Eduardo Jiménez J.
jimenezjeduardod@gmail.com
@ejj2107
En todas partes se producen accidentes;
pero en el Perú son la regla y no la excepción. De todo tipo: puentes que se
caen, jóvenes que se electrocutan en un fast food, aviones que chocan en
una pista de aterrizaje, desastres naturales prevenibles y, ahora, el techo de
un centro comercial que se cayó en la ciudad de Trujillo.
La
constante es que el accidente ocupará las primeras planas unos días y luego
será sustituido por alguna noticia que cause más sensación. Otra constante es
que las autoridades pondrán el necesario “celo profesional” por unos cuantos días,
justo los que dure la noticia, cerrando centros comerciales o colegios por aquí
o por allá, y luego a dedicarse a otro asunto.
Claro,
se dirá Perú, país del tercer mundo, la improvisación, los pocos escrúpulos de
algunos empresarios, y funcionarios “de la vista gorda”, siempre van a acarrear
accidentes. En un país con un sólido Estado de Derecho un accidente como el
ocurrido en el mall de Trujillo le costaría no solo la licencia al
centro comercial, sino la posible quiebra por las indemnizaciones a pagar y la
cárcel a los representantes legales que, para variar, “se tiran la pelota” unos
a otros.
Lo
más probable es que con unos cuantos billetes a las víctimas o a los deudos la
cosa se acalle. Los harán firmar mil documentos en los que se inhiben de
cualquier acción legal futura, y borrón y cuenta nueva.
El
asunto con el centro comercial que dejó varias víctimas es que el Perú,
siguiendo una tendencia internacional, convirtió a los malls en los
nuevos espacios públicos. Un lugar donde pasear, mirar vitrinas, ir al cine,
comer algo, se ha convertido en costumbre, y que en ciertos días y horas punta
puede albergar miles de personas. De allí que primero la ciudad de Lima y luego
otras del país se llenaron de nuevos centros comerciales. Ese espacio, ahora,
con el accidente en Trujillo, tampoco es seguro.
¿Quién
es el culpable del accidente? Como en Fuente Ovejuna, todos son
culpables. Desde el empresario (formal o informal) que decide ahorrarse unos
soles en seguridad y mantenimiento, pasando por las autoridades venales que miran
a otro lado, hasta los órganos jurisdiccionales que les han quitado a los
municipios medidas de coerción como cierre de edificaciones con
irregularidades.
En
el caso de las nuevas edificaciones, el Tribunal Constitucional e Indecopi “le
quitaron uñas” (en el buen sentido del término) a los gobiernos locales. Ya no
pueden clausurar edificaciones que presenten irregularidades o problemas técnicos,
por lo que de presentar defectos el proyecto o afectar la edificación a
terceros o propiedad pública, la municipalidad ya no la puede clausurar como
antaño. A eso -el usar el municipio como medida cautelar la clausura temporal
de una edificación- Indecopi y el Tribunal Constitucional los llamó “barrera
burocrática”.
Es
cierto que la corrupción existe y que más de un funcionario municipal es
“bastante flexible” con lo que ve o no ve en una inspección, pero de allí a quitar
facultades al municipio como la clausura temporal de una mala edificación no
era la solución. El remedio ha sido peor que la enfermedad. No sería extraño
que muchos edificios recién construidos comiencen a presentar problemas al poco
tiempo de terminados. Esperemos no se caiga ninguno.
El poeta César Moro fue el que
sentenció “En todas partes se cuecen habas, pero en el Perú solo se cuecen
habas”. Por desgracia sigue siendo así.
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