Por: Eduardo Jiménez J.
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@ejj2107
La polémica entre vacunadores y antivacunadores tarde o temprano iba a llegar a estas tierras. Quizás un poco por remedo, por copia de todo lo que se dice o se hace afuera. La fiebre antivacuna ha llegado hasta el Congreso, promoviendo Perú Libre una ley que no obligue a vacunarse y exhibir el certificado al ingresar a un lugar cerrado. En la práctica equivale a no vacunarse. Posición muy similar a la de Avanza País y Renovación Popular. Como que los extremos se tocan.
Existen varios elementos que ponderar antes de entrar en un liberalismo in extremis de decisión al libre albedrío.
En materia de salud pública más importa la sociedad que el individuo. Es lo que sucede, por ejemplo, con la prohibición de fumar en lugares públicos. A nadie se le ocurriría que de acuerdo a su libre albedrío puede fumar en un ambiente cerrado. En otras palabras, el derecho de los más se privilegia al derecho de los menos de no vacunarse.
Igual sucede con el costo-beneficio. Más caro sale al estado dejar en libertad la vacunación ya que la tasa de contagios es inversamente proporcional al número de vacunados. A mayor tasa de contagiados, mayor saturación de los hospitales públicos. Ya pasamos por esa experiencia.
Y los legalistas no deben olvidar que la propia Constitución Política prescribe que el estado determina la Política Nacional de Salud, entre ellas claro está, la vacunación. Ello acompañado de la Ley General de Salud. Quiérase o no el estado impone su voluntad y ius imperium en estos temas, por más que a algunos les suene a comunismo.
Por otro lado, si nos atenemos al derecho de propiedad privada, los centros comerciales, empresas, restaurantes, cines, colegios y demás lugares de carácter privado, pueden pedir muy bien la exhibición del certificado de vacunación para dejar ingresar a la gente. Nadie podrá alegar discriminación porque en la propiedad privada el propietario es quien determina las condiciones para el ingreso a su predio. Y el estado, con sus bienes públicos, podrá hacer lo mismo. Igual sucede con los estados que nieguen el ingreso a los no vacunados. Algo así como reservarse el derecho de admisión.
Naturalmente que frente a estas variables de restricción aparecerán los abogados que plantearán acciones de amparo o de habeas corpus. Los Walter Ayala que buscarán su cuarto de hora de fama. Y, de repente, no me extrañaría que algún juez proclive a estas acciones, les de trámite.
Por donde se le mire, la salud es un bien público, más tratándose de un virus tan contagioso y letal, que ya ocasionó 200,000 muertos en nuestro país. El romanticismo individualista liberal y los intereses creados detrás de la no obligatoriedad de vacunarse tendrán que resignarse a la noción de bien público.
