Por: Eduardo Jiménez J.
@ejj2107
Los procesos anticorrupción tuvieron
su nota dramática con el suicidio del expresidente Alan García cuando iba a ser
detenido en Abril pasado. Con cuatro ex presidentes investigados y con orden de
detención, más dos alcaldes de la ciudad capital con investigaciones abiertas
por recibir sobornos, a un observador foráneo le pudiera parecer erradamente
que la justicia en el Perú funciona como en los países donde el poder judicial
es un poder autónomo y respetado, sólido e independiente. Bueno, nada más
alejado de la realidad.
Los procesos judiciales contra la
corrupción se están produciendo en distintos países. No solo el nuestro. Por lo
general comienza con noticias y comentarios de la prensa que resaltan el hecho
de corrupción, donde casi siempre un político conocido está implicado, se
propaga luego a la fiscalía quien tiene la responsabilidad de probar los
ilícitos y denunciar y termina con una condena en el Poder Judicial. Algunos
sostienen que entre ciertos medios de comunicación y la fiscalía se “está
jugando en pared”.
Nadie duda que la alta corrupción debe
ser sancionada severamente en nuestro país. Nuestra vida independiente nació
plagada de actos corruptos. La polémica está en las largas prisiones preventivas
(36 meses) sin que la fiscalía formule denuncia y menos haya juicio. El otro
hecho está en si la justicia peruana, como ha sucedido en otros lugares, se
está politizando o más bien obedece a presiones sociales y de ciertos medios de
información y ONGs. Y al final si tanto esfuerzo erradicará la corrupción del
escenario nacional. Los más ingenuos y los más interesados alegan que sí
desaparecerá, los más escépticos –entre los que me incluyo- que no.
Sobre el primer punto, las largas
detenciones preventivas, ya juristas expertos en el tema, ciertos magistrados,
instituciones internacionales y la doctrina recomiendan que no basta con pedir
la prisión preventiva de un inculpado invocando la norma, sino demostrar con
hechos que es necesaria, sobretodo tomando en cuenta que el privar la libertad
a una persona es el último ratio decidendi basado en hechos irrefutables o por
lo menos indicios de los que no existe duda alguna. Y todo indica que la
fiscalía está pidiendo sin mucho fundamento fáctico las prisiones preventivas
por largos periodos de tiempo en los que no formula denuncia alguna contra el
inculpado.
El otro punto es si la justicia se
está politizando o más bien estamos ante una justicia populista presionada por
los medios, las encuestas y ciertas ONGs
pro derechos humanos, casi siempre de izquierda y por naturaleza antiapristas y
antifujimoristas.
Creo que hay una mezcla de los dos
componentes. Hay mucho de una justicia politizada que por mucho tiempo fue
predio exclusivo del partido aprista y que ahora, sobretodo en la nueva hornada
de magistrados, debe compartir con otros grupos y tendencias políticas el Poder
Judicial.
Para nadie es secreto que antaño,
cuando un juez quería ser promocionado a la Corte Suprema debía pedir audiencia
a uno de los líderes del Apra. Eran otros tiempos, los de la edad de oro del
partido aprista en los predios judiciales. El partido siguió manejando jueces y
fiscales de distinto grado, pero fue perdiendo gradual influencia conforme perdía
protagonismo político, y a inicios del presente siglo las nuevas promociones de
magistrados no se sentían identificadas con el partido de la estrella, ni
tampoco lo necesitaban para ser promovidos.
Lo cierto es que el Apra perdió
hegemonía judicial conforme fue perdiendo hegemonía política. Los años noventa
del siglo pasado marcan un antes y un después. El fujimorismo le quitó mucho
poder al Apra en los predios judiciales y retomada la democracia no lo pudo
reconquistar como antaño.
A partir de allí comenzaron a tener
hegemonía otras tendencias y hasta hemos llegado a tener un presidente de la
Corte Suprema ex militante nada menos que de Patria Roja, antaño una de las izquierdas
más radicales en nuestro país, impensable en otros tiempos.
En la fiscalía pasó un proceso
similar. Los nuevos fiscales no le deben ningún favor político al Apra y es
posible que incluso, ideológicamente, sean antiapristas y antifujimoristas. Seamos
sinceros: no existe ni juez ni fiscal “puro”, no contaminado con la política en
nuestro país.
No digo que sea en toda la
administración de justicia o sea un control absoluto del Poder Judicial como en
el fujimorismo; más bien tenemos ciertas “coordinaciones” entre áreas segmentadas
del ejecutivo como el ministerio de justicia y ciertos jueces y fiscales, como algunos
medios de comunicación que tienen las “primicias” de los procesos
anticorrupción y ONGs pro derechos humanos que “apalancan” las investigaciones.
Esa convergencia de medios, jueces,
fiscales y ONGs está produciendo el levantamiento de las noticias ligadas con
la corrupción, sobretodo si llevan el sello del Apra o de Fuerza Popular.
Que la ventilación mediática de los
procesos contra la corrupción tenga un efecto profiláctico social, no lo
negamos, que sean una suerte de catarsis colectiva de los peruanos, tampoco;
pero que tenga consecuencias a futuro en disminuir la corrupción en nuestro
país, lo dudo.
Y lo dudo porque disminuir la
corrupción obedece más a un trabajo institucional a largo plazo y a cambiar la
cultura pro corrupción que tenemos en general en Latinoamérica que llevar a
tres o cuatro ex presidentes al banquillo de los acusados y ser atención
mediática por algunas semanas.
Son sobretodo “chivos expiatorios” que
lucha real contra la corrupción. Son más fuegos artificiales para la platea que
lucha real. Estoy seguro que el “club de la construcción” implicado en los
sobornos para conseguir las grandes licitaciones del Estado y quienes detentan los
poderes fácticos seguirán negociando con el Estado y sacando adelante sus
licitaciones en base a coimas hacia quien tenga el poder de turno. Odebrecht lo
sacó barato el seguir trabajando en nuestro país a cambio de la delación: apenas
una reparación de 180 millones de dólares pagaderos en 15 años.
También trae el riesgo que al
licenciar a buena parte de la “clase política” por el caso Lavajato de lugar a
una apertura a muchos aventureros de ingresar a la política bajo el lema de
“corrupción cero” y que llegados al poder sean los primeros corruptos, como ya
sucedió en el pasado con la caída del fujimorismo. Ello, sumado al
licenciamiento de todos los integrantes del actual Congreso va a conllevar
mayor mediocridad y desprecio hacia la clase política.
Como decíamos en un anterior artículo
(2019: entre esperanzas y frustraciones),
cuando analizamos la politización del medio ambiente y que el 2019 se debatiría
entre las esperanzas del cambio o las frustraciones del todo sigue igual, más
parecen estos “cambios” una política del gatopardismo que un sincero deseo de
trasformar la situación actual: las cosas
tienen que cambiar para que todo sigue igual.
No comments:
Post a Comment