CLASES SOCIALES Y ELECCIONES MUNICIPALES

Por: Eduardo Jiménez J.

        ejimenez2107@gmail.com

        ejj39@hotmail.com

Llama la atención que el voto mayoritario a favor de Luis Castañeda Lossio provenga de los sectores populares (lo que se conoce en las encuestas como los sectores C, D, y E), mientras a favor de Susana Villarán –de tendencia izquierdista- se encuentren los sectores altos y medios (sectores A y B) que obviamente son minoría y no deciden una elección.

Inicialmente se podría conjeturar que los sectores populares son más propensos a la corrupción que los otros, así como más propensos a las dádivas y a los ofrecimientos demagógicos; pero ello aparte de ser parcialmente inexacto, no explica en su totalidad el fenómeno.

Existe un elemento adicional que lo explica en parte y lo comentamos en un artículo anterior a raíz de la revocatoria: la afinidad de clase. (“Siendo una alcaldesa de izquierda, paradójicamente es rechazada por las mayorías populares (el sí se impuso en los distritos más populares), mientras los segmentos altos y medios la avalaban, incluyendo a instituciones de la gran empresa, como la Confiep”: La revocatoria en el final: Susana reina pero no gobierna, 22.3.13).

            Por más que Villarán sea de izquierda (caviar, pero de izquierda) tiene, por afinidad de clase, una sintonía con esos votantes que pertenecen a los rezagos de lo que fue la oligarquía criolla de antaño. Esa “argollita” que detentaba en sus manos el destino del país. Su extracción de clase proviene de allí. Es un elemento subjetivo, intangible, un lazo umbilical, pero que explica en parte esa afinidad de los sectores altos con la alcaldesa. Es una de las “suyas”. Por más que ella lo desee, no podría mimetizarse jamás con un poblador de los sectores populares: su educación, su formación, su pasado familiar, le impiden compenetrarse con los pobladores de los sectores sociales más bajos, pese a sus buenas intenciones “samaritanas”.

En cuanto a los costos políticos por las reformas emprendidas, es cierto, aunque parcialmente, lo argumentado por Villarán y su entorno. Organizar el trasporte y el comercio mayorista significa afectar intereses de sectores informales consolidados en el tiempo y muchos de ellos componentes de “la nueva clase media”, poco ilustrada todavía y enormemente pragmática, pero que goza de gran poder económico cimentado en varias décadas de actividad informal. En cambio los sectores altos y medios tradicionales que le conceden su voto a la alcaldesa, por su propia ilustración de clase (periódicos que leen, comparación de reformas en distintas capitales, acceso a información, etc.), comprenden mucho mejor la necesidad de una reforma amplia de la ciudad de Lima, incluyendo trasporte, comercio mayorista, infraestructura, seguridad ciudadana, con una “visión” de ciudad a futuro.

De allí que el candidato Castañeda, apelando a un populismo edil,  hable (es un decir, dada su parquedad) de una “revisión” de la reforma del trasporte. En cierta manera, lo que busca es ganarse a esos sectores informales con gran poder económico a los cuales el “roba pero hace obra” no les tiene sin mucho cuidado ético dada su pragmaticidad absoluta.

 Según dicen algunos entendidos en los problemas del trasporte, la reforma no se hizo antes por falta de decisión política. Cada vez que en la Municipalidad de Lima se sugería el tema, los transportistas hacían “una bolsa” para dejar las cosas como estaban. (Hasta el ahora “venerable patricio” Luis Bedoya Reyes dicen que, siendo alcalde de la ciudad, se opuso a la construcción de un subterráneo en Lima por presión de los transportistas de ese entonces). Leyenda urbana o no, lo cierto es que no existió ánimo político de parte de los alcaldes de los últimos cuarenta años para encarar problema tan peliagudo.

Pero, como apuntamos, los costos políticos de encarar las reformas no es la única explicación de la baja aceptación de la alcaldesa Villarán. Creo que también se debe a sus garrafales errores, que vienen desde sus primeros años de gestión. Faltó un plan coherente, preparación, gente más versada en su entorno. (Su entorno de confianza provenía de las ONGs, de la “izquierda pituca”, donde algunos incluso por primera vez conocían el centro histórico de la ciudad cuando fueron a trabajar a la Municipalidad de Lima, adictos a las consultorías y redes sociales, pero no al trabajo de campo). El factor humano que reclutó por naturales razones ideológicas y clasistas fue insuficiente para el gran reto que se había impuesto.

Si lo vemos en retrospectiva, sus primeros años solo fueron de “aprendizaje”: obras inconclusas, otras a medio hacer, improvisación por doquier (como la demostrada en el tristemente célebre “olón” de la playa La Herradura, obra hecha contra toda previsión técnica), o la improvisación y apresuramiento, de cara a las elecciones, del “corredor azul”, con serias deficiencias y perjuicios para el público usuario. Aunque, en honor a la verdad, la primera gestión de Luis Castañeda tampoco brilló por grandes obras, más bien fue bastante opaca, hasta mediocre; y su “obra-insignia” en la segunda gestión, el Metropolitano, demoró su culminación más de lo previsto y costando seis veces lo que el presupuesto inicial.

A ello se debe sumar cierta arrogancia de la alcaldesa y la generación de anticuerpos: tiene un “espíritu aristocrático” (de nuevo el factor de clase), quizás contra su voluntad que, curiosamente, la hace sintonizar con los sectores altos, siendo ella de izquierda, y rechazo manifiesto y poca comprensión por los sectores populares (es sintomático como los vecinos de las zonas populares durante las primeras semanas del “corredor azul”, frente a sus protestas de falta de buses alimentadores, eran acusados por los altos funcionarios de la Municipalidad de Lima –que no usan el trasporte público- como “ociosos”, “poco cívicos”, “convenidos” y otros calificativos peyorativos, mientras con un distrito de clase media alta como Miraflores firmaban esos mismos funcionarios un convenio para “no molestar a los vecinos miraflorinos” recolocando el paradero final de los buses).

Y, por supuesto, la revocatoria desde que asumió el cargo, que la hizo concentrarse en su defensa antes que en los problemas de la ciudad. Ya el tema lo hemos tratado en otros artículos de este blog, pero existió en su contra un ánimo revocador de sus opositores políticos que fue capitalizado por los errores en su gestión. (Si analizamos en términos socio-raciales, curiosamente la revocatoria la lideró un “cholo” –Marco Tulio Gutiérrez-proveniente de los sectores populares emergentes contra una “pituca blanca” de pasado señorial. Eso da para un análisis sociológico y hasta sicológico).

No dudamos de las buenas intenciones de la alcaldesa, pero ese espíritu de clase confabula contra su accionar político.

A lo que debemos agregar la falta de partido político propio. Otro de sus errores fue presentarse con su propio partido a las elecciones generales del 2011, perdiendo la representación electoral de Fuerza Social, lo que la llevó a buscar desesperadamente un “vientre de alquiler” al más puro estilo de los “políticos chicha” y a romper con muchos de sus antiguos aliados de izquierda (muy parecido a lo que hizo Humala cuando llegó al gobierno), pese a que había prometido no presentarse a una reelección cuando fue lo de la revocatoria. La ambición personal pudo más que el razonamiento político desasosegado, y los resultados los va a ver el 5 de Octubre.

También confabula que una de sus “obras insignia”, la reforma del trasporte, la empezó muy tarde, por lo que no va a gozar los réditos políticos que justifiquen una reelección. Si la reforma la hubiese empezado seriamente un año atrás y tuviese para mostrar dos o tres corredores que operen eficientemente, con un público usuario “educado” en el uso del trasporte público como sucede en otras capitales de la región, tendría algo que justificase en los hechos la continuidad de su administración; pero, recién la reforma del trasporte se encuentra en el periodo de prueba, con errores, marchas y contramarchas, y buses reacondicionados y no los prometidos Euro V.

Aparte de ello, la reforma del trasporte actualmente más beneficia a los sectores medios que usan el corredor de la Avenida Arequipa o el próximo de Javier Prado; pero un trabajador que vive en los distritos de Ventanilla, Villa María o San Juan de Lurigancho no se beneficia directamente. Quizás a futuro sentirá los beneficios, pero actualmente solo tiene molestias y pagos de más por desplazarse a su trabajo o centro de estudios, al tener que usar dos o tres vehículos. De repente, de haber comenzado por allí la reforma, en los sectores populares, antes que en los sectores medios (de nuevo el interés de clase), el resultado electoral pudo haber sido distinto (ahora que laboro en una universidad ubicada al pie de la Panamericana Sur constato que por allí ni remotamente ha llegado la reforma del trasporte e impera la informalidad total).

Adicionalmente, Villarán también podría enfrentar su propio Comunicore, si se comprueba las graves irregularidades de su gerente en la Caja Metropolitana de Lima. De ser así, de comprobarse el saqueo a las arcas comunales, sería el fin de otro “mito”: el de la supuesta superioridad ética de la izquierda, el auto considerarse “la reserva moral del país”; mito que por cierto ya se encuentra bastante cuestionado con las graves acusaciones e indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito que pesan contra Gregorio Santos.

Pero, por el lado del candidato que va puntero las cosas no son muy halagüeñas para la ciudad. Si promete más de lo mismo de su primera gestión (escaleritas para los cerros y un par de cruces a desnivel) será poco para Lima. La valla la tiene alta, dado que la reforma del trasporte y del comercio mayorista significa que deberá enfrentarse a los sectores informales que le van a dar su voto. Si todo regresa “al estado pre-reforma”, sea con el eufemismo de una “revisión” o cualquier otro subterfugio legal, la ciudad será la principal afectada.

Posiblemente la nueva gestión de Castañeda se reduzca a un “Comunicore 2” en versión corregida y aumentada, cumpliéndose la profecía del “roba pero hace obra” que casi la mitad de electores piensa de él. No se percibe ni en el propio Castañeda ni en su entorno ánimos de grandes reformas, de “pisar callos”, sino más de lo mismo que vimos en su anterior gestión: un poco de cemento por aquí o inaugurar unas escaleras por allá. (De hecho su principal ofrecimiento hasta ahora –sin contar el estrafalario monorriel que sacó de la manga- son doscientas “escaleras solidarias”).

Por ello, Villarán por más que pierda las elecciones, en los últimos meses de su gestión deberá consolidar la reforma del trasporte, corregir errores sin la presión electoral, colocar “candados legales” a los cambios que inició e impedir así que el 1 de Enero, cuando asuma el cargo el reelecto alcalde, se retorne a la situación anterior del caos en el trasporte público. Será un haber que políticamente podrá mostrar a futuro, que “Susana sí se atrevió” a lo que muchos alcaldes no quisieron enfrentar.

Lamentablemente cualquier cambio requiere enfrentar a los grupos fácticos de poder informales que a lo largo de décadas han consolidado poder económico y político. Estamos viendo su actuar no solo a nivel de los gobiernos locales, sino los regionales y el propio gobierno central (el partido nacionalista llevó en sus filas a muchos del sector informal y “las bolsas para campaña” del entonces candidato Ollanta Humala fueron bastante evidentes).

Ese es uno de los dilemas que se van a presentar en los próximos años, sea en la ciudad de Lima o en las regiones.

REFERENDO EN ESCOCIA

Por: Eduardo Jiménez J.

        ejj39@hotmail.com

El “no” a la independencia se impuso sobre el “sí” en el referendo del 18 de Setiembre, por lo tanto Escocia continuará siendo parte del Reino Unido de la Gran Bretaña. De haberse impuesto el “sí” hubiese tenido posiblemente un “efecto dominó” en otras regiones separatistas de Europa, especialmente los catalanes que se preparan para una consulta similar.

Una de las consecuencias del fin de la guerra fría fue el resurgimiento de los nacionalismos europeos que se encontraban en un segundo plano por las tensiones entre el Este y el Oeste. Terminada la guerra con la implosión de la Unión Soviética, se elevaron a primer plano, a veces en forma dramática como en la ex Yugoslavia o las propias repúblicas ex soviéticas y, en ciertos casos, el silenciamiento independentista fue sangriento como en Chechenia.

En otros, donde existe un desarrollo mayor de las formas democráticas, la decisión de declararse autónomos pasa por las ánforas, por la consulta directa a los ciudadanos involucrados. Es lo que sucedió en Escocia, lo que puede suceder en España con respecto a los catalanes y vascos,  y lo que también pasó en la zona franco parlante del Canadá. Matices más matices menos ha existido un deseo de independencia que se ha resuelto “civilizadamente”.

Nosotros tenemos también, de vez en cuando, ansias separatistas, como la del sur de Puno, con la creación de la Nación Aimara que reúna a las etnias a los dos lados de la frontera, tanto los aimaras de Perú como los de Bolivia. Hasta ahora el asunto no ha pasado más allá de poses declarativas y sustentos “históricos”; pero como Estado debemos estar preparados para lo que pueda venir, si el estado de las cosas cambia.

Ello obedece a que los estados-nación que se crearon fue producto de un sometimiento violento de unos pueblos hacia otros, no consensual, pueblos que por otra parte conservaron un fuerte nacionalismo; por lo que en ciertas coyunturas resurge, como la acaecida en Europa a raíz de la crisis económica que todavía no la superan. Así, la nación que dentro de un Estado pretende autonomía, supone que con sus recursos le irá mejor que siendo parte de otro Estado. Es lo que acaeció con los escoceses y el petróleo del Mar del Norte, cuyas reservas no están del todo justificadas, dependiendo cómo se mire el vaso, pero sirvió de incentivo a favor de la campaña por el “sí”.

Quizás en el caso de Escocia primó cierta cordura.

Con las naciones sucede lo mismo que con las familias: a veces podemos renegar de nuestros parientes más próximos o desconocerlos como tales. Las imposiciones de los lazos consanguíneos son arbitrarias, pero lo cierto es que el paso del tiempo y el trato nos hace verlos como personas cercanas a nosotros, y con ciertas características más o menos similares.

No obstante el ambiente polarizante que se vivió en las últimas semanas, muchos escoceses, sobretodo los indecisos, con la cabeza más fría sopesaron lo que podrían perder en caso separarse de Gran Bretaña (la estabilidad de la libra esterlina, puestos de trabajo en empresas inglesas, barreras migratorias, incertidumbre frente a un futuro desconocido, posible no reconocimiento por parte de la Unión Europea) y aplicaron el viejo adagio que dice más vale malo conocido que bueno por conocer.

Mal que bien son parte del Reino Unido y de un gobierno que les ha prometido más autonomía de la que en la actualidad gozan. Es meritorio reconocer la labor de persuasión (a veces aplicando el “susto” de lo que podría pasar en caso de una secesión) que han tenido los líderes de los tres principales partidos: los conservadores, los liberales y los laboristas. Todos ellos han suscrito el acuerdo para mayor autonomía política y financiera-tributaria a favor de Escocia que, conocidos los resultados, comenzaría a ejecutarse el próximo año; abriéndose paso a un “nuevo pacto político” entre las naciones del Reino Unido: una suerte de federalización con “micro estados” al interior de un gran estado, experimento político que quizás sirva de ejemplo para casos similares. 

OSTERLING O EL SER REPUBLICANO

Por: Eduardo Jiménez J. 

ejj39@hotmail.com

Agosto fue un mes aciago para la política, las letras y las artes.  Casi consecutivamente se fueron Henry Pease, Enrique Zileri, David Sobrevilla, Rafael y Victoria Santa Cruz y, ahora, Felipe Osterling.

Mi primer acercamiento a Felipe Osterling fue por el derecho: su tratado de Obligaciones, escrito al alimón con Mario Castillo, era y es consulta indispensable para el estudiante, con mayor razón cuando mi tesis de bachillerato versaba sobre un aspecto importante de las obligaciones como es el pago de intereses. Siempre le tuve respeto como “padre” del importante Libro VI del Código Civil; y si bien fue bastante conservador en la estructura final del texto (hecho que después me percaté era inherente a su carácter), se debe reconocer que es uno de los pocos temas del Derecho Civil donde los cambios se realizan muy lento.

Ideológicamente no fue un liberal, más bien fue el conservador que encajó muy bien en el Partido Popular Cristiano (“club de abogados” como alguien, en ese entonces, lo denominó acertada e irónicamente); aunque fue un socialcristiano por convicción y formación. Quizás la educación en colegios religiosos, los estudios en la PUCP “pre-modernizante” de la casona en la Plaza Francia, marcaron ese tono que iba bien con su carácter. Un tanto en esa tradición que insufló Riva Agüero para lo que pensaba debía ser una universidad católica.

Profesor por largos decenios, hacía cátedra no solo en el aula, sino también en la tribuna política. Un auténtico profesor lo es dentro y fuera de aulas. En ello fue un ejemplo para muchos de su generación y las que vinieron después. Dejó de ser profesor y se convirtió en maestro.

Un ejemplo del Osterling académico fue que solo publicaba aquello que pensaba valía la pena. No fue tanto hombre de multifacética obra, con mucha extensión pero poca profundidad, sino de escasa extensión, casi reducida al tema de Obligaciones, pero con evidente profundidad. En ese sentido fue un obseso, en el buen sentido del término, y uno de los pocos realmente juristas, en el sentido preciso de la palabra.

El Osterling político me llamó la atención mucho después. No tanto el ministro de justicia del segundo gobierno de Belaunde, sino el que desafió el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. La célebre foto donde increpa airado a los militares que le impiden ingresar al Congreso en calidad de presidente del Senado dio la vuelta al mundo.

Su vida política activa terminó en ese momento, pero no su participación en la política como opinante, como hombre preocupado por la cosa pública. Osterling pertenece a esa vieja raza de republicanos que, sin importar la tienda donde militan, su interés está en los problemas del Perú y sus posibles soluciones.

Esa raza que se va extinguiendo con la desaparición de Henry Pease desde el ejercicio de la cátedra y la política, de David Sobrevilla desde la filosofía comprometida con la realidad, de Enrique Zileri desde el periodismo crítico, y Felipe Osterling desde la tribuna del derecho. No fue de esos “juristas” que se creen asépticos y prefieren no opinar de política (y terminan sirviendo a dictaduras o gobiernos autoritarios). Todo lo contrario, quiso “ensuciarse las manos” en su compromiso con el país, más allá de las intolerancias que todavía imperan en nuestro medio.

Sus últimos años los dedicó a escribir sus memorias y a poner a punto la versión definitiva de su Tratado de Obligaciones, de reciente circulación.

Viejo republicano, quizás con él se está extinguiendo una forma de acercarse a la política, comprometida con el país y sus instituciones más allá de los apetitos inmediatos. Descanse en paz.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO: A PROPÓSITO DE LOS CORNEJOLEAKS, LOS LOBIES, LOS CONGRESISTAS CON TRAMPAS, LOS CANDIDATOS CON ANTECEDENTES PENALES, POLÍTICOS VANIDOSOS, OTROS CON SUERTE Y LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Por Eduardo Jiménez J. 

       ejj39@hotmail.com

¿Un personaje público tiene vida privada o esta desaparece? La tiene, aunque en menor medida que una persona común y corriente. La regla es que a mayor exposición de la persona a la cosa pública, menor diámetro tiene su vida privada; y viceversa: los que no somos personajes públicos gozamos de una amplia vida privada, dado que la misma no interesa a los demás.

¿Es válido hackear correos de una cuenta personal de correo de un personaje público?

Más allá de la legalidad que busca ocultar estos intríngulis, no hay respuesta absoluta. Dependerá del contenido de esa cuenta. La respuesta será absolutamente afirmativa si en los correos se comentan hechos de interés que todo ciudadano tiene derecho a conocer al ser cosa pública, como sucedió con la cuenta interceptada del ex primer ministro Cornejo, donde una conocida lobista, socia nada menos que de la mismísima hermana del actual ministro de economía, solicitaba una ampliación del período de pesca de anchoveta para beneficio directo de una compañía pesquera donde ella -coincidencia de coincidencias- era directora.

Al hacer una ponderación, pesa más el derecho a conocer un hecho público que la privacidad del correo. Conflictos de intereses, donde lo público y lo privado se diluyen; y donde el entonces primer ministro utilizó una cuenta privada para tratar asuntos relativos a su gestión ministerial.

Es lo que sucedió también con el ministro de energía y minas, descubierto in fraganti, por otro correo hackeado, donde se detallaba que permitía graciosamente que una empresa regulada por su sector elabore el reglamento de una importante ley. Es decir, el gato de despensero.

Y estos dos casos son apenas un tímido ejemplo del tráfico de influencias que se produce a diario en el Ejecutivo que, como se recordará, se iniciaron apenas asumieron las riendas del estado con el famoso affaire de Las brujas de Cachiche, donde estuvo implicado Omar Chehade, primer vicepresidente de Ollanta Humala.

O pongamos algo más pedestre: el tráfico de influencias de los dos últimos ex presidentes del congreso nacional para nombramiento de “asesoras”, las que en realidad eran, en buen castellano, amantes, o como vulgarmente se denomina “trampas”.

No nos interesaría si las asesoras en cuestión hubiesen sido sufragadas con el peculio de los dos congresistas del oficialismo cuando ejercieron el cargo de presidentes del Parlamento; pero el interés público radica en que los nombramientos fueron pagados con el dinero de los contribuyentes, de todos nosotros, por lo que tenemos derecho no solo a saber, sino a que rindan cuentas y se sancione drásticamente a los dos congresistas y, por añadidura, devuelvan el dinero gastado en emolumentos, regalos y viajes de sus “asesoras”.

En una democracia con mayores controles de lo público hace buen tiempo los dos congresistas en entredicho hubiesen sido defenestrados de sus cargos, más con el agravante de haber detentado el cargo de Presidente de un poder del estado, y quizás purgado una condena privativa de libertad por haber utilizado recursos públicos para fines privados (mantener a la amante). Como vemos, acá no pasó nada, más allá de lo anecdótico.

Si bien el tráfico de influencias se ha producido también en otros gobiernos, como que en el presente el hecho da la impresión que se ha acentuado. Y eso que estamos hablando de un gobierno que iba a liderar “la gran trasformación”, incluyendo la moral del “hombre nuevo peruano”.

Un hecho al que debemos dar gracias a la tecnología es el uso de un software que permite cruzar información de distintas bases de datos y conocer oportunamente si alguno de los candidatos cuenta o ha contado con sentencia judicial por delito cometido.

En el pasado era imposible, sobretodo porque determinar caso por caso si un candidato tenía o no prontuario era descubrirlo cuando ya había juramentado el cargo o, peor aún, había concluido su mandato. Ahora gracias al software Veritas (creado por “hackers buenos”) hemos descubierto centenas de casos de candidatos sentenciados, desde delitos por omisión de alimentos, pasando por violaciones y estafas, hasta terrorismo y homicidios. Una verdaderas “joyitas”.

Otro grupo son aquellos que declararon un título o grado académico no obtenido. Son los que mordieron la vanidad de vanidades.

Para ser político no se requiere un grado académico. Fueron, y grandes políticos, sin ningún título o grado que ostentar, Víctor Raúl Haya de la Torre o José Carlos Mariátegui. Haya, por los avatares políticos de su dilatada vida, nunca pudo terminar la carrera de Derecho y menos obtener su título de abogado; y Mariátegui, por razones de salud y de situación económica, no terminó la educación primaria.

Sin embargo un discípulo de Víctor Raúl, con mayor suerte y confort económico que el maestro y, por añadidura, ex presidente de la república, decía ostentar, o por lo menos permitió que se creyese que ostentaba, un doctorado en la prestigiosa universidad La Sorbona de París; y, ahora, hasta se encuentra en tela de juicio su dudoso grado de magíster obtenido en una universidad donde su correligionario y buen amigo es nada menos que rector.

Claro, tiene cierto “estatus” que a un político con cargo público, antes de su nombre venga, a modo de prefijo, el consabido “doctor”, o que en las placas conmemorativas, a las que son muy afectos, aparezca la conocida frase “obra inaugurado siendo presidente o alcalde el doctor ……”; pero, le debe costar su esfuerzo, y doctores, realmente doctores, de verdad hay pocos. Vanidad de vanidades.

Pero, volviendo a los candidatos de las próximas elecciones, un grupo mayoritario de estos son los que no declararon bienes ni rentas. Imaginamos que debe ser gente que vive de lo que buenamente el partido al que pertenecen les da o lo que sus vecinos colaboran. No faltará un amigo por allí que le preste gratuitamente una casa para que viva con su familia, otro que le regale una camioneta 4x4 para que se desplace cómodamente, y uno más que tiene una cadena de supermercados y le proporciona de todo para la alimentación de él y su familia. Tipos suertudos la verdad, como el ex alcalde que va a la reelección por Lima, con serias dudas y manchas bien oscuras sobre su anterior gestión, título de una universidad donde no lo obtuvo y con un título de arquitecto en otra, obtenido misteriosamente, y que hasta ahora es un acertijo saber cómo vive o como dice la conocida letra de una canción “cómo lo hace”. Debe ser “rico” vivir así, sin trabajar, con amigos que te mantienen y de “yapa” obtienes títulos y grados profesionales que te llueven del cielo.

Pero, existe otro importante grupo de candidatos que tienen sentencia ya cumplida; es decir “pagaron su deuda con la sociedad” como eufemísticamente se acostumbra decir. Si bien es cierto ello, creo que el Estado, vía el Jurado Nacional de Elecciones, teniendo en cuenta el interés imperativo de la sociedad (de nuevo la cosa pública), debería poner en conocimiento de la ciudadanía quienes son estos candidatos que otrora delinquieron y por qué delito, aclarando indudablemente que ya cumplieron su condena. El elector decidirá al final si le entrega la confianza de su voto o no. Han existido casos de condenados redimidos realmente y que luego contribuyeron con una clara y notable función pública; pero, por el principio de trasparencia y publicidad, el elector debe conocer los antecedentes, el pasado, del candidato por el que piensa votar. Al final de cuentas es mejor tener un buen elector informado a uno que no lo es. Y como dice el conocido adagio –al cual era afecto el conocido ex presidente- “quien no la debe no la teme”.

De nuevo el interés público y el privado. En una república uno prevalece sobre el otro en determinados casos.

ARGENTINA EN DEFAULT

Por: Eduardo Jiménez J.

        ejjlaw@yahoo.es

El default es un término de la jerga financiera que en buen romance significa “cesación de pagos”. Alude a una imposibilidad de pagos –también a un no querer pagar- por parte del deudor ante una deuda que ya venció total o parcialmente, ingresando este en mora; y otorga al acreedor el derecho a exigir el pago íntegro de lo adeudado y no solo la cuota vencida. El principio pertenece al derecho de obligaciones y se aplica a los particulares e incluso cuando el deudor es un Estado, que es lo sucedido con Argentina en la crisis de “los fondos buitre”.

Hace algunos años atrás, cuando fue la crisis del 2001, sintomáticamente por otro default, el gobierno argentino consiguió que gran parte de los tenedores de bonos aceptaran renegociar el monto de lo adeudado (lo llamaron “canje”), pagarles menos pero respetando estrictamente un cronograma de pagos, lo cual se ha cumplido. Más del noventa por ciento de los acreedores aceptaron; pero, un grupo minoritario vendió sus papeles de deuda a fondos especulativos (llamados despectivamente por el gobierno argentino “fondos buitre”), los que litigaron para que se les pague el monto original de la deuda más los intereses respectivos, logrando lo que era más que evidente: que el órgano judicial norteamericano (en particular el juez de la ciudad de Nueva York, plaza financiera del llamado “canje”) les iba a dar la razón en vista que por decisión unilateral el deudor no puede cambiar las condiciones de pago.

Mientras el proceso estuvo en trámite,  Argentina consiguió una medida cautelar denominada “stay” que consiste en no innovar, en dejar las cosas como estaban hasta que se resuelva el fondo del asunto; lo cual les permitió no pagar a los deudores en litigio hasta que se agote la vía judicial. Pero resuelta la controversia con el pronunciamiento de la propia Corte Suprema norteamericana (que se inhibió de conocer la problemática), el expediente regresó al juez de origen (el juez Thomas Griesa), y la medida cautelar carecía de objeto.

El asunto es que el juez ordenó que Argentina debería pagar por igual a todos los acreedores (pari passu o equidad en el pago), sean estos acreedores que llegaron a un acuerdo (los del “canje”), como aquellos que litigaron por respetar las condiciones originalmente pactadas (los “fondos buitre”).

Como veremos más adelante, puede ser discutible la fórmula usada por el juez Griesa. Quizás se pudo haber usado una mejor técnica, a fin de no soslayar las consecuencias jurídicas de las transacciones ya celebradas por el gobierno argentino con más del noventa por ciento de bonistas del llamado “canje”; pero no menos cierto es que aquí y en cualquier parte del mundo “deuda es deuda” (valga la tautología), y un deudor no puede imponer unilateralmente condiciones de pago al acreedor. A ello se debe sumar “el temor y respeto” casi reverencial que se tiene frente a un juez anglosajón, hecho al cual nosotros, los latinos, no estamos acostumbrados.

En la práctica, las consecuencias del fallo judicial implicaban que la reestructuración pactada con los acreedores canjistas pueda quedar sin efecto, en vista que los acreedores que transaron podrían solicitar por vía judicial igualdad en las condiciones de pago con los acreedores de los “fondos buitre" por una cláusula contractual pactada denominada RUFO (por sus siglas en inglés, Rights Upon Future Offering), que habilita a los acreedores que aceptaron el “canje” a exigir legalmente las mismas condiciones que las otorgadas a un acreedor distinto. Es decir, si Argentina paga más a los acreedores de los “fondos buitre" tendrá, por equidad, que abonar esa misma suma a los acreedores que aceptaron el canje de la deuda.

En pocas semanas al gobierno de Cristina Kirchner se le vino un problema gigantesco: tenía poco tiempo para no caer en default, en cesación de pagos, y, por la parte legal, quedar sin efecto las transacciones suscritas. Primero intentó reactivar la medida cautelar de “stay”, lo cual –como vimos- no consiguió, luego hizo un depósito “de buena fe” en un banco norteamericano pero sin pagar directamente a los acreedores en litigio (depósito que el juez Griesa ordenó su inamovilidad), ha tratado que bancos privados argentinos paguen en su nombre (figura jurídica que se conoce como subrogación) sin mucho éxito (los bancos argentinos, por obvias razones, han pedido mil y una garantías ante la eventualidad de un desconocimiento posterior de la obligación por parte del gobierno argentino) y tenía la lejana esperanza que algún “banco grande” de la ciudad de Nueva York compre la deuda a los “fondos buitre” y luego pueda negociar con ese banco. En el colmo de la desesperación, el gobierno amenazó con acudir a la Corte de la Haya y hasta a las mismísimas Naciones Unidas, olvidando que la Corte de la Haya solo se avoca a controversias entre estados, y la ONU no tiene competencia para este tipo de asuntos.

Políticamente quisieron mejorar su imagen internacional solicitando en la última reunión de los BRICs pertenecer al selecto club, pero la negativa de estos a incorporar a un socio con las precarias credenciales que tiene ahora Argentina le significó una cortés pero rotunda negativa.

Todas estas medidas, así como los insistentes mensajes por parte del gobierno de desconocimiento de la deuda han buscado no pagar, por lo menos en el presente año, a los llamados “fondos buitre”, dado que de hacerlo se activaría la cláusula RUFO y obligaría al estado argentino a pagarles a dichos acreedores lo mismo que a los “fondos buitre”, por lo que el pago ya no sería de 1,500 millones de dólares (suma aproximada a que asciende la deuda a favor de los acreedores judiciales), sino de aproximadamente 30,000 millones de dólares (suma que tendría que abonar a los bonistas del “canje”), casi todas las reservas del país del sur. Ese es el principal “quebradero de cabeza” que tiene la administración de Cristina Kirchner y por ello hemos presenciado en los días posteriores al fallo distintas “poses escénicas” de “deudor ofendido”, más en tono de sainete que de drama propiamente.

La cláusula vence el 31 de Diciembre del presente año, de allí que el gobierno trate de “alargar” el plazo de pago a los “fondos buitre” lo más que pueda o pagarles este año una suma similar a la que desembolsaría a los acreedores del “canje” y al año siguiente, al vencer la cláusula, abonarles el resto.

Según los especialistas, Argentina no caería en la magnitud de la crisis de cesación de pagos de inicios de siglo, quizás al final “la sangre no llegue al río” y se logre, como dice la letra del conocido tango, un acuerdo “a media luz” entre los “fondos buitre” y el gobierno argentino mucho más ventajoso para estos que los acuerdos que suscribió con los acreedores del “canje”.

Técnicamente Argentina ya se encuentra en default, en cesación de pagos, dado que no honró la deuda el 30 de Julio pasado y lo convierte en un sujeto de crédito internacional poco o nada confiable, lo que se reflejará en distintos índices económicos del país (depreciación de la moneda, inflación, recesión, restricción de importaciones, desempleo), ello sin contar los sonados casos de corrupción y malversación de fondos públicos en las altas esferas del gobierno peronista que incluyen hasta a su actual vicepresidente y son vox populi en todo el mundo.

Con reservas bastante bajas, sin acceder –por su calificación crediticia- hace muchos años al mercado de capitales, con precios internacionales de materias primas como la soja que han descendido, sus ingresos principalmente son del comercio directo con China o Rusia, y en menor medida con sus socios del MERCOSUR y los subsidios del petróleo “chavista”. Mientras tanto el gobierno “convivirá” con el default y tratará de obtener réditos políticos de este tanto en la correlación de fuerzas al interior del peronismo como con los opositores.

Lo dramático que podría suceder es si la situación de incertidumbre se agudiza, traería pánico financiero, que los ahorristas retiren masivamente su dinero de los bancos, y el gobierno podría verse obligado a decretar un nuevo “corralito” (congelación de los depósitos), lo cual lo haría francamente impopular y podría ser el inicio del fin del kirchnerismo.

Otro riesgo es que a Argentina, como a cualquier deudor, sus acreedores busquen embargar sus cuentas (algo de eso está intentando uno de los acreedores). Y si bien políticamente la presidenta argentina hace una serie de gestos más para la platea, para el público interno, a fin de mantener su legitimidad y lealtad entre sus partidarios y generar un “enemigo externo” que le permita crear un frente común con la sociedad organizada (empresarios, sindicatos), haciendo votos que la población no se vea contagiada de incertidumbre o, peor aún, de pánico; lo cierto es que frente a una sentencia firme ordenando el pago a los acreedores, más allá de las argumentaciones “ético-filosóficas” de Cristina Kirchner, las posiciones maximalistas de su ministro de economía, las esgrimidas imposibilidades “legalistas” de cumplir con el fallo, los lemas proselitistas tipo “patria o buitres”, o la recientemente oficializada demanda ante la Corte de la Haya contra los Estados Unidos (más un gesto político hacia dentro a fin de “cerrar filas” ante un “enemigo común”), tarde o temprano Argentina tendrá que pagar o llegar a un acuerdo de pago con los “fondos buitre”, no queda otra, como a cualquier deudor.

Cristina Kirchner hace poco cerró un discurso, en alusión a su negativa de llegar a un acuerdo con los “fondos buitre”, diciendo “Me siento con una responsabilidad ante la historia”. Sería una ironía de la propia historia que el gobierno de “la pareja presidencial” de los Kirchner que comenzó su vertiginosa ascensión política a la Casa Rosada gracias a la crisis financiera de años atrás, termine ahora estrepitosamente por una nueva crisis de pagos.

HENRY PEASE

Por: Eduardo Jiménez J.

        ejjlaw@yahoo.es

 Considerado como Cristiano de izquierda, aquellos que suscribieron la teología de la liberación y la llamada “opción preferencial por los pobres”, fue uno de los pocos intelectuales que en los años setenta renovó el pensamiento de la izquierda en el Perú. Su principal obra, El ocaso del poder oligárquico, la escribió alrededor de los treinta años. Certero análisis del fin de la oligarquía en nuestro país.

Docente universitario y promotor cultural desde la ONG Desco -que la dirigió por largos años-, incursionó también en la política, primero como Teniente Alcalde del recordado Alfonso Barrantes, y luego, en 1990, como su tenaz opositor para las presidenciales; recreando, quizás sin querer, “la maldición bíblica” del divisionismo en la izquierda. Aquellas elecciones de 1990 significaron el fin de la ola electoral más importante que haya conocido la izquierda peruana. En el interregno fujimorista fue constituyente; pero su mejor participación en la praxis política fue a inicios del 2000 bajo el emblema de Perú Posible, en ese entonces movimiento de centro izquierda. Congresista y presidente del Parlamento, realizó una de las mejores propuestas de reforma de la Constitución del 93, la cual, por intereses diversos (incluyendo intereses subalternos de un ala del toledismo) quedó archivada. Decepcionado de la política criolla, al igual que por razones de salud, se refugió en el mundo académico, su hábitat natural. Hace poco había presentado la revista del Post Grado que dirigía en su alma mater de siempre, la Universidad Católica.

Hombre de contrastes, como muchos intelectuales de izquierda realizó el espinoso tránsito de una visión radical que despreciaba el sistema democrático por considerarlo subalterno a los intereses de clase (tengo un librito que publicó a fines de los años setenta, Mitos de la democracia, donde decía pestes de la democracia representativa) a un convencido de las bondades y los valores de vivir en democracia. En ese sentido fue un converso. Y, como todo converso, tenía más fe en las creencias adquiridas que aquellos que no lo son. El fin del socialismo real, el propio empequeñecimiento de la izquierda nacional, el terrorismo demencial de Sendero Luminoso, la década autocrática de Fujimori, lo convencieron, como a muchos, que el sistema democrático es un constante hacer, más en nuestro país, y no será una maravilla, pero permite convivir en tolerancia a fuerzas sociales y políticas opuestas, y resolver sus diferencias en forma más o menos pacífica. De ese tránsito y la reflexión de su experiencia en el Congreso, nace otro libro interesante, Reforma política, llevando como sugestivo subtítulo Para consolidar el régimen democrático. Lamentablemente las propuestas que plantea Pease nunca fueron acogidas por la “clase política”, prefiriendo esta no autoreformarse. Las consecuencias las vemos hoy día.

Hombre de sólidos principios -cosa rara en el mundo político-, esperemos que su sensible fallecimiento signifique la reedición de muchas de sus obras, ahora solo ubicables en “librerías de viejo”. Una edición crítica de sus obras completas sería el mejor homenaje. Por lo menos su universidad de toda la vida, la PUCP, se lo debe. No vaya a suceder como pasa muy frecuentemente en el Perú, donde muchos intelectuales luego de muertos son olvidados hasta por sus mejores amigos, y si no es por la labor abnegada de una viuda o unos hijos que, muchas veces, con su propio peculio logran publicar sus obras después de muerto, su legado se pierde en la noche de los tiempos. Ojalá eso no suceda con Henry. Descanse en paz.