MANDELA

Hay hombres que remontan sus dificultades y se colocan por encima de las circunstancias y miran el horizonte. A esa raza perteneció Mandela. Fue el político que se convirtió en estadista y pasó a la Historia con mayúsculas. Incendiario de joven, violento; los largos años de privación de la libertad fueron el crisol donde se formó el futuro estadista. Inspirado en Gandhi, su prédica de la no violencia fue una estrategia política para obtener ventajas y posiciones de las flaquezas en la lucha por la igualdad de derechos a las mayorías negras en Sudáfrica. Fue vencer al apartheid con el desarme de la paz, cosa que de esa manera aislaba al monstruo de apoyo internacional y congregaba a su causa, en el frente interno, a los blancos de buen corazón. La prédica gandhiana no fue solo principista, fue lucha política, como la del Mahatma en su momento.

Y si bien el perdón al enemigo blanco una vez en el poder le granjeó enemigos entre sus propios hermanos negros, no menos cierto es que de haber cundido el revanchismo Sudáfrica se hubiese convertido en un escenario virtual de guerra civil o, en el mejor de los casos, en ingobernable. A veces en la historia se debe tender la mano al enemigo, para no perecer junto a él.

Que las cosas no se han solucionado y que las diferencias en su país siguen siendo abismales entre blancos y negros, es verdad. Pero para solucionar problemas difíciles en democracia falta tiempo y esfuerzo de talentos humanos como Mandela. Y, si bien la muerte vuelve íconos a ciertas personas, suerte de santidad laica, falta que se escriba la biografía crítica del gran líder sudafricano. Con sus luces y sombras. Esos contrastes que nos dicen más del hombre que la imagen de estampita que ya empieza a circular.

Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

UNIVERSIDAD, COSA DE LOCOS

No creo que las protestas de, sobretodo, las universidades públicas con respecto al proyecto de ley universitaria que se debate sea solo principista, más me parece obedece a intereses propios, de un sistema de argollas e intereses creados que se ha anquilosado al amparo de la ley vigente.

Pero tampoco creo que una nueva ley “resuelva el problema”. El proyecto que se debate tiene aspectos interesantes como el voto universal para elegir a las autoridades o la necesaria acreditación de las universidades, pero no va al problema de cómo alcanzar la idónea calidad educativa.

El último movimiento de reforma social de la universidad en América Latina data del “grito de Córdova”, hace casi un siglo, cuando la universidad se democratiza y se abre a los sectores medios de aquel entonces, pero el número de alumnos seguía siendo escaso. La universidad pública comienza a crecer en demanda a partir de los años cincuenta del siglo pasado cuando el proceso de modernización y urbanización atrae a sectores sociales postergados que tienen en la educación un vehículo de ascenso social. Por otra parte, frente a este fenómeno de aumento en la demanda educativa, los sectores dominantes no enfrentan el problema desde el gobierno, sino que deciden alentar la creación de nuevas universidades privadas y llevar a sus hijos a estudiar allá, desinteresándose totalmente de las universidades públicas que antaño cobijaron a la elite dominante. Es así que en los años sesenta se produce la primera gran oleada de universidades privadas, ahora ya consolidadas.

En los ochenta el sistema universitario estatal evidencia la crisis –que ya la jalonaba de años anteriores- por la penetración de Sendero Luminoso en las universidades públicas. Complicidades con el terror más que evidentes en muchos docentes, alumnos y autoridades universitarias, lo que unido a la notable baja de la calidad en la enseñanza, politización demagógica, mediocridad y casi nula investigación, coadyuvó a que muchos estudiantes eligiesen universidades privadas y el descrédito de las públicas se mantuviese como un estigma difícil de soslayar.

Y si bien el presupuesto es magro, algunas públicas  que gozan del canon tampoco han hecho grandes esfuerzos por modernizarse. El problema en las universidades públicas no es solo dinero (que es importante), es también competitividad y calidad educativa. Y eso no se consigue solo con una ley, por más buenas intenciones que tenga.

Terminada la etapa terrorista, el problema de la enseñanza pública no se soluciona, sino que se cubre con la facilitación de creación de nuevas universidades privadas. En los años noventa se produce la segunda gran oleada de universidades privadas. Se debió en gran parte a las facilidades para crear nuevas instituciones educativas al amparo de lo que se conoce como “universidades empresas”, es decir entidades de educación superior reguladas como sociedades anónimas; no solo en Lima, sino también en otras ciudades del país. El dictum, conforme a la prédica neoliberal vigente en aquellos años, era que el mercado podía corregir los problemas educativos por si solo aumentando la oferta de los centros de enseñanza, algo que los hechos demostraron no fue así.

A la fecha estas “universidades empresas” se encuentran igualmente consolidadas y han penetrado incluso el poder político con representantes en el Congreso de la República o fungiendo de autoridades ediles o regionales.

Pero el boom universitario privado trajo un hecho importante: muchos alumnos de los estratos medios y populares pudieron acceder a estudios superiores a un precio razonable, lo que bajó la presión por acceder a la pública como fue hasta la década de los ochenta; aparte que las universidades públicas post sendero no pasaron por la necesaria reforma que era necesaria para adecuarlas a los nuevos tiempos. Falta de presupuesto, malas administraciones, conformismo y mediocridad entorpecieron el cambio.

Pero el problemas de las públicas no es solo presupuesto (muchas gozaron y gozan del canon y no hicieron grandes intentos por elevar la calidad educativa), ni tampoco solo elevar el sueldo a los profesores (que se lo merecen, pero debería revisarse la homologación que la vigente ley universitaria establece); sino creo que va más por criterios de competencia y de mejorar los estándares de calidad, para lo cual se haría necesario que los incentivos a las públicas sean otros y obedezcan más a cumplimiento de metas que a simple “pliego de reclamos” como sucede en la actualidad.

Volviendo al fenómenos del crecimiento en número y cantidad de alumnos de las universidades privadas, si lo trasplantamos a términos de oferta y demanda podemos decir que la mayor oferta educativa permitió satisfacer la creciente demanda de los sectores medios emergentes y niveló los precios (traducidos en derechos de enseñanza), existiendo una serie de productos de distinta calidad y precio. Desde uno barato y de dudosa calidad hasta otros más caros pero mejores (aunque en algunos “caros” bien se aplicaría la máxima no todo lo que brilla es oro). El resultado es que existen universidades locales con calidad muy buena, buena, regular y francamente malas.

Asimismo, esta mercantilización hizo cambiar de estatus a alumnos y docentes. Los primeros son vistos como “clientes” por los propietarios de las “universidades-empresa”, dejando de lado el concepto de alumno o, mejor aún, discípulo que debería ser el paradigma en la enseñanza. Mientras los profesores son vistos como simples operarios educativos, “costos reemplazables”, limitando notablemente la libertad de cátedra del maestro. El resultado, grosso modo, ha sido que muchas universidades nuevas sean en el fondo solo colegios o núcleos escolarizados, más no centro de debate de ideas o de investigación.

Que esa gran oferta educativa variopinta deba ser regulada, es necesario. Y acá no valen coartadas apelando a la bendita “autonomía universitaria”. Existen muchas universidades que solo lucran tanto en las universidades empresas como en las “sin fines de lucro”, es cierto; pero también existen las buenas, aquellas que buscan conseguir excelencia académica e investigación.

Un medio de poner orden en la calidad educativa es con la acreditación, pero me temo que como está planteada sea más un formalismo que un sello de calidad. De repente es hora de dar otro paso audaz como en los años noventa, pero esta vez de liberar la oferta educativa universitaria nacional y permitir el ingreso de universidades extranjeras con estándares de calidad. La tecnología ya lo permite para ciertas carreras y es posible ampliarlas. Lamentablemente en ese aspecto las universidades nacionales (públicas o privadas, tipo empresas o sin fines de lucro) se muestran reticentes. La respuesta es obvia: ninguna de nuestras universidades (ni públicas o privadas, ni las empresas o las sin fines de lucro) se encuentra dentro de las quinientas mejores del mundo. Ninguna.

Un poco de competencia haría bien a nuestras viejas y no tan viejas universidades; aunque de repente de aprobar medida tan audaz veamos otras marchas como las vistas anteriormente, apelar de nuevo a la sacrosanta “autonomía universitaria” o hacer lobby a algunos congresistas con fuertes vínculos en el negocio educativo a fin que dicha norma no se apruebe. No sería extraño.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

FAMILIA Y MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de declarar inconstitucional la ley que exceptuaba de beneficios legales y tributarios a los matrimonios entre personas del mismo sexo otorga un gran impulso a la legalización del llamado matrimonio igualitario.

Ello a su vez permitirá que, tarde o temprano, en distintas legislaciones del mundo se posibilite el matrimonio hasta ahora reservado a los heterosexuales, incluyendo a nosotros (ya se han presentado distintos proyectos de ley en lo tocante a los efectos patrimoniales); culminando así un proceso de reivindicación de derechos por parte de las minorías sexuales que por lo menos lleva cincuenta años desde la revolución contracultural de los años sesenta.

En los años sesenta era impensable que se reclamase “el matrimonio gay”, dado que hubiese significado una aberración al ambiente de libertad sexual respirado en aquellos años. La reivindicación del matrimonio entre personas del mismo sexo vendrá mucho después y en cierta manera representa la institucionalización de un grito de libertad o si se quiere “el ingreso a sociedad” de las minorías que antaño reclamaban su libertad sexual.

Precisamente la reivindicación de distintas opciones sexuales nace en contraposición a lo establecido, es decir el matrimonio y la familia tradicional. La opción de libertad sexual en sus inicios busca minar y cuestionar las formas tradicionales que adquirió el matrimonio y la familia a través de milenios y que encontró en el cristianismo quizás la forma sacrosanta de legitimación más sólida desde el punto de vista ideológico (la reproducción de la especie bendecida por la Iglesia), lo cual pervivió más allá de la etapa liberal de laicización del estado.

Desde ese punto de vista ni la familia ni el matrimonio han muerto, más bien producto de una serie de factores sociales y económicos se han adaptado instituciones diseñadas con otra finalidad y para personas de géneros distintos; asumiendo las minorías excluidas derechos y deberes propios de las mayorías.

Podemos decir que es la historia que se repite como en otros reclamos ahora ya consolidados. Fue el caso de las sufragistas de inicios del siglo XX que pedían derechos políticos para la mujer o el reclamo por los derechos civiles de las minorías negras y latinas a mediados del siglo pasado. Son procesos históricos por los que grupos marginados van accediendo a los derechos de los que antaño se encontraban excluidos y que solo los detentaba un grupo social, étnico o religioso.

Por eso ni la familia ni el matrimonio como instituciones “han muerto” como sostienen los que se oponen al matrimonio igualitario. Lo que debemos acostumbrarnos en los próximos años y décadas es a tener por vecinos a una pareja del mismo sexo que lleva a sus hijos a la escuela, que discute, que se pone de acuerdo, que vuelve a discutir, que se es infiel mutuamente, que se divorcia o logra salvar su matrimonio. En fin, ni más ni menos como cualquier otro ser humano.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

DISCRIMINACIÓN POLÍTICAMENTE INCORRECTA

La multa de S/. 370,000 nuevos soles impuesta por Indecopi a la Discoteca Gótica por discriminación es quizás una de las más elevadas e indica que “lo políticamente correcto” ha sentado definitivamente sus reales en el Perú (o en parte de él).

 Es cierto que en un país como el nuestro el Estado debe tener políticas claras y draconianas contra todo signo de discriminación, sea discriminación racial, de género, étnica, de opción sexual, religiosa, económica, social o de cualquier otra índole. No basta con las declaraciones líricas, sino hechos ejemplarizadores concretos como el de la multa a la Discoteca Gótica; sanciones que emitan “señales” que esos actos se encuentran vedados y permitir materializar cada vez más la entelequia o ficción legal que “todos somos iguales ante la ley”.

 Sin ir muy lejos, hace poco estuve en una diligencia en una institución del propio estado (el Ministerio Público) y pude constatar que a un ciudadano que se notaba de origen humilde, rasgos andinos y de castellano poco fluido, casi no lo dejan entrar (tenía también una diligencia). Ni el vigilante ni los funcionarios de la Fiscalía se mostraron solícitos con el recién llegado sino todo lo contrario, y le pidieron mil y un documentos, terminando la funcionaria pública a cargo de la inspección con un lacónico y despectivo “que espere”. Así estamos en el Perú de hoy.

 Pero mi reflexión apunta hacia otro lado. ¿No estaremos perennizando una “verdad única” y “discriminando” cualquier idea diferente? Es decir, en aras de lo “políticamente correcto” ¿no estaremos virando hacia el otro extremo y segregando cualquier diferencia incómoda? O, en otras palabras, ¿no estaremos exagerando con respecto a esa verdad unívoca?

 Algo de ello sostenía Umberto Eco en un artículo con respecto a Estados Unidos, donde si un profesor blanco desaprueba a un alumno negro puede ser tildado de racista. Philip Roth tiene una novela al respecto, La mancha humana, sobre estas cosas que ocurren en el país del norte, donde un respetado profesor universitario sufre todo un calvario y la expulsión de su centro de enseñanza, supuestamente por haber dirigido un comentario racista a unos estudiantes negros. Incluso por allá no se puede aludir al color de piel como “negro”, sino con el eufemismo “de color”.

 Creo que esa moda de lo políticamente correcto está cimentándose en nuestro país. No solo por la fuerte multa (que se la merecía la discoteca de marras), sino por la suerte de “confesión de culpa” que debe hacer pública. Algo así como cuando en épocas pasadas el inculpado abjuraba de un credo religioso inspirado por Satán para abrazar “el verdadero”; o cuando en las purgas estalinianas “el traidor” abjuraba de desviacionismo ideológico inspirado por “el diablo de Trotsky” para abrazar el credo “verdadero” de Stalin. Es que la resolución contra la discoteca la obliga a un mea culpa en toda la regla:

 "Gothic Entertainment S.A. informa al público en general que en la discoteca "Gótica" se encuentran prohibidas todas las prácticas discriminatorias a consumidores por cualquier motivo, incluyendo distinciones injustificadas por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, opción sexual o cualquier otro motivo".

 Me arrepiento de mis pecados, abjuro de estos y a partir de la fecha “me voy a portar bien” y abrazar la “verdad oficial”. Algo de eso se percibe en el citado anuncio que debe colocar la discoteca sancionada en su página web y a la entrada de su local. Como que la intolerancia está virando hacia el otro extremo, y todo extremo es peligroso.

 ¿Qué pasaría si un establecimiento es discriminatorio explícitamente? Ejemplo: una discoteca exclusiva para gays, lesbianas o transexuales que expresamente no admite heterosexuales. ¿Estará obligada a aceptar un heterosexual que quiera ingresar? O un restaurante-bar exclusivo para mujeres. ¿Deberá aceptar hombres bajo pena de discriminación? O vayamos a un ejemplo menos extremo: una universidad de confesión católica, ¿deberá estar obligada a permitir el ingreso de un alumno de religión evangélica o tomar los servicios de un profesor ateo o por lo menos agnóstico, bajo pena de ser discriminadora? Yo soy agnóstico y docente universitario por añadidura, y si una universidad no me contrata porque exige profesores de una determinada confesión, que vayan a misa todos los domingos, se confiesen y comulguen regularmente, sus padres hayan contraído matrimonio religioso y tenga pedigrí ciento por ciento católico, no me sentiría discriminado. Es más, no postularía jamás a una universidad así, aunque entienda su postura confesional. 

Dejo al lector estas inquietudes. Si bien luchar contra la discriminación es bueno y se debe hacer en todos los niveles de la sociedad y del estado, caer en los excesos no es prudente. Todo exceso es malo y no vaya a ser que terminemos como el recordado personaje de la novela de Philip Roth. 

Eduardo Jiménez J. 
 ejjlaw@yahoo.es

GRADUADOS EN DERECHO DEMANDAN A SUS UNIVERSIDADES POR NO ENCONTRAR TRABAJO

La noticia la encontré en internet hace algún tiempo. La verdad pensaba que se trataba de una noticia local. De repente alumnos que se habían sentido estafados luego de estudiar cinco o seis años en alguna universidad nueva, de esas que tanto existen ahora; eso sí, con permiso de la asamblea nacional de rectores y con todas las de la ley; y que ahora se rasgan las vestiduras para exigir la “autonomía universitaria”.

Pero no. La noticia procedía nada menos que de los propios Estados Unidos. Como que en todas partes se cuecen habas.

El asunto va más por engaño al consumidor. Es decir que al ingresar les hicieron el cuento que conseguirían empleo rápido y fácil, y al final la cosa no fue tan color de rosa. Algunos de los graduandos debieron aceptar cualquier trabajo no tan bien pagado o dedicarse a labores secundarias para sobrevivir, como trabajar en tiendas por departamentos. Si acá tenemos a los taxistas más ilustrados, allá tienen a los vendedores mejor letrados. En fin, cuestión de óptica.

Con esto de la crisis, ciertas universidades norteamericanas no tuvieron mejor idea que maquillar las cifras de empleabilidad de su alma máter en el mercado, con lo que persuadían a incautos para matricularse en su escuela de leyes. Algo parecido a lo que sucede por estos lares, donde a muchos chicos se les engaña con el cuento de la empleabilidad inmediata o los modernos laboratorios de cómputo. Bonita fachada, pero poco contenido.

Por lo visto en Estados Unidos también existen las “universidades chicha”. Curiosamente cuando un nacional con gran esfuerzo va a ser un post grado en una de estas universidades de tercera del país del norte, al regreso casi tiene contratación inmediata. No importa donde haya estudiado, con tal que haya sido en Estados Unidos. Colonialismo mental que le dicen.

Quizás la demanda de estos chicos no prospere, pero por lo menos han sentado su protesta. Tampoco se puede explotar impunemente la credulidad de la gente. A fin de cuentas, no están en el Perú.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

CHILE, 11-S

Hace exactamente cuarenta años se produjo una de las más brutales dictaduras en América Latina, una de las últimas al viejo estilo, cuando “al imperio” no le gustaba algún gobierno de corte izquierdista.

Salvando distancias, el gobierno de Pinochet es un parteaguas de la sociedad chilena, como el gobierno de Francisco Franco lo fue en España: Uno puede estar a favor o en contra, pero difícilmente se puede ser neutral. Ello sucede en Chile y fuera de Chile.

Curiosamente las huellas del “estilo Pinochet” van más allá de su existencia física: el modo de vida consumista de la sociedad chilena, la apertura liberal en economía, la privatización de muchos servicios, y en un plano jurídico-político, la Constitución que aprobó, la que, con leves retoques, se mantiene hasta el presente.

La privatización en la educación ha dado lugar a múltiples protestas de los estudiantes; a pesar de ello se mantiene intocable, aunque la candidata Bachelet promete revisar el asunto, lo que no hizo cuando fue presidenta. Igual sucede con el espinoso tema de la Constitución Política. Los chilenos están en un debate similar al que tuvimos nosotros tras la caída de Fujimori. “Refundar la república”, “un nuevo pacto social”.

Pero más allá de nuestros gustos o antipatías lo cierto es que la desigualdad entre ricos y pobres es grande en Chile y ningún gobierno ha querido comprarse el pleito de una reforma que pasa necesariamente por la forma de tributar de los que más tienen.

Otro problema social que enfrentan los chilenos es la reforma del sistema previsional, modelo que nosotros “importamos” del sur. Ya se cuestiona un poco el modelo que sirvió de alternativa al sistema público, como que requiere ajustes y, quien sabe, de repente hasta comenzar a debatir el reforzamiento del sistema público solidario, sobretodo a la luz de un hecho que ensombrece Europa: los viejos viven más y no hay muchos jóvenes que reemplacen a los que dejan la actividad laboral. El sistema previsional privado por si no resuelve ese problema, ni lo puede resolver, por lo que requiere de algo que no gusta mucho a los neoliberales: mayor Estado.

Sería interesante que también se revise otro mito chileno: el del “despegue al desarrollo”, el del inminente “salto” al primer mundo. Con cifras tan abismales de desigualdad difícilmente un país puede considerarse del primer mundo, menos estando en democracia.

Chile cuarenta años después del golpe es un espejo donde podemos mirarnos, valdría la pena no ser tan entusiastamente optimista y ver los graves defectos que tiene la sociedad chilena post Pinochet. Los propios chilenos ya lo están haciendo.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

EGIPTO EN LLAMAS, LA DEMOCRACIA TUTELADA, LOS HERMANOS MUSULMANES

El gobierno nacionalista de Nasser en los años cincuenta supone una modernización “en autocracia” de las estructuras políticas de Egipto y una apertura más amplia a las costumbres occidentales, respetando la cultura islamista propia de la sociedad egipcia. Obviamente no implicó poner los cimientos de la democracia representativa, ni muchos menos, situación que no se encontraba ni remotamente en los planes nacionalistas de los entonces jóvenes militares que depusieron al rey Faruk. Son gobiernos militares que le van a dar al país “estabilidad en autocracia”, estabilidad que concluye tras la primavera árabe. En paralelo, por aquella época, los Hermanos Musulmanes, grupo religioso fundamentalista, tiene una marcada oposición al gobierno de Nasser, tras una breve convivencia política. Derrocado Mubarak luego de la primavera árabe, asume la presidencia Mohamed Mursi, líder de los Hermanos Musulmanes.

El año de Mursi en el gobierno fue de tensión con la cúpula militar, quienes no soltaron el poder real más allá de las formalidades y ritos democráticos. Con una economía marcadamente estatista, fueron el poder detrás del trono. Como sucedió con muchos gobiernos civiles en la América Latina de los años ochenta, el de Mursi fue una “democracia tutelada”. Por más que quiso “teocratizar” la sociedad y la política, difícilmente podía ejecutar sus planes. Esa tensión llegó a su clímax con el golpe de estado en Julio pasado.

La secuela de virtual guerra civil evidencia la fortaleza en por lo menos parte de la sociedad egipcia de los Hermanos Musulmanes. Entrenados en la clandestinidad por largas décadas, difícilmente la propuesta de ilegalizar el movimiento les hará mella, probablemente les fortalezca, y agudizará las contradicciones políticas.

Lo ocurrido en Egipto, donde en elecciones libres gana una organización teocrática, hace pensar dos veces en la secuela que puede tener la primavera árabe en el Medio Oriente. En un contexto más religioso que secular, los que cosecharán los dividendos de la apertura son los grupos islamistas extremos, no muy afectos a las libertades de la persona al estilo occidental; trayendo una paradoja: de una dictadura se pasa a otra.

Ello también trae un dilema principista y que no tiene respuesta única: ¿un gobierno elegido libre y democráticamente debe ser respetado su mandato o puede ser revocado de facto?

Los principistas señalarán que debe ser respetado su mandato; pero habría que recordarles que el gobierno de Hitler subió al poder por elecciones libres y ya conocemos ampliamente lo que sucedió después. Es un problema cuya solución es compleja y no pasa por el simple “deber ser”.

A nivel geopolítico Estados Unidos preferiría mantener a las antiguas dictaduras a modo de la política de apoyo a los gobiernos tiranos en América Latina durante las décadas pasadas, antes de arriesgar abrir más “la caja de Pandora” en que se ha convertido la primavera liberal del Medio Oriente. Aunque tampoco se puede permitir “el lujo” de dejar que Egipto se desangre en una virtual guerra civil, dado que es uno de los pivotes de estabilidad política en la zona.

Lo sucedido también hace reflexionar si los países del Medio Oriente se encuentran preparados para vivir en democracia. Algo similar se pensaba con respecto a nosotros años atrás. Creo que merecen apostar por afrontar los riegos del cambio. Es cierto que los riegos son bastante elevados, más en el contexto teocrático que se respira en la zona; pero la única manera que una sociedad madure es en el ensayo-error. De repente la democracia, como la entendemos nosotros y que nació y se desarrolló en Occidente, debe ser adaptada a sus formas culturales, distintas a las nuestras. De repente.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD A LOS DIEZ AÑOS

Un frío día del mes de Agosto del año 2003 Salomón Lerner, en calidad de Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, le entregaba al entonces presidente Alejandro Toledo el Informe Final, constituido en una serie de volúmenes que hasta ese momento era el estudio más prolijo y detallado de la génesis y los años del terror.

Creo que es ocioso especular si debió o no crearse la Comisión. Total, muy al margen de nuestras preferencias o antipatías es un hecho consumado. Igual sucedió con “la polémica” en torno al número de muertos. Si fueron 25,000 o 70,000 no es relevante en cuanto a los hechos acaecidos. Es como especular si en la II Guerra Mundial el número de judíos asesinados fue 6 o 60 millones, ello no quita la sistemática genocida del nazismo.

Otro mito en torno al Informe es que exculpaba a Sendero Luminoso. El informe determina la responsabilidad principal de SL. Ahora bien el uso del término “guerra interna” no implicó un estatus especial a los senderistas capturados, como de hecho fue así. Ninguno de ellos ha gozado o goza de un estatus de “prisionero de guerra”. Fue otro mito en el aireado debate luego de publicitado el informe.

Más allá de si se cumplieron o no sus recomendaciones, fue mucho más importante darle voz a los sin voz, a esa enorme cantidad de ciudadanos anónimos de pueblos remotos y desconocidos, que sufrieron el fuego y represalia de las fuerzas del orden y de las fuerzas del terror. Ello fue importante. Escucharlos y elevarlos a la real condición de ciudadanos.

Las recomendaciones del Informe Final no son “la verdad absoluta”. Me explico. El Informe de la CVR no es la Biblia. No es “la palabra revelada” que debe seguirse a pie juntillas de manera inmutable. Es un hito importante en el estudio y reflexión del fenómeno terrorista que puede y debe ser perfeccionado y superado; incluso para contradecirlo. La crítica más que ideológica debe ser científica, rebatir con fundamento lo que en el informe se dijo. Pero tan importante como las investigaciones que se realicen, es tener una memoria viva, no olvidar lo que sucedió. Si ahora resurge Sendero bajo otras etiquetas y consigue adeptos es porque muchos jóvenes no saben cabalmente lo que pasó en aquellos años, a tal punto que algunos creen que Abimael Guzmán fue un “luchador social” y por eso merece ser amnistiado. Por ello la memoria viva es importante para que no se repita la historia.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

BONOS DE LA REFORMA AGRARIA, RECESIÓN EN CAJAMARCA

Me parece que existe un hilo conductor entre dos hechos distantes en el tiempo y en los actores involucrados: la reforma agraria de 1969 y su último coletazo con el pago de los bonos emitidos por el estado hace más de cuarenta años; y la más que probable recesión en la región Cajamarca el día de hoy, post Conga, lo que traerá como secuela mayor pobreza y baja calidad de vida para sus pobladores.

Desde el punto de vista económico, la reforma agraria del gobierno militar fue un total fracaso. La parcelación en pequeñas unidades productivas de las grandes haciendas del Perú oligárquico trajo pobreza y atraso al campo. Sin la debida asesoría técnica y financiera, el minifundista se vio obligado a trabajar para subsistir, y los bajos precios que se le pagaban por sus productos subsidiaban a la ciudad. Esa situación más o menos se ha mantenido: según el censo agrario el minifundio es predominante, y difícilmente en ese contexto se puede erradicar la pobreza y el atraso. Son ciudadanos que votarán por líderes mesiánicos, esos de verbo inflamado y escasa actitud para el gobierno. Los programas que han querido apoyar al agro son más paliativos que verdaderas soluciones y, a todas luces, como están las cosas, necesariamente se debe retomar la economía de escala que permita una mejor productividad de las tierras.

Pero,  la reforma agraria trajo un hecho social y político impensable para los diseñadores del modelo: asumir la condición de ciudadanía con derechos inherentes en una mayoría de peruanos que dejaron la servidumbre y formas de explotación pre capitalistas.

Muchos migraron a la ciudad en busca de mejores oportunidades, produciéndose el proceso de expansión urbana que todos conocemos, lo que a su vez los convirtió en citadinos y a sus hijos en ciudadanos de primera categoría en un país desigual. El medio empleado para el ascenso social fue el mismo que se utilizó en distintas épocas y latitudes: la educación.

Cuarenta años después de todo este proceso, la reforma agraria nos vuelve a asaltar con un asunto colateral a esta: los bonos con los que se pagó la expropiación de las grandes haciendas. La expropiación no se pagó al contado -como ahora lo prescribe la propia constitución política- sino por medio de bonos. El estado se comprometía a pagar en veinte años la deuda agraria; sin embargo, como sucede en países como Perú, la deuda no llegó a pagarse del todo y muchos se quedaron con papeles inservibles y una vaga y lejana esperanza de ser redimidos algún día por algún gobierno que tuviese a bien honrar la obligación. Conozco familias de linaje aristocrático arruinadas con la reforma y viviendo dignamente su pobreza; otros aprovecharon el momento. Hubo de todo.

Muchos por la necesidad vendieron a precio vil sus bonos, gran parte de los cuales se encuentran en manos de especuladores que pacientemente esperaron a que el estado peruano, tarde o temprano, redima la deuda; y ahora que nuestro país se porta más serio y tiene más dinero, es hora que los pague. Y ahí viene el problema quizás más ético que legal.

El presidente del Tribunal Constitucional que ordenó el pago de los bonos de la reforma agraria fue empleado de uno de los principales tenedores de estos papeles: el Banco de Crédito. Bueno, se dirá fue empleado en tiempo pasado. Pero por ese solo hecho y teniendo en cuenta que ese funcionario de la más alta magistratura tiene derecho a votar doble, en su doble condición de miembro del TC y presidente del tribunal, debió abstenerse. Cuestiones de guardar formas, quizás “cuestiones de viejos” para muchos. De repente; pero la mujer del César no solo debe ser honrada...

Y a tal punto ha sido el escándalo luego de la votación que por allí uno de los magistrados de nuestro “guardián de la constitución” ha pedido la nulidad de su voto, con lo que se torna precaria la seguridad jurídica en torno a la polémica resolución del pago de los bonos agrarios.

No voy a entrar en el debate si la deuda agraria ya prescribió como sostiene un sector de juristas; eso es harina de otro costal. Yo creo que no, pero el asunto merece airearse. Tampoco entraré en el problema formal del procedimiento, que tiene sus bemoles, y hasta se comenta por ahí de un “escrito fantasma” que originó la resolución del TC. Habría que establecer previamente si quien suscribió el escrito tenía poder de representación suficiente y si este estaba vigente o no al momento de los hechos; así como si el Tribunal Constitucional se encontraba facultado a establecer los parámetros del pago de los bonos. Personalmente creo que eso era más competencia del legislador que del juez supremo constitucional.

Menos comentaré la propuesta, un tanto descabellada, de “justicia poética” del historiador Antonio Zapata, en el sentido de pagar los bonos solo de los que compraron legítimamente las tierras de las haciendas expropiadas durante la reforma agraria; asunto peliagudo y de difícil solución práctica. Mucho menos viable me parece la posición de los que discriminan sin mayores argumentos entre pagar a los expropiados originales o a sus legítimos herederos y no pagar a los terceros que compraron los bonos; lo cual nos traería más de un problema no solo legal y constitucional, sino internacional. Pero es un hecho que el problema tiene sus aristas y va más allá del simple pago.

Se dirá ¿qué tiene que ver todo esto con Cajamarca y en especial con los actores del affaire Conga?

La conexión es que esos actores, Gregorio Santos, el padre Arana y todos los demás, son “hijos de la revolución”, de la reforma que los convirtió en ciudadanos y que ahora reclaman sus derechos desde un plano de paridad política. Según nuestras abuelas serían unos igualados; pero son ciudadanos ya no siervos de la hacienda.

No les doy la razón en sus exigencias, porque me parece la estrategia y las alternativas de solución que plantean están equivocadas. Huelen a sebo de culebra. Los políticos regionales se han convertido en los nuevos curacas como acertadamente los califica el sociólogo Gonzalo Portocarrero. Persiguen ocupar el lugar de los antiguos hacendados y de los partidos nacionales que brillan por su ausencia; pero a su vez no rompen con el establishment, con el orden establecido, sino que utilizando un lenguaje radical y azuzando a las masas buscan “acomodarse” en el sistema. Claro, para eso se requiere identificar un “chivo expiatorio” como el culpable de todo el atraso, la pobreza y la desigualdad en la región, y darle duro y parejo. El caso de Ollanta Humala como esta suerte de líder mesiánico y salvador es el más conocido, y el más patético y decepcionante también.

Cajamarca es esencialmente minera y difícilmente el agro como está y menos el turismo pueden sustituir los ingresos que proporciona la minería. Más inteligente que la ciega oposición al proyecto Conga de Santos, Arana y compañía era aprovechar esos recursos que genera la gran minería para invertir en educación, salud e infraestructura, y que Cajamarca salga de la pobreza. Pero optaron por el camino de la demagogia y la agitación que produce muy buenos réditos políticos a corto plazo, y los resultados ya los vemos: la región Cajamarca va camino no solo a la recesión, sino a convertirse en la región  más pobre del país. Y ¿creen que a Yanacocha –la empresa concesionaria de Conga y el chivo expiatorio culpable - le ha hecho algún daño? Ninguno que no puedan paliar. Más bien su plan B es llevarse la inversión que pensaban destinar a otras regiones más amigables. Así es el capital, nos guste o no.

Cuarenta años después, los efectos económicos negativos de la reforma agraria dan como resultado que las variables sociales y políticas se muevan en otro sentido. De repente se hace necesaria una madurez de la clase política regional. Dependerá cómo solucionen los problemas de quienes dicen representar: con demagogia y más pobreza o con sensatez y pragmatismo.

Dependerá cómo estos hijos de la revolución afronten los nuevos problemas para saber si estamos ante una clase política madura y que encare con realismo los retos del siglo XXI o si estaremos ante otra oportunidad perdida.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

LA GRAN CONTINUACIÓN: AL TERCER AÑO DEL GOBIERNO DE HUMALA

El pronunciar un discurso sin sorpresas es bueno, en el sentido que nos aleja de anuncios cataclísmicos, de parteaguas polarizantes como el anuncio de la estatización de la banca en el primer gobierno de García o los confrontacionales discursos de Fujimori contra los “políticos tradicionales” en los años noventa. En ambos casos, la confrontación pura y dura cavó las tumbas políticas de los dos ex presidentes. En el caso de García le costó años de ostracismo y a Fujimori la cárcel.

 

Pero si el no anuncio de decisiones apocalípticas, así como continuar con lo positivo de sus antecesores en el cargo, nos aleja de la inmadurez y los complejos de Adán; un discurso de recuentos y buenas intenciones vacías como que no satisface las expectativas. Se parece a esos sánguches light que son vistosos pero no llenan. Algo de eso pasó al escuchar este 28 de Julio al presidente Humala comenzando su tercer año de gobierno.

 

Por lo general cuando no se dice nada puede deberse a dos supuestos: u oculta algo muy secreto y no lo quiere divulgar, por lo que “distrae” con actitudes intrascendentes; o sencillamente no tiene nada que decir. Creo que en el caso de nuestro presidente fue lo segundo.

 

El cambio de la gran trasformación a la hoja de ruta y luego a la gran continuación (o gran decepción como otros la califican) fue tan vertiginoso en el ahora presidente Humala que cuesta creer en cambios tan radicales y sinceros producidos en tan corto tiempo. Un cambio tan radical y rápido como, por ejemplo, el supuesto improbable de ver de la noche a la mañana a Lourdes Flores exhortando a sus huestes a incendiar la sede central del Banco de Crédito o de la Confiep. Difícil de creer.

 

Pero a Ollanta Humala creo le sucedió lo que a muchos otros presidentes de izquierda en el continente: perdió su autenticidad cuando llegó al poder. El libreto propio fue sustituido por otro, el cual no le convence mucho ni a él cuando lo dice ni a su auditorio cuando lo escucha, pero lo debe seguir si quiere mantenerse en el poder. Por ello, cuando de vez en cuando le sale su “corazoncito chavista” se aprecia al Humala auténtico, al nacionalista que quiso comprar Repsol o estatizar la economía como único camino al desarrollo. Es el Ollanta Humala que tiene como inspiración directa la prédica revolucionaria del general Velasco, el Humala que estoy seguro se conoce de memoria los discursos del “general de los pobres”. Ese es el Humala más natural, el que de vez en cuando “sale del closet” y vuelve a meterse cuando arrecian las lluvias de críticas. Y, salvando las distancias y los personajes, lo mismo le pasaría a Gregorio Santos o al Padre Arana en el muy improbable caso que lleguen a la presidencia de la república: una vez en el poder estarían tratando de persuadir sin mucho éxito a sus seguidores que la ortodoxia económica y el dejar hacer del mercado son los mecanismos idóneos para el desarrollo (y de refilón exclamarían que “Conga va”).

 

Esas contradicciones entre “el antiguo y el nuevo Humala” lo agarran en el tercer año de su gobierno sin convencer demasiado en su nuevo papel de custodio del establishment y guardando en el desván de los recuerdos al antiguo e incendiario personaje antisistema. Lo malo es que lo coge en un momento donde el “piloto automático” de la economía no va a ser suficiente, donde los poderes fácticos están pendientes de cautelar sus intereses al menor desvío del presidente, y con un peligroso aislamiento político que lo puede hacer cometer graves errores. Y son tres años los que tiene por delante.

 

Por lo visto, la gran trasformación está enterrada y difícilmente va a resucitar; pero la gran continuación tampoco lo va a ayudar mucho.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

LA REPARTIJA

Existen ciertos hechos que marcan una línea divisoria, un parteaguas. La repartija del miércoles 17 es uno de ellos, donde la mayoría de Gana Perú, en alianza con los fujimoristas, Perú Posible y como furgón de cola el PPC se repartieron diez importantes cargos públicos. Sintomático de lo bajo que ha caído la política peruana y que puede seguir cayendo más.

Y si bien los partidos políticos involucrados sea activa o pasivamente, dieron marcha atrás, con mea culpa incluido; existen varias lecciones que extraer de ese aciago 17 de Julio. La primera que el partido de Ollanta Humala oficialmente se estrena como un “partido tradicional más”. No solo porque entró de lleno a los vicios más usuales de los partidos que tanto denostó de candidato; sino debido a que en la noche de ese 17 de Julio reprimió con dureza toda oposición beligerante al contubernio producido en el hemiciclo horas antes, comportándose como un partido en el gobierno autocrático y represor. Del discurso incendiario y ruidoso del nacionalista de hace apenas cinco años atrás, apenas quedan cenizas. De la promesa de la gran trasformación no queda ni la hoja de ruta. Con una carencia programática absoluta, ambigüedad y grisura partidaria, y factores externos poco propicios, es muy difícil así que pueda ya no ganar las elecciones del 2016, sino siquiera culminar decentemente los tres años que todavía le restan a su gobierno y tener una mayoría que le permita “blindar” al presidente y no termine acusado en una megacomisión como su colega García. Evidentemente que el partido nacionalista no es el partido revolucionario y trasformador que muchos creyeron y por el que votaron ilusionadamente millones de peruanos en el 2006 y el 2011. Quizás con la repartija buscaron copar puestos claves en el Tribunal Constitucional a fin de allanar el camino a la presidencia de la primera dama (y de paso liberar, solapa nomás, al hermanísimo Antauro). Lo malo es que Humala está perdiendo legitimidad a ritmo impresionante y alejándose vertiginosamente de una continuidad hacia el 2016; salvo que practique las triquiñuelas legales a las que era afecto Alberto Fujimori, las que se hacen vía el TC o el JNE; triquiñuelas que la ciudadanía ya no está dispuesta a aceptar, como lo están demostrando las continuas manifestaciones de estos días.

En cuanto a los fujimoristas, existen dos reacciones contrarias. Las que suscita de rechazo su candidato al TC, Rolando Sousa; y la actitud de Keiko Fujimori, con reflejos rápidos para posicionarse en la escena con una crítica hacia todo el proceso de elección y sintonizar así con el sentir de la ciudadanía, cuando su partido horas antes había avalado la repartija.

Los apristas no se quedaron atrás gracias a los reflejos rápidos de Alan García, que si bien no lo libran de la posible inhabilitación política, más que seguro su partido obtendrá el 2016 una cantidad mayor a los cuatro congresistas de este quinquenio. Curiosamente si García es inhabilitado políticamente, sale ganando Keiko, así que los nacionalistas al final no saben para quien trabajan (y de repente, al paso que van, son ellos los que el 2016 apenas van a obtener cuatro congresistas).

En cuanto a Perú Posible y el PPC se comportaron como lo que son: “furgón de cola” de una mayoría, deseosos de tener siquiera un cargo que les permita contar con presencia política y puestos públicos para los militantes. Con esas actitudes uno va camino a la extinción y el otro a ser lo que siempre fue: un partido netamente limeño.

Pero, nombrar  impresentables como un abogado defensor de narcotraficantes y corruptos; una abogada expulsada de la administración pública por incompetente y saqueadora contumaz de una Fundación a su cargo, con propiedades misteriosamente adquiridas en los últimos años por más de medio millón de dólares; amén de otro abogado (a jurista no llega), ayer profesor mediocre de derecho constitucional en una universidad católica -según confesión de sus propios ex alumnos de la maestría donde enseñaba- y hoy embajador político y entusiasta defensor de la candidatura presidencial de la primera dama; aparte de otros candidatos de trayectoria gris, cuyas únicas cualidades son tener carné de algún partido político metido en la repartija y descartar candidaturas más decentes e idóneas, demuestra no solo lo mal que se encuentra el sistema de partidos, sino las consecuencias de no haber hecho estos la reforma (o auto reforma) una vez recobrada la democracia en el 2001. Ningún partido político de ese entonces se atrevió a tanto, un poco por intereses externos y otro poco por intereses personales. Ahora vemos las consecuencias.

Otra lección que podemos extraer de la minicrisis de la repartija es que, previa reforma constitucional, ciertos nombramientos importantes como los directores del Banco Central de Reserva, los magistrados del TC o el Defensor del Pueblo es preferible que los vea un órgano autónomo, técnico y sin tanta presión política. Pienso en el Consejo Nacional de la Magistratura, vía ampliación de competencias, pero puede ser otro; incluso –no seamos pacatos- alguna consultoría seria y de probada reputación. Lo importante es que estos nombramientos importantes no tengan una naturaleza política, sino más técnica y académica; sino luego de un tiempo vamos a presenciar de nuevo otra repartija como la del aciago 17 de Julio.

Mención aparte merecen los jóvenes que, gracias a las tecnologías modernas, convocaron rápidamente una manifestación contra el cuoteo que desvergonzadamente el Congreso había perpetrado horas antes. La dignidad tuvo rostro de juventud en ese momento, lo cual es positivo. Fueron nuestros indignados.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es