Thursday, May 06, 2021

PROTESTAS EN COLOMBIA POR IMPUESTOS

 

Por: Eduardo Jiménez J.

ejimenez2107@gmail.com

@ejj2107

 

Las marchas multitudinarias en Colombia por el aumento de impuestos obligó a Iván Duque a retroceder en la medida y presentar su renuncia el ministro de Hacienda.

 

Existe coincidencia en que las protestas en América Latina se encontraban “dormidas” el 2020 por la pandemia y la cuarentena forzosa a que gran parte de la población se vio obligada; pero reaperturadas las actividades económicas se vuelve a la realidad de los hechos: como muchos países de AL en Colombia el covid trajo desempleo y pérdida de trabajos formales, afectando la economía de los hogares.

 

En ese contexto y ante la falta de ingresos del gobierno de Duque decidieron subir los impuestos. En renta ampliar la base tributaria, pagando el impuesto más personas con ingresos pequeños y el IVA (el IGV nuestro) subiría y gravaría más bienes. La idea al parecer era “sacar plata” de dónde sea y la forma rápida es gravando renta de los trabajadores formales y subiendo el IVA.

 

La intensidad del malestar por la medida ha sido similar al del alza del boleto en el Metro de Santiago. Una pequeña chispa enciende la pradera. En Chile no pararon las protestas hasta la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Quizás viendo esa realidad y con 16 muertos por las protestas, Iván Duque se haya querido curar en salud y retroceder en su reforma.

 

En nuestro país el malestar social se ha canalizado en la votación por Pedro Castillo, un outsider con socios de campaña bastante cuestionables como el ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción y con lazos nada claros con gente del Movadef (ex Sendero Luminoso) y un plan de gobierno delirante que regresaría al Perú a los años 70 del siglo pasado.

 

No sabemos cómo reaccionará la gente cuando salgamos de la pandemia, pero veo difícil que se pueda ejecutar medidas tributarias como las que intentó desafortunadamente el presidente Duque en Colombia.

 

Sunday, April 04, 2021

¿LA DERECHA REGRESA A GOBERNAR EL PERÚ?

 

Por: Eduardo Jiménez J.

ejimenez2107@gmail.com

@ejj2107

 

 

La verdad siempre estuvo detrás de los gobiernos, autoritarios o democráticos, a fin de velar por sus intereses. Nunca se fue del escenario, siempre estuvo entre bastidores. Lo que hace distinto el fenómeno López Aliaga es que se trata de una derecha bastante conservadora, reaccionaria y confesional. Militante activo del Opus Dei, laico comprometido, sin conocer mujer en su vida (a sus 60 años ha declarado que su gran amor es la Virgen María) y con declaraciones cortantes y desafiantes hacia sus contendores y ciertos medios de comunicación. Apertrechado de un lenguaje soez, expresa su modo natural de ser y el sentir de mucha gente harta del escenario político oficial.

 

Sería arriesgado calificar como “fascista” la candidatura de López Aliaga tal como sus detractores le imputan. Usualmente aquí y allá el calificativo de fascista ha sido bastante manoseado. Una característica de todo gobierno fascista es el corporativismo y la unión bastante estrecha entre partido en el poder, estado y sociedad civil. Es muy difícil calificar de partido fascista al partido de Rafael López Aliaga (ex Solidaridad Nacional), más partido cascarón que partido orgánico propiamente. Y las ideas de López Aliaga son conservadoras, confesionales (el color azul que usa en banderolas y polos se acerca al celeste que representa a la Virgen María), reaccionario si se quiere y hasta con olor a naftalina, pero calificarlas de fascistas es bastante subjetivo, por lo menos de lo que se entiende como fascista en la ciencia política.

 

Desde los años 80 del siglo pasado la ola conservadora ha resurgido en muchos países, ricos o pobres, en una suerte de reacción contra el liberalismo y progresismo y el estado de bienestar que se forjó terminada la II Guerra Mundial. Los problemas de la globalización que los estados liberales no han podido resolver, así como la pérdida de los valores religiosos, dieron lugar como reacción a estos movimientos conservadores de corte popular que tienen como características un nacionalismo bastante epidérmico, intervención del estado en temas claves (“no a productos extranjeros”, “contratemos solo nacionales”, etc.), un asistencialismo que permite una base social de apoyo, liberalismo que se confunde con mercantilismo en materia económica y un rescate de los valores religiosos. Si a ello le sumamos la “mano dura” en materia de seguridad ciudadana, la repatriación de extranjeros indeseables y la pena de muerte para delitos graves, tenemos una oferta política que la hace atractiva a grandes sectores de la población.

 

Si en pasadas elecciones el centro era el nicho apetecible de los candidatos, este se ha corrido a la derecha en distintos matices, desde una “derecha intelectual” con Hernando de Soto, pasando por una “derecha popular” (Keiko Fujimori, quien en pasadas elecciones corría en solitario en este nicho) hasta una “derecha confesional” expresada en López Aliaga. Quizás tenga que ver con el hartazgo que tiene la población de los políticos por los casos de corrupción (Odebrecht, gobiernos nacionales de los últimos veinte años, la corrupción endémica en las regiones y gobiernos locales), por lo que las posiciones maximalistas están teniendo más acogida. Y seamos sinceros: luego del “rescate de la democracia” en el 2000 con la caída de Fujimori, los políticos no hicieron mucho por reformar el sistema, más bien dejaron las cosas como estás en una suerte de borrón y cuenta nueva.

 

Pero la posición de este programa maximalista de derecha obedece también a la endeblez de los programas liberales para resolver los problemas, al poco atractivo o improvisación de sus candidatos y a la ideología conservadora que empatiza con el pensamiento de gran parte de los ciudadanos peruanos, sin distinción de clases sociales. Usualmente el ciudadano peruano promedio es bastante conservador, a lo cual se añade que las posiciones de izquierda se vieron cuestionadas por el terrorismo de Sendero Luminoso y la candidata que enarbola hoy las banderas de la izquierda (Verónika Mendoza) propone un programa político bastante desfasado de la realidad, una suerte de revival que hasta su propio bastión natural (el sur peruano) parece no votará mayoritariamente por ella.

 

Alan García en sus Memorias decía (parafraseo la idea) que la gente prefiere un gobierno fuerte, autoritario, de mano dura, que le otorgue seguridad, sacrificando el recorte de libertades, a uno débil, que se base en el respeto irrestricto de las libertades pero que signifique un desorden. Era el sagaz político quien escribía aquello y no le faltaba razón. Los liberales y progresistas creen de buena fe que la gente va a aceptar un gobierno abierto, trasparente, con contenido liberal (unión civil, aborto, eutanasia) pero que no resuelva sus problemas concretos del día a día. El ciudadano común prefiere un gobierno efectivo que le pueda resolver sus problemas aún a costa de perder libertades personales. El decenio de Fujimori es un claro ejemplo, más en un país que no está acostumbrado a una continuidad democrática, ni a la tolerancia, y donde el ciudadano no tiene conciencia clara de sus derechos y obligaciones, más allá de las demandas básicas (agua, luz, colegios, salud).

 

El ascenso vertiginoso de López Aliaga es una alerta que las cosas no marchan bien.