Eduardo Jiménez J.
jimenezjeduardod@gmail.com
@ejj2107
Es la conclusión a la que llegó un
interesante estudio de Gustavo Yamada y J. F. Castro (resumido en El
Comercio, 29.1.25) sobre el deterioro continuo de las remuneraciones de los
profesionales peruanos.
Lo
interesante es que se trata de un estudio económico y no meramente legalista
(que propondría solo “nuevas leyes”), enlazando sus conclusiones con el
crecimiento del PBI nacional. En otras palabras, el crecimiento del número de
profesionales egresados de las universidades peruanas es mayor al crecimiento
del PBI, por lo que tenemos una mayor demanda de trabajadores con un título bajo
el brazo que oferta laboral que los pueda absorber.
Las
cifras son de escándalo. Según información de Perú 21 (Empleo juvenil y
futuro laboral, M Cornejo, 30.1.25), 16% de los jóvenes peruanos se encuentran
desempleados, 60% están en condiciones de informalidad y solo el 30% de los
jóvenes que culminan su educación superior logran insertarse en empleos acordes
con su formación. Menos de la tercera parte.
En
el caso peruano tenemos una sobreeducación (más años de estudio que el promedio
de las personas empleadas en la misma actividad). Muchos jóvenes, terminados
los cinco años de la carrera profesional, casi inmediatamente siguen una
maestría (dos años) y algunos hasta un doctorado (tres años), con lo cual suman
diez años que el joven se encuentra en aulas universitarias. Pero, paradójico,
esta sobreeducación en el caso peruano no conlleva una sobrecalificación (mayor
cantidad de habilidades que el promedio de las personas empleadas en la
actividad) como sucede en otros países, sino que el joven egresado se mantiene
por debajo del nivel comparativo, por lo que -y esto ya es opinión personal- se
hace necesario revisar el currículo del pregrado y las maestrías y doctorados
de la oferta educativa que se ofrece en las universidades locales. Mucha de
esta oferta educativa no se condice con lo necesario para la adecuada empleabilidad
del futuro trabajador, o se encuentra sobresaturada, como sucede, por ejemplo, con
maestrías bastante “manoseadas” en Derecho, donde tenemos una cantidad enorme
de egresados en derecho civil, penal o constitucional, que no aportan al
maestrista un real valor agregado para su desempeño profesional.
Ello
arroja otra conclusión importante del estudio. Las grandes beneficiadas de este
boom educativo han sido las universidades, sobre todo las privadas, que
dominan el 77% del mercado educativo y cuya matrícula ha crecido un 140% en los
últimos 15 años. Son las grandes ganadoras, aunque los autores reconocen que la
empleabilidad del joven egresado va a depender mucho de la institución de donde
egrese y la carrera elegida. A lo que personalmente sumaría, para el acceso a
un puesto de trabajo, el capital social, los contactos o redes que el joven
egresado posea, tomando en consideración que en el Perú la meritocracia todavía
se encuentra lejos de ser un estándar usual y más cuentan los contactos que el
joven tenga al postular a un empleo.
Sostienen
los autores, y con razón, que se hace necesario revisar la creación de nuevas
universidades públicas, muchas creadas por oportunismo político. A lo que se
debería añadir -sostengo yo- la revisión exhaustiva de la calidad educativa de
las privadas, ahora que los organismos supervisores, Sunedu y Sineace, han
relajado demasiado los criterios de licenciamiento y calidad educativa de las
universidades, queriendo incluso regresar algunas de las universidades cuestionadas
al mercado educativo, sea con otro nombre o a través de cuestionadas acciones
de amparo.
La
derogada “ley Pulpín” era una buena iniciativa para insertar a los jóvenes en
el mercado laboral. Criterios de demagogia política propiciaron su derogación.
Igualmente se debe diseñar un currículo académico acorde con la realidad
nacional. Y una mayor relación de universidad y empresa. Sin olvidar, claro
está, la calidad educativa y la investigación que realice la universidad.
Muchas solo aparentan una formalidad de estos criterios, pero distan de serlo
en los hechos.
El
problema se complica con la informalidad (algo que no se advierte en el
artículo de Yamada-Castro) donde casi el 80% de la fuerza laboral es informal,
sin derechos de ninguna especie. Muchos jóvenes terminan su carrera en el
subempleo profesional, dedicándose a labores de sobrevivencia como taxista o
vendedor de catálogo de artículos de belleza. Incluso jóvenes de universidades
top no consiguen empleo acorde a su performance académica o lo consiguen con
una remuneración por debajo del promedio, por lo que no se les puede garantizar
una adecuada empleabilidad. Y si bien “el tarjetazo mata curriculum”, lo ideal
sería que los jóvenes se inserten al mercado laboral de acuerdo a criterios
meritocráticos.
Como
indican Yamada y Castro, mientras haya una brecha entre el crecimiento del PBI
(alrededor del 3%) y el crecimiento de los jóvenes matriculados en
universidades (alrededor de 5.7%) el problema va a subsistir. Y creo que
aparentemente sin visos de solución en el corto y mediano plazo.
(Continuará)
