CUANDO LOS COLOMBIANOS LE DIJERON “NO” AL ACUERDO DE PAZ

Por: Eduardo Jiménez J.

        ejimenez2107@gmail.com

        ejj39@hotmail.com

       @ejj2107

Se contaba una broma. Cuando Pinochet, hace treinta años atrás, perdió el plebiscito en Chile y tuvo que irse: el fantasma de Franco se le aparece y le susurra al oído “eso te pasa por preguntar”.

Chiste de dictadores, es cierto; pero algo de cierto tiene. A veces los que tienen el poder para ganar legitimidad en decisiones trascendentales “consultan al pueblo” a fin que ratifique la decisión tomada. Aparentemente parece que tienen las de ganar en la consulta y algo sucede que el resultado es totalmente contrario a lo esperado. Sucedió este año con el Brexit británico y ha vuelto ha pasar con el referendo del acuerdo de paz colombiano. En los dos casos ganó la posición contraria muy ajustadamente y puso en serios aprietos y dilemas al gobierno de turno.

En el caso colombiano parecía que el “sí” sellaba la paz definitiva, sin embargo a los poco días el panorama cambió. Claro, no es que los colombianos deseen mantener la situación de guerra interna, sino que fue “el costo de la paz” lo que marcó el rechazo. Las condiciones políticas y económicas a favor de las FARC, pesaron sobre el ánimo de los votantes más que la paz misma.

Y en este punto entra a tallar “el tercero en discordia”. Porque hay un tercero que no fue tomado en cuenta. Fue gracias a la campaña masiva a favor del no que promovió Uribe y su grupo que los resultados se revirtieron sorprendentemente. Uribe en Colombia es quizás más popular que el propio Santos. Para que más o menos se entienda: allá es una suerte de Alberto Fujimori. Hombre pragmático, de derecha, que “se saltó” más de una vez el estado de derecho, y que logró bajar el poder militar de las FARC a un tercio, lo que posibilitó que Santos pueda obligar a sentar a negociar a lo que quedaba de la narcoguerrilla. Algunos incluso sostienen que de haber continuado en el poder Uribe hoy las FARC serían historia.

Ese tercero en discordia que se ha ganado a pulso el derecho de ser escuchado, deberá ser tomado en cuenta en una eventual ronda de renegociaciones para encontrar una salida más realista en el impase por la paz. Lo malo es que la de Uribe es una posición muy radical y claramente anti-Farc. Su solución es militar, más que política. Habrá que “hilar fino”.

A los colombianos les conviene zanjar el asunto, aunque no están muy convencidos de los términos en que se zanja. Tienen una institucionalidad envidiable y ya sin el lastre de la guerra interna, es posible que su potencial económico se eleve más allá de la respetable economía regional que actualmente es. Algunos piensan que su potencial lo hace un candidato más prometedor para ingresar al club selecto de la OCDE que nosotros mismos y que, terminado el conflicto, “el segundo Chile” regional podría ser Colombia, no Perú.

En fin, la eventual renegociación tendrá que ver estos aspectos. Escuchar la voz y el sentir de la mitad de colombianos que este domingo le dijeron “no” al acuerdo de paz tal como está redactado.

 

CUANDO LOS MUERTOS HACEN POLÍTICA: EL MAUSOLEO DEL TERROR

Por: Eduardo Jiménez J.

        ejimenez2107@gmail.com

        ejj39@hotmail.com

       @ejj2107

La reacción que ha causado la noticia del “mausoleo” para los terroristas asesinados en la isla El Frontòn, en 1986, implica que las cicatrices del terror siguen latentes y es una asignatura pendiente para la sociedad peruana.

Es cierto que la reacciòn ha venido sobretodo de aquellos que padecimos el terror en toda su magnitud. La generaciòn que viviò Tarata, el asesinato de María Elena Moyano, los apagones y los cochebomba; pero que también vivió las ejecuciones extrajudiciales de la Cantuta, Barrios Altos y El Frontón. Las cosas por su nombre: está documentado que lo del Frontón, en 1986, fue asesinato cometido desde el Estado de Derecho (era el primer gobierno de Alan García). A esos muertos es a los que Sendero Luminoso ha rendido “homenaje”.

No obstante ello hay un hecho implícito que no queremos ver. Sendero Luminoso y sus posteriores metamorfosis políticas han trasmutado, adaptándose al medio, a las “formas democráticas”, ganando adeptos entre la generación joven que no padeció la furia demencial de aquellos años. Si se repara bien, les es más o menos fácil recolectar firmas para legalizar sus agrupaciones llamadas “de fachada” y casi inscriben como partido al Movadef. ¿Qué partido político se puede dar el lujo de recolectar fácilmente doscientas, trescientas mil firmas, como lo vienen haciendo los senderistas?

Ello quiere decir –y no nos hagamos los ciegos- que hay mucho joven que sigue con simpatía, con “fe partidaria”, las consignas de Sendero y percibe a Abimael Guzmán como un “luchador social” injustamente encarcelado.

Esa juventud no conoció los años aciagos del terror. Ni había nacido. Lo que implica que para tener esa percepción ha debido ser “adoctrinada” por ideólogos de Sendero Luminoso. Pero una adoctrinación solo es posible si la ideología es cautivadora y no existe otro relato igualmente cautivador. En otras palabras, no ha habido estado, ni sociedad organizada, ni menos partidos políticos que hayan dado la “versión oficial” de los hechos. Que hayan combatido a Sendero en el plano ideológico. Ahora vemos las consecuencias.

Como bien señaló Carlos Tapia, la lucha actual de Sendero es ideológica y política, no armada. La facción guzmanista busca una salida política a lo que llaman “las consecuencias de la guerra”, incluyendo la amnistía a los altos mandos que purgan carcelería, Guzmán incluido. Desde ese punto de vista, “el homenaje” en el Mausoleo se convierte en un mensaje político. Y nótese que existió una concurrencia nutrida al acto, no solo familiares de los fallecidos, sino personas ligadas a las organizaciones de fachada de Sendero.

Capturado Guzmán quisimos voltear la página y olvidarnos del horror, sin hacer el correspondiente procesamiento social y político. Ni los partidos políticos, ni el estado, ni la sociedad civil organizada entraron al debate político con Sendero. Pensamos equivocadamente que con su derrota militar terminaba el terror y ahora pagamos las consecuencias: una nueva generación de jóvenes ve con buenos ojos a Sendero y a su líder en prisión.

Un mausoleo es un lugar solemne de recordatorio de alguien que ya no está en este mundo. Es un punto de referencia para rendir tributo y avivar la llama de la fe, por lo que se convierte en una representación simbólica. Desde ese punto de vista, el mausoleo tiene claras connotaciones políticas que su simple “demolición” no va a solucionar. Exigir la sola demolición y olvidarnos del problema de nuevo hasta que surja algún otro exabrupto, es obviar el accionar senderista post 1992 o esconder la basura bajo la alfombra.

Lanzo una idea al vuelo: ¿por qué el estado no se anima a diseñar un mausoleo simbólico para todas las víctimas del terror? O pone más énfasis en el Museo de la Memoria, un tanto olvidado por las trifulcas entre unos y otros. Vamos, si existe un Museo del Holocausto para no olvidar el genocidio nazi, porque no tenemos algo similar en el Perú. Eso es actuar políticamente.

En mis años de estudios en Sociales, conocí de cerca a varios militantes de Sendero Luminoso. Haciendo un paralelo tenían la fe ciega del creyente como la que poseen muchos evangélicos que salen a predicar. Su “biblia” era el Libro Rojo de Mao. Con mucha convicción recitaban de memoria párrafos enteros, como lo hacen cristianos o musulmanes convencidos de lo que leen en su texto sagrado. Esa fe del creyente permite captar adeptos, su propio convencimiento persuade al que quiere escuchar, sobretodo entre los más jóvenes que viven y padecen la todavía exclusión social que existe en nuestro país. Por ello, la actual guerra contra Sendero es más política que militar. Más de seguimiento de inteligencia que de destrucción de mausoleos. Más de organización y estrategia que de reacciones hepáticas.

 

¿DE NUEVO ALTOS NIVELES DE POBREZA?

Por: Eduardo Jiménez J.

        ejimenez2107@gmail.com

        ejj39@hotmail.com

       @ejj2107

Una de las preocupaciones de los sociólogos y la clase política es si los altos niveles de pobreza e incluso pobreza extrema pueden regresar en los países de “ingresos medios” como el peruano, a pesar del impresionante número de familias que socialmente migraron a lo que se conoce como la “nueva clase media”.

Todo parece indicar que sí es posible; que a pesar de los programas sociales, si estos no continúan, se encuentran mal diseñados o administrados, o el entorno económico es adverso, miles de familias pueden involucionar hacia la pobreza que dejaron apenas ayer.

Es lo que está sucediendo en Brasil. Por las medidas de austeridad del gobierno de Michel Temer, desfinanciando muchos programas sociales, se estima que 3.3 millones de familias perderían su estatus de clase media emergente y retornarían al redil de la pobreza. Desempleo, bajos salarios y créditos bancarios limitados harían el resto.

Un indicador del nivel socioeconómico de las familias son las enfermedades “curables” fácilmente, sea con medicamentos de bajo costo, alimentación adecuada o educación profiláctica. Es el caso de la TBC, la anemia o la desnutrición infantil. Todo parece indicar que el nivel de las mismas ha subido notablemente en las principales ciudades del país. Precisamente la TBC se considera una “enfermedad social”, debido a que ataca principalmente a sectores socioeconómicos de bajos ingresos. Igual pasa con la anemia. Y la desnutrición infantil es producto de una inadecuada nutrición en los primeros años de vida, parte debido a escasos recursos económicos para alimentar a los infantes, pero gran parte también a la poco información de los padres sobre los alimentos nutritivos y necesarios en la infancia, que muchos no tienen un precio elevado (existen más niños obesos y subalimentados que en el pasado).

Otro indicador es el uso masivo de agua y desague. Abandonar la pobreza es abandonar el uso de camiones cisternas o silos, para pasar al uso masivo de las tuberías y, claro está, del agua y jabón. Una verdadera revolución social sería cuando todos los peruanos, sin importar la región donde viven o la clase social, tengan acceso al agua de calidad y usen el jabón como medida prifiláctica de higiene. (Otro gran cambio que nos apartaría de la pobreza extrema sería también el número de hijos que se puede tener de acuerdo a las posibilidades económicas, pero ese es otro tema).

Igual sucede con los niveles de educación, tanto en cantidad como en calidad. Ya nadie discute la cantidad de centros educativos administrados por el estado, sino la calidad de educación que brindan, así como la preparación idónea de los docentes.

De allí que es importante sostener los programas sociales hasta afianzar a la clase media emergente y tener una población adecuadamente saludable y educada en niveles óptimos. Pero también es necesario reactivar la economía, enfriada en los últimos años del gobierno de Humala. Fomentar las asociaciones público-privadas y los proyectos de inversión, incluyendo los de la satanizada gran minería. Y los actores políticos, sobretodo los de la izquierda tanto del Frente Amplio como el MAS de Gregorio Santos, juegan un papel clave. ¿Se dedicarán al obstruccionismo de los grandes proyectos mineros o tendrán una actitud más madura? ¿Permitirán que miles de familias salgan de la pobreza con un compromiso de responsabilidad social o prevalecerá la mira ideológica más que el pragmatismo político?

Por todo ello, parte de la nueva clase media emergente puede regresar a los niveles de pobreza de antaño. El factor político y el económico van de la mano y juegan un papel importante, así como las políticas de estado.

NO + AFP

Por: Eduardo Jiménez J.

        ejimenez2107@gmail.com

        ejj39@hotmail.com

       @ejj2107

Fue impresionante las marchas desarrolladas en Santiago de Chile y otras ciudades contra las Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, cuyo modelo fue calcado literalmente en Perú.Se estima en dos millones los participantes.

¿Qué sucede?

En promedio las pensiones otorgadas por las AFP chilenas son apenas el tercio de lo que percibían en actividad los trabajadores, estando la gran mayoría (90%) en la mitad del sueldo mínimo en Chile, unos 233 dólares.

Bajo el gobierno de Pinochet se cerró el sistema estatal de pensiones y todos los trabajadores pasaron a las administradoras privadas. Supuestamente iban a recibir una pensión mucho mayor que en el sistemas estatal, el cual –igual que en el Perú- se argumentó se encontraba “quebrado”.

No obstante, luego de treinta años de estar en actividad el sistema, las pensiones de los jubilados son minúsculas y las comisiones cobradas por las administradoras, elevadas. Por ello reclaman volver al sistema estatal.

No se trata de ninguna conspiración izquierdista como algún neoliberal ha sostenido por allí (sería difícil manipular a dos millones de ciudadanos en una conspiración así), sino de reclamar por pensiones más justas.

Pero, ¿por qué no se ofrecen mejores pensiones?

Hay dos aspectos que son muy importantes para ofrecer al trabajador una pensión atractiva. Uno es el contexto económico mundial y el otro es cómo se invierte el fondo de pensiones.

En el primero, estamos en un contexto económico internacional todavía adverso, donde la rentabilidad de las inversiones no es tan elevada. Todo parece indicar que no estamos en la subida de hace apenas diez años atrás, sino en una lenta cuesta descendente que trata de remontar. Acerca de ese contexto internacional no hay mucho que hacer, ya que las decisiones se toman fuera de la región.

Sobre el portafolio de inversiones se ha denunciado que, al igual que las AFP peruanas, las administradoras chilenas invierten el dinero en empresas afines a su grupo económico; por lo que no estarían solventando una rentabilidad que favorezca al trabajador, sino a las empresas relacionadas del grupo económico al que pertenece la AFP, razón por la que muchas veces la rentabilidad ni siquiera es positiva en décimas, sino totalmente negativa.

En otras palabras, las AFP sirven de financiamiento barato, practicamente a costo cero, del grupo económico al que están suscritas. También las acusan de lobistas, es decir, de hacer presión política en el gobierno a fin de mantener el estado de las cosas como están. De allí la indignación de los trabajadores chilenos y su exigencia de retorno al sistema estatal.

En el medio, el gobierno de Bachelet conformó una comisión de reforma de las Afp, y algunas de sus conclusiones son justamente que el sistema adolece de falta de competencia, tiene comisiones elevadas y las pensiones ofrecidas son bastante minúsculas. Proponiendo también la creación de una Afp estatal a fin de dinamizar la competencia entre los privados.

Como se ve, no se ha avanzado mucho en el vecino país. Los problemas que tiene son muy similares al peruano, por lo que se requiere de una reforma integral del sistema pensionario, considerando que la edad promedio de una persona es mucho mayor que hace veinte años y, por consiguiente, el periodo de no actividad (jubilación) hoy en día es más prolongado. A lo que se debe sumar las personas que no contribuyeron a un sistema pensionario, pero ya sobrepasaron el umbral de la tercera edad.

Necesariamente la reforma que se realice pasa por una participación más activa del estado. Sea como agente económico, interviniendo en el mercado (la Afp estatal) o, como es nuestro caso, reformando también el sistema estatal pensionario, conocido como la ONP. De paso, se debe delimitar las pensiones no contributivas (pensión 65), a fin que tengan permanencia.

Opciones de reforma existen. La pregunta es si el gobierno tiene voluntad política para ejecutarlas o decide tener una actitud pasiva que puede traer más problemas de los que ya existen.