Eduardo Jiménez J.
jimenezjeduardod@gmail.com
@ejj2107
Todos los especialistas dudan que los
estados de emergencia, toques de queda o propuestas de leyes más draconianas,
incluyendo la pena de muerte, sean la solución integral a la espiral de
violencia y delitos que viven las principales ciudades del país.
Más
se trata de reacciones del gobierno y del Congreso frente a la ola delictiva y
de crimen organizado que hace buen tiempo vivimos. Un tanto para decir que “se
hace algo”. En todos los estados de emergencia pasados el crimen ha continuado.
No ha tenido ningún efecto disuasivo.
El
auge del delito va a servir para postular “mano dura” entre varios candidatos
en las próximas elecciones generales, principalmente de derecha. Aparecerán los
bukeles con propuestas de megacárceles y pena de muerte a diestra y siniestra; incluyendo
deportaciones masivas, a lo Trump, de venezolanos, nuestro chivo expiatorio. Y
quien sea más creíble en el relato ganará la presidencia de la república de una
población hastiada por la inacción del gobierno.
Es
cierto que a un gobierno poco preparado y frívolo lo cogió de sorpresa la
espiral de violencia. Imbuido en sobrevivir al día siguiente, difícilmente se
puede ocupar de un tema que demandaría quizás varias administraciones, con
reformas complejas y participación activa de la sociedad. Pero, un gobierno que
solo busca sobrevivir apenas podrá declarar otro estado de emergencia con toque
de queda de ser necesario. No puede hacer más. No pidamos peras al olmo.
La
ola delictiva ya desbordó todos los parámetros normales. En reciente artículo (El
impacto de las actividades ilícitas en la economía peruana, Diario Expreso,
11.5.25), Jorge Baca Campodónico estima que el crimen organizado bordea el
12.6% del PBI y la minería ilegal el 7.15% del PBI. Siendo negocios tan
rentables difícilmente van a poder arrancarse de raíz con medidas inocuas como
el estado de emergencia o el toque de queda. A lo que se suma la venalidad de
nuestras autoridades, con un sistema de justicia totalmente deficiente y
proclive a la corrupción. Visto así, la guerra contra el crimen organizado se
encuentra perdida de antemano.
Y,
de producirse el vacío de poder en una organización criminal, en el supuesto de
la captura de los cabecillas integrantes, otros ocuparán su lugar. Digamos que
el crimen ya se institucionalizó en nuestro país o está en un camino muy cercano.
Quizás tengamos que convivir con él bajo ciertos límites. El rubro de narcotráfico,
extorsiones, trata de personas, minería ilegal, sicariato es tan rentable -la
minería ilegal ya superó ampliamente en ingresos al narcotráfico- como para minimizar
cualquier riesgo que se pueda presentar. Riesgo bastante menor frente a los 36,500
millones de dólares que mueven las actividades ilícitas. Los beneficios son
bastante tentadores y las consecuencias de un castigo bastante lejanas. Los
incentivos para delinquir son mayores que las posibles sanciones. Por cierto,
la “compra” de congresistas de distintas bancadas, se va a notar más en la
siguiente legislatura. No sería extraño que más de un candidato llegue al
legislativo financiado por el crimen organizado o, quien sabe, hasta el futuro
presidente de la república.
Por
eso, una bukelización no soluciona el problema, será otro maquillaje efectista,
mientras tanto los cadáveres seguirán muriendo.
