Wednesday, March 26, 2014

SUÁREZ

Los “héroes” de la democracia no deslumbran tanto como los de la antigüedad. Es que la democracia, nos guste o no, es un sistema anodino, sin grandes epopeyas que narrar. Por eso, llaman más la atención aquellos que “desafían al sistema”, así sea solo de palabra. O intelectuales que “abracen” algún socialismo, siquiera “el del siglo XXI”, algo deslustrado últimamente por cierto. Difícilmente un joven quisiera ser un Jean-François Revel o un Raymond Aron como intelectual, menos un Adolfo Suárez o un Felipe González como operadores políticos.

Pero fue Adolfo Suárez uno de los personajes claves para llevar a cabo la transición española, ese experimento político tan alabado y estudiado en todas partes. El camino pacífico hacia la democracia, el experimento político que permitía una transición sorteando los graves peligros iniciales y los poderes fácticos que se oponían al cambio. Gracias a Suárez y a un pequeño grupo se pudo soslayar los fantasmas de la Guerra Civil, tan presentes en la sociedad española. El otro personaje eje de aquellos años difíciles fue Santiago Carrillo, el viejo dirigente comunista, luchador de las barricadas en la guerra que partió a España en dos. Ironías de la historia: un franquista y un comunista de la mano hacia la democracia representativa. Realismo político que le dicen. El tercero, de ese inicial grupo minoritario, fue el propio Rey Juan Carlos, figura gravitante para el cambio y que curiosamente fue formado por el mismísimo Franco para que después de su muerte conduzca un gobierno que deje las cosas como estaban.

Gracias a un derechista reciclado, un izquierdista igualmente reciclado y a un rey Borbón, se pudo sortear los graves peligros, incluyendo “la noche de los tricornios”, cuando en 1981 un grupo de policías invadió el Congreso de los Diputados para intentar regresar al pasado. Otra vez Suárez, junto a Carrillo y al propio Rey fueron determinantes para develar el motín de los policías. El gesto de Suárez de no tirarse al suelo a los primeros disparos e increparle a Tejero para que deponga su actitud fue el gesto heroico, arriesgado, que pocas veces un político hace. Como decimos nosotros hay que tener huevos para enfrentarse a un tipo nervioso y con una pistola en la mano.

El Alzheimer lo hizo perder los recuerdos de aquellos memorables años. La ingratitud de los españoles y en especial de la clase política, también. Muerto, se quiere lavar ofensas del pasado. Imagínense qué político ahora recibe el último adiós de su pueblo formando colas de más de dos kilómetros a intemperie y en pleno frío nórdico.

El homenaje que recibió de cuerpo presente quiere resarcir en parte esa ingratitud y demuestra que la democracia puede tener héroes tan grandes como los del mundo antiguo.
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Wednesday, March 19, 2014

INSTITUCIONALIDAD, DEMOCRACIA Y VOTO DE CONFIANZA

No obstante que la negativa de la mayoría del Congreso a otorgarle el viernes 14 el voto de confianza al recientemente juramentado “gabinete Nadine” solo interesó seriamente a muy pocos, lo cierto es que el Parlamento como en escasas oportunidades se puso a la altura de su majestad, y si bien el lunes 17 le otorgó –quizás muy expeditivamente- la confianza solicitada, el hecho merece resaltarse por lo siguiente.

La decisión inicial de abstenerse el Congreso a otorgarle la confianza era una “señal amarilla” de advertencia que las cosas no van bien en el manejo del Ejecutivo. Concretamente en la cada vez mayor intromisión de la primera dama en los asuntos del gobierno, dado que ella no fue elegida por el pueblo como gobernanta, ni ejerce cargo oficial alguno oficialmente dentro de la administración pública.

Imagínense que en una empresa de primer nivel, la esposa del Gerente General tiende su oficina al costado de su marido y comienza a despachar con los demás gerentes, les imparte directivas, reemplaza a unos por otros, autoriza compras, etc. Todo ello argumentando que “es la esposa del gerente”. Y, para colmo de colmos, el propio Gerente General cuando le van a consultar alguna decisión importante replica “si ya hablaron con su esposa”. Esa empresa sería tomada como no seria o, como decimos los peruanos, “como una empresa chicha”. Algo de eso está sucediendo dentro del Ejecutivo y las consecuencias para el país son mucho peores que para la empresa del ejemplo.

Ninguna democracia se sostiene sin institucionalidad. Eso lo sabemos por experiencia propia los peruanos por lo acaecido en los años noventa. E institucionalidad supone respeto a la Constitución Política y a la ley, los dos parámetros que todo gobierno debe acatar.

Y si usted es pragmático y no le quita el sueño estas cuestiones, hágalo por la economía: se ha demostrado que sin instituciones difícilmente el crecimiento se trasforma en desarrollo sostenido. Ya lo vivimos también con el guano en el siglo XIX, el caucho en el XX.

Democracia significa también políticas consensuadas. Y si bien en nuestro país es un poco difícil por el ánimo cainita que existe; es necesario que en ciertos puntos las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Temas generales como educación, infraestructura, políticas de desarrollo son vitales en vista que los frutos se verán pasado el gobierno de turno.

Las fuerzas políticas que tienden a “violar las reglas de juego” de vivir en democracia, incluyendo la alternancia en el poder, son las que menos ejercicio democrático tienen.  Fue el caso del fujimorismo en los noventa, en ese entonces con escasos años en la escena oficial, y del humalismo en el presente siglo. Saltarse la convivencia en democracia, la institucionalidad o la alternancia en el poder, a la larga trae más perjuicios que beneficios al país, y casi siempre quienes la perpetran terminan mal (Leguía en los años veinte, Fujimori en los noventa).

De allí que es importante “el gesto” del Parlamento la noche del viernes 14. Lo enaltece y se encuentra dentro de sus facultades constitucionales. Creo que el Congreso ya aprendió la lección de los años noventa, cuando no hicieron mucho caso a las bravatas del presidente Fujimori hasta que este cerró el Legislativo. Se han curado en salud y saben que de dejar las cosas como están, una mañana se encontrarán sin Congreso abierto (y sin sueldos y demás gollerías). Siquiera por la quincena estuvieron esa noche consecuentes con su rol de fiscalizadores.

Por el bien del país, por el bien de la democracia y por el bien del propio gobierno deben continuar con su rol constitucional. La historia solo se repite cuando no asimilamos la lección.
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Tuesday, March 04, 2014

EL GABINETE TÉCNICO DE NADINE O HACIA DÓNDE VA EL GOBIERNO

Luego de la abrupta salida del premier Villanueva y la más que evidente intervención en esta de la primera dama, cabe preguntarse las razones. ¿Simple alarde?, ¿devaneos de chiquilla sin experiencia política y “loquita por el poder” como dijo su suegro?

Creo que los motivos no van por allí. O por lo menos no son los medulares. Que no se guardó las formas, es cierto; pero que sea un simple alarde de la primera dama me parece dudoso.

Nuestra hipótesis es que ella apunta a una mejor administración en los dos años que le restan a este gobierno, lo cual le permita remontar en las encuestas ante una probable candidatura presidencial de su persona o de quien funja de locomotora nacionalista el 2016.

El asunto no es fácil; pero en el ejecutivo han perfilado un gabinete técnico más que político, con una PCM de perfil bajo (el actual premier es un “técnico” que ha ofrecido sus servicios a todos los gobiernos de turno) y quizás en la idea que un gabinete aséptico hará mejor las cosas. Se ha librado casi de cualquier rasgo político desde que movió a los quisquillosos ministros de izquierda en los primeros meses del régimen  y, ahora último, al premier Villanueva, quien mostraba una agenda más personal y que pasaba por el diálogo con las fuerzas de oposición.

Incluso el aumento de sueldo a los ministros –que tuvo el patrocinio de la primera dama-, a la luz de los hechos posteriores tuvo su razón de ser: atraer profesionales “químicamente puros”, incontaminados de cualquier rasgo político-partidario a trabajar para el estado.

La idea no es nueva, Fujimori en los noventa también la aplicó: tuvimos un estado más o menos eficiente (o con islas de excelencia), con altos sueldos de tecnócratas y sueldos paupérrimos en la base de la pirámide, pero carente de objetivos nacionales… O, mejor dicho, “el objetivo nacional” era la reelección inmediata del presidente de la república. Era “el pensamiento guía” de dicha comparsa, mientras se peleaba con “los políticos tradicionales” (los “malos de la película”).

Aparte que un gabinete técnico es “más manejable” que uno político; sobretodo cuando existen “poderes paralelos”, en la sombra, pero con más poder real que los ministros que firman las resoluciones.

Película ya vista donde todos conocemos el final.

Tengo mis dudas que un gabinete técnico pueda hacer mejor gobierno. Será un buen administrador, eso no me cabe duda, pero difícilmente podrá alcanzar objetivos nacionales que requieren consenso político (educación, salud, empleo, la siempre debatida reforma del estado). Como decía Luis Bedoya Reyes, en su época de alcalde, los técnicos se alquilan. Tenía razón don Luis. Basta ver el lamentable y poco ético papel que desempeñó el técnico ministro de economía en la salida del premier Villanueva.

Solo espero, por el bien del país, no se repita la historia de los años noventa (“poderes en la sombra”, desprestigio de lo político, uso y abuso de los recursos públicos). Que por estas tierras tenemos la mala costumbre de repetir las mismas historias pero con actores diferentes. Ya sabemos como terminaron los actores de aquel drama. No voy a fungir de adivino, pero no vaya a ser que de acá a algunos años quien esté en el banquillo de los acusados sea nuestro actual presidente clamando ¡soy inocente!
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Friday, February 28, 2014

VENEZUELA, ENTRE EL AUTORITARISMO DEMOCRÁTICO Y LA LLANA DICTADURA

El socialismo del siglo XXI era, en esencia, un nacionalismo pan latinoamericano, con un rol importante sustentado en el carisma de Hugo Chávez. Su encanto fue que siempre el discurso parecía más radical que las propuestas económicas: jamás los medios de producción pasaron íntegramente al estado, ni hubo intento alguno por abolir las clases y privilegios sociales, menos eliminar en su país el capitalismo como sistema; amén de usar el petróleo para ganar aliados y conformar la ALBA, con Cuba como una suerte de mentor ideológico y asesor, y “países amigos” como Nicaragua, Bolivia o Ecuador.

Desde el ángulo económico podemos decir que se trataba de un capitalismo de estado, donde el estado tiene una omnipresencia avasalladora, desde regulador o controlador de precios y autorizaciones hasta el rol de empresario público; todo ello sustentado en una economía primaria de exportación de petróleo, mayormente al “enemigo”, encarnado en los Estados Unidos.

El capitalismo de estado demanda ingentes recursos económicos para sostenerse en el poder, así como una clientela leal “comprada” con esos recursos. Es su principal fuerza, pero como veremos más adelante, también su principal debilidad.

Precisamente, el sostén interno del régimen se basaba en el asistencialismo a las clases populares, formando una clientela social adicta al régimen, lo cual implica grandes programas de inclusión gracias al recurso petrolero. Asimismo, debía tener contenta a la cúpula militar con prebendas que le permitan su “lealtad”; prebendas de las que también gozaban los empresarios amigos del gobierno. Paralelo a ello, también se contaba con empleos en la burocracia estatal para los militantes del PSUV, el partido oficialista.

La clientela chavista era y es bastante variada, lo que le ha permitido subsistir por quince años ininterrumpidos en el poder. Si queremos hacer un símil en la región –salvando las notorias diferencias del caso-, quizás lo más cercano es el PRI de México en sus mejores años. Una suerte de corporativismo estatal con penetración en diferentes estratos sociales, así como el ascenso de nuevos ricos, los amigos del régimen que ganan las licitaciones públicas o los propios jerarcas de la cúpula partidaria que manejan los asuntos públicos y que en Venezuela han sido denominados la boliburguesía.

Este sostén social explica en parte porqué la oposición en Venezuela es débil. No únicamente por ser una oposición escasamente articulada y hasta hace poco bastante  fragmentada, sino porque el régimen chavista es bastante fuerte en la sociedad venezolana.

Son los sectores populares, pero también los militares, los nuevos ricos y gran parte del empresariado que no se hace problemas con el recorte de libertades del gobierno o el color político de este con tal de seguir haciendo negocios. A ello se debe sumar que la clase media era más o menos indiferente a estos asuntos hasta que comenzó a padecer la escasez de productos básicos y el deterioro progresivo de su poder adquisitivo.

En lo político-constitucional todos los países chavistas han dado un paso “refundacional” de la nación con la promulgación de una nueva constitución política (este planteamiento “refundacional” también estuvo presente en la gran trasformación del entonces candidato Ollanta Humala) que, sin excepción, contiene una cuasi indefinida reelección del presidente de la república y un vaciamiento de las instituciones democráticas, constituyéndose en democracias autoritarias.

Políticamente es lo más peculiar de estos regímenes: tienen una democracia formal de fachada (elecciones periódicas, nombramientos institucionales, etc.), pero carentes de contenido esencial de democracia representativa (separación de poderes, respeto a los derechos fundamentales de los contrarios al régimen).

Quizás los rasgos más característicos de las democracias autoritarias (o autoritarismos competitivos como también se les denomina) sea un partido dominante en la estructura del estado, que hace uso y abuso de los recursos públicos (compra de lealtades y prensa a su favor, elecciones más o menos amañadas, etc.); y una tolerancia de diferentes grados en la escena oficial de prensa y partidos de oposición, por lo general bastante debilitados y hostilizados por el oficialismo.

Esa es una diferencia esencial entre las democracias autoritarias y la simple dictadura. En esta ya no se permite el accionar de la prensa y partidos de oposición, y se coartan totalmente los derechos políticos de los ciudadanos.

Matices más, matices menos, el modelo de democracia autoritaria desde la orilla de la derecha lo tuvimos en Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Ingresó por elecciones totalmente legítimas y, una vez en el poder, trató de perpetuarse, incluyendo reelección presidencial inmediata, cambio de constitución política, “autogolpe”; pero tolerando siempre a prensa y partidos de oposición, con los que incluso “negociaba” favores políticos como se visionó en los llamados “vladivideos”.

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En el campo económico –que es el nacimiento de las protestas que hemos presenciado en Venezuela- el modelo tiene límites. Si bien el partido de gobierno necesita enormes recursos para mantener la lealtad de los grupos sociales que lo apoyan; tenemos también la gran ineficiencia del estado en administrar esos recursos, y la subsecuente corrupción –grande y pequeña- que se produce al manejarlos. Al final tenemos un estado empobrecido, lo cual es paradójico al ser Venezuela un país rico en petróleo, pero que prácticamente tiene que importar todo de fuera, con las correspondientes autorizaciones, permisos y licencias que traban el intercambio comercial. Si un empresario requiere importar un bien de fuera deberá realizar una infinitud de trámites, incluyendo autorización para contar con divisas, y las correspondientes corruptelas para “agilizar el trámite”.

El consumidor final lo que sufre en carne propia es la escasez de bienes en el mercado de precios controlados (lo más pintoresco fue la escasez de papel higiénico en los últimos meses), dando origen a que se encuentre de todo (o casi de todo) en el mercado negro o paralelo a un precio superior para aquellos que pueden pagar esos precios.

A ello se suma la inseguridad ciudadana, con una alta tasa de delitos contra la persona y el patrimonio. Lo más representativo, y noticia que dio la vuelta al mundo, fue el asesinato a sangre fría de una ex reina de belleza en una autopista venezolana.

Deterioro de la economía (inflación, escasez de artículos básicos, déficit público), inseguridad ciudadana (constantes asaltos y robos), recorte de libertades políticas y torpeza en el manejo de los asuntos públicos por el ejecutivo, así como en la relación con la  prensa y partidos de oposición, generó malestar en la sociedad; principalmente los estudiantes universitarios y la despiadada represión policial con el asesinato de cerca de quince ciudadanos, varios de ellos ocasionados por milicias chavistas armadas, sin contar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los detenidos en las manifestaciones.

Este malestar fue capitalizado por la oposición, principalmente el sector radical encabezado por Leopoldo López, joven político venezolano, cohesionándola en una serie de manifestaciones y protestas contra el gobierno de Maduro
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¿Los disturbios que hemos presenciado significan “el comienzo del fin” del chavismo?

No necesariamente. Las protestas han sido protagonizadas principalmente por jóvenes estudiantes universitarios que pertenecen a la clase media; así también los líderes políticos de la oposición (López, el propio Capriles) provienen de la clase media acomodada, no son líderes que han nacido y se comunican “instintivamente” con el pueblo, como fue el caso de Chávez (y limitadamente incluso del propio Maduro). Son vistos oficialmente como “los ricos” que protestan por habérseles quitado privilegios.

Es cierto que la más incómoda y eje de las protestas callejeras es una clase media acostumbrada a tener de todo a precios subsidiados y que ha sufrido gradualmente el deterioro de su ritmo de vida, incluyendo escasez de productos básicos y pérdida progresiva de su poder adquisitivo debido a la inflación constante que sufren los precios relativos. Pero, como la historia lo ha demostrado también, una clase media puede protestar pero no cambia el curso de los acontecimientos, salvo que se encuentre en una situación excepcional, lo que no es el caso.

Si bien el chavismo ahora está compuesto por varias facciones, la ofensiva externa significó cohesión interna de estas facciones para su supervivencia. Se debe tomar en cuenta que el chavismo tiene los medios políticos y económicos para quedarse en el poder, aparte de una comunidad internacional bastante indiferente con lo que sucede en Venezuela, más allá de los comunicados oficiales de rigor de los gobiernos vecinos “preocupados” por la democracia (la OEA y los organismos multilaterales se han mostrado totalmente pasivos en relación a la situación vivida en Venezuela). Tendría que existir una fuerte fractura interna y un debilitamiento notable del chavismo, la intervención directa de los poderes fácticos como los militares, o una decidida y enérgica intervención de los países y organismos internacionales, para poder especular en el fin del régimen.

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Escenarios que podrían suceder

La situación actual es insostenible. Probablemente veamos en el mediano plazo un reemplazo de Maduro y su facción por otra facción chavista, quizás la de Diosdado Cabello o alguien de su entorno en el ejecutivo; todo dependerá de la correlación de fuerzas que se presente al interior del chavismo, y si la facción rival tiene el respaldo de la cúpula militar.

En lo político, el discurso nacionalista se encuentra agotado. Por lo menos para establecer sólidas alianzas internacionales. En las actuales circunstancias, la ambición de una América Latina antiimperialista liderada por Venezuela es una utopía difícilmente realizable.

Debemos tener presente que el discurso chavista, así como el estilo de hacer política, se sustentaba mucho en el estilo de gobierno del general Juan Velasco Alvarado en Perú, a quien Chávez conoció y quedó admirado de su figura política cuando era un joven cadete. En el caso de Velasco, el discurso nacionalista se agotó precisamente cuando la situación económica se complicaba, algo similar a la venezolana de estos días: inflación al alza, déficit fiscal y el añadido del descontento en la oficialidad castrense.

Este último elemento es el que habría que determinar si existe en Venezuela. Lo cierto es que Maduro no ha podido consolidar su gobierno. No ha ganado legitimidad o consenso entre las demás facciones chavistas, actúa a la defensiva, lo que ha sido evidente en la despiadada represión de las protestas de Febrero.

Al ser inviable una chavistización de Latinoamérica, es probable que de aquí en adelante el gobierno de Maduro, o de quien lo suceda, se concentre más en resolver los graves problemas internos que en alianzas internacionales. Incluso, de existir serias fisuras al interior del partido de gobierno, podría producirse un desprendimiento gradual de la tutela cubana, considerando que parte del sector militar (y también una facción del chavismo) no ve con buenos ojos que una nación con un régimen socialista se entrometa en los asuntos internos de Venezuela.

No podemos especular sobre “un fin del chavismo” en Venezuela, dado que tiene una gran base social en los sectores populares (como en Perú lo tiene el fujimorismo), aparte que el propio Chávez se está convirtiendo en un mito, en una leyenda post mortem que aglutina y cohesiona a seguidores y simpatizantes. Es bastante probable que si el partido de gobierno supera la actual crisis y resuelve con pragmatismo los conflictos internos entre “los sucesores de Chávez”, tengamos un partido consolidado en la escena política venezolana, algo similar al peronismo en Argentina.

En lo económico el tema es más complicado, porque solo existen dos caminos (y sus respectivas variantes): o continúa el proceso de estatización de la economía, llegando al extremo de contar los ciudadanos con “cartillas de racionamiento” tipo Cuba y un mercado libre donde el que tenga dinero encontrará de todo a precios muchos más elevados; o liberaliza la economía, haciendo las correcciones a los desequilibrios existentes, lo cual significaría superar el control de precios y reprivatizar todo lo que había pasado a manos del estado.

Conociendo el sesgo ideológico de Maduro, así como su actuar político, el camino de la liberalización económica es poco probable que lo siga (implicaría un shock económico que lo haría más impopular); por lo que su gobierno podría optar por mayor estatismo. La fórmula intermedia, como reformas tibias, sería poner únicamente “parches” al desborde que se viene, lo que equivale a tomar una aspirina para poder recuperar la salud perdida.

El peor escenario: que el errado rumbo de Maduro, y a fin de consolidar al interior del chavismo su poder, podría ir acompañado de un recorte mayor de las libertades políticas, ilegalizar a la oposición y pasar del autoritarismo democrático al viaje sin retorno de la llana dictadura, camino bastante arriesgado y de pronóstico reservado.
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Wednesday, January 29, 2014

27-E: EL LÍMITE ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

No todo comenzó una fría mañana de Enero de 2008, cuando el agente especial del gobierno peruano depositaba la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, sino mucho antes, cuando un olvidado contralmirante -el controvertido contralmirante Faura- a mediados de los años setenta del siglo pasado advertía en un libro que no estaban delimitados los límites marítimos con Chile y exhortaba a solucionar esa agenda pendiente. Continuó en la década siguiente cuando la cancillería peruana hace suya dicha tesis y empezó la etapa del diálogo hasta agotar el trato directo con el estado chileno y pasar a la siguiente fase, donde un tercero (la Corte de la Haya) dirima el asunto.

Curiosamente el asunto de los límites marítimos con Chile fue uno de los pocos casos donde existió una política de estado que significó continuidad a través del tiempo y los distintos gobiernos: las personas iban rotando pero la política trazada desde Torre Tagle continuaba. Incluso la tesis de “las cuerdas separadas” era de la cancillería, a fin que no enturbie las relaciones económicas mutuas. Y, cosa rara también, significó un consenso de la clase política peruana, caracterizada no tanto por su fraternidad.

No solo es una victoria jurídica para nosotros, sino moral. Significa ganarle en derecho al país que nos ganó en la guerra del Pacífico. Ojalá se pueda superar definitivamente “el trauma de la guerra”; aunque ello no dependerá solo de nosotros, sino también de nuestro vecino. Significa voluntad política y buena fe de ambos gobiernos de acatar y ejecutar el fallo lo más pronto y serenamente.

Es cierto que gracias a nuestras relaciones comerciales y de inversión gran parte de esa desconfianza mutua ha ido amenguando. Los chilenos fueron los primeros en venir a invertir acá cuando se abrió nuestra economía, luego nosotros fuimos allá con nuestra gastronomía y comenzamos a abrir restaurantes peruanos por doquier. Nuestra cultura -por lo menos en la costa- se ha contagiado imperceptiblemente y para bien de cierta “chilenización”, y los chilenos gracias a los miles de migrantes peruanos se ha contagiado de parte de nuestras costumbres (de las buenas y de las otras también). Estamos dentro de la Alianza del Pacífico que, más allá de las rivalidades naturales, ha permitido sumar intereses y esfuerzos. Ya no hablemos de la complementariedad de dos ciudades cercanas como Tacna y Arica y que mereció una declaración conjunta de ambos alcaldes antes del fallo. Existe integración no solo económica, sino también social y cultural. Nos guste o no se está construyendo un “destino común”.

Así como Ecuador “se sacó el clavo” con la victoria militar sobre nosotros en Tiwinza en la década de los noventa y permitió abrir paso a las negociaciones de paz definitivas (otro mérito de la cancillería de Torre Tagle); igual puede suceder ahora y cerrar definitivamente las heridas del pasado. Dependerá que el hecho jurídico que es la sentencia de la Haya se convierta en hecho político. Países con tradición de encono peor que la nuestra lo han conseguido. El futuro post 27-E está abierto.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Monday, January 13, 2014

CONCENTRACIÓN DE MEDIOS: EL CASO DE LA POLÉMICA DE LA COMPRA DE EPENSA POR EL GRUPO EL COMERCIO

Es cierto que el tema nació y continúa por la frustrada compra del Grupo La República (GLR) de los productos de Epensa (entre otros la revista Correo Semanal, los diarios Correo, Ojo, Ajá –fuera de circulación desde el 30 de Diciembre pasado- y El Bocón). Como es sabido, el Grupo El Comercio (GEC) concretó la transacción económica, desplazando a su rival La República, la que inmediatamente reaccionó denunciando una “concentración de medios”, realizando una campaña mediática sostenida, con foros públicos, constantes primeras planas del tema, invitación de “expertos en la materia”, incluyendo una entrevista in extenso a nuestro Nobel, quien se pronunció enfáticamente contra la concentración de medios por un solo grupo empresarial. Debemos tener presente que la declaración de Mario Vargas Llosa (y su posterior artículo principista) no es de un intelectual de izquierda, sino de un reputado intelectual de raigambre liberal, reforzando notablemente, con la autoridad moral que ostenta, la posición anti-concentradora en el debate generado.

Esta campaña sostenida traspasó las fronteras mediáticas cuando a fines del año 2013 el accionista mayoritario del GLR, junto a varios y conocidos periodistas (muchos de su propia casa periodística) interpusieron una acción de amparo contra la referida compra y contra los contratantes por atentar contra la libertad de expresión, solicitando la nulidad de la compraventa de las acciones. Como es conocido, la acción fue admitida a trámite. 

El problema tiene distintas aristas para su análisis: la jurídica, la política, la de derechos fundamentales, la económica, la constitucional, la judicial, la de libertad de mercado, de empresa y de competencia.

En propiedad, según declaraciones de voceros cercanos al GEC, se trataría de una compraventa del 54% del paquete accionario referente a la producción, comercialización y distribución de los productos de Epensa, más no el control editorial, la generación de contenidos, ni las plataformas multimedia, que quedarían en manos de la familia Agois-Banchero a través de la empresa Epensa SAC. En otras palabras, el GEC tiene el control económico absoluto del conglomerado periodístico, vale decir lo que es tiraje, distribución de los productos, merchandaising, cartera de clientes, fijación de tarifas publicitarias, promociones, etc.; mientras los Agois-Banchero tendrían el “control político” de dichos medios, vale decir podrían fijar la línea editorial de los productos y las informaciones periodísticas, incluyendo las que aparecen en las páginas webs de los diarios.

Si bien “el affaire” comenzó como una pelea entre dos grupos empresariales mediáticos, lo cierto es que ahora rebasa los límites de lo privado para convertirse en un asunto de interés público que debería ser debatido ampliamente, más allá de los intereses económicos de ambos grupos mediáticos.

La concentración de medios es un fenómeno que se produce en distintas partes del mundo. La consolidación de grandes empresas mediáticas ha permitido que ingresen a distintas áreas como la televisión, la radio, el internet y, por supuesto, comprar otros periódicos (lo que se denomina “propiedad cruzada”). También es cierto que algunos países -de corte marcadamente liberal y capitalista- han regulado los porcentajes de la participación de medios, a fin que no se generen “externalidades negativas” producto de la concentración en pocas manos de distintos medios de comunicación (el caso más emblemático es el de la propia Inglaterra).

Entre nosotros, como en muchos aspectos que requieren una adecuada regulación, no contamos con una ley expresa. Si bien el párrafo segundo del artículo 61º de la Constitución Política alude implícitamente al tema, pero faltó una ley de desarrollo de dicho contenido constitucional, ley que en su momento hubiese ahorrado más de un problema como el presente.

El asunto va por las “externalidades negativas” que pueden ocurrir cuando un solo grupo mediático tiene una posición dominante en el mercado de medios de comunicación, más si ese grupo, aparte de los medios escritos, tiene participación en la televisión, la radio y el internet.

Tratándose de medios de comunicación, las “externalidades negativas” afectan ámbitos privados y públicos, y van desde sesgar la información a favor o en contra de algún tema o personaje, pasando por las condiciones para el ingreso de nuevos medios, la distribución y venta de los medios de la competencia, las tarifas publicitarias, participación del total de publicidad disponible (lo que llaman “la torta publicitaria”), hasta la libertad de expresión e información, y la propia estabilidad del sistema político y de gobierno.

El asunto no va solo por la libertad de empresa, sino que afecta directa o indirectamente a la sociedad civil y a la sociedad política. Si elevamos el nivel de discusión a la idea del bien común, entonces vamos a la esencia misma de lo republicano: a salvaguardar el interés de todos frente al interés egoísta de unos cuantos. O si se quiere, hasta qué punto la libertad de empresa y la concentración de medios en particular afecta el buen gobierno o los intereses de todos.

Ese debate se encuentra ausente, salvo una que otra voz, en cierta forma porque -a diferencia de otros países de la región- la ideología y prédica neoliberal sigue siendo dominante entre nosotros, recurso eficaz cuando se trata de impedir cualquier regulación; lo que se ha reflejado no solo en los argumentos de periodistas del GEC a favor de la concentración, sino en confundir lo que sería una regulación de carácter jurídico-económico como existe en distintos países de raigambre liberal y capitalista, con una “mordaza” a la prensa a través de una ley similar a la existente en la época del gobierno del general Velasco, eludiendo así la esencia del debate. (Más allá de los “cucos” que no ayudan a un debate serio y más bien lo entorpecen, sería bueno que aquellos que defienden la concentración de medios argumenten más seriamente. Algunos lo están haciendo, lo que estimula el debate; pero otros no pasan de exhibir fantasmas, es decir nada).

Frente a ello urge un debate del tema en distintos niveles, no solo en la lucha entre ambos grupos periodísticos, y que fruto de ese debate se proponga (o no) una regulación legal de la concentración de medios y del segundo párrafo del artículo 61º de la Constitución Política. Tienen la palabra sobretodo los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones civiles y, por supuesto, los propios medios.

Asimismo, la variable política del asunto ya apareció y se irá acentuando conforme el proceso judicial vaya desarrollándose en los tribunales. No solo porque ya se encuentra en la agenda pública el debate, traspasando los intereses propios de cada uno de los grupos mediáticos en pugna; sino también porque está ocurriendo una suerte de “acumulación de fuerzas” en ambos bandos en pugna. Los dos grupos mediáticos saben muy bien que esta “guerra” no solo se libra en el fuero judicial o lanzándose puyas los periodistas de ambas casas, sino que el apoyo político implícito o explícito es importante para ganar la guerra. De allí que dos partidos políticos (el APRA y el PPC) se hayan pronunciado expresamente en contra de cualquier regulación, esgrimiendo precisamente como justificativo “la defensa de la libertad de expresión”. Por el lado del GLR ha contado como aliado -quizás no tan inesperadamente- al propio presidente de la república y otras personalidades respetadas, tanto del mundo político, como el académico y el intelectual. El asunto podría tornarse insostenible si los operadores políticos intervienen con medidas o actos fuera de toda proporción o extrayendo leyes inesperadas sin la necesaria reflexión y ponderación del tema.

De allí que el tema debería ser revisado en sede constitucional, sea el propio Tribunal Constitucional y, de ser posible, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obvio que con esta acción legal el Grupo La República tiene mucho que ganar y nada que perder (por razones éticas debería expresamente declarar su inhibitoria a adquirir el conglomerado de Epensa ante un eventual fallo a su favor), mientras al Grupo El Comercio le sucede exactamente lo contrario (razón por la cual al inicio no quiso entrar al debate y luego se vio forzado a ello); pero, los argumentos en sede constitucional -más allá de a quién le den la razón- servirían para fijar los lineamientos de una posible regulación legal.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es



Saturday, December 28, 2013

BREVE BALANCE DEL AÑO CINEMATOGRÁFICO

Lo insólito del 2013 fue el estreno de distintas cintas nacionales, muchas de jóvenes realizadores. Desde estrenos comerciales que “han roto la taquilla” como Asu mare o Cementerio General –y que servirá de incentivo para que otros continúen por el mismo camino- hasta películas más personales y con escaso público, como El limpiador o Chicama, película esta última que es digna representante del llamado “cine regional”.

Quizás lo interesante está en la heterogeneidad. No se puede hablar que sigan una sola tendencia o escuela (como sucedía con la generación de Lombardi, marcadamente realista), sino que sus intereses son diversos, lo cual es bueno. Naturalmente el éxito comercial de Asu mare ha dado pie a aquellos que sostienen que el cine nacional no debe ser subsidiado ni directa ni indirectamente por el Estado; aunque películas más personales como las aludidas El limpiador o Chicama digan lo contrario: hay cierto cine que sí debe ser promovido por el estado bajo ciertos parámetros; y dentro de esa promoción debería incentivarse el corto y una veta que tiene pocos exponentes conocidos en nuestro medio (más allá de Javier Corcuera): el documental.

Si bien una golondrina no hace el verano, un año excepcional no marca una tendencia; aunque hacemos votos para que se mantenga constante.

Aristóteles Picho, In Memoriam: Quizás sus performances cinematográficas eran muy sobreactuadas, como que venía del teatro; pero no cabe duda que era una presencia en los papeles que le cupo, muchos de ellos secundarios. El último fue en El evangelio de la carne, actuando en silla de ruedas –por un problema en la médula-; pero imponiéndole a su personaje una dimensión mefistofélica que quedó grabada en la memoria.
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Thursday, December 26, 2013

PORQUÉ HEMOS TENIDO DOCE CONSTITUCIONES POLÍTICAS Y APENAS TRES CÓDIGOS CIVILES



La pregunta puede parecer ociosa o solo para diletantes; pero sin parecerlo, se relaciona con nuestra vida diaria, con nuestro quehacer constante.

Esa pregunta siempre se las formulo a mis alumnos de derecho. Les doy una hipótesis incorrecta en el sentido que posiblemente en nuestra historia jurídica han existido mejores civilistas que constitucionalistas. Algunos comienzan a elucubrar seriamente en esa posibilidad, otros en cambio se dan cuenta de “la trampa” y giran su pensamiento a otro lado.

Doce constituciones más un estatuto provisional suenan a demasiado. Significa que el promedio ha sido una por cada quince años de nuestra vida republicana. No son pocas, aunque tampoco demasiadas en comparación con algunos de nuestros vecinos. En códigos civiles –sin contar el efímero de 1836 de la Confederación peruano boliviana-, cada uno ha tenido en promedio respetables sesenta y tres años. No está mal, aunque hay países que ostentan un solo Código Civil a lo largo de su vida como estado – nación. Es el caso de Francia y su Código Civil de 1804 o Alemania y su cuerpo civil de 1900; o “los históricos” de la región como el argentino o el chileno, ambos de mediados del siglo XIX.

Pero, volvamos a la pregunta inicial: porqué hemos tenido doce constituciones políticas y apenas tres códigos civiles. Creo la respuesta la hayamos más fuera del mundo jurídico, en el campo de lo social y lo político, que es donde se nutren y se aplican las leyes.

Es una verdad de Perogrullo, pero de repente por ello no tan evidente.

Nuestra vida política como república fue bastante tormentosa, agitada, con crisis, “revoluciones”, comienzos adánicos, guerras intestinas violentas. En fin, la política ha sido un aciago campo de batalla que ha obligado más de una vez a resolver una grave crisis o un entrampamiento político con la dación de una constitución política. Sería interesante un estudio de la génesis de cada constitución política y las razones por las que han tenido tan corta vigencia. Tan corta, que sus instituciones no llegan a sedimentar en la sociedad, a tomar cuerpo, que apenas están creciendo y algún afiebrado grupo clama ya por “cambiar la constitución” o, peor aún, “regresar a la anterior”. Y cuando uno pregunta porqué, las respuestas van por el origen “espurio” de la vigente, algo así como renegar de un hijo bastardo que nos trae de regreso el pasado. Otros, con menos materia gris responden “porque la actual constitución ya es muy antigua” (sic). Y son abogados. No se sorprendan porque anda tan mal el mundo del derecho.

La verdad, es infantilismo. Refleja todavía falta de madurez política, de complejo de Adán, de que la historia comienza conmigo.

Socialmente ningún país ha progresado por el cambio prematuro de constituciones. Todo lo contrario, los que mantienen su tradición jurídica son más estables. Sino, pregúnteles a los chilenos si se les ocurrió cambiar “la constitución de Pinochet” terminado el gobierno militar o, peor aún, “regresar a la anterior porque es más democrática”. Lo tomarían, en el mejor de los casos, por un hombre ingenuo pero alunado. (Aunque los chilenos en el último debate electoral han entrado al movido terreno de la reforma de su Constitución).

En cambio, las sociedades no cambian tan vertiginosamente como la vida política de los países. Los cambios sociales son más pausados y, por ende, los códigos civiles -que regulan la vida social o ciertos actos de esta- son más estables en el tiempo. El matrimonio, por ejemplo, como institución se ha mantenido casi igual desde que alguien, miles de años atrás, tuvo la genial idea de crear una unidad económica-social básica que sirviese de apoyo a la naturaleza precaria del ser humano y, de paso, se perpetuase la especie. Y digo “casi” porque, nos guste o no, se nos viene la institucionalización del llamado “matrimonio gay”, del matrimonio entre dos personas de igual sexo (aunque no se alarmen los tradicionalistas, la familia no va a morir; igual se creía cuando se equiparó a la mujer en derechos iguales al hombre dentro del matrimonio).

Algo distinto sucede con las instituciones que regulan, por ejemplo, las obligaciones. Sería exagerado decir que se mantienen inmutables desde el clásico derecho romano, pero como que no han variado mucho. Las clásicas prestaciones de dar, hacer o no hacer mantienen su vigencia permanente, así como los principios que regulan los contratos.

Por eso no prosperó un cambio radical del Código Civil del 84 (ni creo que prospere otro ahora que se vienen sus treinta años); apenas leves retoques. Pero, hablamos de constituciones y ya se escuchan voces exaltadas que claman el cambio. Ya se habla de retornar a la bicameralidad sin una reflexión sensata de los pro y los contra, sin un debate sosegado (en lo personal creo más son los contra que los pro). La pregunta es cuándo cambiaremos, cuando seremos más maduros de aceptar realidades por más que nos duelan. Tiempo al tiempo.

Y dejaremos otra pregunta en el aire: ¿por qué ha permanecido vigente por veinte años “la espuria” constitución de 1993? Sus enemigos no le daban ni un año de vida y ya lleva veinte y quizás, salvo algún hecho traumático futuro en nuestra historia, tiene vida para rato. De nuevo las respuestas no se encuentran en el mundo jurídico, están más allá.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Monday, December 09, 2013

MANDELA



Hay hombres que remontan sus dificultades y se colocan por encima de las circunstancias y miran el horizonte. A esa raza perteneció Mandela. Fue el político que se convirtió en estadista y pasó a la Historia con mayúsculas. Incendiario de joven, violento; los largos años de privación de la libertad fueron el crisol donde se formó el futuro estadista. Inspirado en Gandhi, su prédica de la no violencia fue una estrategia política para obtener ventajas y posiciones de las flaquezas en la lucha por la igualdad de derechos a las mayorías negras en Sudáfrica. Fue vencer al apartheid con el desarme de la paz, cosa que de esa manera aislaba al monstruo de apoyo internacional y congregaba a su causa, en el frente interno, a los blancos de buen corazón. La prédica gandhiana no fue solo principista, fue lucha política, como la del Mahatma en su momento.

Y si bien el perdón al enemigo blanco una vez en el poder le granjeó enemigos entre sus propios hermanos negros, no menos cierto es que de haber cundido el revanchismo Sudáfrica se hubiese convertido en un escenario virtual de guerra civil o, en el mejor de los casos, en ingobernable. A veces en la historia se debe tender la mano al enemigo, para no perecer junto a él.

Que las cosas no se han solucionado y que las diferencias en su país siguen siendo abismales entre blancos y negros, es verdad. Pero para solucionar problemas difíciles en democracia falta tiempo y esfuerzo de talentos humanos como Mandela. Y, si bien la muerte vuelve íconos a ciertas personas, suerte de santidad laica, falta que se escriba la biografía crítica del gran líder sudafricano. Con sus luces y sombras. Esos contrastes que nos dicen más del hombre que la imagen de estampita que ya empieza a circular.

Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es