DE BUENAS INTENCIONES SE ENCUENTRA EMPEDRADO EL CAMINO AL INFIERNO

No estoy en contra de la regulación por el estado de la salud pública, ni que intervenga en ciertas áreas sensibles; el asunto más está en el cómo lo hace.

Viene a colación por la recientemente promulgada Ley de la comida chatarra, como se le denomina a la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, Ley 30021. No cabe duda las buenas intenciones, tomando en cuenta el evidente incremento de sobrepeso en los niños y adolescentes debido principalmente al consumo masivo de comida rica en grasas, sal y dulces que no nutre sino engorda (“comida chatarra”). Corregir ello es tarea del estado, no del sector privado, dado que se trata de una política de salud pública necesaria y urgente; sino pregúntenle al alcalde de Nueva York que hace poco ha tomado medidas limitantes para el consumo de gaseosas en establecimientos públicos.

La idea de los kioskos saludables en los colegios no es mala; pero la controversia está sobretodo en cómo fiscalizar a nivel nacional a fin que cumplan con la norma miles y miles de colegios entre públicos y privados. Encargar esa tarea al Indecopi, Ministerio de Salud, de Educación, o gobiernos regionales y locales, más es un saludo a la bandera que una eficiente fiscalización; aparte que no se dice nada sobre la venta de comida nada saludable en los alrededores de los colegios. Basta darse una vuelta a la salida de cualquier centro educativo para constatar la venta de fritangas, dulces de todo tipo y “sánguches de a sol” con su abundante mayonesa, ketchup y papas fritas.

Más efectiva es la educación del menor desde los inicios, desde la familia. Inculcar sanos hábitos alimenticios en el hogar, base de formación esencial de todo ser humano. Claro que si los padres son habituales consumidores de “comida chatarra” difícilmente podrán trasmitir buenos hábitos alimenticios a sus retoños.

La educación en los hábitos alimenticios, por ejemplo, vía spots televisivos y campañas permanentes creo que sería una promoción más efectiva por parte del estado que la dación de una ley que se quedará en el papel, como tantas otras de nuestro sistema jurídico.

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La otra “buena intención” de los legisladores es un proyecto de ley que favorece a los deudores insolventes de deudas contraídas con las entidades del sistema financiero (proyecto de ley de insolvencia familiar), cuya autoría también pertenece al congresista Jaime Delgado, ex presidente de la Asociación de Consumidores –Aspec- y actual congresista del oficialismo.

El proyecto de ley busca que en casos imprevistos donde el deudor no pueda enfrentar los pagos de alguna deuda ante el sistema financiero se someta a un procedimiento administrativo especial (de “insolvencia familiar”). En estos supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, el deudor insolvente podrá someterse a un proceso que permita refinanciar su obligación o en defecto la autoridad administrativa resolver el asunto. Hasta allí todo parece razonable, el punto objetable son las causales de insolvencia (el proyecto en su artículo 6º incorrectamente las establece como causales de sobreendeudamiento):

a) Pérdida de empleo por despido directo y/o indirecto;

b) Precariedad de empleo o empleo no registrado;

c) Incapacidad temporal o permanente;

d) Enfermedad grave o crónica que implique un gasto excesivo en tratamientos y/o medicamentos;

e) Separación personal, divorcio vincular o disolución de la sociedad conyugal;

f) Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino;

g) Asunción de gastos imprevistos producto de coyunturas especiales.

Puede entenderse que la pérdida de empleo o el enfrentar una enfermedad grave sean causales atendibles; pero la separación o divorcio de la pareja o la asunción de “gastos imprevistos” puede dar lugar a que la causal sea mal usada o que la interpretación sea tan laxa que permita su mal uso. Yo me puedo divorciar de mi cónyuge a fin de eludir pagar un crédito o asumir supuestos “gastos imprevistos” e ingresar a un procedimiento de insolvencia. Acá no estamos en Suiza y la costumbre del “cabeceo” todavía es parte de la cultura peruana.

Creo que al legislador Delgado ahí se le pasó la mano, aparte de olvidar que el marco del Derecho de Obligaciones bien puede resolver esos casos imprevistos de insolvencia a que alude su proyecto.

De repente más coherente con su conocida defensa del consumidor, y ahora furibundo nacionalismo, hubiese sido presentar un proyecto de ley modificatorio del artículo 9 de la ley del sistema financiero que permite a los bancos cobrar las tasas de interés, comisiones y gastos que les da la gana, como quieran y cuando quieran, escapándose de los parámetros que hasta la dación de dicha ley los sujetaba a las tasas máximas establecidas en el Código Civil. Esa iniciativa sí hubiera sido “revolucionaria” digna de la desaparecida gran trasformación o siquiera de la hoja de ruta.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

TE METISTE A SOLDADO … EL SERVICIO MILITAR “VOLUNTARIO-OBLIGATORIO”

La reacción de rechazo que originó el sorteo de “voluntarios” al servicio militar indica que algo está cambiando para bien en la sociedad peruana. Los menos favorecidos son tomados en cuenta; hecho que no hubiese ocurrido hace apenas treinta años atrás, donde se hubiese impuesto la leva obligatoria y la idea de “servir a la patria” como excusa de las conscripciones forzosas en los sectores populares.

El tránsito de servicio militar obligatorio a voluntario conlleva una serie de elementos adicionales relacionados con “hacer atractivo” el servicio. La idea de patria en abstracto ya no funciona; tienen que existir incentivos más concretos como la paga, condiciones de alojamiento (rancho, trato), estudios de especialización, posibilidad de hacer carrera militar para quien le guste y el riesgo. Recordemos que en el VRAEM existe un foco de narcotráfico muy difícil de erradicar, y mucho se especuló que parte de los enrolados iba a servir allá. Suerte de carne de cañón a bajo costo.

Asimismo, se comentó que la ley era discriminatoria en vista que permitía eludir el servicio a quien pagase la multa, cuyo monto iba a poder ser solventado únicamente por jóvenes de los sectores medios y altos, más no de los sectores populares. Igual sucedía con la discriminación de los estudiantes de carreras técnicas, los que de ser llamados deberían enrolarse, pero no los universitarios, existiendo una segunda discriminación. Aparte que quien rehusase enrolarse pasaba a tener el estatus de “muerto civil”, en vista que se le recortaban varios de sus derechos civiles más importantes.

Todo ello es cierto, pero hay un detalle importante: la ley se promulgó en el gobierno anterior aprista y en ese momento no causó tanto revuelo, sobretodo por la excepción a la regla que de su naturaleza voluntaria se convertía en un encubierto servicio obligatorio. De repente el gobierno de Humala y el propio presidente en vez de “comprarse el pleito” tozudamente, debieron proponer los cambios legislativos y no “acomodarse” a una ley que desfavorecía a quien carecía de recursos económicos.

La actitud del gobierno (comenzando por el presidente) fue la del “patrón prepotente” que impone las condiciones sin escuchar a los demás. Allí falló, sus alegatos a favor del servicio militar fueron desastrosos y el resto es historia conocida.

Desde que en distintos países de América Latina el servicio militar pasó de obligatorio a voluntario, la tensión y los conflictos generados entre incentivos que sean atractivos y la necesidad de cubrir plazas de soldados en las fuerzas armadas continuará. No será esta la última controversia que presenciemos. Quizás el asunto estaba no tanto en pasar abruptamente a un servicio voluntario, sino en cómo hacer más atractivo un servicio militar obligatorio donde participen todos los mayores de 18 años sin distinción material alguna.

Un servicio militar que no sea reflejo de la situación de servidumbre muy al estilo gamonal previo a 1968, donde el patrón prepotente y abusivo era reemplazado por el oficial igualmente prepotente y abusivo. Para decirlo de otra manera: el viejo servicio militar obligatorio se quedó en esa etapa oligárquica pre-ciudadana, cuando la sociedad peruana ha evolucionado en horizontalidad.

Algo está cambiando en nuestra anquilosada estructura social y van penetrando poco a poco ideas más democráticas y el concepto de ciudadanía no se queda solo en el papel. Algo está cambiando…

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

PRECIOS EN ARGENTINA

A fin de detener la espiral inflacionaria, hace algunos meses el gobierno federal argentino dispuso el “congelamiento” de los precios de productos básicos; así parecía resuelto un problema agudo para la administración de Cristina K, tan vapuleada en el alza del costo de vida. Sin embargo, los productores ya “le sacaron la vuelta” al congelamiento de precios.

Similar a lo que pasaba en Perú durante el primer gobierno de García, las empresas productoras han ofrecido en el mercado otros productos muy parecidos, pero con precio libre. Así por ejemplo han aparecido mayonesas “libre de colesterol” o con “la receta liviana”, no sujetas al control de precios. En lácteos, tendremos frente a la leche de precio congelado, la "extra calcio con vitaminas A, C, D", la "extra calcio natural con sulfato de hierro y vitaminas A, C y D" o la "extra calcio natural, con vitaminas A, C y D, fuente de DHA (ácido docosahexaenoico)". Ni las nobles papas se salvan. Frente a la papa de precio regulado tenemos la “papa cepillada” (con menos tierrita que la más silvestre).

Igual sucede con los empaques. Las presentaciones están cambiando. Frente a los de precio congelado, aparecen otros de tamaño o cantidad diferente. Ni los huevos son la excepción. Frente al “huevo congelado”, está el huevo con “omega 3”.

Se dirá que se debe regular más. La verdad, para ser sincero, no serviría. Supongamos que el gobierno ponga un ejército de fiscalizadores o regule todos los precios, el ingenio hará que saquen un producto diferente o en otra presentación “no regulada”; o, peor aún, se genere escasez o “rompan la mano” al funcionario fiscalizador; con mayor razón en un país como Argentina donde la corrupción es vista solo como un pecado venial. Es que Crtistina ni su equipo entienden que los precios son señales que envía el mercado. Te va a indicar si el producto falta o sobra (es lo que está sucediendo también en Venezuela). Entre nosotros los precios regulados en el primer gobierno de García trajeron escasez y corrupción. A partir de los noventa, al liberalizarse los precios no faltan productos; y cuando el estado quiere subsidiar alguno se va el producto de contrabando a otro país o a otra región que no tiene precio regulado, como sucede con la gasolina en la selva.

Sería bueno que doña Cristina lea un poco más de historia económica. Encontrará que el congelamiento de precios no es la solución.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

A DIEZ AÑOS DEL GOBIERNO DE LOS K

Si bien aprender de los errores ajenos es poco común –casi siempre aprendemos más de nuestros propios errores- no está demás mirar la situación de Argentina a diez años del gobierno de los Kirchner, con reelección conyugal incluida.

Quizás ahora Argentina se encuentra mucho pero mucho más lejos de despegar hacia el desarrollo que hace diez años atrás: con una economía hipertrofiada, inflación elevada, escasez de divisas y una serie de corrupciones gubernamentales mayores la hacen parecerse más a un país del tercer mundo que a uno europeo como alguna vez se creyó.

La corrupción es democrática (algo bueno trajo “la revolución” de los Kirchner): va desde los funcionarios de los estamentos más bajos del gobierno y asciende hasta las altas esferas. Cada vez es más insistente el rumor de enriquecimiento sin causa aparente de la pareja presidencial, a tal punto que el patrimonio conyugal ha crecido más de diez veces desde que asumieron la presidencia; mientras la mayoría de los argentinos se empobrece día a día.

Esa es una de las aristas de los gobiernos autocráticos: la pobreza de los ciudadanos y la riqueza de los que están en el poder; y, para silenciar las denuncias, persiguen a los acusadores, les colocan mordaza, expropian las empresas o los desaparecen.

En diez años de gobierno de los K se estatizaron empresas que ahora se encuentran en pérdida, expropiaron los fondos privados de pensiones (como decimos los peruanos “se los tiraron”), han impuesto mordazas más o menos sofisticadas a la oposición, no permiten que se divulguen porcentajes del alza del costo de vida que no sean oficiales y han sometido al Poder Judicial y a otras instituciones que los puedan controlar.

Va a ser difícil que salgan del hoyo los argentinos. Van a tener que reconstruir su riqueza, respetar las libertades de la persona y buscar consensos nada fáciles. Quizás Cristina se vaya (con sus millones) pero dejará un país sumido en el atraso, el oprobio y la desgracia.

Si de algo nos sirve la historia ajena, aprendamos de Argentina y que nada bueno resulta cuando una pareja conyugal se sucede en el poder, al final es una autocracia que trae más pobreza, corrupción y atraso al país. Por eso los peruanos debemos estar alertas ante los intentos de cierta pareja que quiere repetir la misma historia.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

ASU MARE O EL INTENTO DE HACER CINE COMERCIAL EN EL PERÚ

El éxito obtenido por el filme peruano Asu mare ha permitido retomar la vieja polémica entre liberales y proteccionistas sobre la mejor forma de ayudar a que se consolide y despegue el cine peruano.

Los primeros sostienen que debe ser el mercado el que -a través de su “mano invisible”- determine que películas se deben hacer y ver, y cuáles no, sin necesidad de la intervención estatal vía premios o subsidios a proyectos de filmes nacionales, exhibiendo como el ejemplo por antonomasia el filme Asu mare, con más de dos millones de espectadores en las primeras semanas de su proyección, habiendo destronado nada menos que a temidos blockbusters como La era del hielo.

Los segundos, en cambio, creen que el estado de todas maneras debe intervenir dado que existen filmes cuya temática o estilo no se condice con un público mayoritario, por lo que de no existir apoyo estatal difícilmente se podrían realizar. Sustentan fácticamente su posición en los diversos premios obtenidos en el extranjero por películas peruanas cuya convocatoria de público no necesariamente es amplia.

De cierta manera, esta vieja polémica se puede reducir a que los librecambistas afirman que para hacer películas rating manda, mientras los segundos sostienen incentivos estatales primero. No es necesario ser demasiado zahorí para saber cómo quedó la televisión nacional de señal abierta que abrazó ardorosamente el dictum rating manda. Algo similar pasaría con el cine. Tendríamos un espectro de comedias chabacanas, calatas por doquier o dramones insufribles. Pero los proteccionistas que llevan al extremo su posición igualmente se confunden con el mercantilismo llano y puro, con una suerte de lobismo cultural donde un pequeño y cerrado grupo de elegidos determinaría vía premios, cuotas de pantalla, subsidios estatales y otras sinecuras adicionales sufragadas con dinero de todos nosotros qué películas merecen apoyo del gobierno y qué películas no, teniendo a “papá Estado” como el garante que evite la competencia de fuera. Esta posición llevada a la radicalidad también nos traería perjuicio.

En principio que el éxito de Asu mare es atípico, por lo que no se presta a ser un ejemplo emblemático de la producción del cine nacional. Su éxito se debe a causas extraordinarias como el carisma del actor principal, el ser este ampliamente conocido y el costumbrismo limeño reflejado en el écran. Es más, hasta donde sabemos, los productores hicieron un trabajo previo de marketing a fin de asegurar la concurrencia a las salas. Es muy difícil que ese mismo éxito se repita en otras cintas peruanas por más que intenten ser comerciales, como ya ha sucedido en el pasado. (O lo que es peor: copien el estilo y la temática de Asu mare).

Incluso su temática explica gran parte del éxito obtenido, al tocar el delicado tema de la mujer sola que debe sacar adelante un hogar, hecho muy evidente de nuestra realidad y que, estoy seguro, ha tocado las fibras íntimas de más de un espectador. Si bien la madre soltera es más evidente en los sectores populares, se repite también en las otras capas sociales. El tomar a broma hechos que son de naturaleza dramática como que produce una catarsis colectiva. Luego de visionar la película el espectador se siente más aliviado de una carga emotiva que lleva muy adentro. Y si la madre del protagonista es el objeto de sus bromas, es también un homenaje indirecto a quien lo ayudó a formarse como hombre, quizás con mano de hierro como lo cuenta, pero necesaria al fin y al cabo.

Con el fenómeno de Asu mare bien se aplica el adagio una golondrina no hace el verano. No obstante, su producción puede servir de inspiración para otras películas nacionales que intenten apostar por el cine comercial. Un estudio previo de marketing, un buen guión, el contar con estrellas conocidas en el medio o no descuidar la labor técnica-profesional son elementos indispensables. Lo ideal sería que se replique su éxito a fin de consolidar una industria nacional del cine con mayor producción de filmes que los seis u ocho al año que se ruedan usualmente y que -como señalamos en otro artículo- permitiría continuidad y ejercicio en el oficio, así como fuentes de trabajo estables, con personas que se podrían dedicar íntegramente al cine.

Pero, para que exista un mercado del cine peruano requiere de la presencia del estado. Nos guste o no, la mano del mercado por si sola no va a consolidar un cine nacional; hacen falta políticas culturales claras y precisas, voluntad política e incentivos llevados con prudencia y efectividad, por lo menos en los inicios, así como apoyar “el otro cine”, el que no congrega grandes multitudes pero que es parte de nuestra realidad.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

¿VA EL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA HACIA LA GRAN TRASFORMACIÓN?

Es difícil afirmar o negar si el gobierno de Ollanta Humala, por los últimos hechos ocurridos, ha iniciado un viraje hacia el estatista programa de gobierno inicial llamado “La gran trasformación”, documento de fuerte raigambre velasquista.

No me parece que el tema vaya por cuestiones programáticas (retomar la gran trasformación), ideológicas (recuperar el nacionalismo velasquista) o principistas (resurgimiento del “corazoncito chavista” del presidente), sino creo va por el lado pragmático.

Es cierto que el contexto en que se anunció la compra de los activos de Repsol no podía ser menos afortunado: el aval que Perú otorgó a las controvertidas últimas elecciones en Venezuela, la presencia del propio Ollanta Humala en la asunción a la presidencia de Nicolás Maduro, así como la sempiterna ambigüedad de la reelección conyugal. Síntomas que el gobierno de Humala abandonaba la hoja de ruta para abrazar la gran trasformación e iniciar un viraje a la autocracia al estilo venezolano.

Creo más bien que el anuncio de la posible y luego negada compra de los activos de Repsol son “globos de ensayo” a fin de pulsear cómo tomaría la sociedad propuestas que son francamente discutibles (la herramienta legal ya estaba lista con la publicación de un controvertido decreto supremo que facilitaba la operación). En cierta forma es poner una agenda en debate público y determinar el grado de apoyo o rechazo que propicia. En este caso fue más lo segundo que lo primero; por lo que, como sucedió con otros intentos polémicos de la pareja presidencial, retrocedió en su intención, como lo dejó entrever la primera dama y días después fue ratificado por los funcionarios de Petroperú. Y retroceden porque más importante que poner en debate una política de estado (su rol empresarial) es el intento de reelección encubierta, el cual a ningún costo debe sufrir un desgaste de capital político, y la pareja presidencial se dio perfecta cuenta que el tema de la compra de los activos de Repsol era un tema que tendría un alto costo político, así como puntos en la aceptación ciudadana. Por eso retrocedieron en el intento de comprar la refinería La Pampilla y los grifos.

Pero, ¿era viable una compra de los activos de Repsol y volver al rol empresarial del estado?

Personalmente no me opongo al rol empresarial del estado, incluso me pareció un grave error el privatizar los activos de Petroperú en los años noventa y no repontenciar o ampliar la empresa a través de asociaciones público-privadas y, de paso, regular el precio final de la gasolina, uno de los más caros de la región. El rol empresarial del estado, bien hecho, es positivo, como sucede en distintos países capitalistas. Lamentablemente en Perú la historia de las empresas públicas fue nefasta por el uso político de los gobiernos de turno (“caja chica” del gobierno central y fuente de empleo para los incondicionales del régimen) y el correlato poco técnico propició que gran parte de la deuda pública fuese causada por las empresas del estado deficitarias, generando la hiperinflación que conocimos a fines de los ochenta y déficit público (las cuentas del estado “en rojo”).

El manejo poco técnico de las empresas públicas obedece a la escasa institucionalidad del estado peruano, a diferencia de países como Chile o Colombia. La poca institucionalidad propicia que el gobierno de turno use las empresas estatales para fines políticos. Por eso fueron creados “los candados” que la propia Constitución Política establece en su régimen económico (subsidiario rol empresarial del estado y solo por ley expresa). No fue únicamente por el ambiente neoliberal que se vivió en el momento de la promulgación de la carta del 93, sino por la pésima experiencia empresarial del propio estado en los años setenta y ochenta.

Si no existe institucionalidad y prima la voluntad del gobernante de turno, siendo un poco mal pensado, es fácil deducir que se quiere o se quiso tener un manejo político de un bien con volatilidad política como es el petróleo. Comprando la refinería de La Pampilla y teniendo grifos a disposición, el estado iba a tener un control casi absoluto del precio final de la gasolina y el GLP. Y teniendo un precio final de la gasolina y el GLP este se puede subsidiar (cumplir, por ejemplo, con la promesa de la campaña humalista en primera vuelta del balón de gas a doce soles), teniendo satisfechos a todos: los ciudadanos, aumentando así la simpatía electoral para una posible candidatura de la primera dama; los propietarios de Repsol que se llevan cuatrocientos millones de dólares sin invertir un sol en la modernización de La Pampilla a la que estaban obligados; y las AFP que son accionistas minoritarios y podrán respirar tranquilos al tener cerca a “papá Estado” para que se haga cargo de los pasivos de la empresa. Es lo que en jerga política se conoce como “socialización de las pérdidas”: el estado es “bueno” e interviene para hacerse cargo de las pérdidas de las empresas privadas a costa de todos los contribuyentes.

Justo existe un aspecto donde no se ha puesto demasiado énfasis, el de los accionistas minoritarios como son las AFP que poseen cerca del 21% del paquete accionario. El asunto es que han invertido en una empresa deficitaria dinero de los aportantes, de todos los cotizantes a las AFP, y si la empresa no marcha bien quienes van a sufrir el castigo son los trabajadores al tener una pensión mucho menor al momento de jubilarse (el sistema privado se sustenta en un portafolio que obtiene dividendos o pérdidas, dependiendo cómo se invierta el dinero de los trabajadores). Las AFP han tenido un silencio cómplice hasta el momento, como esperando que el estado intervenga para reflotar la empresa y verse librados de tener que aportar para la modernización de la planta.

Asimismo Repsol estaba obligada a la modernización de La Pampilla el 2006, obligación que no satisfizo, incumpliendo el contrato suscrito con el estado y, peor aún, el estado vía sus organismos competentes no apercibió a Repsol para cumplir con la modernización de la planta, inversión cercana a los mil millones de dólares. Consiguientemente, y para variar, el propio estado también se encontraba en falta. Pero, según datos confiables, Repsol es una empresa que se encuentra en pérdida, cercana esta a los setecientos millones de dólares, por lo que la compra sería no solo de sus activos sino también de los pasivos, costándonos la transacción humalista a todos los contribuyentes unos dos mil millones de dólares, cinco veces más que los cuatrocientos inicialmente anunciados.

Comprando La Pampilla el estado habría “ayudado” a Repsol, al comprar una empresa deficitaria y que por añadidura incumplió sus compromisos contractuales de modernización de la refinería, ayudaría a las AFP que tampoco cumplieron con guardar parte de los dividendos ganados para la modernización de la planta y tendría el control del precio final de la gasolina y el GLP para fines políticos de cara al 2016. Todos felices, todos contentos, pero a costa de todos los peruanos.

Ollanta Humala y su esposa no van hacia la gran trasformación, mucho menos se están alineando con la órbita chavista (habría que ser ciego político para hacerlo en estos momentos), su fin es más prosaico, más pedestre: perdurar políticamente más allá del 2016, hecho que no creo lo logren para bien de la democracia peruana.

P.D.: Réquiem para Javier.-

Como todo hombre cometió errores, de los políticos y de los otros; pero su integridad como persona y entereza para la denuncia al costo que fuese posibilitó que el Parlamento cumpla con una de sus funciones esenciales: la fiscalización. Los últimos meses fue víctima de una poco oculta venganza política que le valió una suspensión que una jueza determinó que había violado el debido proceso. En fin, ya no pudo regresar al escenario de tantos apetitos y trifulcas. Se está yendo la gente de valor, la que todavía creía en los ideales como Armando y Javier, y quedan los otros. Signo de los tiempos.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

UN SABOR A DEJA VU

La discusión sobre si es constitucional o no que la primera dama postule a la presidencia me hace recordar las polémicas en los años noventa sobre si era legal o no la segunda reelección de Fujimori. Como en aquella oportunidad existían interpretaciones a favor e interpretaciones en contra, a gusto del cliente. Y, como aquella vez, funcionarios solícitos en complacer al gobernante de turno. Solo que ideológicamente, ahora, los actores de esta tragicomedia son otros: ya no son los de la derecha los más entusiastas en buscar justificaciones al poder, sino los de la izquierda.

Un académico de izquierda, conocido constitucionalista de una universidad católica y hoy embajador político en la península ibérica, otrora furibundo denostador de la reelección fujimorista, se ha convertido, por no se qué magia o hechizo, en un servil intérprete de los deseos de la pareja presidencial.  Sin rubor en la cara afirma que para él es inconstitucional que se impida a la primera dama postular el 2016. Faltaba más, para eso están los escuderos, para proteger a las damas.

En el camino, una alcaldesa desubicada y franelera, que transitó por el calvario de la revocatoria, por congraciarse con el dúo presidencial no dudó en sacar lustre con su blasón aristocrático -aquel que todavía cree que todas las mujeres de  San Juan de Lurigancho nacieron para lavar la ropa de las señoras de La Molina- y dejar sentado su beneplácito en el asunto. Oiga Usted, para que otra cosa no habrá sido designada por Dios y los astros la parejita de marras, sino para salvar al Perú.

Tiempos revueltos la verdad, donde un sector de la izquierda “progresista” busca congraciarse con el gobernante de turno, dizque por su izquierdismo, lo cual al parecer relativiza los principios defendidos con tanto ardor en el pasado y “limpia” cualquier mancha de encubierta reelección, sin importarle un pepino que en el camino se lleve de encuentro la precaria institucionalidad levantada en estos años.

Aunque nunca sabremos si el denodado entusiasmo es amor al chancho o a los chicharrones; o para ser más claros, si el motivo de tanta obsecuencia es por desinteresada convicción o más bien es a cambio de apoyo político en unos casos y en otros por no querer soltar la mamadera del estado.

Decir, como han sostenido sin nada de vergüenza varios “constitucionalistas”, que el impedimento de postular a la primera dama es “inconstitucional” porque no se encuentra expresamente prohibido en la carta magna; es como deducir que la prohibición de pasarse la luz roja de los semáforos es también inconstitucional porque no se establece en la carta política y esta prohibición atenta contra el libre tránsito. Con el mismo intrincado razonamiento, todas las normas, de cualquier clase o naturaleza, deberían encontrarse dentro de la ley de leyes, para que sean “constitucionales”. Ni el doctor Malzón Urbina hubiese elaborado tan surrealistas argumentos.

Y no se crea que los académicos-embajadores o las alcaldesas son los únicos en pasar la franela. Se encuentran también los funcionarios del estado de primer nivel, aquellos que representan a una entidad pública. Como aquel que le gusta las “interpretaciones auténticas” y preside un importante órgano electoral, y vía una interpretación media retorcida, de esas que tanto nos gustan a los abogados, ha autenticado el intríngulis de la legitimidad de la postulación. O alguno de “los guardianes constitucionales” que se ha mostrado muy receptivo a la postulación presidencial de la primera dama, manifestando alegremente su “conformidad constitucional”. A este paso ya no se van a autodenominar “guardianes constitucionales” sino simplemente “guachimanes de la presidencia”.

A veces creo que compiten entre ellos para ver quien dice el peor disparate de la semana. Ya no hablemos de los congresistas. Estamos acostumbrados a sus boutades que ni nos llama la atención lo que dicen, como la de aquel congresista oficialista, muy afecto a los aquelarres, que también terció a favor de la candidatura de la primera dama, no se si por congraciarse con el poder tras la pérdida de una cara vicepresidencia por una vulgar y lobista cena o por simple figuretismo. Parece que las brujas todavía no lo dejan en paz.

Mientras tanto, en el ínterin y como deshojando margaritas, nuestra primera dama no dice ni sí ni no. Se va por la liebre cada vez que le preguntan sobre tan espinoso tema. Y es hidalgo reconocer que cada vez lo hace mejor, a tal punto que hasta resulta un encanto verla sonreír, mostrar sus dientes de conejito y decir alguna frase tipo “yo solo ayudo a mi marido” o “tengo tres hijos que atender”. Realmente encantadora. 

No se, pero todo esto me hace sentir un sabor a deja vu, algo que ya vi en otro tiempo, en los años noventa para ser preciso, solo que con otros actores. Hablando cinematográficamente, podemos decir que es un remake. Solo que los remakes casi siempre son malos y este no parece ser la excepción.

Esperemos por el bien del país que la sensatez retorne, que los académicos-embajadores vuelvan a estudiar sus textos constitucionales, que las alcaldesas puedan gobernar mejor una ciudad tan compleja como Lima, y que los funcionarios de alto (o bajo) nivel en vez de pasar la franela pongan más celo en cimentar sus instituciones. Creo que así invertirían mejor el dinero de todos los peruanos que se va en sus nada desdeñables emolumentos.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

COREA DEL NORTE

La reciente declaración de “estado de guerra” por parte de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, ha causado revuelo en el mundo y titulares sensacionalistas como el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Pero, es posible?

            Soy de los que comparten la idea que el anuncio y los arrebatos de Kim Jong-un obedecen más a razones internas de consolidación en el poder que a un descabellado ataque a Corea del Sur que acabaría con su gobierno, su poder y esa suerte de “comunismo dinástico” instaurado por Kil Il Sung, abuelo del actual presidente y creador del “pensamiento suche”, mescolanza de marxismo, maoísmo y budismo. Creo que el joven Kim Jong-un (se le conoce también, entre otros títulos nobiliarios, como “el amado líder” y “la reencarnación de la Idea Suche”), de alrededor de treinta años de edad,  está enfrentando serios problemas y busca legitimarse entre la dirigencia de su partido, así como unificar a las distintas tendencias a través de un llamado de guerra inminente. En Occidente sabemos muy bien como la idea de patria, defensa nacional y enemigo externo, unifican a un pueblo. Parece que algo de eso está sucediendo al norte del paralelo 38.

            Asimismo, las superpotencias no desean ningún conflicto que desequilibre su influencia en la zona, sea de parte de Rusia y China “garantes” de Corea del Norte, y EEUU con su par, Corea del Sur. En caso de una acción bélica cada una deberá tomar partido y acciones directas que alterarían el equilibrio geopolítico, hecho que no les conviene.

            Corea del Norte es un rezago de la guerra fría y del mundo bipolar. Desde ese punto de vista, es un anacronismo. Desaparecida la Unión Soviética muchos científicos rusos ofrecieron su experiencia en física nuclear al mejor postor, entre ellos al gobierno de Pyongyang, iniciando un proceso de enriquecimiento de uranio y plutonio que ha dado lugar a armas nucleares. En cierta forma buscaron tener poder a través de la fabricación de armas nucleares y no “desaparecer” como estado luego del derrumbe socialista, armas que les permitía tener un poder de negociación ante los aliados (caso de China) o ante los enemigos (Estados Unidos y Corea del Sur).

            De allí que era y es más importante para la dirigencia partidaria de Pyongyang destinar los escasos recursos del país en armas y tecnología bélica sofisticada que en dar bienestar a su pueblo. Pero, al parecer, no contarían con las defensas necesarias para soportar una contraofensiva nuclear por parte de Estados Unidos y Corea del Sur que, literalmente, podría desaparecer del mapa todo signo de vida arriba del paralelo 38. Por ello sería descabellado que Kim Jong-un inicie un ataque nuclear contra su par vecino, menos contra Estados Unidos; aunque la  historia demuestra que los líderes ególatras o las camarillas de poder cerradas son más propensas a cometer errores garrafales que les cuesta el poder acumulado y hasta la vida.

            Si bien las noticias de Corea del Norte son escasas (es un régimen bastante hermético), imagino que los problemas de escasez deben continuar (no se explica de otra manera que su población siga migrando hacia China en busca de mejores oportunidades) y Kim Jong-un.debe tener dificultades de afirmamiento de su poder. No tiene el carisma del abuelo y tiene en contra su juventud y poca experiencia política (era el tercero en la línea de sucesión y casi accedió al poder por casualidad). Sospecho que algo de ello existe en un país donde se privilegia de modo excesivo el culto a la personalidad y se guarda como contribución importantísima al marxismo-leninismo, ese menjunje  llamado “pensamiento suche”.

Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

INMADURO HIJO DE CHAVEZ

Debo confesar que el resultado, como a muchos, me sorprendió. Pensaba que Nicolás Maduro con todos los recursos a su favor (logísticos, institucionales, monetarios, humanos, amén de la bendición póstuma de Chávez) iba a ganar por unos holgados diez puntos de ventaja sobre Henrique Capriles; sin embargo ha sido apenas por un punto y con fuertes rumores de fraude.

Las cosas no van bien para el heredero de Chávez. Como que el pueblo venezolano ha diferenciado claramente entre el comandante y su “hijo político”. Es que los autócratas y dictadores tienden a equivocarse en la elección del delfín: eligen al mediocre por obsecuente o al taimado por hipócrita que oculta su verdadera intención. Parece que en este caso fue lo primero como se demostró en la breve y pobre (de ideas) campaña política oficialista: folclórica, surrealista, mágico-religiosa. El pajarito que encarnaba a Chávez, Chávez que intercedió “en el cielo” para contar con el primer Papa latinoamericano, Chávez apareciendo en los sueños de Maduro, Chávez en “el paraíso de los revolucionarios”, etc.,etc.

Maduro (que se ha apresurado a juramentar “por si las moscas”) con este pobre resultado se enfrenta a un cuestionamiento de su legitimidad al interior del chavismo. No le será tan fácil “comprar voluntades” entre los jerarcas del PSUV como Diosdado Cabello u otros que le salgan al frente. Ser reelecto presidente para un período adicional significaría cometer fraude en las próximas elecciones a fin de quedar en el Palacio de Miraflores y enfrentar de nuevo a un verdadero “animal político” como ha demostrado ser Henrique Capriles. A ello se suma que tiene una gestión como presidente bastante complicada: inflación alta, déficit fiscal, devaluación del bolívar, mercado negro de productos, inseguridad ciudadana, eliminación de algunos subsidios; y, de añadidura, una Venezuela dividida. Es bastante probable que esa línea dura que ha querido demostrar Maduro más se deba a la inestabilidad que el pobre resultado tiene al interior del chavismo y a la debilidad que el propio Maduro siente, que a las manifestaciones de la oposición propiamente.

Ello no significa que el chavismo como movimiento político se extinga (el propio Capriles hábilmente “robó” algunas promesas chavistas en la campaña); pero sí algunos de sus dirigentes deberán pasar al retiro, si quieren que el movimiento subsista. Por lo menos el “hijo político de Chávez” no ha dado la talla en esta contienda.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

CANTINFLAS EN LA JUSTICIA

El título del artículo no es mío, pero confieso que calza perfectamente al inefable y bizarro juez Malzón Urbina.

Acabo de terminar de revisar “el fallo” (nunca como ahora se aplica tan precisamente ese calificativo al mamotreto de sentencia del juez Urbina) y la verdad que, aparte de los notorios errores ortográficos que demuestra el tremendo juez, tiene monumentales incongruencias jurídicas y excesos en sus competencias como magistrado. Un poco más y destituía también al presidente Humala (la alcaldesa se salvó por un pelo).

Un recurso de habeas corpus tiene por finalidad resolver judicialmente un perjuicio contra el libre tránsito, la libertad que tienen las personas de poderse desplazar por el territorio nacional a su entera voluntad y sin impedimentos de ninguna persona, sea natural o jurídica, pública o privada, y solo con los límites que establece la ley y el orden público.

Por lo tanto, un habeas corpus no puede discutir sobre una decisión administrativa de reubicación de un mercado (que es competencia del gobierno local) o la naturaleza jurídica del terreno sobre el que se construyó el tristemente célebre La Parada (donación de una familia de la aristocracia limeña de ese entonces). Para ello se encuentra la justicia ordinaria o el amparo como medio residual y último; pero no un habeas corpus.

Vemos en “el fallo” del juez Urbina que gran parte lo ocupa en dilucidar si el terreno donado sobre el que se construyó el mercado mayorista conocido como “La Parada” debía cumplir expresamente esa función (mercado mayorista) o la donataria (la Municipalidad de Lima) podía darle otra finalidad (parque zonal, como es el proyecto anunciado).

Lo que tanto preocupa al juez Urbina, citando incluso a Lenin, Galileo, Leibniz y hasta al mismo Sancho Panza para reforzar sus “argumentaciones”, no se condice con la finalidad de un habeas corpus, donde el tema es si se violó o no el libre tránsito de la persona afectada (en este caso de los comerciantes por el cordón policial y los bloques de concreto que circundan el ex mercado).

Pero, evidentemente, el fallo del juez iba a ser endeble si no aumentaba en sus “considerandos” lo referente a la naturaleza jurídica del terreno sobre el que se construyó el ex mercado mayorista, dado que la municipalidad tiene dentro de sus competencias la reubicación de los mercados municipales, por lo que el magistrado “se agarra” de la supuesta naturaleza jurídica del terreno en mención (lo que tampoco limita la decisión del municipio de la reubicación en vista que los comerciantes no son los propietarios, sino la municipalidad de Lima), lo cual propiamente era materia de un juicio ordinario donde se actúan medios probatorios, se pueden deducir excepciones y defensas previas, apelar las resoluciones, y otros medios más de defensa, requiriendo mucho más tiempo y, por ende, no iba a ser “tan efectivo” para los demandantes como un habeas corpus.

Para coronar sus intríngulis leguleyos, de refilón, como quien no quiere la cosa, anula las ordenanzas sobre la conversión de La Parada en parque zonal, zurrándose en que las ordenanzas municipales tienen rango de ley y solo un órgano como el Tribunal Constitucional puede declarar su inconstitucionalidad y por consiguiente la nulidad de esa norma. Y, para demostrar que tiene buen sentido del humor, anunció su ocurrente sentencia justo el día que se celebra al abogado. Pareciera que como cierto ex alcalde, el tremendo juez tiene un retorcido sentido del humor.

Los que ejercemos el litigio en el Poder Judicial sabemos que una sentencia como la dictada por el juez Urbina cuesta. Hay que pagar. Son como esas cautelares que salen a gusto del cliente. Incluso, estimado lector, si tiene una pizca de suspicacia, se podrá dar cuenta que para emitir la sentencia en un caso de habeas corpus el señor juez se ha tomado su buen tiempo, cerca de cinco meses desde que se interpuso la demanda, lo que hace presumir que “no ha soltado el fallo” hasta no le completen “sus honorarios”.

Son especulaciones, claro. Pero merecerían una investigación más a fondo que el calificativo de “valiente” otorgado al controvertido juez nada menos que por el propio presidente del Poder Judicial. Mejor patente de corso, ni los piratas.

Lamentablemente con fallos así y jueces como el inefable Urbina son la muestra que el folclorismo jurídico y judicial existe, que la justicia en nuestro país se compra a peso o por influencia política, y que la seguridad jurídica más es un galimatías abstracto que una realidad concreta.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es