Por: Eduardo Jiménez J.
@ejj2107
Los procesos anticorrupciĂłn tuvieron
su nota dramática con el suicidio del expresidente Alan GarcĂa cuando iba a ser
detenido en Abril pasado. Con cuatro ex presidentes investigados y con orden de
detención, más dos alcaldes de la ciudad capital con investigaciones abiertas
por recibir sobornos, a un observador foráneo le pudiera parecer erradamente
que la justicia en el PerĂş funciona como en los paĂses donde el poder judicial
es un poder autónomo y respetado, sólido e independiente. Bueno, nada más
alejado de la realidad.
Los procesos judiciales contra la
corrupciĂłn se están produciendo en distintos paĂses. No solo el nuestro. Por lo
general comienza con noticias y comentarios de la prensa que resaltan el hecho
de corrupciĂłn, donde casi siempre un polĂtico conocido está implicado, se
propaga luego a la fiscalĂa quien tiene la responsabilidad de probar los
ilĂcitos y denunciar y termina con una condena en el Poder Judicial. Algunos
sostienen que entre ciertos medios de comunicaciĂłn y la fiscalĂa se “está
jugando en pared”.
Nadie duda que la alta corrupciĂłn debe
ser sancionada severamente en nuestro paĂs. Nuestra vida independiente naciĂł
plagada de actos corruptos. La polémica está en las largas prisiones preventivas
(36 meses) sin que la fiscalĂa formule denuncia y menos haya juicio. El otro
hecho está en si la justicia peruana, como ha sucedido en otros lugares, se
está politizando o más bien obedece a presiones sociales y de ciertos medios de
información y ONGs. Y al final si tanto esfuerzo erradicará la corrupción del
escenario nacional. Los más ingenuos y los más interesados alegan que sĂ
desaparecerá, los más escĂ©pticos –entre los que me incluyo- que no.
Sobre el primer punto, las largas
detenciones preventivas, ya juristas expertos en el tema, ciertos magistrados,
instituciones internacionales y la doctrina recomiendan que no basta con pedir
la prisiĂłn preventiva de un inculpado invocando la norma, sino demostrar con
hechos que es necesaria, sobretodo tomando en cuenta que el privar la libertad
a una persona es el Ăşltimo ratio decidendi basado en hechos irrefutables o por
lo menos indicios de los que no existe duda alguna. Y todo indica que la
fiscalĂa está pidiendo sin mucho fundamento fáctico las prisiones preventivas
por largos periodos de tiempo en los que no formula denuncia alguna contra el
inculpado.
El otro punto es si la justicia se
está politizando o más bien estamos ante una justicia populista presionada por
los medios, las encuestas y ciertas ONGs
pro derechos humanos, casi siempre de izquierda y por naturaleza antiapristas y
antifujimoristas.
Creo que hay una mezcla de los dos
componentes. Hay mucho de una justicia politizada que por mucho tiempo fue
predio exclusivo del partido aprista y que ahora, sobretodo en la nueva hornada
de magistrados, debe compartir con otros grupos y tendencias polĂticas el Poder
Judicial.
Para nadie es secreto que antaño,
cuando un juez querĂa ser promocionado a la Corte Suprema debĂa pedir audiencia
a uno de los lĂderes del Apra. Eran otros tiempos, los de la edad de oro del
partido aprista en los predios judiciales. El partido siguiĂł manejando jueces y
fiscales de distinto grado, pero fue perdiendo gradual influencia conforme perdĂa
protagonismo polĂtico, y a inicios del presente siglo las nuevas promociones de
magistrados no se sentĂan identificadas con el partido de la estrella, ni
tampoco lo necesitaban para ser promovidos.
Lo cierto es que el Apra perdiĂł
hegemonĂa judicial conforme fue perdiendo hegemonĂa polĂtica. Los años noventa
del siglo pasado marcan un antes y un después. El fujimorismo le quitó mucho
poder al Apra en los predios judiciales y retomada la democracia no lo pudo
reconquistar como antaño.
A partir de allĂ comenzaron a tener
hegemonĂa otras tendencias y hasta hemos llegado a tener un presidente de la
Corte Suprema ex militante nada menos que de Patria Roja, antaño una de las izquierdas
más radicales en nuestro paĂs, impensable en otros tiempos.
En la fiscalĂa pasĂł un proceso
similar. Los nuevos fiscales no le deben ningĂşn favor polĂtico al Apra y es
posible que incluso, ideolĂłgicamente, sean antiapristas y antifujimoristas. Seamos
sinceros: no existe ni juez ni fiscal “puro”, no contaminado con la polĂtica en
nuestro paĂs.
No digo que sea en toda la
administraciĂłn de justicia o sea un control absoluto del Poder Judicial como en
el fujimorismo; más bien tenemos ciertas “coordinaciones” entre áreas segmentadas
del ejecutivo como el ministerio de justicia y ciertos jueces y fiscales, como algunos
medios de comunicaciĂłn que tienen las “primicias” de los procesos
anticorrupciĂłn y ONGs pro derechos humanos que “apalancan” las investigaciones.
Esa convergencia de medios, jueces,
fiscales y ONGs está produciendo el levantamiento de las noticias ligadas con
la corrupciĂłn, sobretodo si llevan el sello del Apra o de Fuerza Popular.
Que la ventilación mediática de los
procesos contra la corrupción tenga un efecto profiláctico social, no lo
negamos, que sean una suerte de catarsis colectiva de los peruanos, tampoco;
pero que tenga consecuencias a futuro en disminuir la corrupciĂłn en nuestro
paĂs, lo dudo.
Y lo dudo porque disminuir la
corrupción obedece más a un trabajo institucional a largo plazo y a cambiar la
cultura pro corrupción que tenemos en general en Latinoamérica que llevar a
tres o cuatro ex presidentes al banquillo de los acusados y ser atenciĂłn
mediática por algunas semanas.
Son sobretodo “chivos expiatorios” que
lucha real contra la corrupción. Son más fuegos artificiales para la platea que
lucha real. Estoy seguro que el “club de la construcciĂłn” implicado en los
sobornos para conseguir las grandes licitaciones del Estado y quienes detentan los
poderes fácticos seguirán negociando con el Estado y sacando adelante sus
licitaciones en base a coimas hacia quien tenga el poder de turno. Odebrecht lo
sacĂł barato el seguir trabajando en nuestro paĂs a cambio de la delaciĂłn: apenas
una reparación de 180 millones de dólares pagaderos en 15 años.
También trae el riesgo que al
licenciar a buena parte de la “clase polĂtica” por el caso Lavajato de lugar a
una apertura a muchos aventureros de ingresar a la polĂtica bajo el lema de
“corrupciĂłn cero” y que llegados al poder sean los primeros corruptos, como ya
sucediĂł en el pasado con la caĂda del fujimorismo. Ello, sumado al
licenciamiento de todos los integrantes del actual Congreso va a conllevar
mayor mediocridad y desprecio hacia la clase polĂtica.
Como decĂamos en un anterior artĂculo
(2019: entre esperanzas y frustraciones),
cuando analizamos la politizaciĂłn del medio ambiente y que el 2019 se debatirĂa
entre las esperanzas del cambio o las frustraciones del todo sigue igual, más
parecen estos “cambios” una polĂtica del gatopardismo que un sincero deseo de
trasformar la situaciĂłn actual: las cosas
tienen que cambiar para que todo sigue igual.