cifras de pobreza y delincuencia no hayan bajado en Venezuela (principalmente en Caracas), sino todo lo contrario, han aumentado.
A nivel de análisis de tendencias políticas, el chavismo ha permitido también dividir al campo de la izquierda pos muro de Berlín en dos tipos claramente diferenciados: aquellos que añoran los tiempos de mano dura y “dictadura”, con un marxismo fosilizado en la época maoísta o estaliniana, donde muchas veces su alineación con Chávez no es tan pura, ideológicamente hablando, sino que influyen mucho los “petrodólares” del dictador; y otra izquierda más moderna, liberal, inclusiva en el mundo y que propone cambios en el sistema pero sin excluir a sectores de la población o incluso a países enteros. Es la izquierda liberal que acepta realistamente la globalización como fenómeno irreversible, pero que busca que esta beneficie a todos y no sólo a algunos países o grupos de poder.
La izquierda arcaica, seguidora de Chávez, no es nada democrática, más bien es autoritaria, retrógrada y tiene émulos en distintos países, incluyendo el Perú; lo que ha permitido “desenmascarar” –uso un término caro a los marxistas de viejo cuño- sus verdaderas intenciones, más allá del barniz aparentemente democrático del cual están revestidas. La otra izquierda, la moderna, liberal, inclusiva, trabaja a largo plazo y mira al futuro, más que a proyectos pasados.
*****
Personalmente, creo que Chávez tiene para rato. Quizás esté en la cúspide de su poder, en pleno apogeo; pero, lo que demuestra la historia antigua y moderna es que tarde o temprano ninguna tiranía dura eternamente y mientras más se aferra el tirano al poder, más estrepitosa es su caída. En el caso de los proyectos nacionalistas pasados, tanto el de Velasco en los setenta como el de Perón en los cincuenta, demuestran que una vez agotado el modelo, la nación termina más pobre, endeudada, y con una economía destrozada y partidos políticos desarticulados, y que rehacer todo el tejido social demora no años sino décadas. Venezuela, luego de la borrachera nacionalista de Hugo Chávez, despertará así un día de su sueño de opio: totalmente decepcionada de su gobernante que ahora reverencia como su “salvador”, dándose cuenta que existe más desigualdad e injusticia social, y sobretodo totalmente desengañada, sabiendo que jamás estuvo en el “paraíso” socialista y que ahora es más pobre y más hambrienta que antes.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, January 16, 2007
LA SENTENCIA DE LA CIDH
Sin duda que para nosotros, los peruanos, como actores directos de la tragedia del terrorismo que vivimos en los años ochenta, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fija indemnizaciones para las víctimas o los deudos de los reclusos por terrorismo que fueron pasibles de ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro en el año de 1992 nos parece chocante y hasta aberrante. Chocante y aberrante indemnizar a terroristas o a los deudos de estos (aparte de otras cosas como las inscripciones de sus nombres en “el ojo que llora” ubicado en el Campo de Marte o el homenaje de desagravio público), después de todo, el mal que sembraron en el país y que causó tantas pérdidas humanas irreparables, aparte de las materiales en infraestructura destruida, todavía las recordamos aquellos que sufrimos en carne propia la insania del terror.
Y cada vez estoy más convencido que “el caldo de cultivo” del terrorismo en el Perú no se debió a las condiciones de pobreza existentes como todavía algunos tozudamente sostienen, sino que el detonante fue un grupúsculo de izquierda altamente ideologizado y que pasó de las palabras a los hechos hacia fines de los años setenta. Quien haya tenido alguna vez contacto con algún militante de Sendero Luminoso se dará cuenta que eran tan fanáticos como un predicador evangélico de estos tiempos, sólo que en vez de anunciar el paraíso en el cielo, lo preconizaban aquí, en la tierra.
Por todo lo que pasamos, la sentencia de la CIDH iba a causar irritación y rechazo en la sociedad y una vez más se habla de “salirnos de la Corte”.
La CIDH no es infalible, se equivoca como cualquier organismo colegiado, como se pueden equivocar nuestros jueces cuando fallan en un caso. Humana est. Pero, hay un hecho que es importante rescatar de todo este mar de confusiones en que nos hemos visto envueltos a raíz del fallo. Podemos estar en lo subjetivo, en nuestro fuero íntimo, de acuerdo o en desacuerdo con el fallo, pero lo que no debemos olvidar es que estamos en un Estado de Derecho, y como tal, debemos respetar y acatar los fallos de los organismos internacionales a los que estamos sujetos, nos guste o no nos guste. Esa es la diferencia entre actuar como un presidente responsable y sometido a la ley y otro de tipo caudillesco, manipulador, que cree que el Estado y el país es su feudo privado.
Debemos diferenciar muy bien entre los criminales terroristas que tanto daño hicieron al país y el Estado de Derecho que no se puede rebajar a su condición, bajo el riesgo de irnos nosotros mismos como estado y sociedad deteriorándonos gradualmente e igualándonos a ellos.
Cuando el Estado de Derecho usa las mismas armas que los terroristas (asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas, uso de tortura, chantaje, etc.) baja a su condición y sobretodo se resiente la legalidad, de allí a caer en la oscuridad y la anomia social apenas hay un paso.
Por eso llama mucho la atención que el presidente de la república, Alan García, actuando de forma impulsiva, manipulatoria y muy temeraria, a fin de ganar réditos políticos inmediatos con el tema, haga anuncios como que no acatará el fallo o, peor aún, insista en su proyecto de la pena de muerte para los terroristas (mucho peor cuando se ha demostrado que no es disuasiva). Como presidente de todos los peruanos está obligado a guardar la serenidad del caso y no a los impulsos a que nos tenía acostumbrados en su primer gobierno, cuando confundía la fantasía megalomaníaca de poder con el gobernar. Ganar réditos políticos con un tema como el terrorismo hará aumentar su rating en las encuestas, eso es evidente, pero, como bien sube, fácilmente bajará de nuevo, ya que la opinión pública es altamente voluble (la opinión pública se parece a la mujer ligera de cascos: cambia fácilmente de novio o de amante).
Aparte que es un contrasentido lógico del propio AGP: la CIDH lo favoreció con un fallo cuando Fujimori lo perseguía, sentencia con la cual reforzó su imagen de perseguido político y de procesado al que amparaba la razón y el derecho; y, ahora, cuando es presidente en ejercicio niega un fallo de la misma corte que lo benefició antaño.
Además que con su negativa a acatar el fallo, avala tácitamente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante el gobierno de Fujimori (recordemos que los hechos que dan origen al fallo de la CIDH datan del año 1992, poco después del “autogolpe” de su primer mandato) y por extensión a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos producidas durante el fujimorato. (Aunque los más suspicaces sostienen que la ardorosa defensa de AGP de la pena de muerte y de las ejecuciones extrajudiciales a terroristas más se debe a interés propio que ajeno, en vista que se ha reabierto el caso de las ejecuciones extrajudiciales acaecidas en El Frontón durante su primer gobierno).
Si dejamos de lado el estado de derecho y buscamos sólo el cortoplacismo de la elusiva aceptación popular, al final de cuentas buscaremos coartadas para saltarnos al propio estado de derecho y al principio de legalidad, amén de las garantías que nuestra propia constitución señala, y así se justificaría disolver el congreso como lo hizo Fujimori en el 92 y que tanta aceptación le supuso en su momento o manipular los medios o, lo que sería más ruin, manejar el estado como una chacra personal, similar a lo que hace su homólogo Hugo Chávez en Venezuela (con el cual se da ahora besos y abrazos luego de haberse apuñalado mutuamente).
Para terminar, quisiera resaltar un hecho que también ha sido manipulado por los medios y por varios políticos: el fallo de la CIDH habría resuelto sobre cosas no pedidas por las partes, como el homenaje de desagravio público o las inscripciones del nombre de los caídos en el “ojo que llora”. Llama mucho la atención que incluso algunos colegas abogados hallan manifestado que el fallo es “extrapetita” (es decir que excede a lo pedido por las partes), confundiendo –presumo que por desconocimiento- lo que es un fallo en el fuero civil y otro muy distinto en el fuero constitucional.
En el fuero civil los procesos se inician, se tramitan y se concluyen sólo por iniciativa de parte, debido a que se trata de derechos de libre disponibilidad de estas, por lo que pueden abandonar el proceso en cualquier momento, transigir sobre los derechos reclamados, renunciar a estos, etc. Es por eso también que el juez no puede resolver más allá de lo peticionado por las partes.
En el fuero constitucional, al ser los derechos aquellos intrínsecos a la naturaleza del ser humano, parte integrante y consustancial del hombre, como sería el derecho a la vida, el magistrado puede resolver más allá de lo peticionado por la parte agraviada e incluso disponer otras medidas que sean resarcitorias moralmente y que contribuyan a la paz social, sobretodo en países que vivieron fuertes convulsiones sociales como fue el nuestro en los años ochenta (y que parecía que en cierto momento, entre los ataques demenciales del terror, la hiperinflación y el desgobierno del primer mandato de AGP, el pobre Perú iba a desaparecer). Esa es la razón por la que la CIDH resuelve “extrapetita”, a pesar de no haber sido pedido por las partes, como un resarcimiento moral por parte del Estado, en vista que fue el perpetrador de las violaciones a los derechos humanos, por eso el homenaje público de desagravio y la inscripción de los nombres de los ejecutados extrajudicialmente en “el ojo que llora” (aunque Mario Vargas Llosa afirma que, desde hace mucho tiempo atrás y a pedido de los deudos, ya están inscritos).
No es correcto afirmar tampoco, como ciertos medios han propalado, que la CIDH es “terruca” o amiga de los “terrucos”, pensamiento reaccionario que nos hace retroceder al clima de intolerancia del Perú de los años 30 (cuando –paradójicamente- era el APRA la acusada por la derecha más recalcitrante de las peores perversiones y males, y sus dirigentes, calificados poco menos que discípulos del mismo Lucifer).
La finalidad de la medida resarcitoria en el plano moral tiende a buscar la paz social como un valor supremo y que se condice con una sociedad civilizada y un estado de derecho. Como una especie de reconocimiento de errores cometidos en el pasado por el propio estado y que es necesario afrontar para mirar con mayor firmeza y seguridad el futuro, volteando una página bastante oscura de nuestra historia. Ese es el significado del resarcimiento moral de las inscripciones y el desagravio público, no otro.
Un presidente debe ser el primero en dar el ejemplo de respetar el estado de derecho y no de obviarlo o resentirlo, y muchas veces debe de tomar decisiones difíciles e impopulares, como acatar el fallo de la CIDH. Al final de cuentas, las decisiones más difíciles e impopulares son con las que se construye el futuro, las otras, las que buscan la aceptación inmediata del pueblo, el aplauso coral de la masa, duran lo que una sonrisa que se desvanece fácilmente y cae en el olvido.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Y cada vez estoy más convencido que “el caldo de cultivo” del terrorismo en el Perú no se debió a las condiciones de pobreza existentes como todavía algunos tozudamente sostienen, sino que el detonante fue un grupúsculo de izquierda altamente ideologizado y que pasó de las palabras a los hechos hacia fines de los años setenta. Quien haya tenido alguna vez contacto con algún militante de Sendero Luminoso se dará cuenta que eran tan fanáticos como un predicador evangélico de estos tiempos, sólo que en vez de anunciar el paraíso en el cielo, lo preconizaban aquí, en la tierra.
Por todo lo que pasamos, la sentencia de la CIDH iba a causar irritación y rechazo en la sociedad y una vez más se habla de “salirnos de la Corte”.
La CIDH no es infalible, se equivoca como cualquier organismo colegiado, como se pueden equivocar nuestros jueces cuando fallan en un caso. Humana est. Pero, hay un hecho que es importante rescatar de todo este mar de confusiones en que nos hemos visto envueltos a raíz del fallo. Podemos estar en lo subjetivo, en nuestro fuero íntimo, de acuerdo o en desacuerdo con el fallo, pero lo que no debemos olvidar es que estamos en un Estado de Derecho, y como tal, debemos respetar y acatar los fallos de los organismos internacionales a los que estamos sujetos, nos guste o no nos guste. Esa es la diferencia entre actuar como un presidente responsable y sometido a la ley y otro de tipo caudillesco, manipulador, que cree que el Estado y el país es su feudo privado.
Debemos diferenciar muy bien entre los criminales terroristas que tanto daño hicieron al país y el Estado de Derecho que no se puede rebajar a su condición, bajo el riesgo de irnos nosotros mismos como estado y sociedad deteriorándonos gradualmente e igualándonos a ellos.
Cuando el Estado de Derecho usa las mismas armas que los terroristas (asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas, uso de tortura, chantaje, etc.) baja a su condición y sobretodo se resiente la legalidad, de allí a caer en la oscuridad y la anomia social apenas hay un paso.
Por eso llama mucho la atención que el presidente de la república, Alan García, actuando de forma impulsiva, manipulatoria y muy temeraria, a fin de ganar réditos políticos inmediatos con el tema, haga anuncios como que no acatará el fallo o, peor aún, insista en su proyecto de la pena de muerte para los terroristas (mucho peor cuando se ha demostrado que no es disuasiva). Como presidente de todos los peruanos está obligado a guardar la serenidad del caso y no a los impulsos a que nos tenía acostumbrados en su primer gobierno, cuando confundía la fantasía megalomaníaca de poder con el gobernar. Ganar réditos políticos con un tema como el terrorismo hará aumentar su rating en las encuestas, eso es evidente, pero, como bien sube, fácilmente bajará de nuevo, ya que la opinión pública es altamente voluble (la opinión pública se parece a la mujer ligera de cascos: cambia fácilmente de novio o de amante).
Aparte que es un contrasentido lógico del propio AGP: la CIDH lo favoreció con un fallo cuando Fujimori lo perseguía, sentencia con la cual reforzó su imagen de perseguido político y de procesado al que amparaba la razón y el derecho; y, ahora, cuando es presidente en ejercicio niega un fallo de la misma corte que lo benefició antaño.
Además que con su negativa a acatar el fallo, avala tácitamente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante el gobierno de Fujimori (recordemos que los hechos que dan origen al fallo de la CIDH datan del año 1992, poco después del “autogolpe” de su primer mandato) y por extensión a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos producidas durante el fujimorato. (Aunque los más suspicaces sostienen que la ardorosa defensa de AGP de la pena de muerte y de las ejecuciones extrajudiciales a terroristas más se debe a interés propio que ajeno, en vista que se ha reabierto el caso de las ejecuciones extrajudiciales acaecidas en El Frontón durante su primer gobierno).
Si dejamos de lado el estado de derecho y buscamos sólo el cortoplacismo de la elusiva aceptación popular, al final de cuentas buscaremos coartadas para saltarnos al propio estado de derecho y al principio de legalidad, amén de las garantías que nuestra propia constitución señala, y así se justificaría disolver el congreso como lo hizo Fujimori en el 92 y que tanta aceptación le supuso en su momento o manipular los medios o, lo que sería más ruin, manejar el estado como una chacra personal, similar a lo que hace su homólogo Hugo Chávez en Venezuela (con el cual se da ahora besos y abrazos luego de haberse apuñalado mutuamente).
Para terminar, quisiera resaltar un hecho que también ha sido manipulado por los medios y por varios políticos: el fallo de la CIDH habría resuelto sobre cosas no pedidas por las partes, como el homenaje de desagravio público o las inscripciones del nombre de los caídos en el “ojo que llora”. Llama mucho la atención que incluso algunos colegas abogados hallan manifestado que el fallo es “extrapetita” (es decir que excede a lo pedido por las partes), confundiendo –presumo que por desconocimiento- lo que es un fallo en el fuero civil y otro muy distinto en el fuero constitucional.
En el fuero civil los procesos se inician, se tramitan y se concluyen sólo por iniciativa de parte, debido a que se trata de derechos de libre disponibilidad de estas, por lo que pueden abandonar el proceso en cualquier momento, transigir sobre los derechos reclamados, renunciar a estos, etc. Es por eso también que el juez no puede resolver más allá de lo peticionado por las partes.
En el fuero constitucional, al ser los derechos aquellos intrínsecos a la naturaleza del ser humano, parte integrante y consustancial del hombre, como sería el derecho a la vida, el magistrado puede resolver más allá de lo peticionado por la parte agraviada e incluso disponer otras medidas que sean resarcitorias moralmente y que contribuyan a la paz social, sobretodo en países que vivieron fuertes convulsiones sociales como fue el nuestro en los años ochenta (y que parecía que en cierto momento, entre los ataques demenciales del terror, la hiperinflación y el desgobierno del primer mandato de AGP, el pobre Perú iba a desaparecer). Esa es la razón por la que la CIDH resuelve “extrapetita”, a pesar de no haber sido pedido por las partes, como un resarcimiento moral por parte del Estado, en vista que fue el perpetrador de las violaciones a los derechos humanos, por eso el homenaje público de desagravio y la inscripción de los nombres de los ejecutados extrajudicialmente en “el ojo que llora” (aunque Mario Vargas Llosa afirma que, desde hace mucho tiempo atrás y a pedido de los deudos, ya están inscritos).
No es correcto afirmar tampoco, como ciertos medios han propalado, que la CIDH es “terruca” o amiga de los “terrucos”, pensamiento reaccionario que nos hace retroceder al clima de intolerancia del Perú de los años 30 (cuando –paradójicamente- era el APRA la acusada por la derecha más recalcitrante de las peores perversiones y males, y sus dirigentes, calificados poco menos que discípulos del mismo Lucifer).
La finalidad de la medida resarcitoria en el plano moral tiende a buscar la paz social como un valor supremo y que se condice con una sociedad civilizada y un estado de derecho. Como una especie de reconocimiento de errores cometidos en el pasado por el propio estado y que es necesario afrontar para mirar con mayor firmeza y seguridad el futuro, volteando una página bastante oscura de nuestra historia. Ese es el significado del resarcimiento moral de las inscripciones y el desagravio público, no otro.
Un presidente debe ser el primero en dar el ejemplo de respetar el estado de derecho y no de obviarlo o resentirlo, y muchas veces debe de tomar decisiones difíciles e impopulares, como acatar el fallo de la CIDH. Al final de cuentas, las decisiones más difíciles e impopulares son con las que se construye el futuro, las otras, las que buscan la aceptación inmediata del pueblo, el aplauso coral de la masa, duran lo que una sonrisa que se desvanece fácilmente y cae en el olvido.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, January 10, 2007
24: EL MUNDO INSEGURO DEL SIGLO XXI
Se dice que la obra de arte (y la ficción en general) que retrata una época e identifica las ideas, el sentir, los temores o las creencias, es la que queda más grabada en la memoria de una generación que pasa por esos trasiegos, y las que vengan entenderán mejor lo que pasó en aquella época gracias a esa obra.
Es lo que pasa con la serie de televisión 24. Ha sabido retratar muy bien los temores y angustias del ciudadano norteamericano después del atentado del 11 de Setiembre. La serie demuestra que Estados Unidor no está libre de un ataque terrorista, que es altamente vulnerable a una bomba nuclear o a una epidemia bacteriológica masiva, produciendo una sensibilización del público. De allí el enorme éxito que ha tenido.
Dividida en 24 capítulos de una hora “en tiempo real”, cada temporada trae una crisis que debe ser resuelta por los agentes de la Unidad Antiterrorista de Los Ángeles (CTU). Narrada como los viejos folletines decimonónicos o como las antiguas seriales, el capítulo siempre termina con una o varias escenas en suspenso, que dejan “enganchado” al televidente para saber qué pasará en el capítulo siguiente. A ello hay que sumar la aparición de un reloj digital a cada momento que va marcando el transcurrir de la hora, lo que crea más angustia y suspenso en el espectador.
El héroe de la serie es el agente Jack Bauer (interpretado por Kiefer Sutherland, el hijo del actor Donald Sutherland), quien al ser el protagónico siempre saldrá ileso y resolverá la crisis, acabando con todos los terroristas (los “villanos”).
Aunque el personaje central, más que un héroe en el sentido tradicional del término, es más bien un antihéroe, producto de estos tiempos de escepticismo y descreimiento general: hombre inteligente, sagaz, de reflejos rápidos, es tan diestro en disparar una pistola como en manejar un avión, entrar a un complicado programa de cómputo o desarmar una bomba nuclear (como quien se desamarra los zapatos). Pero, también es un manipulador de las personas que lo rodean. Es un sicólogo nato. Sabe aprovechar a la gente que trabaja a su lado a fin que colaboren con él y cuando no las necesita, las descarta. En eso es bastante frío y es un descendiente directo de James Bond, aunque sin el “glamour” ni el “bon vivant” que tiene éste último (aunque, en estilo, está más cerca de los “duros” del cine como John Wayne o Clint Eastwood). Asimismo no le tiembla la mano para torturar a sus prisioneros a fin de conseguir información. Si la persuasión no da resultado, procede a la tortura. Todo vale. Es un mundo donde los principios ni valores cuentan.
Si bien nos puede causar repulsión el que un agente de un gobierno democrático use las mismas armas que los terroristas (con lo que el Estado de Derecho se resiente profundamente y desciende al nivel de los agentes del terror), lo descubierto en Guantánamo con los prisioneros irakíes nos confirma que la tortura es usada para conseguir información, e incluso por pura diversión. Pero el duro agente Jack Bauer tiene un lado íntimo, vulnerable, que lo hace más humano y que que permite simpaticemos con él: su vida personal. Su vida personal es un desastre, prácticamente no tiene vida íntima al ser absorbido por su trabajo. Su mujer fue asesinada por una espía que era a la vez su amante, su hija se alejó de él culpándolo de la muerte de la madre, más adelante, cuando parece haber encontrado la felicidad en un nuevo amor, se presenta otra crisis que lo alejará de ella. Todos esos hechos marcan una vida desgraciada y hace que nos solidaricemos con él. Es un hombre condenado por su trabajo (al igual que sus demás compañeros), vive absorbido por el, sin tener ya tiempo para si mismo.
La tecnología también ocupa un lugar importante. El uso de computadoras, cámaras de video, celulares, Internet, son como un personaje más, que si bien no habla, está allí presente y muchas veces por la tecnología se mata o sirve para resolver un caso.
Otro aspecto fundamental en la serie –y que ya lo anotó Mario Vargas Llosa en un artículo- es que los políticos, y en general, los que tienen la capacidad para decidir, “zafan el cuerpo” y están más preocupados en conservar su puesto que en resolver el problema, siendo los agentes de campo como Jack Bauer y su pequeño grupo de colaboradores los que se las juegan, incluso yendo contra los reglamentos y pasibles de una sanción burocrática por sus superiores o hasta de su propia vida, si son un riesgo de “seguridad del estado” (a Bauer y su grupo se les considera como “piezas descartables”) para los políticos entronizados en el poder. Esa situación genera también en el televidente una simpatía hacia él pese a los métodos que usa (que al norteamericano común poco le importa) y un rechazo a esos políticos y funcionarios que “sólo cuidan su trasero” (la excepción será el presidente David Palmer, suerte de Abraham Lincoln negro, por el que Jack siente un respeto que es mutuo).
Es cierto que la salida de los problemas muchas veces tiene una gran dosis ficcional puesta al servicio del personaje central. Un espectador perspicaz se dará cuenta que “en la vida real” así no funcionan las cosas, como así es, pero precisamente es una convención de la ficción el que asumamos como “cierto” lo que vemos.
También es cierto que los árabes son presentados todos como terroristas o sospechosos de terrorismo, lo cual ha obligado a los productores ha realizar aclaraciones a fin de evitar acciones legales por parte de la Comunidad Árabe norteamericana (ya en un episodio de la temporada cuatro, a fin de “lavar” la imagen que se había presentado, unos chicos árabes-norteamericanos ayudan a Bauer a contraatacar a los terroristas).
La serie entra a su sexta temporada este año y se proyecta una película para el 2008, y probablemente el filón tenga para explotar un poco más, porqué a diferencia de hace cuarenta o cincuenta años atrás, cuando creíamos que el progreso estaba a la vuelta de la esquina gracias a la ciencia y la tecnología (y que hizo posible series de televisión tan hermosas como Viaje a las estrellas), hoy nos damos cuenta que ese futuro era una ilusión y más bien estamos en un mundo inseguro, oscuro, incierto y con posibilidades que la raza humana no viaje a las estrellas, sino que se extinga por sus propios desenfrenos. Ese mundo ha sido muy bien reflejado en la serie 24.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Es lo que pasa con la serie de televisión 24. Ha sabido retratar muy bien los temores y angustias del ciudadano norteamericano después del atentado del 11 de Setiembre. La serie demuestra que Estados Unidor no está libre de un ataque terrorista, que es altamente vulnerable a una bomba nuclear o a una epidemia bacteriológica masiva, produciendo una sensibilización del público. De allí el enorme éxito que ha tenido.
Dividida en 24 capítulos de una hora “en tiempo real”, cada temporada trae una crisis que debe ser resuelta por los agentes de la Unidad Antiterrorista de Los Ángeles (CTU). Narrada como los viejos folletines decimonónicos o como las antiguas seriales, el capítulo siempre termina con una o varias escenas en suspenso, que dejan “enganchado” al televidente para saber qué pasará en el capítulo siguiente. A ello hay que sumar la aparición de un reloj digital a cada momento que va marcando el transcurrir de la hora, lo que crea más angustia y suspenso en el espectador.
El héroe de la serie es el agente Jack Bauer (interpretado por Kiefer Sutherland, el hijo del actor Donald Sutherland), quien al ser el protagónico siempre saldrá ileso y resolverá la crisis, acabando con todos los terroristas (los “villanos”).
Aunque el personaje central, más que un héroe en el sentido tradicional del término, es más bien un antihéroe, producto de estos tiempos de escepticismo y descreimiento general: hombre inteligente, sagaz, de reflejos rápidos, es tan diestro en disparar una pistola como en manejar un avión, entrar a un complicado programa de cómputo o desarmar una bomba nuclear (como quien se desamarra los zapatos). Pero, también es un manipulador de las personas que lo rodean. Es un sicólogo nato. Sabe aprovechar a la gente que trabaja a su lado a fin que colaboren con él y cuando no las necesita, las descarta. En eso es bastante frío y es un descendiente directo de James Bond, aunque sin el “glamour” ni el “bon vivant” que tiene éste último (aunque, en estilo, está más cerca de los “duros” del cine como John Wayne o Clint Eastwood). Asimismo no le tiembla la mano para torturar a sus prisioneros a fin de conseguir información. Si la persuasión no da resultado, procede a la tortura. Todo vale. Es un mundo donde los principios ni valores cuentan.
Si bien nos puede causar repulsión el que un agente de un gobierno democrático use las mismas armas que los terroristas (con lo que el Estado de Derecho se resiente profundamente y desciende al nivel de los agentes del terror), lo descubierto en Guantánamo con los prisioneros irakíes nos confirma que la tortura es usada para conseguir información, e incluso por pura diversión. Pero el duro agente Jack Bauer tiene un lado íntimo, vulnerable, que lo hace más humano y que que permite simpaticemos con él: su vida personal. Su vida personal es un desastre, prácticamente no tiene vida íntima al ser absorbido por su trabajo. Su mujer fue asesinada por una espía que era a la vez su amante, su hija se alejó de él culpándolo de la muerte de la madre, más adelante, cuando parece haber encontrado la felicidad en un nuevo amor, se presenta otra crisis que lo alejará de ella. Todos esos hechos marcan una vida desgraciada y hace que nos solidaricemos con él. Es un hombre condenado por su trabajo (al igual que sus demás compañeros), vive absorbido por el, sin tener ya tiempo para si mismo.
La tecnología también ocupa un lugar importante. El uso de computadoras, cámaras de video, celulares, Internet, son como un personaje más, que si bien no habla, está allí presente y muchas veces por la tecnología se mata o sirve para resolver un caso.
Otro aspecto fundamental en la serie –y que ya lo anotó Mario Vargas Llosa en un artículo- es que los políticos, y en general, los que tienen la capacidad para decidir, “zafan el cuerpo” y están más preocupados en conservar su puesto que en resolver el problema, siendo los agentes de campo como Jack Bauer y su pequeño grupo de colaboradores los que se las juegan, incluso yendo contra los reglamentos y pasibles de una sanción burocrática por sus superiores o hasta de su propia vida, si son un riesgo de “seguridad del estado” (a Bauer y su grupo se les considera como “piezas descartables”) para los políticos entronizados en el poder. Esa situación genera también en el televidente una simpatía hacia él pese a los métodos que usa (que al norteamericano común poco le importa) y un rechazo a esos políticos y funcionarios que “sólo cuidan su trasero” (la excepción será el presidente David Palmer, suerte de Abraham Lincoln negro, por el que Jack siente un respeto que es mutuo).
Es cierto que la salida de los problemas muchas veces tiene una gran dosis ficcional puesta al servicio del personaje central. Un espectador perspicaz se dará cuenta que “en la vida real” así no funcionan las cosas, como así es, pero precisamente es una convención de la ficción el que asumamos como “cierto” lo que vemos.
También es cierto que los árabes son presentados todos como terroristas o sospechosos de terrorismo, lo cual ha obligado a los productores ha realizar aclaraciones a fin de evitar acciones legales por parte de la Comunidad Árabe norteamericana (ya en un episodio de la temporada cuatro, a fin de “lavar” la imagen que se había presentado, unos chicos árabes-norteamericanos ayudan a Bauer a contraatacar a los terroristas).
La serie entra a su sexta temporada este año y se proyecta una película para el 2008, y probablemente el filón tenga para explotar un poco más, porqué a diferencia de hace cuarenta o cincuenta años atrás, cuando creíamos que el progreso estaba a la vuelta de la esquina gracias a la ciencia y la tecnología (y que hizo posible series de televisión tan hermosas como Viaje a las estrellas), hoy nos damos cuenta que ese futuro era una ilusión y más bien estamos en un mundo inseguro, oscuro, incierto y con posibilidades que la raza humana no viaje a las estrellas, sino que se extinga por sus propios desenfrenos. Ese mundo ha sido muy bien reflejado en la serie 24.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Friday, December 29, 2006
UN AÑO QUE SE DESPIDE: BALANCE DEL 2006 Y LO QUE VIENE EN EL 2007
El 2006 fue un año de hechos superpuestos, donde a mitad de año se dio el recambio político manteniendo la estabilidad democrática. En la política económica existe una continuidad, lo cual necesariamente no es malo, los presupuestos macroeconómicos se mantienen estables y tenemos un Alan García que ha aprendido que la economía no se maneja por decretos. Nos costó mucho a todos los peruanos que aprendiera la lección, pero parece que no cayó en saco roto. Lo importante es continuar con el crecimiento y que este de verdad “chorree” a las mayorías. El mercado solo no lo va a hacer, para ello es necesario que el Estado tome en sus manos la labor en sectores claves como educación, salud y empleo.
En cuanto a educación se verá si realmente tiene interés el gobierno en una reforma educativa, lo que necesariamente pasará por enfrentarse con el gremio de los maestros, un lastre a todo lo que signifique reforma en el sector educación. Tarde o temprano lo tendrá que hacer, si es que realmente tiene interés en cambiar las cosas.
El empleo no nace por decreto, aunque sí puede el Estado fiscalizar la calidad del mismo e incentivar la creación de nuevas plazas. La estabilidad laboral absoluta que se discute en el Congreso no ayudaría al propósito, más bien lo entorpecería. Recordemos que el empleo está íntimamente relacionado con la economía, por lo que si se reviste de rigidez al primero, entorpece a la segunda o lo que es peor permite la elusión de las normas por los agentes económicos.
La reforma tributaria quedó en una broma de mal gusto, al exonerar de impuestos a las ganancias obtenidas en la bolsa de valores, la de mayor rentabilidad en todo el mundo el 2006. Por otro lado, los supuestos jurídicos para ingresar a los regímenes tributarios especiales pueden ser una coladera y al final se puede recaudar menos de lo esperado. Lo que sí es positivo es la eliminación del anatocismo (capitalización de intereses) de las deudas tributarias, medida compulsiva que demostró ser poco práctica, aparte que constitucionalmente estaba en tela de juicio su aplicación.
La negociación con Telefónica, como supusimos (ver nuestro artículo Los contratos ley en http://ius-aequitas.blogspot.com), tuvo un desenlace muy similar al acuerdo que tuvo el gobierno con las mineras (una salida intermedia ha sido la del “aporte voluntario” de las empresas mineras y al parecer en el caso de la renta básica de Telefónica se buscaría la misma solución), una suerte de compromiso unilateral a efectuar rebajas en la renta básica adelantando el factor de productividad. La negociación con Telefónica ha permitido que se ponga sobre el tapete la necesaria competitividad que debe tener el sector de telefonía fija. Un monopolio jamás será beneficioso para el consumidor por más que el gobierno ponga el mejor de los empeños en conseguir reducción de tarifas. De allí nuestra propuesta que en una eventual reforma de la constitución, retornemos a la prohibición de los monopolios como lo establecía la carta del 79 (Monopolios y posición dominante en el mercado: apuntes para una eventual reforma de la constitución económica en http://ius-aequitas.blogspot.com). No soy muy amigo de las prohibiciones ni de las restricciones, pero a veces no queda otro camino, y el caso de Telefónica lo ha demostrado.
El TLC es muy probable que el Congreso norteamericano lo ratifique el próximo año; pero, ratificado o no, el gobierno debe buscar celebrar tratados comerciales con la mayor cantidad de países. El comercio estimula a un país a producir más y mejor, pero no debemos pensar solo en los “grandes” países, sino también ver a nuestros vecinos. Algo que la historia ha demostrado es que cuando dos naciones comercian tienen más intereses en común que las declaraciones líricas de las cumbres presidenciales, que muchas veces quedan solo en el papel.
El escenario político de la oposición se ha mostrado bastante desarticulado. Con un Humala que se desinfló definitivamente en las elecciones regionales y municipales, un importante sector de la oposición de derecha que ha pasado a “colaborar” con el gobierno, una Lourdes Flores que no aprende de sus errores, y la ruptura final del bloque UPP-PNP (no quiero ser “pesado” pero ya lo decíamos desde el mes de Junio que esa coalición se iba a romper, ver nuestros artículo Quo vadis Humala? en http://elobservador.perublog.net), el “amiste” con el presidente Chávez, y un partido aprista que no es nada sin Alan García, es poco lo que puede hacer la oposición en estos meses, por lo que tendremos un año tranquilo para Alan, que es lo que busca en el fondo, no hacerse demasiados problemas y llegar bien al quinto año de mandato.
Alan García, fiel a su estilo, trata de mantenerse en el centro de la política (algo a lo que su natural narcisismo lo empuja), por lo que es probable que el próximo año tengamos más anuncias efectistas (como lo fue este año el anuncio de la pena de muerte para los violadores y terroristas). Lo malo con estas medidas es que son de corta duración, por lo que cada cierto tiempo deben renovarse, con el consiguiente desgaste de quien las anuncia y el natural escepticismo y aburrimiento del público que las recibe. Ser un ilusionista es un oficio bastante complicado.
Es probable que existan algunos levantamientos populares, principalmente en provincias, promovidos por los gobiernos regionales, sobretodo aquellos hostiles al partido de gobierno y en especial a Alan García, por lo que será necesaria mucha “muñeca” política para calmar los ánimos. Jorge del Castillo le será de gran utilidad, ya que ha demostrado ser un buen concertador.
El Congreso por lo demás se ha mostrado bastante solvente, no ha trastabillado como se esperaba con tanta “joyita” que ha ingresado y se ha cuidado muy bien de aprobar leyes aberrantes. Ojalá siga así.
La reforma de la Constitución es un tema que cada cierto tiempo es recurrente, pero una reforma sin consenso político y de los actores sociales es poco lo que duraría el nuevo texto y de aquí a algunos años otra vez estaríamos hablando de una nueva reforma. Es necesario reformar la carta del 93 o actualizar la del 79, cualquiera de los dos caminos es válido, pero sin una seria discusión sobre las instituciones constitucionales solo nos llevaría a la retórica de siempre, y si es así, es mejor quedarnos con la vigente carta.
El presidente García puede aprovechar muy bien el año iniciando las reformas de segunda generación que quedaron pendientes desde hace muchos años y que Fujimori por su afán reeleccionario dejó en stand by: educación, salud, empleo, administración de justicia, sistema previsional, sistema financiero, AFP’s, etc. Esas reformas van a demandar un elevado costo político, la pregunta es: ¿lo querrá hacer el Presidente? No quiero ser escéptico, pero todo indica que no. Dudo que se atreva a encarar alguna medida que signifique un alto costo político (de allí que prefiera solo las medidas efectistas que dan un alto rating inmediato o aquellas donde el costo es bastante bajo). Quizás el efecto traumático que le significó en lo personal su primer gobierno le impide “romper huevos”, pero un viejo adagio dice que para hacer tortillas hay que romperlos. Si realmente quiere pasar como el Nicolás de Piérola del siglo XXI (figura emblemática que admira) deberá comenzar desde ahora. Sólo de él depende si pasa a la historia como un buen presidente que será recordado por las generaciones futuras o será uno más del montón, olvidable de aquí a unos años.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
En cuanto a educación se verá si realmente tiene interés el gobierno en una reforma educativa, lo que necesariamente pasará por enfrentarse con el gremio de los maestros, un lastre a todo lo que signifique reforma en el sector educación. Tarde o temprano lo tendrá que hacer, si es que realmente tiene interés en cambiar las cosas.
El empleo no nace por decreto, aunque sí puede el Estado fiscalizar la calidad del mismo e incentivar la creación de nuevas plazas. La estabilidad laboral absoluta que se discute en el Congreso no ayudaría al propósito, más bien lo entorpecería. Recordemos que el empleo está íntimamente relacionado con la economía, por lo que si se reviste de rigidez al primero, entorpece a la segunda o lo que es peor permite la elusión de las normas por los agentes económicos.
La reforma tributaria quedó en una broma de mal gusto, al exonerar de impuestos a las ganancias obtenidas en la bolsa de valores, la de mayor rentabilidad en todo el mundo el 2006. Por otro lado, los supuestos jurídicos para ingresar a los regímenes tributarios especiales pueden ser una coladera y al final se puede recaudar menos de lo esperado. Lo que sí es positivo es la eliminación del anatocismo (capitalización de intereses) de las deudas tributarias, medida compulsiva que demostró ser poco práctica, aparte que constitucionalmente estaba en tela de juicio su aplicación.
La negociación con Telefónica, como supusimos (ver nuestro artículo Los contratos ley en http://ius-aequitas.blogspot.com), tuvo un desenlace muy similar al acuerdo que tuvo el gobierno con las mineras (una salida intermedia ha sido la del “aporte voluntario” de las empresas mineras y al parecer en el caso de la renta básica de Telefónica se buscaría la misma solución), una suerte de compromiso unilateral a efectuar rebajas en la renta básica adelantando el factor de productividad. La negociación con Telefónica ha permitido que se ponga sobre el tapete la necesaria competitividad que debe tener el sector de telefonía fija. Un monopolio jamás será beneficioso para el consumidor por más que el gobierno ponga el mejor de los empeños en conseguir reducción de tarifas. De allí nuestra propuesta que en una eventual reforma de la constitución, retornemos a la prohibición de los monopolios como lo establecía la carta del 79 (Monopolios y posición dominante en el mercado: apuntes para una eventual reforma de la constitución económica en http://ius-aequitas.blogspot.com). No soy muy amigo de las prohibiciones ni de las restricciones, pero a veces no queda otro camino, y el caso de Telefónica lo ha demostrado.
El TLC es muy probable que el Congreso norteamericano lo ratifique el próximo año; pero, ratificado o no, el gobierno debe buscar celebrar tratados comerciales con la mayor cantidad de países. El comercio estimula a un país a producir más y mejor, pero no debemos pensar solo en los “grandes” países, sino también ver a nuestros vecinos. Algo que la historia ha demostrado es que cuando dos naciones comercian tienen más intereses en común que las declaraciones líricas de las cumbres presidenciales, que muchas veces quedan solo en el papel.
El escenario político de la oposición se ha mostrado bastante desarticulado. Con un Humala que se desinfló definitivamente en las elecciones regionales y municipales, un importante sector de la oposición de derecha que ha pasado a “colaborar” con el gobierno, una Lourdes Flores que no aprende de sus errores, y la ruptura final del bloque UPP-PNP (no quiero ser “pesado” pero ya lo decíamos desde el mes de Junio que esa coalición se iba a romper, ver nuestros artículo Quo vadis Humala? en http://elobservador.perublog.net), el “amiste” con el presidente Chávez, y un partido aprista que no es nada sin Alan García, es poco lo que puede hacer la oposición en estos meses, por lo que tendremos un año tranquilo para Alan, que es lo que busca en el fondo, no hacerse demasiados problemas y llegar bien al quinto año de mandato.
Alan García, fiel a su estilo, trata de mantenerse en el centro de la política (algo a lo que su natural narcisismo lo empuja), por lo que es probable que el próximo año tengamos más anuncias efectistas (como lo fue este año el anuncio de la pena de muerte para los violadores y terroristas). Lo malo con estas medidas es que son de corta duración, por lo que cada cierto tiempo deben renovarse, con el consiguiente desgaste de quien las anuncia y el natural escepticismo y aburrimiento del público que las recibe. Ser un ilusionista es un oficio bastante complicado.
Es probable que existan algunos levantamientos populares, principalmente en provincias, promovidos por los gobiernos regionales, sobretodo aquellos hostiles al partido de gobierno y en especial a Alan García, por lo que será necesaria mucha “muñeca” política para calmar los ánimos. Jorge del Castillo le será de gran utilidad, ya que ha demostrado ser un buen concertador.
El Congreso por lo demás se ha mostrado bastante solvente, no ha trastabillado como se esperaba con tanta “joyita” que ha ingresado y se ha cuidado muy bien de aprobar leyes aberrantes. Ojalá siga así.
La reforma de la Constitución es un tema que cada cierto tiempo es recurrente, pero una reforma sin consenso político y de los actores sociales es poco lo que duraría el nuevo texto y de aquí a algunos años otra vez estaríamos hablando de una nueva reforma. Es necesario reformar la carta del 93 o actualizar la del 79, cualquiera de los dos caminos es válido, pero sin una seria discusión sobre las instituciones constitucionales solo nos llevaría a la retórica de siempre, y si es así, es mejor quedarnos con la vigente carta.
El presidente García puede aprovechar muy bien el año iniciando las reformas de segunda generación que quedaron pendientes desde hace muchos años y que Fujimori por su afán reeleccionario dejó en stand by: educación, salud, empleo, administración de justicia, sistema previsional, sistema financiero, AFP’s, etc. Esas reformas van a demandar un elevado costo político, la pregunta es: ¿lo querrá hacer el Presidente? No quiero ser escéptico, pero todo indica que no. Dudo que se atreva a encarar alguna medida que signifique un alto costo político (de allí que prefiera solo las medidas efectistas que dan un alto rating inmediato o aquellas donde el costo es bastante bajo). Quizás el efecto traumático que le significó en lo personal su primer gobierno le impide “romper huevos”, pero un viejo adagio dice que para hacer tortillas hay que romperlos. Si realmente quiere pasar como el Nicolás de Piérola del siglo XXI (figura emblemática que admira) deberá comenzar desde ahora. Sólo de él depende si pasa a la historia como un buen presidente que será recordado por las generaciones futuras o será uno más del montón, olvidable de aquí a unos años.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, December 27, 2006
PROFESORES NO QUIEREN QUE LOS EBALUEN
Como era de esperarse, la dirigencia del SUTEP se negó por todos los medios a someterse a la evaluación de los profesores, originalmente programa para el 20 de Diciembre y postergada para Enero por los problemas presentados, entre ellos el “robo” de una prueba a las pocas horas de ser tomada y exhibida públicamente por la secretaría general del gremio de profesores.
Para nadie es un secreto la enorme deficiencia de la calidad de la educación pública y las pocas ganas que tiene el magisterio de cambiar el estado de las cosas, algo similar a la reacción que tiene la Corte Suprema, cuando se trata de la siempre postergada reforma de la administración de justicia.
El SUTEP nació como un ideal de solidaridad y defensa de los maestros, con miras a un proyecto revolucionario y humanista de dar nacimiento al “nuevo hombre del socialismo”, proyecto al cual entregaron sus vidas Horacio Zevallos y otros maestros que se sacrificaron por un ideal y un magisterio digno. Treinta años después, el SUTEP se ha convertido en un vulgar gremio que como cualquier otro, sólo le interesa defender y ampliar las prebendas para sus agremiados y ya no le importa la calidad ni las innovaciones educativas. Lo que fue revolucionario antaño, se ha convertido en reaccionario ahora. Lo que era un proyecto progresista liberalizador del hombre, hoy va a contracorriente de todo cambio o trasformación.
Es natural que un gremio defienda los intereses de sus agremiados y que incluso quiera ampliarlos; pero, cuando esos intereses gremialistas van en contra de un valor superior como es elevar la calidad educativa de niños y jóvenes que merecen se les imparta una mejor enseñanza, ese valor superior debe estar por encima de cualquier interés gremialista. Es como –para poner un ejemplo de mi gremio- el Colegio de Abogados de Lima decida impulsar un proyecto de ley por el cual todos los abogados que trabajen en instituciones y empresas públicas o privadas deban tener estabilidad laboral absoluta y ser promovidos por antigüedad, sin importar la eficiencia en el desempeño de las funciones o la capacitación que tengan, sin importar tampoco que haya perdido todos los juicios promovidos a nombre de la institución donde labora o que desde que salió de la universidad jamás se capacitó y se quedó con los conocimientos desfasados de su época universitaria. Algo similar pasa en la educación pública. Es el statu quo de la mediocridad que quiere mantener el SUTEP.
Los maestros han tenido como bandera de lucha la elevación de los bajos sueldos. Razón no les falta y deben ser aumentados progresivamente; pero, esa medida aplicada aisladamente no resuelve el problema.
Las medidas economicistas (aumento de sueldos) no corrigen por si solas las deficiencias del magisterio, vale decir aumentar su productividad. Es lo que sucedió con el aumento a los magistrados en el 2001, cuando se les más que duplicó los haberes totales, y no por eso aumentó la eficiencia de los jueces ni bajó los niveles de corrupción en el Poder Judicial.
Es que el planteamiento economicista es netamente gremialista, pero no redunda en un beneficio para el usuario final del servicio, sea el justiciable en el caso de la administración de justicia o el educando. Para lograr el objetivo de mejora de la calidad educativa se requieren una serie de medidas complementarias (acompañadas de una mejora de los sueldos claro está) que van desde la flexibilidad laboral, la capacitación continua del docente, la incorporación de nuevos profesionales (propuesta a la que apunta la congresista Martha Hildebrandt) hasta la necesaria y permanente evaluación de los maestros.
A esa evaluación es a la que se opone la dirigencia del SUTEP, porque sabe que sus agremiados no van a salir bien librados. También se opondrá a otras medidas como la municipalización de la educación, la tercerización de los servicios, la no obligatoriedad de afiliarse al sindicato o de aportar a la Derrama Magisterial, amén del cambio del enfoque educativo. A todo eso y cualquier reforma de la educación que se pretenda ejecutar, se opondrá permanentemente la dirigencia del SUTEP, por lo que -si se quiere realmente elevar la calidad educativa- cualquier reforma educativa necesariamente tendrá un costo político por el enfrentamiento al poderoso gremio de los profesores, que por añadidura es un gremio altamente politizado, feudo exclusivo del grupúsculo de izquierda Patria Roja.
En estos tiempos de globalización y de alta competitividad laboral, sin una buena educación serán pocas las oportunidades que tenga el futuro ciudadano, y una buena educación pública discurre obligatoriamente por una necesaria y urgentísima reforma, que forzosamente devendrá en un enfrentamiento con el gremio de los maestros, si se quiere tener éxito. Tarde o temprano se tendrá que comenzar con la reforma educativa, y más conviene que sea pronto, si se quiere aprovechar el buen momento económico que atravesamos. Pero, la decisión es política. El futuro de una generación de niños se lo merece.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Para nadie es un secreto la enorme deficiencia de la calidad de la educación pública y las pocas ganas que tiene el magisterio de cambiar el estado de las cosas, algo similar a la reacción que tiene la Corte Suprema, cuando se trata de la siempre postergada reforma de la administración de justicia.
El SUTEP nació como un ideal de solidaridad y defensa de los maestros, con miras a un proyecto revolucionario y humanista de dar nacimiento al “nuevo hombre del socialismo”, proyecto al cual entregaron sus vidas Horacio Zevallos y otros maestros que se sacrificaron por un ideal y un magisterio digno. Treinta años después, el SUTEP se ha convertido en un vulgar gremio que como cualquier otro, sólo le interesa defender y ampliar las prebendas para sus agremiados y ya no le importa la calidad ni las innovaciones educativas. Lo que fue revolucionario antaño, se ha convertido en reaccionario ahora. Lo que era un proyecto progresista liberalizador del hombre, hoy va a contracorriente de todo cambio o trasformación.
Es natural que un gremio defienda los intereses de sus agremiados y que incluso quiera ampliarlos; pero, cuando esos intereses gremialistas van en contra de un valor superior como es elevar la calidad educativa de niños y jóvenes que merecen se les imparta una mejor enseñanza, ese valor superior debe estar por encima de cualquier interés gremialista. Es como –para poner un ejemplo de mi gremio- el Colegio de Abogados de Lima decida impulsar un proyecto de ley por el cual todos los abogados que trabajen en instituciones y empresas públicas o privadas deban tener estabilidad laboral absoluta y ser promovidos por antigüedad, sin importar la eficiencia en el desempeño de las funciones o la capacitación que tengan, sin importar tampoco que haya perdido todos los juicios promovidos a nombre de la institución donde labora o que desde que salió de la universidad jamás se capacitó y se quedó con los conocimientos desfasados de su época universitaria. Algo similar pasa en la educación pública. Es el statu quo de la mediocridad que quiere mantener el SUTEP.
Los maestros han tenido como bandera de lucha la elevación de los bajos sueldos. Razón no les falta y deben ser aumentados progresivamente; pero, esa medida aplicada aisladamente no resuelve el problema.
Las medidas economicistas (aumento de sueldos) no corrigen por si solas las deficiencias del magisterio, vale decir aumentar su productividad. Es lo que sucedió con el aumento a los magistrados en el 2001, cuando se les más que duplicó los haberes totales, y no por eso aumentó la eficiencia de los jueces ni bajó los niveles de corrupción en el Poder Judicial.
Es que el planteamiento economicista es netamente gremialista, pero no redunda en un beneficio para el usuario final del servicio, sea el justiciable en el caso de la administración de justicia o el educando. Para lograr el objetivo de mejora de la calidad educativa se requieren una serie de medidas complementarias (acompañadas de una mejora de los sueldos claro está) que van desde la flexibilidad laboral, la capacitación continua del docente, la incorporación de nuevos profesionales (propuesta a la que apunta la congresista Martha Hildebrandt) hasta la necesaria y permanente evaluación de los maestros.
A esa evaluación es a la que se opone la dirigencia del SUTEP, porque sabe que sus agremiados no van a salir bien librados. También se opondrá a otras medidas como la municipalización de la educación, la tercerización de los servicios, la no obligatoriedad de afiliarse al sindicato o de aportar a la Derrama Magisterial, amén del cambio del enfoque educativo. A todo eso y cualquier reforma de la educación que se pretenda ejecutar, se opondrá permanentemente la dirigencia del SUTEP, por lo que -si se quiere realmente elevar la calidad educativa- cualquier reforma educativa necesariamente tendrá un costo político por el enfrentamiento al poderoso gremio de los profesores, que por añadidura es un gremio altamente politizado, feudo exclusivo del grupúsculo de izquierda Patria Roja.
En estos tiempos de globalización y de alta competitividad laboral, sin una buena educación serán pocas las oportunidades que tenga el futuro ciudadano, y una buena educación pública discurre obligatoriamente por una necesaria y urgentísima reforma, que forzosamente devendrá en un enfrentamiento con el gremio de los maestros, si se quiere tener éxito. Tarde o temprano se tendrá que comenzar con la reforma educativa, y más conviene que sea pronto, si se quiere aprovechar el buen momento económico que atravesamos. Pero, la decisión es política. El futuro de una generación de niños se lo merece.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Monday, December 18, 2006
PINOCHET
Las reseñas sobre la muerte de Augusto Pinochet han estado teñidas con el cristal ideológico de quien perpetra la nota necrológica. Los detractores del general pusieron énfasis en los tres mil desaparecidos y la dictadura sangrienta que impuso sobre Chile, aplicando a la fuerza un modelo económico con un equipo de tecnócratas conocidos como los Chicago boys. Los simpatizantes del régimen se han centrado sobretodo en el “milagro económico chileno”, gracias al cual el país del sur se encuentra en el umbral de la modernidad y a leguas de distancia de sus vecinos de la región; siendo más bien ejemplo para sus coetáneos, por lo que un sacrificio de las libertades políticas era justificable en un momento en que Chile estaba cayendo “en las garras del comunismo”.
Ambas posiciones se han visto reflejadas también en el pueblo chileno con motivos de las exequias del general. Mientras un sector de la población salía a las calles en manifestaciones más o menos violentas y a regocijarse por la muerte del dictador; otros hacían largas colas para darle el último adiós.
Lo cierto es que ambas posiciones distan de la objetividad en el análisis y de una ecuanimidad racional para interpretar los hechos.
Si bien la dictadura de Pinochet se inscribió en las dictaduras sangrientas de la década del 70, que fueron alentadas por los Estados Unidos a fin de detener la “izquierdización” de los países de Sur América en el marco de la guerra fría, lo evidente es que existió una institucionalidad militar que gobernó el país con un proyecto político-económico a largo plazo, muy similar –salvando los matices claro está- al proyecto institucional de las fuerzas armadas en el Perú de 1968-80 y el Brasil de 1964-79, razón por la cual el tránsito hacia la democracia fue ordenado en Chile cuando los militares perdieron el plebiscito. Eso -como lo señala bien Fernando Rospigliosi en un artículo- es imposible en un gobierno militar personalista donde impera como eje central el personalismo del caudillo o en un gobierno autocrático donde todo vale para la reelección del candidato como en los casos de Fujimori en Perú y Chávez en Venezuela; y, caído el caudillo en desgracia todo el régimen se desmorona precipitadamente junto a él. Ese desmoronamiento masivo no ocurrió en Chile, donde los militares se retiraron ordenadamente y mantuvieron cuotas de poder hasta bien entrada la democracia.
Por eso, si se quiere hacer un análisis comparativo, el régimen pinochetista se acerca más a la institucionalidad del gobierno militar del docenio en el Perú, donde los militares también se retiraron ordenadamente a los cuarteles y también conservaron cuotas de poder dentro de la democracia; y al Brasil de los sesentas (donde igualmente se eliminó a líderes izquierdistas), que también tuvo un modelo económico de desarrollo que impusieron con mano férrea los militares, si bien con distintos matices (Perú y Brasil apostaron por el modelo de sustitución de importaciones, mientas que Chile por el de apertura económica que incluía la liberalización de los mercados y privatización de empresas públicas). A ello hay que agregar una política exterior bastante agresiva –si bien la chilena fue opaca en aquella época por las circunstancias del régimen- que en cierto momento hizo competir a las cancillerías de Torre Tagle e Itamaratí en Sur América. La geopolítica llevada a la exquisitez de la diplomacia.
En cuanto al “milagro económico chileno” (por el cual muchos pinochetistas locales justifican la autocracia fujimorista) hay que tomarlo en su contexto real. La evidencia histórica de los últimos países que han mejorado sus niveles de desarrollo y han alcanzado estándares de calidad, ha demostrado que la sola liberalización de los mercados o el “laissez faire” puro no garantiza el crecimiento económico ni menos la distribución de la riqueza para todos. Para ello es necesario que existan instituciones sólidas y la presencia de un Estado que las respalde. Esas instituciones existían en Chile antes de la dictadura de Pinochet. Chile fue quizás el único país de la región que en el siglo XIX, cuando sus vecinos se desangraban en luchas intestinas entre caciques locales, que ya contaba con un Estado e instituciones sólidas y sobretodo con un proyecto nacional de expansión para desarrollar su potencial (que por desgracia nos miraba a nosotros como su natural hábitat de crecimiento). Así que el “milagro económico chileno” no es ciento por ciento producto del gobierno de Pinochet, sino que existieron bases previas para lograrlo (de allí también que la receta no haya funcionado a cabalidad cuando Fujimori la quiso implementar en los años noventa, faltaba un Estado e instituciones sólidas, de lo cual carecemos nosotros).
De ahora en adelante Chile se libera de un fantasma viviente o de una sombra del pasado para ser más preciso. No creo que pase por el trauma exorcístico que le ocurrió a España una vez muerto Franco, aunque sí se producirán novelas o películas que en ficción permitan una liberación catártica de aquellos aciagos años, como lo fue la hermosa película chilena Machuca, y así cada vez será más un recuerdo lejano el dictador, hasta que su recuerdo sea más vago y sólo parte de la historia oscura de Chile.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Ambas posiciones se han visto reflejadas también en el pueblo chileno con motivos de las exequias del general. Mientras un sector de la población salía a las calles en manifestaciones más o menos violentas y a regocijarse por la muerte del dictador; otros hacían largas colas para darle el último adiós.
Lo cierto es que ambas posiciones distan de la objetividad en el análisis y de una ecuanimidad racional para interpretar los hechos.
Si bien la dictadura de Pinochet se inscribió en las dictaduras sangrientas de la década del 70, que fueron alentadas por los Estados Unidos a fin de detener la “izquierdización” de los países de Sur América en el marco de la guerra fría, lo evidente es que existió una institucionalidad militar que gobernó el país con un proyecto político-económico a largo plazo, muy similar –salvando los matices claro está- al proyecto institucional de las fuerzas armadas en el Perú de 1968-80 y el Brasil de 1964-79, razón por la cual el tránsito hacia la democracia fue ordenado en Chile cuando los militares perdieron el plebiscito. Eso -como lo señala bien Fernando Rospigliosi en un artículo- es imposible en un gobierno militar personalista donde impera como eje central el personalismo del caudillo o en un gobierno autocrático donde todo vale para la reelección del candidato como en los casos de Fujimori en Perú y Chávez en Venezuela; y, caído el caudillo en desgracia todo el régimen se desmorona precipitadamente junto a él. Ese desmoronamiento masivo no ocurrió en Chile, donde los militares se retiraron ordenadamente y mantuvieron cuotas de poder hasta bien entrada la democracia.
Por eso, si se quiere hacer un análisis comparativo, el régimen pinochetista se acerca más a la institucionalidad del gobierno militar del docenio en el Perú, donde los militares también se retiraron ordenadamente a los cuarteles y también conservaron cuotas de poder dentro de la democracia; y al Brasil de los sesentas (donde igualmente se eliminó a líderes izquierdistas), que también tuvo un modelo económico de desarrollo que impusieron con mano férrea los militares, si bien con distintos matices (Perú y Brasil apostaron por el modelo de sustitución de importaciones, mientas que Chile por el de apertura económica que incluía la liberalización de los mercados y privatización de empresas públicas). A ello hay que agregar una política exterior bastante agresiva –si bien la chilena fue opaca en aquella época por las circunstancias del régimen- que en cierto momento hizo competir a las cancillerías de Torre Tagle e Itamaratí en Sur América. La geopolítica llevada a la exquisitez de la diplomacia.
En cuanto al “milagro económico chileno” (por el cual muchos pinochetistas locales justifican la autocracia fujimorista) hay que tomarlo en su contexto real. La evidencia histórica de los últimos países que han mejorado sus niveles de desarrollo y han alcanzado estándares de calidad, ha demostrado que la sola liberalización de los mercados o el “laissez faire” puro no garantiza el crecimiento económico ni menos la distribución de la riqueza para todos. Para ello es necesario que existan instituciones sólidas y la presencia de un Estado que las respalde. Esas instituciones existían en Chile antes de la dictadura de Pinochet. Chile fue quizás el único país de la región que en el siglo XIX, cuando sus vecinos se desangraban en luchas intestinas entre caciques locales, que ya contaba con un Estado e instituciones sólidas y sobretodo con un proyecto nacional de expansión para desarrollar su potencial (que por desgracia nos miraba a nosotros como su natural hábitat de crecimiento). Así que el “milagro económico chileno” no es ciento por ciento producto del gobierno de Pinochet, sino que existieron bases previas para lograrlo (de allí también que la receta no haya funcionado a cabalidad cuando Fujimori la quiso implementar en los años noventa, faltaba un Estado e instituciones sólidas, de lo cual carecemos nosotros).
De ahora en adelante Chile se libera de un fantasma viviente o de una sombra del pasado para ser más preciso. No creo que pase por el trauma exorcístico que le ocurrió a España una vez muerto Franco, aunque sí se producirán novelas o películas que en ficción permitan una liberación catártica de aquellos aciagos años, como lo fue la hermosa película chilena Machuca, y así cada vez será más un recuerdo lejano el dictador, hasta que su recuerdo sea más vago y sólo parte de la historia oscura de Chile.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Monday, December 11, 2006
SEXO CENSURADO
En el Congreso peruano cada cierto tiempo y a veces por las personas menos pensadas surge lo que los franceses llaman una boutade, una de esas ocurrencias “geniales” que lindan con lo cómico. Esta vez ha sido la de prohibir en los medios de comunicación los anuncios de servicios sexuales (los anuncios conocidos eufemísticamente como relax). El autor del proyecto de ley es el congresista Daniel Robles, de las filas del APRA, quien sustenta su proyecto en que dichos avisos van contra “las buenas costumbres”.
En principio, hay que ver que se entiende por buenas costumbres.
Cuando converso con mis alumnos del tema les pongo un ejemplo: si una chica decide hacer un topless en una playa de Río de Janeiro probablemente no llamaría la atención de ningún circunstante, a lo sumo la de un mirón ocasional que se quede sorprendido, dependiendo de la proporción de los pechos de la toplista; pero, si esa misma chica decide hacer topless en una playa limeña es probable que algún bañista llame al serenazgo y la pobre muchacha termine en la Comisaría por atentar contra “las buenas costumbres”.
Como vemos, lo que se entiende por buenas costumbres es bastante relativo. Varía de un lugar a otro, también de una época a otra (pongamos el caso del bikini, prohibido hace cincuenta años atrás y hoy ampliamente admitido), e incluso de una región a otra en un mismo país (en la selva que una adolescente de 14 años se inicie en la vida sexual no llama la atención a nadie, si fuese en la ciudad llamaría a escándalo y podría incluso ser considerado hasta delito). Las “buenas costumbres” están relacionadas también con el criterio estándar que tengan de estas un grupo social, religioso o étnico determinado (las buenas costumbres, por ejemplo, no serán lo mismo para un católico que para un testigo de Jehová); por lo que no existe un solo patrón de buenas costumbres sino muchos y no podríamos decir que uno sea superior al otro, o peor aún que sea “el verdadero” debido a que caeríamos en el riesgo de la intolerancia.
Vayamos ahora al efecto práctico en la sociedad que podría tener una norma así de ser promulgada. La pregunta es si una norma prohibitiva conseguirá efectivamente disminuir la afluencia de los consumidores a los servicios sexuales. Complementariamente también se podría preguntar si las damas y caballeros que se dedican a este oficio se dedicarían a alguna otra actividad. Si la charapita potoncita y ojiclaro se dedicará a las pasarelas, o si el moreno chinchano zapatón que atiende sin discriminación tanto a damas como a caballeros modernos se dedicará a vender zapatos en su nativa Chincha.
Evidentemente que no. La eficacia de una norma así es nula en la sociedad. Buscarán otras formas de promocionarse, una de ellas el Internet, el cual es imposible de censurar en su contenido.
Ahora pasemos a analizar las razones legales. ¿El proyecto de ley es anticonstitucional o no?
Aparte del derecho de contratación que tienen estas personas para promocionar sus servicios mediante avisos en los medios de comunicación (sus principales receptores son el decano de la prensa nacional -cuyos avisos de la sección relax ocupan páginas enteras en su suplemento dominical de avisaje-, así como los periódicos chicha que prácticamente viven de esos anuncios), existe también el derecho a la información que tienen los consumidores o usuarios de saber los precios y lugares donde se ofrecen estos servicios (casi en toda Lima), a fin de elegir el más adecuado a su bolsillo y a la distancia del lugar en que se encuentre (recordemos que el ejercicio de la prostitución –es decir el ofrecer los servicios sexuales a cambio de una contraprestación económica- no es delito en el Perú). De prohibirse estos avisos, el precio de los servicios sexuales subiría al tornarse semiclandestino y por tanto el costo subiría en proporción al riesgo, por lo que el precio final al cliente también. En otras palabras, el servicio se encarecería, aparte que el consumidor no podría elegir entre la diversidad de ofertas que se le presentan.
Como pasa siempre con este tipo de normas, al final resultan inocuas y son letra muerta. Por lo común es más fácil buscar la represión de un hecho social que regularlo inteligentemente. Una forma de regularlo es ofreciendo estos avisos en separata aparte debidamente embolsados y sólo a personas adultas. La idea me la sugirió uno de mis alumnos (imagino que lector asiduo de estos avisos), y razón no le falta. Es una manera de regularlos y que el público infantil no se regodee sobretodo con las fotos bastante explícitas que aparecen en algunos de estos avisos. Lo que trae a su vez otro problema regulatorio: la necesidad de una -o mejor dicho de varias- zonas rosas en la ciudad, con eso se conseguiría incluso bajar la tasa de enfermedades infecto-contagiosas, incluyendo al temible SIDA, y porqué no, hasta que paguen impuestos las personas que se dedican a este oficio. Pero, como siempre, se busca lo más fácil, y lo más fácil es “prohibir”.
El proyecto del congresista Robles no será el último intento de reprimir el sexo, habrá otros en el futuro, que duda cabe, que como el proyecto comentado pasarán al desván de los olvidos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
En principio, hay que ver que se entiende por buenas costumbres.
Cuando converso con mis alumnos del tema les pongo un ejemplo: si una chica decide hacer un topless en una playa de Río de Janeiro probablemente no llamaría la atención de ningún circunstante, a lo sumo la de un mirón ocasional que se quede sorprendido, dependiendo de la proporción de los pechos de la toplista; pero, si esa misma chica decide hacer topless en una playa limeña es probable que algún bañista llame al serenazgo y la pobre muchacha termine en la Comisaría por atentar contra “las buenas costumbres”.
Como vemos, lo que se entiende por buenas costumbres es bastante relativo. Varía de un lugar a otro, también de una época a otra (pongamos el caso del bikini, prohibido hace cincuenta años atrás y hoy ampliamente admitido), e incluso de una región a otra en un mismo país (en la selva que una adolescente de 14 años se inicie en la vida sexual no llama la atención a nadie, si fuese en la ciudad llamaría a escándalo y podría incluso ser considerado hasta delito). Las “buenas costumbres” están relacionadas también con el criterio estándar que tengan de estas un grupo social, religioso o étnico determinado (las buenas costumbres, por ejemplo, no serán lo mismo para un católico que para un testigo de Jehová); por lo que no existe un solo patrón de buenas costumbres sino muchos y no podríamos decir que uno sea superior al otro, o peor aún que sea “el verdadero” debido a que caeríamos en el riesgo de la intolerancia.
Vayamos ahora al efecto práctico en la sociedad que podría tener una norma así de ser promulgada. La pregunta es si una norma prohibitiva conseguirá efectivamente disminuir la afluencia de los consumidores a los servicios sexuales. Complementariamente también se podría preguntar si las damas y caballeros que se dedican a este oficio se dedicarían a alguna otra actividad. Si la charapita potoncita y ojiclaro se dedicará a las pasarelas, o si el moreno chinchano zapatón que atiende sin discriminación tanto a damas como a caballeros modernos se dedicará a vender zapatos en su nativa Chincha.
Evidentemente que no. La eficacia de una norma así es nula en la sociedad. Buscarán otras formas de promocionarse, una de ellas el Internet, el cual es imposible de censurar en su contenido.
Ahora pasemos a analizar las razones legales. ¿El proyecto de ley es anticonstitucional o no?
Aparte del derecho de contratación que tienen estas personas para promocionar sus servicios mediante avisos en los medios de comunicación (sus principales receptores son el decano de la prensa nacional -cuyos avisos de la sección relax ocupan páginas enteras en su suplemento dominical de avisaje-, así como los periódicos chicha que prácticamente viven de esos anuncios), existe también el derecho a la información que tienen los consumidores o usuarios de saber los precios y lugares donde se ofrecen estos servicios (casi en toda Lima), a fin de elegir el más adecuado a su bolsillo y a la distancia del lugar en que se encuentre (recordemos que el ejercicio de la prostitución –es decir el ofrecer los servicios sexuales a cambio de una contraprestación económica- no es delito en el Perú). De prohibirse estos avisos, el precio de los servicios sexuales subiría al tornarse semiclandestino y por tanto el costo subiría en proporción al riesgo, por lo que el precio final al cliente también. En otras palabras, el servicio se encarecería, aparte que el consumidor no podría elegir entre la diversidad de ofertas que se le presentan.
Como pasa siempre con este tipo de normas, al final resultan inocuas y son letra muerta. Por lo común es más fácil buscar la represión de un hecho social que regularlo inteligentemente. Una forma de regularlo es ofreciendo estos avisos en separata aparte debidamente embolsados y sólo a personas adultas. La idea me la sugirió uno de mis alumnos (imagino que lector asiduo de estos avisos), y razón no le falta. Es una manera de regularlos y que el público infantil no se regodee sobretodo con las fotos bastante explícitas que aparecen en algunos de estos avisos. Lo que trae a su vez otro problema regulatorio: la necesidad de una -o mejor dicho de varias- zonas rosas en la ciudad, con eso se conseguiría incluso bajar la tasa de enfermedades infecto-contagiosas, incluyendo al temible SIDA, y porqué no, hasta que paguen impuestos las personas que se dedican a este oficio. Pero, como siempre, se busca lo más fácil, y lo más fácil es “prohibir”.
El proyecto del congresista Robles no será el último intento de reprimir el sexo, habrá otros en el futuro, que duda cabe, que como el proyecto comentado pasarán al desván de los olvidos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Monday, December 04, 2006
CHÁVEZ GANÓ LA REELECCIÓN
Estaba escuchando por la radio opiniones del público sobre el personaje del año y muchos peruanos votaban por Hugo Chávez, personaje que produce sentimientos polarizados.
Es difícil mantenerse neutro ante la forma de hacer política de Chávez. Su estilo provocativo no deja lugar a las medias tintas: para unos es un payaso, para otros un “líder continental”. Y es que Chávez ha encarnado ese descontento, ese malestar que en Latinoamérica se produce contra el llamado “Consenso de Washington”. Su retórica va contra el sistema, lo que le produce adhesiones multitudinarias y muchos lo ven como el “heredero natural” de Fidel Castro, el que tomará la posta en la lucha antiimperialista.
Si bien su discurso propone el socialismo, en Venezuela no ha existido un proceso de estatización masivo de los medios de producción, natural en un proceso de cambio revolucionario, menos estos han pasado a propiedad de los trabajadores en “Comités Obreros”. Conviven –y muy bien- la empresa privada con la pública, y la libertad de opinión y expresión no ha sido borrada del mapa totalmente como pasó en la Cuba de los 60.
Es por ello, que más que una apuesta al socialismo, lo que existe en Venezuela es un “cesarismo democrático”, la figura del caudillo que es reelecto en sucesivas elecciones más o menos limpias y usando los recursos humanos y tangibles que ofrece el aparato del Estado; pero manteniendo las estructuras sociales y económicas capitalistas sin alterar. (Nadie puede decir en Venezuela que ya no existan clases sociales ni que la economía esté en manos de la clase oprimida).
El gobierno de Chávez sigue vendiendo el petróleo a los Estados Unidos de Bush, del que tanto despotrica. Estamos más ante el caudillo militar autoritario que se apropia del Estado y sus instituciones para sus propios fines, con un programa asistencialista y clientelista, que ante un líder socialista (por eso los niveles de pobreza y delincuencia han aumentado alarmantemente en Caracas, “males capitalistas” típicos). Es el estilo peronista de hacer política, puesto al día gracias a los ingentes recursos del petróleo, financiando su presencia en la política internacional con generosas ayudas a los “países hermanos” y auspiciando candidaturas en distintos países (hasta ahora sólo ha conseguido colocar en la presidencia a candidatos de países “pequeños” como Bolivia, Ecuador o Nicaragua) y haciendo de Bush el blanco favorito de sus ataques, sin dejar de lado a los presidentes de la región que le caen “antipáticos”.
Quizás al terminar Chávez su período presidencial o salir a la fuerza del poder (probablemente con algunos cientos de millones de dólares en cuentas del extranjero), Venezuela habrá despertado de su sueño de opio petrolero y se dará cuenta que es más pobre y más subdesarrollada que sus pares de la región, y que los discursos incendiarios de su –entonces- ex presidente Chávez habrán quedado en el olvido, y los problemas sociales y económicos quedarán desnudos en toda su miseria.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Es difícil mantenerse neutro ante la forma de hacer política de Chávez. Su estilo provocativo no deja lugar a las medias tintas: para unos es un payaso, para otros un “líder continental”. Y es que Chávez ha encarnado ese descontento, ese malestar que en Latinoamérica se produce contra el llamado “Consenso de Washington”. Su retórica va contra el sistema, lo que le produce adhesiones multitudinarias y muchos lo ven como el “heredero natural” de Fidel Castro, el que tomará la posta en la lucha antiimperialista.
Si bien su discurso propone el socialismo, en Venezuela no ha existido un proceso de estatización masivo de los medios de producción, natural en un proceso de cambio revolucionario, menos estos han pasado a propiedad de los trabajadores en “Comités Obreros”. Conviven –y muy bien- la empresa privada con la pública, y la libertad de opinión y expresión no ha sido borrada del mapa totalmente como pasó en la Cuba de los 60.
Es por ello, que más que una apuesta al socialismo, lo que existe en Venezuela es un “cesarismo democrático”, la figura del caudillo que es reelecto en sucesivas elecciones más o menos limpias y usando los recursos humanos y tangibles que ofrece el aparato del Estado; pero manteniendo las estructuras sociales y económicas capitalistas sin alterar. (Nadie puede decir en Venezuela que ya no existan clases sociales ni que la economía esté en manos de la clase oprimida).
El gobierno de Chávez sigue vendiendo el petróleo a los Estados Unidos de Bush, del que tanto despotrica. Estamos más ante el caudillo militar autoritario que se apropia del Estado y sus instituciones para sus propios fines, con un programa asistencialista y clientelista, que ante un líder socialista (por eso los niveles de pobreza y delincuencia han aumentado alarmantemente en Caracas, “males capitalistas” típicos). Es el estilo peronista de hacer política, puesto al día gracias a los ingentes recursos del petróleo, financiando su presencia en la política internacional con generosas ayudas a los “países hermanos” y auspiciando candidaturas en distintos países (hasta ahora sólo ha conseguido colocar en la presidencia a candidatos de países “pequeños” como Bolivia, Ecuador o Nicaragua) y haciendo de Bush el blanco favorito de sus ataques, sin dejar de lado a los presidentes de la región que le caen “antipáticos”.
Quizás al terminar Chávez su período presidencial o salir a la fuerza del poder (probablemente con algunos cientos de millones de dólares en cuentas del extranjero), Venezuela habrá despertado de su sueño de opio petrolero y se dará cuenta que es más pobre y más subdesarrollada que sus pares de la región, y que los discursos incendiarios de su –entonces- ex presidente Chávez habrán quedado en el olvido, y los problemas sociales y económicos quedarán desnudos en toda su miseria.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Monday, November 27, 2006
APÉNDICE: CINCO MESES DESPUÉS
Las elecciones regionales y municipales que concluyeron el domingo 19 fueron un apéndice o epílogo de las generales que concluyeron en Junio pasado. Algunos temores como que Humala dominara el sur se desvanecieron. Cada vez se jibariza más, su movimiento se vuelve un gueto, gracias a los errores que día a día comete. Modestia aparte, fueron proféticas nuestras palabras con que cerrábamos el artículo Quo vadis Humala? en el mes de Junio: quizás de acá a un tiempo se hable de un comandante que quiso ser presidente y de cuyo nombre ya nadie se acuerda. (http://elobservador.perublog.net/).
Eso no quiere decir que las tendencias autoritarias hayan desaparecido. A nuestro país le falta mucho para ser un país que viva, respire y sienta en democracia. Aparecerán otras tendencias, sea de izquierda o derecha, que querrán pisotear nuestras libertades. Habrá que estar alertas.
Estas elecciones locales también significan una derrota para el partido de gobierno, el APRA, pese a que sus dirigentes lo nieguen. Significa que todavía no hace el debido “aggiornamento” para convertirse en el partido social demócrata moderno que la sociedad y el país demandan. El APRA no puede vivir de Alan, ni Alan del APRA, a la larga puede llevar a la ruina esa relación. Y no porqué esté haciendo las cosas mal desde el ejecutivo (existe una aceptable gestión, aunque un temor a enfrentar los problemas estructurales, quizás más por razones políticas y al “trauma” del primer gobierno), sino porqué esa relación perversa impide la generación de nuevos líderes y un recambio institucional. Sin otro partido de presencia nacional, el APRA tiene que renovarse a nivel ideológico, político e institucional y saber interpretar a esta nueva sociedad muy distinta a la que vio su fundador, Víctor Raúl.
La alianza de Unidad Nacional ha demostrado una vez más que de la ciudad de Lima no pasa. A falta de mayores pergaminos, la derecha ha querido demostrar una gestión exitosa en la administración de la ciudad de Lima, e incluso catapultar a Castañeda a la presidencia en un lejano –políticamente- 2011. El “inflar” su gestión para hacerla exitosa es poco convincente, además que una cosa es Lima y otra el Perú, y Castañeda es difícil que persuada al peruano de dentro, con problemas y sensibilidades distintos al capitalino. Todo parece indicar que la derecha en el 2011 va a sufrir otro descalabro, como que no ha aprendido de sus propios errores.
Hasta el 2010 no tendremos otra elección, eso no quita que el ejercicio democrático quede en suspenso, sino todo lo contrario, se ejerce día a día, en el quehacer diario y en escrutar y observar detenidamente a nuestras autoridades, siempre con espíritu crítico y practicando un sano escepticismo; y, a contrapelo de lo que diría el santo, no hay que creer todo lo que se ve.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Eso no quiere decir que las tendencias autoritarias hayan desaparecido. A nuestro país le falta mucho para ser un país que viva, respire y sienta en democracia. Aparecerán otras tendencias, sea de izquierda o derecha, que querrán pisotear nuestras libertades. Habrá que estar alertas.
Estas elecciones locales también significan una derrota para el partido de gobierno, el APRA, pese a que sus dirigentes lo nieguen. Significa que todavía no hace el debido “aggiornamento” para convertirse en el partido social demócrata moderno que la sociedad y el país demandan. El APRA no puede vivir de Alan, ni Alan del APRA, a la larga puede llevar a la ruina esa relación. Y no porqué esté haciendo las cosas mal desde el ejecutivo (existe una aceptable gestión, aunque un temor a enfrentar los problemas estructurales, quizás más por razones políticas y al “trauma” del primer gobierno), sino porqué esa relación perversa impide la generación de nuevos líderes y un recambio institucional. Sin otro partido de presencia nacional, el APRA tiene que renovarse a nivel ideológico, político e institucional y saber interpretar a esta nueva sociedad muy distinta a la que vio su fundador, Víctor Raúl.
La alianza de Unidad Nacional ha demostrado una vez más que de la ciudad de Lima no pasa. A falta de mayores pergaminos, la derecha ha querido demostrar una gestión exitosa en la administración de la ciudad de Lima, e incluso catapultar a Castañeda a la presidencia en un lejano –políticamente- 2011. El “inflar” su gestión para hacerla exitosa es poco convincente, además que una cosa es Lima y otra el Perú, y Castañeda es difícil que persuada al peruano de dentro, con problemas y sensibilidades distintos al capitalino. Todo parece indicar que la derecha en el 2011 va a sufrir otro descalabro, como que no ha aprendido de sus propios errores.
Hasta el 2010 no tendremos otra elección, eso no quita que el ejercicio democrático quede en suspenso, sino todo lo contrario, se ejerce día a día, en el quehacer diario y en escrutar y observar detenidamente a nuestras autoridades, siempre con espíritu crítico y practicando un sano escepticismo; y, a contrapelo de lo que diría el santo, no hay que creer todo lo que se ve.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
REFLEXIONES POS 19-11
Uno de los problemas que enfrentan los partidos políticos es su escasa representación en los sectores sociales; es decir, la sociedad no se siente representada en los partidos y estos no pueden o no quieren incluir a sectores sociales representativos, por lo que una “válvula de escape” a ese entrampamiento se traduce en los movimientos independientes que esta vez arrasaron con las regiones. No son independientes propiamente, tienen un sesgo ideológico, pero por razones pragmáticas han preferido ir por su cuenta en estas justas electorales con candidatos más representativos que los de la cúpula partidaria. Es así que muchos que votaron en las elecciones generales por Ollanta Humala, esta vez lo hayan dejado huérfano de apoyo y preferido “su” candidato regional. Igual pasó con muchas alcaldías de provincia, donde el APRA ha perdido Trujillo, cuna del aprismo, lo cual representa un campanazo de alerta sobre qué pasa en el más añejo partido del Perú.
¿Cómo se puede explicar que aquellos que votaron por el APRA en las generales esta vez hayan votado por otras opciones?
Es cierto que la pérdida de la ciudad de Trujillo y de casi todos los gobiernos regionales no marca un “inicio del fin” del partido del pueblo, pero sí que existe una bifurcación entre los votos que recibió Alan García en las elecciones generales y los que obtuvo su partido en las municipales y regionales. Es decir, la figura del caudillo con efecto de “arrastre” es superior a la del partido como institución. Ello se traduce en la configuración de un “segundo Víctor Raúl”, un compañero jefe y líder natural del partido, que sin él no es nada el APRA y él lo es todo. Ese caudillismo a la larga puede ser perjudicial para el partido de Alfonso Ugarte y para el propio sistema de partidos políticos que no pasa de un caudillismo mesiánico y no se consolidan los partidos como institución.
Es lo que le ha sucedido también al partido nacionalista de Ollanta Humala, sin la figura del caudillo el partido se viene abajo. O mejor dicho Humala es el partido. Pero, en el caso de Ollanta Humala es más grave ya que se perfilaba como un líder natural de la oposición que ha sido sepultado por sus propios errores pos elecciones generales (veáse nuestro artículo Quo vadis Humala? de Junio de 2006) y que precisamente por su juventud política cualquier “sepultura electoral” como la del 19-11 le es más difícil de remontar. Ollanta Humala va a tener que reflexionar sobre su quehacer político de cara al futuro si quiere realmente participar en las elecciones del 2011. En ese año incluso el panorama se le puede volver más complicado debido a la aparición no sólo de algunas candidaturas nuevas, sino de otros que irían a la reelección sea Alejandro Toledo o la del propio Alberto Fujimori cuya extradición y procesamiento judicial en el Perú es más que dudosa.
Pero la aparición de nuevos “outsiders” no es sinónimo de progreso o consolidación institucional. Muchos de estos van un tanto improvisando en el camino y más que de candidatos, el problema es institucional. No podemos seguir con el sistema de 25 regiones como hasta ahora, según todos los entendidos es suficiente con 6 o 7, aparte que se debe definir claramente sus competencias y financiamiento, a fin que los problemas de la localidad sean resueltos en la región misma. Según informe de la Contraloría, se ha detectado serias deficiencias y mala gestión de inversión del dinero en los gobiernos regionales. En cierta forma se estarían repitiendo los errores del centralismo limeño, pero a nivel local.
Debemos recordar que la reforma del Estado no sólo es exclusiva del poder ejecutivo, sino que comprende también a los gobiernos regionales y locales, y allí es necesaria una profunda reingeniería si se quiere gobiernos regionales eficientes en gestión; y, eso incluye a los gobiernos locales, sea provinciales o distritales. Sin una gestión eficiente de cara al vecino, tendremos los problemas que ya hemos visto en el pasado, el que haya cambiado el mapa electoral significa un hastío de la población frente a sus autoridades y no una continuidad en las mañas políticas. Y el problema más bien es institucional, que de personas.
Para terminar, cabe preguntarse si el triunfo de Unidad Nacional en casi todos los distritos de Lima (por efecto de “arrastre” del candidato provincial, Luis Castañeda) significa un “resurgimiento” de esta alianza electoral y un virtual “trampolín” de Luis Castañeda para las presidenciales del 2011.
En primer lugar, la ciudad de Lima siempre ha sido conservadora en la elección de sus candidatos. Recordemos que hasta hace pocos años atrás dominó Somos Perú, un poco antes Obras, más en el pasado el PPC y mucho antes AP. Salvo con la excepción de la candidatura concertadora de Alfonso “Frejolito” Barrantes, la izquierda no ha tenido buenos augurios en la ciudad capital. De allí que ahora sea Unidad Nacional la que cobra una presencia hegemónica en buena parte de los distritos limeños. Ojala que ahora sí Luis Castañeda concerte con sus alcaldes distritales las políticas de gestión pública y no exista ese hermetismo de torre de marfil con que se comportó en el período anterior.
Pero ese efecto de arrastre de la candidatura de Castañeda no significa que sea “presidenciable” para el 2011. La candidatura presidencial es un traje que le puede quedar demasiado ancho y allí Lourdes Flores tiene mayores pergaminos para representar a la derecha.
Para terminar, debemos tener presente que si queremos ir a un proceso democrático a largo plazo, es necesario que las instituciones se reformen, sin una reforma seria y profunda es poco probable la sostenibilidad de gobiernos sólidos. Urgen cambios, pero todo parece indicar que los actores involucrados en esos cambios no lo quieren o no pueden hacerlo. Ojala después no sea demasiado tarde.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
¿Cómo se puede explicar que aquellos que votaron por el APRA en las generales esta vez hayan votado por otras opciones?
Es cierto que la pérdida de la ciudad de Trujillo y de casi todos los gobiernos regionales no marca un “inicio del fin” del partido del pueblo, pero sí que existe una bifurcación entre los votos que recibió Alan García en las elecciones generales y los que obtuvo su partido en las municipales y regionales. Es decir, la figura del caudillo con efecto de “arrastre” es superior a la del partido como institución. Ello se traduce en la configuración de un “segundo Víctor Raúl”, un compañero jefe y líder natural del partido, que sin él no es nada el APRA y él lo es todo. Ese caudillismo a la larga puede ser perjudicial para el partido de Alfonso Ugarte y para el propio sistema de partidos políticos que no pasa de un caudillismo mesiánico y no se consolidan los partidos como institución.
Es lo que le ha sucedido también al partido nacionalista de Ollanta Humala, sin la figura del caudillo el partido se viene abajo. O mejor dicho Humala es el partido. Pero, en el caso de Ollanta Humala es más grave ya que se perfilaba como un líder natural de la oposición que ha sido sepultado por sus propios errores pos elecciones generales (veáse nuestro artículo Quo vadis Humala? de Junio de 2006) y que precisamente por su juventud política cualquier “sepultura electoral” como la del 19-11 le es más difícil de remontar. Ollanta Humala va a tener que reflexionar sobre su quehacer político de cara al futuro si quiere realmente participar en las elecciones del 2011. En ese año incluso el panorama se le puede volver más complicado debido a la aparición no sólo de algunas candidaturas nuevas, sino de otros que irían a la reelección sea Alejandro Toledo o la del propio Alberto Fujimori cuya extradición y procesamiento judicial en el Perú es más que dudosa.
Pero la aparición de nuevos “outsiders” no es sinónimo de progreso o consolidación institucional. Muchos de estos van un tanto improvisando en el camino y más que de candidatos, el problema es institucional. No podemos seguir con el sistema de 25 regiones como hasta ahora, según todos los entendidos es suficiente con 6 o 7, aparte que se debe definir claramente sus competencias y financiamiento, a fin que los problemas de la localidad sean resueltos en la región misma. Según informe de la Contraloría, se ha detectado serias deficiencias y mala gestión de inversión del dinero en los gobiernos regionales. En cierta forma se estarían repitiendo los errores del centralismo limeño, pero a nivel local.
Debemos recordar que la reforma del Estado no sólo es exclusiva del poder ejecutivo, sino que comprende también a los gobiernos regionales y locales, y allí es necesaria una profunda reingeniería si se quiere gobiernos regionales eficientes en gestión; y, eso incluye a los gobiernos locales, sea provinciales o distritales. Sin una gestión eficiente de cara al vecino, tendremos los problemas que ya hemos visto en el pasado, el que haya cambiado el mapa electoral significa un hastío de la población frente a sus autoridades y no una continuidad en las mañas políticas. Y el problema más bien es institucional, que de personas.
Para terminar, cabe preguntarse si el triunfo de Unidad Nacional en casi todos los distritos de Lima (por efecto de “arrastre” del candidato provincial, Luis Castañeda) significa un “resurgimiento” de esta alianza electoral y un virtual “trampolín” de Luis Castañeda para las presidenciales del 2011.
En primer lugar, la ciudad de Lima siempre ha sido conservadora en la elección de sus candidatos. Recordemos que hasta hace pocos años atrás dominó Somos Perú, un poco antes Obras, más en el pasado el PPC y mucho antes AP. Salvo con la excepción de la candidatura concertadora de Alfonso “Frejolito” Barrantes, la izquierda no ha tenido buenos augurios en la ciudad capital. De allí que ahora sea Unidad Nacional la que cobra una presencia hegemónica en buena parte de los distritos limeños. Ojala que ahora sí Luis Castañeda concerte con sus alcaldes distritales las políticas de gestión pública y no exista ese hermetismo de torre de marfil con que se comportó en el período anterior.
Pero ese efecto de arrastre de la candidatura de Castañeda no significa que sea “presidenciable” para el 2011. La candidatura presidencial es un traje que le puede quedar demasiado ancho y allí Lourdes Flores tiene mayores pergaminos para representar a la derecha.
Para terminar, debemos tener presente que si queremos ir a un proceso democrático a largo plazo, es necesario que las instituciones se reformen, sin una reforma seria y profunda es poco probable la sostenibilidad de gobiernos sólidos. Urgen cambios, pero todo parece indicar que los actores involucrados en esos cambios no lo quieren o no pueden hacerlo. Ojala después no sea demasiado tarde.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Monday, November 20, 2006
CRÓNICA DE UNA ELECCIONES ABURRIDAS
Las municipales de Lima por lo menos lo fueron bastante. Ya de antemano se sabía quien iba a ser el ganador (algunos de mis alumnos de la Facultad no perdían la esperanza en un cambio de destino a pocos días del sufragio); y, no es que Luis Castañeda haya hecho una excelente gestión, debido a que de regular para abajo no pasa (de un 13 en la escala vigesimal no remonta), pero enfrentando a una oposición bastante desarticulada y que se dispersó en más de diez candidaturas y con un asistencialismo ejercido con los recursos municipales, era muy difícil que lo venzan.
A Luis Castañeda se le quiere encarnar como el símbolo de una derecha exitosa en gestión pública. Ante el derrumbe de Lourdes Flores, no había otro que demuestre que la derecha puede también hacer gestión exitosa, de allí que se haya inflado su gestión más allá de todo límite razonable. No de otra forma se puede explicar el intento de muchos medios de comunicación de favorecerlo frente a sus demás contendientes, haciéndolo aparecer como un alcalde exitoso.
Pero para medir los éxitos en su gestión habría que ver sus obras, y en estas encontramos un desperdicio de dinero público (o sea de todos nosotros como contribuyentes) en maquillar la ciudad descuidando los problemas de fondo. Tenemos el problema de la contaminación ambiental (irrespirable en algunas avenidas del centro de Lima), el caos vehicular, la delincuencia y la prostitución callejera en el centro histórico (el Jr. Caylloma a partir de las 7 de la noche es un burdel al aire libre), seguridad ciudadana, todos, absolutamente todos sin resolver. Aparte de un comportamiento bastante autocrático del alcalde de Lima con sus pares distritales y oídos sordos a los reclamos de los regidores metropolitanos (véase al respecto el interesante artículo de Augusto Ortiz de Zevallos aparecido en un diario local). El tristemente célebre SAT es síntoma y parte de esa actuar autocrático del Alcalde, esta vez de cara a todos los contribuyentes.
Y a pesar de todo ganó. Combinación de asistencialismo (las “escaleras de los pobres”, el Hospital de la Solidaridad que está atendiendo también a sectores medios de la ciudad) con estilo odriista de hacer gobierno (AOZ dixit y con razón) le permitió ganar holgadamente (aunque no con el sesenta y pico por ciento que le daban las encuestas). Los recordados eslóganes del ochenio la democracia no se come y hechos no palabras siguen teniendo vigencia. Si a ello le sumamos la dispersión de la oposición, era más que evidente el triunfo de Castañeda.
Los perdedores: Benedicto Jiménez y el APRA que no remontaron en los tres meses de campaña; Humberto “Frito” Lay, cuya candidatura se desinfló literalmente y Ollanta Humala y los nacionalistas, quienes si bien la tenían difícil ganar en la ciudad de Lima, en provincia han sido arrasados del mapa electoral por los movimientos regionales independientes que han sacado más que los partidos políticos, síntoma que el hacer política en provincia va por otro camino y que todavía los partidos nacionales no pueden o no quieren incluir a actores relevantes del quehacer en provincias.
El temor de algunos de un sur humalista quedó desvanecido, aunque no el problema social y económico que representa; y la “hecatombe” del APRA al perder la ciudad de Trujillo –cuna del aprismo- quedó como la prueba que las cosas no marchan bien entre sociedad y partidos políticos.
Dentro de la lucha interna del APRA, el pobre Mauricio Mülder será el “chivo expiatorio” de los magros resultados electorales de la Casa del Pueblo, aunque no todo fue su culpa.
Un detalle más. Frente al uso descarado de los recursos públicos de muchos alcaldes que han ido a la reelección se debe modificar la ley orgánica municipal –y por extensión la ley regional también- en el sentido que sólo sea permitida una reelección inmediata de los alcaldes y presidentes de región y después a su casa –con previo juicio de residencia, por supuesto-.
El poder corrompe y esa regla es aplicable desde el Presidente de la República (siempre he pensado que el presidente debe tener un periodo de cuatro años solamente con posibilidad a una reelección inmediata y nada más) hasta al más modesto alcalde de un alejado distrito de provincias.
Otro aspecto que también debería modificarse es en cuanto a que tanto los regidores como los consejeros regionales sean votados en listas aparte, como sucede cuando votamos para Presidente de la República y el Congreso Nacional. El sistema que se usa permite un uso abusivo y autocrático del poder por quien gana, es hora de cambiarlo si queremos una auténtica democratización y transparencia de los poderes.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
A Luis Castañeda se le quiere encarnar como el símbolo de una derecha exitosa en gestión pública. Ante el derrumbe de Lourdes Flores, no había otro que demuestre que la derecha puede también hacer gestión exitosa, de allí que se haya inflado su gestión más allá de todo límite razonable. No de otra forma se puede explicar el intento de muchos medios de comunicación de favorecerlo frente a sus demás contendientes, haciéndolo aparecer como un alcalde exitoso.
Pero para medir los éxitos en su gestión habría que ver sus obras, y en estas encontramos un desperdicio de dinero público (o sea de todos nosotros como contribuyentes) en maquillar la ciudad descuidando los problemas de fondo. Tenemos el problema de la contaminación ambiental (irrespirable en algunas avenidas del centro de Lima), el caos vehicular, la delincuencia y la prostitución callejera en el centro histórico (el Jr. Caylloma a partir de las 7 de la noche es un burdel al aire libre), seguridad ciudadana, todos, absolutamente todos sin resolver. Aparte de un comportamiento bastante autocrático del alcalde de Lima con sus pares distritales y oídos sordos a los reclamos de los regidores metropolitanos (véase al respecto el interesante artículo de Augusto Ortiz de Zevallos aparecido en un diario local). El tristemente célebre SAT es síntoma y parte de esa actuar autocrático del Alcalde, esta vez de cara a todos los contribuyentes.
Y a pesar de todo ganó. Combinación de asistencialismo (las “escaleras de los pobres”, el Hospital de la Solidaridad que está atendiendo también a sectores medios de la ciudad) con estilo odriista de hacer gobierno (AOZ dixit y con razón) le permitió ganar holgadamente (aunque no con el sesenta y pico por ciento que le daban las encuestas). Los recordados eslóganes del ochenio la democracia no se come y hechos no palabras siguen teniendo vigencia. Si a ello le sumamos la dispersión de la oposición, era más que evidente el triunfo de Castañeda.
Los perdedores: Benedicto Jiménez y el APRA que no remontaron en los tres meses de campaña; Humberto “Frito” Lay, cuya candidatura se desinfló literalmente y Ollanta Humala y los nacionalistas, quienes si bien la tenían difícil ganar en la ciudad de Lima, en provincia han sido arrasados del mapa electoral por los movimientos regionales independientes que han sacado más que los partidos políticos, síntoma que el hacer política en provincia va por otro camino y que todavía los partidos nacionales no pueden o no quieren incluir a actores relevantes del quehacer en provincias.
El temor de algunos de un sur humalista quedó desvanecido, aunque no el problema social y económico que representa; y la “hecatombe” del APRA al perder la ciudad de Trujillo –cuna del aprismo- quedó como la prueba que las cosas no marchan bien entre sociedad y partidos políticos.
Dentro de la lucha interna del APRA, el pobre Mauricio Mülder será el “chivo expiatorio” de los magros resultados electorales de la Casa del Pueblo, aunque no todo fue su culpa.
Un detalle más. Frente al uso descarado de los recursos públicos de muchos alcaldes que han ido a la reelección se debe modificar la ley orgánica municipal –y por extensión la ley regional también- en el sentido que sólo sea permitida una reelección inmediata de los alcaldes y presidentes de región y después a su casa –con previo juicio de residencia, por supuesto-.
El poder corrompe y esa regla es aplicable desde el Presidente de la República (siempre he pensado que el presidente debe tener un periodo de cuatro años solamente con posibilidad a una reelección inmediata y nada más) hasta al más modesto alcalde de un alejado distrito de provincias.
Otro aspecto que también debería modificarse es en cuanto a que tanto los regidores como los consejeros regionales sean votados en listas aparte, como sucede cuando votamos para Presidente de la República y el Congreso Nacional. El sistema que se usa permite un uso abusivo y autocrático del poder por quien gana, es hora de cambiarlo si queremos una auténtica democratización y transparencia de los poderes.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, November 08, 2006
LOS CIEN DÍAS DE ALAN
En un gobierno presidido por Alan García era previsible que él tome las iniciativas. El “manejo de la pelota en la cancha” lo iba a dar él y la agenda del escenario oficial estaba marcada por el ejecutivo. De allí que las pautas de lo que ocurre en sus cien primeros días es un estilo personal pero sin avasallar a sus ministros. No estamos ante el Alan “omnisciente” del primer gobierno (aunque a veces tiene sus improntus). Tampoco ante un Alan “desbocado en la pradera” (de allí el apodo de “caballo loco”). Es un Alan más calmo, conservador, donde han pasado los años y las experiencias y reflexiones no han caído en saco roto.
Una de las “desventajas” de su gobierno es no contar con una oposición coherente, lo cual no es culpa suya obviamente, sino de la oposición misma que no ha podido articularse coherentemente en torno a propuestas realistas. Por el lado de la derecha es bastante débil. Una Lourdes Flores que se “guarda para después” y que al parecer no ha cambiado nada, y que siguiendo con esas repetidas pautas es muy difícil que llegue al poder en el 2011. Por el lado de la izquierda tenemos algo parecido: un Ollanta Humala que desperdició su papel de opositor, que no logra articular una unión coherente detrás suyo y que ahora está siendo cuestionado por los ingresos millonarios que obtuvo en la campaña, gracias a la generosidad de Hugo Chávez, lo que no sorprende a nadie, salvo a los incautos, que siempre los hay.
Lo del hijo de Alan, fue un ejemplo de maniobra torpe de la oposición y que más bien fortaleció al presidente. No estamos ante un Alejandro Toledo que hasta el último momento negaba a su hija. Pero el hecho de sacar a luz una paternidad significa que la oposición está bastante carente de ideas y tiende a una “magalización” que no la ayuda en nada.
Más bien todo parece indicar que vamos hacia un tranquilo gobierno de centro-derecha. Lo cual se corrobora con el concurso de varios neoliberales en el actual gobierno aprista (quizás lo que dijo don Luis Bedoya Reyes, de que los técnicos se compran, era muy cierto). De ser así, se va a respetar una sana política ortodoxa, lo que no es poco pero tampoco mucho. De nada nos sirve tener superávit fiscal si no llega a los menos o no se comienza la reforma en serio de las instituciones del Estado como el Congreso o el Poder Judicial. Son temas pendientes en la agenda.
Lo que es necesario son metas concretas. Hacia dónde vamos y que queremos. Qué hacer con la educación, tan pobre y alicaída. Con la salud y los problemas que presenta su administración. Nuestro sistema tributario y las exoneraciones fiscales. Y, qué hacer con nuestras exportaciones ante la no aprobación del TLC en el Congreso norteamericano, por lo menos éste año (de ganar los demócratas las próximas legislaturas incluso es probable que el TLC pase a la “congeladora”).
El gobierno tiende a un cortoplacismo (es su “talón de Aquiles”), a las urgencias del momento y a un efectismo melodramático a fin de mantenerse en un nivel de aprobación alto (caso de la pena de muerte –tanto en su variante violadores o terrorismo-, o el lirismo en la reforma de justicia, para citar sólo dos ejemplos). En otros casos, tenemos a un Alan García “bombero” que observa la aprobación de las leyes más jacobinas del Congreso (la renta básica o ahora la ley de las ONG’s). Precisamente allí es donde puede entrar a tallar una oposición inteligente: con propuestas creativas y racionales, poniendo énfasis en salud, educación y empleo. La izquierda puede jugar un buen rol allí, siempre y cuando se quite las fobias de por medio –ya vemos como algunos “analistas” de izquierda han hecho su exorcismo histérico con ocasión de los cien días- y piense más en el largo plazo que en acomodarse con el gobierno de turno.
La pregunta es que debemos hacer como nación de aquí a los próximos quince años. No tanto los cien primeros días. Qué país queremos ser para el 2021, en el bicentenario de la república. Somos todavía una promesa y posibilidad como lo planteaba don Jorge Basadre, o más bien somos ya una promesa frustrada de nación. Esas respuestas se conseguirán con la construcción del día a día, de los objetivos que tengamos como país.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Una de las “desventajas” de su gobierno es no contar con una oposición coherente, lo cual no es culpa suya obviamente, sino de la oposición misma que no ha podido articularse coherentemente en torno a propuestas realistas. Por el lado de la derecha es bastante débil. Una Lourdes Flores que se “guarda para después” y que al parecer no ha cambiado nada, y que siguiendo con esas repetidas pautas es muy difícil que llegue al poder en el 2011. Por el lado de la izquierda tenemos algo parecido: un Ollanta Humala que desperdició su papel de opositor, que no logra articular una unión coherente detrás suyo y que ahora está siendo cuestionado por los ingresos millonarios que obtuvo en la campaña, gracias a la generosidad de Hugo Chávez, lo que no sorprende a nadie, salvo a los incautos, que siempre los hay.
Lo del hijo de Alan, fue un ejemplo de maniobra torpe de la oposición y que más bien fortaleció al presidente. No estamos ante un Alejandro Toledo que hasta el último momento negaba a su hija. Pero el hecho de sacar a luz una paternidad significa que la oposición está bastante carente de ideas y tiende a una “magalización” que no la ayuda en nada.
Más bien todo parece indicar que vamos hacia un tranquilo gobierno de centro-derecha. Lo cual se corrobora con el concurso de varios neoliberales en el actual gobierno aprista (quizás lo que dijo don Luis Bedoya Reyes, de que los técnicos se compran, era muy cierto). De ser así, se va a respetar una sana política ortodoxa, lo que no es poco pero tampoco mucho. De nada nos sirve tener superávit fiscal si no llega a los menos o no se comienza la reforma en serio de las instituciones del Estado como el Congreso o el Poder Judicial. Son temas pendientes en la agenda.
Lo que es necesario son metas concretas. Hacia dónde vamos y que queremos. Qué hacer con la educación, tan pobre y alicaída. Con la salud y los problemas que presenta su administración. Nuestro sistema tributario y las exoneraciones fiscales. Y, qué hacer con nuestras exportaciones ante la no aprobación del TLC en el Congreso norteamericano, por lo menos éste año (de ganar los demócratas las próximas legislaturas incluso es probable que el TLC pase a la “congeladora”).
El gobierno tiende a un cortoplacismo (es su “talón de Aquiles”), a las urgencias del momento y a un efectismo melodramático a fin de mantenerse en un nivel de aprobación alto (caso de la pena de muerte –tanto en su variante violadores o terrorismo-, o el lirismo en la reforma de justicia, para citar sólo dos ejemplos). En otros casos, tenemos a un Alan García “bombero” que observa la aprobación de las leyes más jacobinas del Congreso (la renta básica o ahora la ley de las ONG’s). Precisamente allí es donde puede entrar a tallar una oposición inteligente: con propuestas creativas y racionales, poniendo énfasis en salud, educación y empleo. La izquierda puede jugar un buen rol allí, siempre y cuando se quite las fobias de por medio –ya vemos como algunos “analistas” de izquierda han hecho su exorcismo histérico con ocasión de los cien días- y piense más en el largo plazo que en acomodarse con el gobierno de turno.
La pregunta es que debemos hacer como nación de aquí a los próximos quince años. No tanto los cien primeros días. Qué país queremos ser para el 2021, en el bicentenario de la república. Somos todavía una promesa y posibilidad como lo planteaba don Jorge Basadre, o más bien somos ya una promesa frustrada de nación. Esas respuestas se conseguirán con la construcción del día a día, de los objetivos que tengamos como país.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Thursday, November 02, 2006
EL LARGO MURO DE LA NECEDAD
El presidente Bush acaba de firmar la ley que autoriza la construcción del muro que separará México de Estados Unidos, a fin de evitar la migración ilegal. La construcción demandará unos 1,200 millones de dólares y recorrerá los estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas. El muro también incluirá otras medidas de seguridad, como la instalación de iluminación, sensores sofisticados y barreras vehiculares, amén de una vigilancia permanente de las 24 horas del día por patrullas de la guardia nacional.
No es la primera vez que una sociedad trata de protegerse de los “extraños” erigiendo muros. El más famoso quizás sea la muralla china, con la cual se quería detener a las hordas bárbaras que ya azolaban la antigua China, el centro del poder económico y político en ese entonces.
Existen otros muros no menos famosos, pero si llenos de oprobio, como el muro de Berlín, que se erigió para que los alemanes del este no escaparan a la “democrática y capitalista” Alemania del Oeste. Sintomáticamente su caída marcaría el fin del socialismo realmente existente.
Quizás el muro que se erige ahora pase más a las páginas de la necedad o de la ridiculez, y de repente siquiera llegue a materializarse en toda su dimensión, pero de ser así, pasará más como un monumento a la estupidez humana.
Generalmente las sociedades buscan protegerse de los de fuera erigiendo barreras. Los otros son los extraños, los “bárbaros”, los que quieren robar nuestro patrimonio, nuestro estilo de vida o lo que consideramos más valioso para nosotros. Por tanto, para que no ingrese el “extraño” se erigen muros. Es más un mecanismo de autodefensa, de miedo a lo extraño, a lo culturalmente ajeno, a lo que se considera una amenaza, que en el caso presente se trata de los latinos que cruzan ilegalmente la frontera, a los que se considera “roban” los empleos a los norteamericanos, ofreciéndose a trabajar por menos paga. Esa idea está muy extendida entre los sajones, es una idea que se ha ido machacando en sus cabezas a lo largo de los años, por lo que el ciudadano común y corriente termina de creerla. Algo similar pasó en Europa con las creencias que se tenía acerca de los judíos. Ya vemos como acabó la historia.
De allí que los republicanos hayan tratado de ganar votos en las próximas elecciones con la autorización para la construcción del muro. Como se sabe están mal en las encuestas y es probable que pierdan la hegemonía en el Congreso, lo que sería la antesala del fin de la presidencia republicana y el final de la era Bush y los “neocon”. Por eso no han tenido mejor idea que “vender” al “ordinary people” la idea del muro.
Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que el muro no detendrá la migración ilegal. Existen otras formas para entrar al “país de las oportunidades”. Generalmente entran como turistas y se quedan como ilegales. Y si es por tierra (los “espaldas mojadas”) buscarán otras rutas (ojo que no se va a cerrar toda la frontera con México). Demorarán más, pagarán más dinero a los “coyotes”, pero llegarán, asediarán el imperio, los “bárbaros” entrarán y harán suya esa tierra. Es la ley de la historia. No hay forma de detener las “invasiones bárbaras”, sino pregúntenles a los romanos. De aquí a unos cuarenta o cincuenta años (nada en la historia del mundo) quizás tengamos al primer presidente de origen latino en USA. Ningún muro podrá parar el destino que le espera a Estados Unidos, así que el muro –de llegarse a construir- será parte de un pasado y por ahí de alguna postal que recuerde cómo, a veces, puede llegar tan alto –o tan bajo- la necedad humana.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
No es la primera vez que una sociedad trata de protegerse de los “extraños” erigiendo muros. El más famoso quizás sea la muralla china, con la cual se quería detener a las hordas bárbaras que ya azolaban la antigua China, el centro del poder económico y político en ese entonces.
Existen otros muros no menos famosos, pero si llenos de oprobio, como el muro de Berlín, que se erigió para que los alemanes del este no escaparan a la “democrática y capitalista” Alemania del Oeste. Sintomáticamente su caída marcaría el fin del socialismo realmente existente.
Quizás el muro que se erige ahora pase más a las páginas de la necedad o de la ridiculez, y de repente siquiera llegue a materializarse en toda su dimensión, pero de ser así, pasará más como un monumento a la estupidez humana.
Generalmente las sociedades buscan protegerse de los de fuera erigiendo barreras. Los otros son los extraños, los “bárbaros”, los que quieren robar nuestro patrimonio, nuestro estilo de vida o lo que consideramos más valioso para nosotros. Por tanto, para que no ingrese el “extraño” se erigen muros. Es más un mecanismo de autodefensa, de miedo a lo extraño, a lo culturalmente ajeno, a lo que se considera una amenaza, que en el caso presente se trata de los latinos que cruzan ilegalmente la frontera, a los que se considera “roban” los empleos a los norteamericanos, ofreciéndose a trabajar por menos paga. Esa idea está muy extendida entre los sajones, es una idea que se ha ido machacando en sus cabezas a lo largo de los años, por lo que el ciudadano común y corriente termina de creerla. Algo similar pasó en Europa con las creencias que se tenía acerca de los judíos. Ya vemos como acabó la historia.
De allí que los republicanos hayan tratado de ganar votos en las próximas elecciones con la autorización para la construcción del muro. Como se sabe están mal en las encuestas y es probable que pierdan la hegemonía en el Congreso, lo que sería la antesala del fin de la presidencia republicana y el final de la era Bush y los “neocon”. Por eso no han tenido mejor idea que “vender” al “ordinary people” la idea del muro.
Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que el muro no detendrá la migración ilegal. Existen otras formas para entrar al “país de las oportunidades”. Generalmente entran como turistas y se quedan como ilegales. Y si es por tierra (los “espaldas mojadas”) buscarán otras rutas (ojo que no se va a cerrar toda la frontera con México). Demorarán más, pagarán más dinero a los “coyotes”, pero llegarán, asediarán el imperio, los “bárbaros” entrarán y harán suya esa tierra. Es la ley de la historia. No hay forma de detener las “invasiones bárbaras”, sino pregúntenles a los romanos. De aquí a unos cuarenta o cincuenta años (nada en la historia del mundo) quizás tengamos al primer presidente de origen latino en USA. Ningún muro podrá parar el destino que le espera a Estados Unidos, así que el muro –de llegarse a construir- será parte de un pasado y por ahí de alguna postal que recuerde cómo, a veces, puede llegar tan alto –o tan bajo- la necedad humana.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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