Eduardo Jiménez J.
jimenezjeduardod@gmail.com
@ejj2107
El paro de los trasportistas (al que se
unieron comerciantes minoristas) contra la inacción del gobierno frente a las
extorsiones, pago de cupos y asesinatos por bandas criminales organizadas, ha
colocado en primer plano no solo la ola delictiva que azota Lima y otras
ciudades del país, sino la carencia de un plan contra el crimen organizado.
Contra
todo pronóstico, y ante la necesidad de seguridad material por las diarias extorsiones
y sicariato, miles de personas afectadas por la ola de criminalidad, salieron a
protestar frente a la inacción del gobierno.
Es
cierto que las extorsiones, sicariato, tráfico de personas y de drogas, no solo
ha recrudecido en nuestro país, también otros países de la región están
sufriendo el mismo problema, por lo general causado por bandas criminales de
origen venezolano. A los gobiernos los ha cogido “en frío” al no saber cómo
reaccionar frente a la creciente ola delictiva. El asunto está en qué hacer. Y
es allí donde cojea el gobierno de Dina Boluarte.
Boluarte
asumió el gobierno faltando tres años y medio para completar el período de
Pedro Castillo, por lo que, frente a su debilidad política, la decisión de
“flotar” para sobrevivir políticamente hasta culminar su mandato, era demasiado
tiempo, sobre todo en un país tan complicado y convulso como el Perú, donde
cada día surge un nuevo problema. Tenía que afrontar algunos problemas graves,
uno de ellos la delincuencia organizada.
Pero,
por el lado de la oposición, la cosa va igual o peor. Más allá de los discursos
retóricos, no se conoce propuestas coherentes. En el supuesto que sean gobierno
mañana, el problema de la inseguridad ciudadana seguiría igual.
Y
es que las propuestas van por cambios difíciles de ejecutar. Más fáciles de
decir que de hacer, como sucede con la reforma de la justicia, el Ministerio
Público o la eficiencia de la policía nacional, pasando por darle más
competencias (y armas) al serenazgo y penas draconianas por delitos agravados.
Frente
a ello solo tenemos “parches” que no van a ser de mucha ayuda y, frente a la
ineficiencia del gobierno y la oposición, puede desembocar en que los grupos
sociales afectados apliquen la justicia por sus propias manos. Vamos, “se busca
vivo o muerto”, como en el lejano oeste. Cuando el estado, que tiene el
monopolio de la violencia, falla, a la sociedad no le queda más remedio que
aplicar la justicia con sus propias manos, como de hecho sucede en casos
aislados. Ya no será “coge un choro y déjalo paralítico”, sino “haz patria y
mata un choro”.
La
xenofobia también se va a agudizar, sobre todo hacia los venezolanos, y separar
la paja del trigo va a ser extremadamente difícil, por lo que justos van a
pagar por pecadores.
Y,
como apuntamos en un artículo anterior, a mediano plazo, de cara a las
elecciones de 2026, los planteamientos extremos de una bukelización
contra la delincuencia van a tener más oyentes y adeptos que aquellos
planteamientos moderados o que hablen del debido proceso y los derechos humanos.
Los
planteamientos del centro político van a tener poco eco entre los electores. Al
ciudadano medio no le va a importar mucho cómo el siguiente gobierno “mata las
pulgas”, sino que cese o baje esta ola criminal, por lo que, si es necesario
suspender algunos derechos fundamentales, al ciudadano no le va a quitar el
sueño. Claro, de allí a un gobierno autocrático, existe apenas un paso.
Quien
tenga un “relato” contra la delincuencia y sea creíble, sin importar si es de
izquierda o de derecha, es quien tendrá más seguro el sillón de Pizarro el
2026. En otras palabras, un populista de “mano dura” tendrá más oportunidad de
ganar que alguien con un discurso racional y apegado al estado de derecho. La
pobreza y la falta de oportunidades han pasado a un segundo plano, frente a la
criminalidad que azota el país. Quien tenga “soluciones”, por más disparatadas
o duras que parezcan, pero creíbles, tendrá más chance de ganar. No importa
tanto la idoneidad del candidato, importa que su “relato” sea creíble para la
ciudadanía.
