Friday, February 28, 2014

VENEZUELA, ENTRE EL AUTORITARISMO DEMOCRÁTICO Y LA LLANA DICTADURA

El socialismo del siglo XXI era, en esencia, un nacionalismo pan latinoamericano, con un rol importante sustentado en el carisma de Hugo Chávez. Su encanto fue que siempre el discurso parecía más radical que las propuestas económicas: jamás los medios de producción pasaron íntegramente al estado, ni hubo intento alguno por abolir las clases y privilegios sociales, menos eliminar en su país el capitalismo como sistema; amén de usar el petróleo para ganar aliados y conformar la ALBA, con Cuba como una suerte de mentor ideológico y asesor, y “países amigos” como Nicaragua, Bolivia o Ecuador.

Desde el ángulo económico podemos decir que se trataba de un capitalismo de estado, donde el estado tiene una omnipresencia avasalladora, desde regulador o controlador de precios y autorizaciones hasta el rol de empresario público; todo ello sustentado en una economía primaria de exportación de petróleo, mayormente al “enemigo”, encarnado en los Estados Unidos.

El capitalismo de estado demanda ingentes recursos económicos para sostenerse en el poder, así como una clientela leal “comprada” con esos recursos. Es su principal fuerza, pero como veremos más adelante, también su principal debilidad.

Precisamente, el sostén interno del régimen se basaba en el asistencialismo a las clases populares, formando una clientela social adicta al régimen, lo cual implica grandes programas de inclusión gracias al recurso petrolero. Asimismo, debía tener contenta a la cúpula militar con prebendas que le permitan su “lealtad”; prebendas de las que también gozaban los empresarios amigos del gobierno. Paralelo a ello, también se contaba con empleos en la burocracia estatal para los militantes del PSUV, el partido oficialista.

La clientela chavista era y es bastante variada, lo que le ha permitido subsistir por quince años ininterrumpidos en el poder. Si queremos hacer un símil en la región –salvando las notorias diferencias del caso-, quizás lo más cercano es el PRI de México en sus mejores años. Una suerte de corporativismo estatal con penetración en diferentes estratos sociales, así como el ascenso de nuevos ricos, los amigos del régimen que ganan las licitaciones públicas o los propios jerarcas de la cúpula partidaria que manejan los asuntos públicos y que en Venezuela han sido denominados la boliburguesía.

Este sostén social explica en parte porqué la oposición en Venezuela es débil. No únicamente por ser una oposición escasamente articulada y hasta hace poco bastante  fragmentada, sino porque el régimen chavista es bastante fuerte en la sociedad venezolana.

Son los sectores populares, pero también los militares, los nuevos ricos y gran parte del empresariado que no se hace problemas con el recorte de libertades del gobierno o el color político de este con tal de seguir haciendo negocios. A ello se debe sumar que la clase media era más o menos indiferente a estos asuntos hasta que comenzó a padecer la escasez de productos básicos y el deterioro progresivo de su poder adquisitivo.

En lo político-constitucional todos los países chavistas han dado un paso “refundacional” de la nación con la promulgación de una nueva constitución política (este planteamiento “refundacional” también estuvo presente en la gran trasformación del entonces candidato Ollanta Humala) que, sin excepción, contiene una cuasi indefinida reelección del presidente de la república y un vaciamiento de las instituciones democráticas, constituyéndose en democracias autoritarias.

Políticamente es lo más peculiar de estos regímenes: tienen una democracia formal de fachada (elecciones periódicas, nombramientos institucionales, etc.), pero carentes de contenido esencial de democracia representativa (separación de poderes, respeto a los derechos fundamentales de los contrarios al régimen).

Quizás los rasgos más característicos de las democracias autoritarias (o autoritarismos competitivos como también se les denomina) sea un partido dominante en la estructura del estado, que hace uso y abuso de los recursos públicos (compra de lealtades y prensa a su favor, elecciones más o menos amañadas, etc.); y una tolerancia de diferentes grados en la escena oficial de prensa y partidos de oposición, por lo general bastante debilitados y hostilizados por el oficialismo.

Esa es una diferencia esencial entre las democracias autoritarias y la simple dictadura. En esta ya no se permite el accionar de la prensa y partidos de oposición, y se coartan totalmente los derechos políticos de los ciudadanos.

Matices más, matices menos, el modelo de democracia autoritaria desde la orilla de la derecha lo tuvimos en Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Ingresó por elecciones totalmente legítimas y, una vez en el poder, trató de perpetuarse, incluyendo reelección presidencial inmediata, cambio de constitución política, “autogolpe”; pero tolerando siempre a prensa y partidos de oposición, con los que incluso “negociaba” favores políticos como se visionó en los llamados “vladivideos”.

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En el campo económico –que es el nacimiento de las protestas que hemos presenciado en Venezuela- el modelo tiene límites. Si bien el partido de gobierno necesita enormes recursos para mantener la lealtad de los grupos sociales que lo apoyan; tenemos también la gran ineficiencia del estado en administrar esos recursos, y la subsecuente corrupción –grande y pequeña- que se produce al manejarlos. Al final tenemos un estado empobrecido, lo cual es paradójico al ser Venezuela un país rico en petróleo, pero que prácticamente tiene que importar todo de fuera, con las correspondientes autorizaciones, permisos y licencias que traban el intercambio comercial. Si un empresario requiere importar un bien de fuera deberá realizar una infinitud de trámites, incluyendo autorización para contar con divisas, y las correspondientes corruptelas para “agilizar el trámite”.

El consumidor final lo que sufre en carne propia es la escasez de bienes en el mercado de precios controlados (lo más pintoresco fue la escasez de papel higiénico en los últimos meses), dando origen a que se encuentre de todo (o casi de todo) en el mercado negro o paralelo a un precio superior para aquellos que pueden pagar esos precios.

A ello se suma la inseguridad ciudadana, con una alta tasa de delitos contra la persona y el patrimonio. Lo más representativo, y noticia que dio la vuelta al mundo, fue el asesinato a sangre fría de una ex reina de belleza en una autopista venezolana.

Deterioro de la economía (inflación, escasez de artículos básicos, déficit público), inseguridad ciudadana (constantes asaltos y robos), recorte de libertades políticas y torpeza en el manejo de los asuntos públicos por el ejecutivo, así como en la relación con la  prensa y partidos de oposición, generó malestar en la sociedad; principalmente los estudiantes universitarios y la despiadada represión policial con el asesinato de cerca de quince ciudadanos, varios de ellos ocasionados por milicias chavistas armadas, sin contar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los detenidos en las manifestaciones.

Este malestar fue capitalizado por la oposición, principalmente el sector radical encabezado por Leopoldo López, joven político venezolano, cohesionándola en una serie de manifestaciones y protestas contra el gobierno de Maduro
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¿Los disturbios que hemos presenciado significan “el comienzo del fin” del chavismo?

No necesariamente. Las protestas han sido protagonizadas principalmente por jóvenes estudiantes universitarios que pertenecen a la clase media; así también los líderes políticos de la oposición (López, el propio Capriles) provienen de la clase media acomodada, no son líderes que han nacido y se comunican “instintivamente” con el pueblo, como fue el caso de Chávez (y limitadamente incluso del propio Maduro). Son vistos oficialmente como “los ricos” que protestan por habérseles quitado privilegios.

Es cierto que la más incómoda y eje de las protestas callejeras es una clase media acostumbrada a tener de todo a precios subsidiados y que ha sufrido gradualmente el deterioro de su ritmo de vida, incluyendo escasez de productos básicos y pérdida progresiva de su poder adquisitivo debido a la inflación constante que sufren los precios relativos. Pero, como la historia lo ha demostrado también, una clase media puede protestar pero no cambia el curso de los acontecimientos, salvo que se encuentre en una situación excepcional, lo que no es el caso.

Si bien el chavismo ahora está compuesto por varias facciones, la ofensiva externa significó cohesión interna de estas facciones para su supervivencia. Se debe tomar en cuenta que el chavismo tiene los medios políticos y económicos para quedarse en el poder, aparte de una comunidad internacional bastante indiferente con lo que sucede en Venezuela, más allá de los comunicados oficiales de rigor de los gobiernos vecinos “preocupados” por la democracia (la OEA y los organismos multilaterales se han mostrado totalmente pasivos en relación a la situación vivida en Venezuela). Tendría que existir una fuerte fractura interna y un debilitamiento notable del chavismo, la intervención directa de los poderes fácticos como los militares, o una decidida y enérgica intervención de los países y organismos internacionales, para poder especular en el fin del régimen.

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Escenarios que podrían suceder

La situación actual es insostenible. Probablemente veamos en el mediano plazo un reemplazo de Maduro y su facción por otra facción chavista, quizás la de Diosdado Cabello o alguien de su entorno en el ejecutivo; todo dependerá de la correlación de fuerzas que se presente al interior del chavismo, y si la facción rival tiene el respaldo de la cúpula militar.

En lo político, el discurso nacionalista se encuentra agotado. Por lo menos para establecer sólidas alianzas internacionales. En las actuales circunstancias, la ambición de una América Latina antiimperialista liderada por Venezuela es una utopía difícilmente realizable.

Debemos tener presente que el discurso chavista, así como el estilo de hacer política, se sustentaba mucho en el estilo de gobierno del general Juan Velasco Alvarado en Perú, a quien Chávez conoció y quedó admirado de su figura política cuando era un joven cadete. En el caso de Velasco, el discurso nacionalista se agotó precisamente cuando la situación económica se complicaba, algo similar a la venezolana de estos días: inflación al alza, déficit fiscal y el añadido del descontento en la oficialidad castrense.

Este último elemento es el que habría que determinar si existe en Venezuela. Lo cierto es que Maduro no ha podido consolidar su gobierno. No ha ganado legitimidad o consenso entre las demás facciones chavistas, actúa a la defensiva, lo que ha sido evidente en la despiadada represión de las protestas de Febrero.

Al ser inviable una chavistización de Latinoamérica, es probable que de aquí en adelante el gobierno de Maduro, o de quien lo suceda, se concentre más en resolver los graves problemas internos que en alianzas internacionales. Incluso, de existir serias fisuras al interior del partido de gobierno, podría producirse un desprendimiento gradual de la tutela cubana, considerando que parte del sector militar (y también una facción del chavismo) no ve con buenos ojos que una nación con un régimen socialista se entrometa en los asuntos internos de Venezuela.

No podemos especular sobre “un fin del chavismo” en Venezuela, dado que tiene una gran base social en los sectores populares (como en Perú lo tiene el fujimorismo), aparte que el propio Chávez se está convirtiendo en un mito, en una leyenda post mortem que aglutina y cohesiona a seguidores y simpatizantes. Es bastante probable que si el partido de gobierno supera la actual crisis y resuelve con pragmatismo los conflictos internos entre “los sucesores de Chávez”, tengamos un partido consolidado en la escena política venezolana, algo similar al peronismo en Argentina.

En lo económico el tema es más complicado, porque solo existen dos caminos (y sus respectivas variantes): o continúa el proceso de estatización de la economía, llegando al extremo de contar los ciudadanos con “cartillas de racionamiento” tipo Cuba y un mercado libre donde el que tenga dinero encontrará de todo a precios muchos más elevados; o liberaliza la economía, haciendo las correcciones a los desequilibrios existentes, lo cual significaría superar el control de precios y reprivatizar todo lo que había pasado a manos del estado.

Conociendo el sesgo ideológico de Maduro, así como su actuar político, el camino de la liberalización económica es poco probable que lo siga (implicaría un shock económico que lo haría más impopular); por lo que su gobierno podría optar por mayor estatismo. La fórmula intermedia, como reformas tibias, sería poner únicamente “parches” al desborde que se viene, lo que equivale a tomar una aspirina para poder recuperar la salud perdida.

El peor escenario: que el errado rumbo de Maduro, y a fin de consolidar al interior del chavismo su poder, podría ir acompañado de un recorte mayor de las libertades políticas, ilegalizar a la oposición y pasar del autoritarismo democrático al viaje sin retorno de la llana dictadura, camino bastante arriesgado y de pronóstico reservado.
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Wednesday, January 29, 2014

27-E: EL LÍMITE ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

No todo comenzó una fría mañana de Enero de 2008, cuando el agente especial del gobierno peruano depositaba la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, sino mucho antes, cuando un olvidado contralmirante -el controvertido contralmirante Faura- a mediados de los años setenta del siglo pasado advertía en un libro que no estaban delimitados los límites marítimos con Chile y exhortaba a solucionar esa agenda pendiente. Continuó en la década siguiente cuando la cancillería peruana hace suya dicha tesis y empezó la etapa del diálogo hasta agotar el trato directo con el estado chileno y pasar a la siguiente fase, donde un tercero (la Corte de la Haya) dirima el asunto.

Curiosamente el asunto de los límites marítimos con Chile fue uno de los pocos casos donde existió una política de estado que significó continuidad a través del tiempo y los distintos gobiernos: las personas iban rotando pero la política trazada desde Torre Tagle continuaba. Incluso la tesis de “las cuerdas separadas” era de la cancillería, a fin que no enturbie las relaciones económicas mutuas. Y, cosa rara también, significó un consenso de la clase política peruana, caracterizada no tanto por su fraternidad.

No solo es una victoria jurídica para nosotros, sino moral. Significa ganarle en derecho al país que nos ganó en la guerra del Pacífico. Ojalá se pueda superar definitivamente “el trauma de la guerra”; aunque ello no dependerá solo de nosotros, sino también de nuestro vecino. Significa voluntad política y buena fe de ambos gobiernos de acatar y ejecutar el fallo lo más pronto y serenamente.

Es cierto que gracias a nuestras relaciones comerciales y de inversión gran parte de esa desconfianza mutua ha ido amenguando. Los chilenos fueron los primeros en venir a invertir acá cuando se abrió nuestra economía, luego nosotros fuimos allá con nuestra gastronomía y comenzamos a abrir restaurantes peruanos por doquier. Nuestra cultura -por lo menos en la costa- se ha contagiado imperceptiblemente y para bien de cierta “chilenización”, y los chilenos gracias a los miles de migrantes peruanos se ha contagiado de parte de nuestras costumbres (de las buenas y de las otras también). Estamos dentro de la Alianza del Pacífico que, más allá de las rivalidades naturales, ha permitido sumar intereses y esfuerzos. Ya no hablemos de la complementariedad de dos ciudades cercanas como Tacna y Arica y que mereció una declaración conjunta de ambos alcaldes antes del fallo. Existe integración no solo económica, sino también social y cultural. Nos guste o no se está construyendo un “destino común”.

Así como Ecuador “se sacó el clavo” con la victoria militar sobre nosotros en Tiwinza en la década de los noventa y permitió abrir paso a las negociaciones de paz definitivas (otro mérito de la cancillería de Torre Tagle); igual puede suceder ahora y cerrar definitivamente las heridas del pasado. Dependerá que el hecho jurídico que es la sentencia de la Haya se convierta en hecho político. Países con tradición de encono peor que la nuestra lo han conseguido. El futuro post 27-E está abierto.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Monday, January 13, 2014

CONCENTRACIÓN DE MEDIOS: EL CASO DE LA POLÉMICA DE LA COMPRA DE EPENSA POR EL GRUPO EL COMERCIO

Es cierto que el tema nació y continúa por la frustrada compra del Grupo La República (GLR) de los productos de Epensa (entre otros la revista Correo Semanal, los diarios Correo, Ojo, Ajá –fuera de circulación desde el 30 de Diciembre pasado- y El Bocón). Como es sabido, el Grupo El Comercio (GEC) concretó la transacción económica, desplazando a su rival La República, la que inmediatamente reaccionó denunciando una “concentración de medios”, realizando una campaña mediática sostenida, con foros públicos, constantes primeras planas del tema, invitación de “expertos en la materia”, incluyendo una entrevista in extenso a nuestro Nobel, quien se pronunció enfáticamente contra la concentración de medios por un solo grupo empresarial. Debemos tener presente que la declaración de Mario Vargas Llosa (y su posterior artículo principista) no es de un intelectual de izquierda, sino de un reputado intelectual de raigambre liberal, reforzando notablemente, con la autoridad moral que ostenta, la posición anti-concentradora en el debate generado.

Esta campaña sostenida traspasó las fronteras mediáticas cuando a fines del año 2013 el accionista mayoritario del GLR, junto a varios y conocidos periodistas (muchos de su propia casa periodística) interpusieron una acción de amparo contra la referida compra y contra los contratantes por atentar contra la libertad de expresión, solicitando la nulidad de la compraventa de las acciones. Como es conocido, la acción fue admitida a trámite. 

El problema tiene distintas aristas para su análisis: la jurídica, la política, la de derechos fundamentales, la económica, la constitucional, la judicial, la de libertad de mercado, de empresa y de competencia.

En propiedad, según declaraciones de voceros cercanos al GEC, se trataría de una compraventa del 54% del paquete accionario referente a la producción, comercialización y distribución de los productos de Epensa, más no el control editorial, la generación de contenidos, ni las plataformas multimedia, que quedarían en manos de la familia Agois-Banchero a través de la empresa Epensa SAC. En otras palabras, el GEC tiene el control económico absoluto del conglomerado periodístico, vale decir lo que es tiraje, distribución de los productos, merchandaising, cartera de clientes, fijación de tarifas publicitarias, promociones, etc.; mientras los Agois-Banchero tendrían el “control político” de dichos medios, vale decir podrían fijar la línea editorial de los productos y las informaciones periodísticas, incluyendo las que aparecen en las páginas webs de los diarios.

Si bien “el affaire” comenzó como una pelea entre dos grupos empresariales mediáticos, lo cierto es que ahora rebasa los límites de lo privado para convertirse en un asunto de interés público que debería ser debatido ampliamente, más allá de los intereses económicos de ambos grupos mediáticos.

La concentración de medios es un fenómeno que se produce en distintas partes del mundo. La consolidación de grandes empresas mediáticas ha permitido que ingresen a distintas áreas como la televisión, la radio, el internet y, por supuesto, comprar otros periódicos (lo que se denomina “propiedad cruzada”). También es cierto que algunos países -de corte marcadamente liberal y capitalista- han regulado los porcentajes de la participación de medios, a fin que no se generen “externalidades negativas” producto de la concentración en pocas manos de distintos medios de comunicación (el caso más emblemático es el de la propia Inglaterra).

Entre nosotros, como en muchos aspectos que requieren una adecuada regulación, no contamos con una ley expresa. Si bien el párrafo segundo del artículo 61º de la Constitución Política alude implícitamente al tema, pero faltó una ley de desarrollo de dicho contenido constitucional, ley que en su momento hubiese ahorrado más de un problema como el presente.

El asunto va por las “externalidades negativas” que pueden ocurrir cuando un solo grupo mediático tiene una posición dominante en el mercado de medios de comunicación, más si ese grupo, aparte de los medios escritos, tiene participación en la televisión, la radio y el internet.

Tratándose de medios de comunicación, las “externalidades negativas” afectan ámbitos privados y públicos, y van desde sesgar la información a favor o en contra de algún tema o personaje, pasando por las condiciones para el ingreso de nuevos medios, la distribución y venta de los medios de la competencia, las tarifas publicitarias, participación del total de publicidad disponible (lo que llaman “la torta publicitaria”), hasta la libertad de expresión e información, y la propia estabilidad del sistema político y de gobierno.

El asunto no va solo por la libertad de empresa, sino que afecta directa o indirectamente a la sociedad civil y a la sociedad política. Si elevamos el nivel de discusión a la idea del bien común, entonces vamos a la esencia misma de lo republicano: a salvaguardar el interés de todos frente al interés egoísta de unos cuantos. O si se quiere, hasta qué punto la libertad de empresa y la concentración de medios en particular afecta el buen gobierno o los intereses de todos.

Ese debate se encuentra ausente, salvo una que otra voz, en cierta forma porque -a diferencia de otros países de la región- la ideología y prédica neoliberal sigue siendo dominante entre nosotros, recurso eficaz cuando se trata de impedir cualquier regulación; lo que se ha reflejado no solo en los argumentos de periodistas del GEC a favor de la concentración, sino en confundir lo que sería una regulación de carácter jurídico-económico como existe en distintos países de raigambre liberal y capitalista, con una “mordaza” a la prensa a través de una ley similar a la existente en la época del gobierno del general Velasco, eludiendo así la esencia del debate. (Más allá de los “cucos” que no ayudan a un debate serio y más bien lo entorpecen, sería bueno que aquellos que defienden la concentración de medios argumenten más seriamente. Algunos lo están haciendo, lo que estimula el debate; pero otros no pasan de exhibir fantasmas, es decir nada).

Frente a ello urge un debate del tema en distintos niveles, no solo en la lucha entre ambos grupos periodísticos, y que fruto de ese debate se proponga (o no) una regulación legal de la concentración de medios y del segundo párrafo del artículo 61º de la Constitución Política. Tienen la palabra sobretodo los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones civiles y, por supuesto, los propios medios.

Asimismo, la variable política del asunto ya apareció y se irá acentuando conforme el proceso judicial vaya desarrollándose en los tribunales. No solo porque ya se encuentra en la agenda pública el debate, traspasando los intereses propios de cada uno de los grupos mediáticos en pugna; sino también porque está ocurriendo una suerte de “acumulación de fuerzas” en ambos bandos en pugna. Los dos grupos mediáticos saben muy bien que esta “guerra” no solo se libra en el fuero judicial o lanzándose puyas los periodistas de ambas casas, sino que el apoyo político implícito o explícito es importante para ganar la guerra. De allí que dos partidos políticos (el APRA y el PPC) se hayan pronunciado expresamente en contra de cualquier regulación, esgrimiendo precisamente como justificativo “la defensa de la libertad de expresión”. Por el lado del GLR ha contado como aliado -quizás no tan inesperadamente- al propio presidente de la república y otras personalidades respetadas, tanto del mundo político, como el académico y el intelectual. El asunto podría tornarse insostenible si los operadores políticos intervienen con medidas o actos fuera de toda proporción o extrayendo leyes inesperadas sin la necesaria reflexión y ponderación del tema.

De allí que el tema debería ser revisado en sede constitucional, sea el propio Tribunal Constitucional y, de ser posible, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obvio que con esta acción legal el Grupo La República tiene mucho que ganar y nada que perder (por razones éticas debería expresamente declarar su inhibitoria a adquirir el conglomerado de Epensa ante un eventual fallo a su favor), mientras al Grupo El Comercio le sucede exactamente lo contrario (razón por la cual al inicio no quiso entrar al debate y luego se vio forzado a ello); pero, los argumentos en sede constitucional -más allá de a quién le den la razón- servirían para fijar los lineamientos de una posible regulación legal.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es



Saturday, December 28, 2013

BREVE BALANCE DEL AÑO CINEMATOGRÁFICO

Lo insólito del 2013 fue el estreno de distintas cintas nacionales, muchas de jóvenes realizadores. Desde estrenos comerciales que “han roto la taquilla” como Asu mare o Cementerio General –y que servirá de incentivo para que otros continúen por el mismo camino- hasta películas más personales y con escaso público, como El limpiador o Chicama, película esta última que es digna representante del llamado “cine regional”.

Quizás lo interesante está en la heterogeneidad. No se puede hablar que sigan una sola tendencia o escuela (como sucedía con la generación de Lombardi, marcadamente realista), sino que sus intereses son diversos, lo cual es bueno. Naturalmente el éxito comercial de Asu mare ha dado pie a aquellos que sostienen que el cine nacional no debe ser subsidiado ni directa ni indirectamente por el Estado; aunque películas más personales como las aludidas El limpiador o Chicama digan lo contrario: hay cierto cine que sí debe ser promovido por el estado bajo ciertos parámetros; y dentro de esa promoción debería incentivarse el corto y una veta que tiene pocos exponentes conocidos en nuestro medio (más allá de Javier Corcuera): el documental.

Si bien una golondrina no hace el verano, un año excepcional no marca una tendencia; aunque hacemos votos para que se mantenga constante.

Aristóteles Picho, In Memoriam: Quizás sus performances cinematográficas eran muy sobreactuadas, como que venía del teatro; pero no cabe duda que era una presencia en los papeles que le cupo, muchos de ellos secundarios. El último fue en El evangelio de la carne, actuando en silla de ruedas –por un problema en la médula-; pero imponiéndole a su personaje una dimensión mefistofélica que quedó grabada en la memoria.
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Thursday, December 26, 2013

PORQUÉ HEMOS TENIDO DOCE CONSTITUCIONES POLÍTICAS Y APENAS TRES CÓDIGOS CIVILES



La pregunta puede parecer ociosa o solo para diletantes; pero sin parecerlo, se relaciona con nuestra vida diaria, con nuestro quehacer constante.

Esa pregunta siempre se las formulo a mis alumnos de derecho. Les doy una hipótesis incorrecta en el sentido que posiblemente en nuestra historia jurídica han existido mejores civilistas que constitucionalistas. Algunos comienzan a elucubrar seriamente en esa posibilidad, otros en cambio se dan cuenta de “la trampa” y giran su pensamiento a otro lado.

Doce constituciones más un estatuto provisional suenan a demasiado. Significa que el promedio ha sido una por cada quince años de nuestra vida republicana. No son pocas, aunque tampoco demasiadas en comparación con algunos de nuestros vecinos. En códigos civiles –sin contar el efímero de 1836 de la Confederación peruano boliviana-, cada uno ha tenido en promedio respetables sesenta y tres años. No está mal, aunque hay países que ostentan un solo Código Civil a lo largo de su vida como estado – nación. Es el caso de Francia y su Código Civil de 1804 o Alemania y su cuerpo civil de 1900; o “los históricos” de la región como el argentino o el chileno, ambos de mediados del siglo XIX.

Pero, volvamos a la pregunta inicial: porqué hemos tenido doce constituciones políticas y apenas tres códigos civiles. Creo la respuesta la hayamos más fuera del mundo jurídico, en el campo de lo social y lo político, que es donde se nutren y se aplican las leyes.

Es una verdad de Perogrullo, pero de repente por ello no tan evidente.

Nuestra vida política como república fue bastante tormentosa, agitada, con crisis, “revoluciones”, comienzos adánicos, guerras intestinas violentas. En fin, la política ha sido un aciago campo de batalla que ha obligado más de una vez a resolver una grave crisis o un entrampamiento político con la dación de una constitución política. Sería interesante un estudio de la génesis de cada constitución política y las razones por las que han tenido tan corta vigencia. Tan corta, que sus instituciones no llegan a sedimentar en la sociedad, a tomar cuerpo, que apenas están creciendo y algún afiebrado grupo clama ya por “cambiar la constitución” o, peor aún, “regresar a la anterior”. Y cuando uno pregunta porqué, las respuestas van por el origen “espurio” de la vigente, algo así como renegar de un hijo bastardo que nos trae de regreso el pasado. Otros, con menos materia gris responden “porque la actual constitución ya es muy antigua” (sic). Y son abogados. No se sorprendan porque anda tan mal el mundo del derecho.

La verdad, es infantilismo. Refleja todavía falta de madurez política, de complejo de Adán, de que la historia comienza conmigo.

Socialmente ningún país ha progresado por el cambio prematuro de constituciones. Todo lo contrario, los que mantienen su tradición jurídica son más estables. Sino, pregúnteles a los chilenos si se les ocurrió cambiar “la constitución de Pinochet” terminado el gobierno militar o, peor aún, “regresar a la anterior porque es más democrática”. Lo tomarían, en el mejor de los casos, por un hombre ingenuo pero alunado. (Aunque los chilenos en el último debate electoral han entrado al movido terreno de la reforma de su Constitución).

En cambio, las sociedades no cambian tan vertiginosamente como la vida política de los países. Los cambios sociales son más pausados y, por ende, los códigos civiles -que regulan la vida social o ciertos actos de esta- son más estables en el tiempo. El matrimonio, por ejemplo, como institución se ha mantenido casi igual desde que alguien, miles de años atrás, tuvo la genial idea de crear una unidad económica-social básica que sirviese de apoyo a la naturaleza precaria del ser humano y, de paso, se perpetuase la especie. Y digo “casi” porque, nos guste o no, se nos viene la institucionalización del llamado “matrimonio gay”, del matrimonio entre dos personas de igual sexo (aunque no se alarmen los tradicionalistas, la familia no va a morir; igual se creía cuando se equiparó a la mujer en derechos iguales al hombre dentro del matrimonio).

Algo distinto sucede con las instituciones que regulan, por ejemplo, las obligaciones. Sería exagerado decir que se mantienen inmutables desde el clásico derecho romano, pero como que no han variado mucho. Las clásicas prestaciones de dar, hacer o no hacer mantienen su vigencia permanente, así como los principios que regulan los contratos.

Por eso no prosperó un cambio radical del Código Civil del 84 (ni creo que prospere otro ahora que se vienen sus treinta años); apenas leves retoques. Pero, hablamos de constituciones y ya se escuchan voces exaltadas que claman el cambio. Ya se habla de retornar a la bicameralidad sin una reflexión sensata de los pro y los contra, sin un debate sosegado (en lo personal creo más son los contra que los pro). La pregunta es cuándo cambiaremos, cuando seremos más maduros de aceptar realidades por más que nos duelan. Tiempo al tiempo.

Y dejaremos otra pregunta en el aire: ¿por qué ha permanecido vigente por veinte años “la espuria” constitución de 1993? Sus enemigos no le daban ni un año de vida y ya lleva veinte y quizás, salvo algún hecho traumático futuro en nuestra historia, tiene vida para rato. De nuevo las respuestas no se encuentran en el mundo jurídico, están más allá.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Monday, December 09, 2013

MANDELA



Hay hombres que remontan sus dificultades y se colocan por encima de las circunstancias y miran el horizonte. A esa raza perteneció Mandela. Fue el político que se convirtió en estadista y pasó a la Historia con mayúsculas. Incendiario de joven, violento; los largos años de privación de la libertad fueron el crisol donde se formó el futuro estadista. Inspirado en Gandhi, su prédica de la no violencia fue una estrategia política para obtener ventajas y posiciones de las flaquezas en la lucha por la igualdad de derechos a las mayorías negras en Sudáfrica. Fue vencer al apartheid con el desarme de la paz, cosa que de esa manera aislaba al monstruo de apoyo internacional y congregaba a su causa, en el frente interno, a los blancos de buen corazón. La prédica gandhiana no fue solo principista, fue lucha política, como la del Mahatma en su momento.

Y si bien el perdón al enemigo blanco una vez en el poder le granjeó enemigos entre sus propios hermanos negros, no menos cierto es que de haber cundido el revanchismo Sudáfrica se hubiese convertido en un escenario virtual de guerra civil o, en el mejor de los casos, en ingobernable. A veces en la historia se debe tender la mano al enemigo, para no perecer junto a él.

Que las cosas no se han solucionado y que las diferencias en su país siguen siendo abismales entre blancos y negros, es verdad. Pero para solucionar problemas difíciles en democracia falta tiempo y esfuerzo de talentos humanos como Mandela. Y, si bien la muerte vuelve íconos a ciertas personas, suerte de santidad laica, falta que se escriba la biografía crítica del gran líder sudafricano. Con sus luces y sombras. Esos contrastes que nos dicen más del hombre que la imagen de estampita que ya empieza a circular.

Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Saturday, November 23, 2013

UNIVERSIDAD, COSA DE LOCOS

No creo que las protestas de, sobretodo, las universidades públicas con respecto al proyecto de ley universitaria que se debate sea solo principista, más me parece obedece a intereses propios, de un sistema de argollas e intereses creados que se ha anquilosado al amparo de la ley vigente.

Pero tampoco creo que una nueva ley “resuelva el problema”. El proyecto que se debate tiene aspectos interesantes como el voto universal para elegir a las autoridades o la necesaria acreditación de las universidades, pero no va al problema de cómo alcanzar la idónea calidad educativa.

El último movimiento de reforma social de la universidad en América Latina data del “grito de Córdova”, hace casi un siglo, cuando la universidad se democratiza y se abre a los sectores medios de aquel entonces, pero el número de alumnos seguía siendo escaso. La universidad pública comienza a crecer en demanda a partir de los años cincuenta del siglo pasado cuando el proceso de modernización y urbanización atrae a sectores sociales postergados que tienen en la educación un vehículo de ascenso social. Por otra parte, frente a este fenómeno de aumento en la demanda educativa, los sectores dominantes no enfrentan el problema desde el gobierno, sino que deciden alentar la creación de nuevas universidades privadas y llevar a sus hijos a estudiar allá, desinteresándose totalmente de las universidades públicas que antaño cobijaron a la elite dominante. Es así que en los años sesenta se produce la primera gran oleada de universidades privadas, ahora ya consolidadas.

En los ochenta el sistema universitario estatal evidencia la crisis –que ya la jalonaba de años anteriores- por la penetración de Sendero Luminoso en las universidades públicas. Complicidades con el terror más que evidentes en muchos docentes, alumnos y autoridades universitarias, lo que unido a la notable baja de la calidad en la enseñanza, politización demagógica, mediocridad y casi nula investigación, coadyuvó a que muchos estudiantes eligiesen universidades privadas y el descrédito de las públicas se mantuviese como un estigma difícil de soslayar.

Y si bien el presupuesto es magro, algunas públicas  que gozan del canon tampoco han hecho grandes esfuerzos por modernizarse. El problema en las universidades públicas no es solo dinero (que es importante), es también competitividad y calidad educativa. Y eso no se consigue solo con una ley, por más buenas intenciones que tenga.

Terminada la etapa terrorista, el problema de la enseñanza pública no se soluciona, sino que se cubre con la facilitación de creación de nuevas universidades privadas. En los años noventa se produce la segunda gran oleada de universidades privadas. Se debió en gran parte a las facilidades para crear nuevas instituciones educativas al amparo de lo que se conoce como “universidades empresas”, es decir entidades de educación superior reguladas como sociedades anónimas; no solo en Lima, sino también en otras ciudades del país. El dictum, conforme a la prédica neoliberal vigente en aquellos años, era que el mercado podía corregir los problemas educativos por si solo aumentando la oferta de los centros de enseñanza, algo que los hechos demostraron no fue así.

A la fecha estas “universidades empresas” se encuentran igualmente consolidadas y han penetrado incluso el poder político con representantes en el Congreso de la República o fungiendo de autoridades ediles o regionales.

Pero el boom universitario privado trajo un hecho importante: muchos alumnos de los estratos medios y populares pudieron acceder a estudios superiores a un precio razonable, lo que bajó la presión por acceder a la pública como fue hasta la década de los ochenta; aparte que las universidades públicas post sendero no pasaron por la necesaria reforma que era necesaria para adecuarlas a los nuevos tiempos. Falta de presupuesto, malas administraciones, conformismo y mediocridad entorpecieron el cambio.

Pero el problemas de las públicas no es solo presupuesto (muchas gozaron y gozan del canon y no hicieron grandes intentos por elevar la calidad educativa), ni tampoco solo elevar el sueldo a los profesores (que se lo merecen, pero debería revisarse la homologación que la vigente ley universitaria establece); sino creo que va más por criterios de competencia y de mejorar los estándares de calidad, para lo cual se haría necesario que los incentivos a las públicas sean otros y obedezcan más a cumplimiento de metas que a simple “pliego de reclamos” como sucede en la actualidad.

Volviendo al fenómenos del crecimiento en número y cantidad de alumnos de las universidades privadas, si lo trasplantamos a términos de oferta y demanda podemos decir que la mayor oferta educativa permitió satisfacer la creciente demanda de los sectores medios emergentes y niveló los precios (traducidos en derechos de enseñanza), existiendo una serie de productos de distinta calidad y precio. Desde uno barato y de dudosa calidad hasta otros más caros pero mejores (aunque en algunos “caros” bien se aplicaría la máxima no todo lo que brilla es oro). El resultado es que existen universidades locales con calidad muy buena, buena, regular y francamente malas.

Asimismo, esta mercantilización hizo cambiar de estatus a alumnos y docentes. Los primeros son vistos como “clientes” por los propietarios de las “universidades-empresa”, dejando de lado el concepto de alumno o, mejor aún, discípulo que debería ser el paradigma en la enseñanza. Mientras los profesores son vistos como simples operarios educativos, “costos reemplazables”, limitando notablemente la libertad de cátedra del maestro. El resultado, grosso modo, ha sido que muchas universidades nuevas sean en el fondo solo colegios o núcleos escolarizados, más no centro de debate de ideas o de investigación.

Que esa gran oferta educativa variopinta deba ser regulada, es necesario. Y acá no valen coartadas apelando a la bendita “autonomía universitaria”. Existen muchas universidades que solo lucran tanto en las universidades empresas como en las “sin fines de lucro”, es cierto; pero también existen las buenas, aquellas que buscan conseguir excelencia académica e investigación.

Un medio de poner orden en la calidad educativa es con la acreditación, pero me temo que como está planteada sea más un formalismo que un sello de calidad. De repente es hora de dar otro paso audaz como en los años noventa, pero esta vez de liberar la oferta educativa universitaria nacional y permitir el ingreso de universidades extranjeras con estándares de calidad. La tecnología ya lo permite para ciertas carreras y es posible ampliarlas. Lamentablemente en ese aspecto las universidades nacionales (públicas o privadas, tipo empresas o sin fines de lucro) se muestran reticentes. La respuesta es obvia: ninguna de nuestras universidades (ni públicas o privadas, ni las empresas o las sin fines de lucro) se encuentra dentro de las quinientas mejores del mundo. Ninguna.

Un poco de competencia haría bien a nuestras viejas y no tan viejas universidades; aunque de repente de aprobar medida tan audaz veamos otras marchas como las vistas anteriormente, apelar de nuevo a la sacrosanta “autonomía universitaria” o hacer lobby a algunos congresistas con fuertes vínculos en el negocio educativo a fin que dicha norma no se apruebe. No sería extraño.
Eduardo Jiménez J.

Saturday, November 02, 2013

FAMILIA Y MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de declarar inconstitucional la ley que exceptuaba de beneficios legales y tributarios a los matrimonios entre personas del mismo sexo otorga un gran impulso a la legalización del llamado matrimonio igualitario.

Ello a su vez permitirá que, tarde o temprano, en distintas legislaciones del mundo se posibilite el matrimonio hasta ahora reservado a los heterosexuales, incluyendo a nosotros (ya se han presentado distintos proyectos de ley en lo tocante a los efectos patrimoniales); culminando así un proceso de reivindicación de derechos por parte de las minorías sexuales que por lo menos lleva cincuenta años desde la revolución contracultural de los años sesenta.

En los años sesenta era impensable que se reclamase “el matrimonio gay”, dado que hubiese significado una aberración al ambiente de libertad sexual respirado en aquellos años. La reivindicación del matrimonio entre personas del mismo sexo vendrá mucho después y en cierta manera representa la institucionalización de un grito de libertad o si se quiere “el ingreso a sociedad” de las minorías que antaño reclamaban su libertad sexual.

Precisamente la reivindicación de distintas opciones sexuales nace en contraposición a lo establecido, es decir el matrimonio y la familia tradicional. La opción de libertad sexual en sus inicios busca minar y cuestionar las formas tradicionales que adquirió el matrimonio y la familia a través de milenios y que encontró en el cristianismo quizás la forma sacrosanta de legitimación más sólida desde el punto de vista ideológico (la reproducción de la especie bendecida por la Iglesia), lo cual pervivió más allá de la etapa liberal de laicización del estado.

Desde ese punto de vista ni la familia ni el matrimonio han muerto, más bien producto de una serie de factores sociales y económicos se han adaptado instituciones diseñadas con otra finalidad y para personas de géneros distintos; asumiendo las minorías excluidas derechos y deberes propios de las mayorías.

Podemos decir que es la historia que se repite como en otros reclamos ahora ya consolidados. Fue el caso de las sufragistas de inicios del siglo XX que pedían derechos políticos para la mujer o el reclamo por los derechos civiles de las minorías negras y latinas a mediados del siglo pasado. Son procesos históricos por los que grupos marginados van accediendo a los derechos de los que antaño se encontraban excluidos y que solo los detentaba un grupo social, étnico o religioso.

Por eso ni la familia ni el matrimonio como instituciones “han muerto” como sostienen los que se oponen al matrimonio igualitario. Lo que debemos acostumbrarnos en los próximos años y décadas es a tener por vecinos a una pareja del mismo sexo que lleva a sus hijos a la escuela, que discute, que se pone de acuerdo, que vuelve a discutir, que se es infiel mutuamente, que se divorcia o logra salvar su matrimonio. En fin, ni más ni menos como cualquier otro ser humano.
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Saturday, October 19, 2013

DISCRIMINACIÓN POLÍTICAMENTE INCORRECTA

La multa de S/. 370,000 nuevos soles impuesta por Indecopi a la Discoteca Gótica por discriminación es quizás una de las más elevadas e indica que “lo políticamente correcto” ha sentado definitivamente sus reales en el Perú (o en parte de él).

 Es cierto que en un país como el nuestro el Estado debe tener políticas claras y draconianas contra todo signo de discriminación, sea discriminación racial, de género, étnica, de opción sexual, religiosa, económica, social o de cualquier otra índole. No basta con las declaraciones líricas, sino hechos ejemplarizadores concretos como el de la multa a la Discoteca Gótica; sanciones que emitan “señales” que esos actos se encuentran vedados y permitir materializar cada vez más la entelequia o ficción legal que “todos somos iguales ante la ley”.

 Sin ir muy lejos, hace poco estuve en una diligencia en una institución del propio estado (el Ministerio Público) y pude constatar que a un ciudadano que se notaba de origen humilde, rasgos andinos y de castellano poco fluido, casi no lo dejan entrar (tenía también una diligencia). Ni el vigilante ni los funcionarios de la Fiscalía se mostraron solícitos con el recién llegado sino todo lo contrario, y le pidieron mil y un documentos, terminando la funcionaria pública a cargo de la inspección con un lacónico y despectivo “que espere”. Así estamos en el Perú de hoy.

 Pero mi reflexión apunta hacia otro lado. ¿No estaremos perennizando una “verdad única” y “discriminando” cualquier idea diferente? Es decir, en aras de lo “políticamente correcto” ¿no estaremos virando hacia el otro extremo y segregando cualquier diferencia incómoda? O, en otras palabras, ¿no estaremos exagerando con respecto a esa verdad unívoca?

 Algo de ello sostenía Umberto Eco en un artículo con respecto a Estados Unidos, donde si un profesor blanco desaprueba a un alumno negro puede ser tildado de racista. Philip Roth tiene una novela al respecto, La mancha humana, sobre estas cosas que ocurren en el país del norte, donde un respetado profesor universitario sufre todo un calvario y la expulsión de su centro de enseñanza, supuestamente por haber dirigido un comentario racista a unos estudiantes negros. Incluso por allá no se puede aludir al color de piel como “negro”, sino con el eufemismo “de color”.

 Creo que esa moda de lo políticamente correcto está cimentándose en nuestro país. No solo por la fuerte multa (que se la merecía la discoteca de marras), sino por la suerte de “confesión de culpa” que debe hacer pública. Algo así como cuando en épocas pasadas el inculpado abjuraba de un credo religioso inspirado por Satán para abrazar “el verdadero”; o cuando en las purgas estalinianas “el traidor” abjuraba de desviacionismo ideológico inspirado por “el diablo de Trotsky” para abrazar el credo “verdadero” de Stalin. Es que la resolución contra la discoteca la obliga a un mea culpa en toda la regla:

 "Gothic Entertainment S.A. informa al público en general que en la discoteca "Gótica" se encuentran prohibidas todas las prácticas discriminatorias a consumidores por cualquier motivo, incluyendo distinciones injustificadas por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, opción sexual o cualquier otro motivo".

 Me arrepiento de mis pecados, abjuro de estos y a partir de la fecha “me voy a portar bien” y abrazar la “verdad oficial”. Algo de eso se percibe en el citado anuncio que debe colocar la discoteca sancionada en su página web y a la entrada de su local. Como que la intolerancia está virando hacia el otro extremo, y todo extremo es peligroso.

 ¿Qué pasaría si un establecimiento es discriminatorio explícitamente? Ejemplo: una discoteca exclusiva para gays, lesbianas o transexuales que expresamente no admite heterosexuales. ¿Estará obligada a aceptar un heterosexual que quiera ingresar? O un restaurante-bar exclusivo para mujeres. ¿Deberá aceptar hombres bajo pena de discriminación? O vayamos a un ejemplo menos extremo: una universidad de confesión católica, ¿deberá estar obligada a permitir el ingreso de un alumno de religión evangélica o tomar los servicios de un profesor ateo o por lo menos agnóstico, bajo pena de ser discriminadora? Yo soy agnóstico y docente universitario por añadidura, y si una universidad no me contrata porque exige profesores de una determinada confesión, que vayan a misa todos los domingos, se confiesen y comulguen regularmente, sus padres hayan contraído matrimonio religioso y tenga pedigrí ciento por ciento católico, no me sentiría discriminado. Es más, no postularía jamás a una universidad así, aunque entienda su postura confesional. 

Dejo al lector estas inquietudes. Si bien luchar contra la discriminación es bueno y se debe hacer en todos los niveles de la sociedad y del estado, caer en los excesos no es prudente. Todo exceso es malo y no vaya a ser que terminemos como el recordado personaje de la novela de Philip Roth. 

Eduardo Jiménez J. 
 ejjlaw@yahoo.es

Saturday, September 28, 2013

GRADUADOS EN DERECHO DEMANDAN A SUS UNIVERSIDADES POR NO ENCONTRAR TRABAJO

La noticia la encontré en internet hace algún tiempo. La verdad pensaba que se trataba de una noticia local. De repente alumnos que se habían sentido estafados luego de estudiar cinco o seis años en alguna universidad nueva, de esas que tanto existen ahora; eso sí, con permiso de la asamblea nacional de rectores y con todas las de la ley; y que ahora se rasgan las vestiduras para exigir la “autonomía universitaria”.

Pero no. La noticia procedía nada menos que de los propios Estados Unidos. Como que en todas partes se cuecen habas.

El asunto va más por engaño al consumidor. Es decir que al ingresar les hicieron el cuento que conseguirían empleo rápido y fácil, y al final la cosa no fue tan color de rosa. Algunos de los graduandos debieron aceptar cualquier trabajo no tan bien pagado o dedicarse a labores secundarias para sobrevivir, como trabajar en tiendas por departamentos. Si acá tenemos a los taxistas más ilustrados, allá tienen a los vendedores mejor letrados. En fin, cuestión de óptica.

Con esto de la crisis, ciertas universidades norteamericanas no tuvieron mejor idea que maquillar las cifras de empleabilidad de su alma máter en el mercado, con lo que persuadían a incautos para matricularse en su escuela de leyes. Algo parecido a lo que sucede por estos lares, donde a muchos chicos se les engaña con el cuento de la empleabilidad inmediata o los modernos laboratorios de cómputo. Bonita fachada, pero poco contenido.

Por lo visto en Estados Unidos también existen las “universidades chicha”. Curiosamente cuando un nacional con gran esfuerzo va a ser un post grado en una de estas universidades de tercera del país del norte, al regreso casi tiene contratación inmediata. No importa donde haya estudiado, con tal que haya sido en Estados Unidos. Colonialismo mental que le dicen.

Quizás la demanda de estos chicos no prospere, pero por lo menos han sentado su protesta. Tampoco se puede explotar impunemente la credulidad de la gente. A fin de cuentas, no están en el Perú.
Eduardo Jiménez J.

Thursday, September 12, 2013

CHILE, 11-S

Hace exactamente cuarenta años se produjo una de las más brutales dictaduras en América Latina, una de las últimas al viejo estilo, cuando “al imperio” no le gustaba algún gobierno de corte izquierdista.

Salvando distancias, el gobierno de Pinochet es un parteaguas de la sociedad chilena, como el gobierno de Francisco Franco lo fue en España: Uno puede estar a favor o en contra, pero difícilmente se puede ser neutral. Ello sucede en Chile y fuera de Chile.

Curiosamente las huellas del “estilo Pinochet” van más allá de su existencia física: el modo de vida consumista de la sociedad chilena, la apertura liberal en economía, la privatización de muchos servicios, y en un plano jurídico-político, la Constitución que aprobó, la que, con leves retoques, se mantiene hasta el presente.

La privatización en la educación ha dado lugar a múltiples protestas de los estudiantes; a pesar de ello se mantiene intocable, aunque la candidata Bachelet promete revisar el asunto, lo que no hizo cuando fue presidenta. Igual sucede con el espinoso tema de la Constitución Política. Los chilenos están en un debate similar al que tuvimos nosotros tras la caída de Fujimori. “Refundar la república”, “un nuevo pacto social”.

Pero más allá de nuestros gustos o antipatías lo cierto es que la desigualdad entre ricos y pobres es grande en Chile y ningún gobierno ha querido comprarse el pleito de una reforma que pasa necesariamente por la forma de tributar de los que más tienen.

Otro problema social que enfrentan los chilenos es la reforma del sistema previsional, modelo que nosotros “importamos” del sur. Ya se cuestiona un poco el modelo que sirvió de alternativa al sistema público, como que requiere ajustes y, quien sabe, de repente hasta comenzar a debatir el reforzamiento del sistema público solidario, sobretodo a la luz de un hecho que ensombrece Europa: los viejos viven más y no hay muchos jóvenes que reemplacen a los que dejan la actividad laboral. El sistema previsional privado por si no resuelve ese problema, ni lo puede resolver, por lo que requiere de algo que no gusta mucho a los neoliberales: mayor Estado.

Sería interesante que también se revise otro mito chileno: el del “despegue al desarrollo”, el del inminente “salto” al primer mundo. Con cifras tan abismales de desigualdad difícilmente un país puede considerarse del primer mundo, menos estando en democracia.

Chile cuarenta años después del golpe es un espejo donde podemos mirarnos, valdría la pena no ser tan entusiastamente optimista y ver los graves defectos que tiene la sociedad chilena post Pinochet. Los propios chilenos ya lo están haciendo.

Eduardo Jiménez J.