Eduardo Jiménez J.
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@ejj2107
Suceder al presidente electo puede ser bueno o no para el vice que lo sustituya. Lyndon B. Johnson pudo suceder con personalidad propia a John F. Kennedy luego del magnicidio y postular para un período más.
Entre nosotros corrieron distinta suerte los vicepresidentes. Vizcarra que en el 2018 sucedió a PPK y afrontó con bastante popularidad la pandemia del Covid, aunque terminó vacado por el Congreso. Dina Boluarte en 2022 no tuvo la misma fortuna al suceder como vice a Pedro Castillo. Desde el día siguiente de su asunción a la presidencia tuvo que afrontar movilizaciones violentas, muertes, bloqueos de carreteras, incendios y destrucción de propiedad pública y privada. Quizás de adivinar lo que se venía no hubiera asumido el encargo.
Fueron los únicos casos de sucesiones de vicepresidentes en los últimos 40 años post gobierno militar. El resto de presidentes, unos más exhaustos que otros, lograron completar su mandato constitucional de cinco años.
Es cierto que los presidentes se sienten incómodos ante los reemplazos. Los ven como un “serrucho” esperando en la sombra la oportunidad de ocupar su puesto. Cuentan que el propio Fernando Belaunde trataba con frialdad a su vice. No se diga en los propios EEUU, donde al vicepresidente lo mantienen en la “congeladora” y no tiene cargo público alguno, salvo el de esperar reemplazar en algún momento al titular.
Lo que trae a reflexión que en los últimos años las cosas no van bien con la institución de la presidencia. En los dos casos de sucesión (Vizcarra y Boluarte) el Congreso fue el dirimente que políticamente salió fortalecido, muchas veces ante escándalos más que evidentes de corrupción del presidente como en el caso de Pedro Castillo, con el agravante de un intento frustrado de golpe de estado. (En el caso de Vizcarra, aparte de la corrupción, fue por la ambigua relación sostenida con el notorio personaje de la farándula local Richard Swing).
En ese panorama de inestabilidad política a Dina Boluarte le ha tocado “bailar con el más feo”. Ha tenido que enfrentar desde el día siguiente de su mandato movilizaciones políticas, muchas de ellas manipuladas desde la sombra por quienes buscan la ansiada asamblea constituyente, y manejar en una cuerda de equilibrio el control del orden público, convenientemente visto como “represión” por ciertos políticos y periodistas, sazonadas con presiones de ciertos presidentes de países que hasta hace poco eran aliados naturales del Perú. Amén de una campaña internacional de desprestigio contra el régimen “represor y dictatorial” de Dina Boluarte.
En el medio de estas movilizaciones 60 muertos y un policía quemado vivo; y, a futuro a no dudarlo, denuncias penales contra Dina Boluarte y sus ministros por “genocidio” y violación de ddhh. Denuncias que llegarán incluso hasta la CIDH y la CPI. Los ex aliados de Boluarte buscan que en un futuro próximo sea la siguiente inquilina del Fundo Barbadillo. Hecho que está dentro de lo posible considerando el poder político e influencia en el aparato de justicia nacional e internacional que tienen sus ahora enemigos políticos y otrora aliados.
De allí que la presidenta en estos cien días tuvo que aguantar estoicamente las sucesivas movilizaciones, bloqueos de carreteras, quema de locales públicos, toma de aeropuertos y la leyenda negra de la “represión indiscriminada” que circula dentro y fuera del país, como que los violentos bloqueos, tomas de carreteras, destrucción de propiedad, se pudieran remediar dialogando con un interlocutor que nunca dio la cara, ni menos le interesaba dialogar.
La otra salida de Boluarte era renunciar; pero le esperaba la cárcel si lo hacía, por lo que tuvo que aliarse con sus antiguos enemigos, la derecha del congreso, y contar con el apoyo constitucional de las fuerzas armadas. Eso no hace del gobierno uno dictatorial, ni “cívico-militar” con falta de garantías como manifiestan sus detractores. Es simple sobrevivencia política.
Quizás lo que alegan sus enemigos políticos es que los vándalos que se movilizaron no tuvieran patente de corso para destrozar y bloquear todo lo que pudieran destrozar y bloquear. La verdad que en ningún país democrático consolidado hubieran tenido esa patente de corso.
Una lección que podemos sacar de las sucesivas crisis suscitadas desde el 2018 es que la institución presidencial debe ser reformulada. De repente bajar el periodo de cinco a cuatro años y contar con un jefe de estado y un jefe de gobierno, cada uno con competencias bastante específicas.
La receta no es nueva. Muchos politólogos y académicos la han propuesto. Nos permitirá superar las crisis más fácil, con menos trauma y con menos costo político. Como para reflexionar y evitar todo lo que hemos visto en las últimas semanas.
