Thursday, October 10, 2019

PERÚ, ¿QUIEBRE INSTITUCIONAL?: 30 SETIEMBRE, 2019




Por: Eduardo Jiménez J.
ejimenez2107@gmail.com
@ejj2107
 



No vamos a entrar en los detalles si el quiebre institucional del 30 de Setiembre fue un golpe de estado o se realizó conforme al procedimiento establecido en la carta magna. Personalmente creo que la figura de cuestión de confianza se forzó, buscando más bien una excusa el ejecutivo para cerrar el congreso, cosa que intentaba desde tiempo atrás.

Más que los politólogos o los comentaristas a favor o en contra que han salido a defender o cuestionar la decisión del presidente, va a ser la historia quien determinará la magnitud del suceso y sus repercusiones. Recordemos que el 5 de Abril de 1992, el presidente de ese entonces también cerró el congreso en olor a multitud, contra “los políticos tradicionales”. Y recordemos cómo terminó Fujimori ocho años después. Sic transit gloria mundi.

A nivel de reforma constitucional, el cierre del congreso y lo referente a la cuestión de confianza, servirá de insumo para futuros estudios y tesis que toquen el tema. Parece que la institución de la cuestión de confianza debe ser reelaborada. Sería bueno también revisar la bicameralidad, a la cual el presidente Vizcarra ejecutó “un tiro de gracia” en el referéndum de Diciembre pasado.

Es cierto que ahora no hemos visto tanques en las calles ni toma de emisoras; pero sería ingenuo creer que un golpe de estado se mide solo por lo epidérmico (tanques, estado de sitio, toma de medios de comunicación, encarcelamiento de opositores, etc.). Actualmente los golpes de estado se han vuelto mucho más sofisticados, recubriéndolos de un barniz demoliberal para las apariencias. La experiencia del 5 de Abril fue un modelo de cómo se hace ahora un golpe de estado y ese modelo ha sido perfeccionado en todo el mundo, tanto por gobiernos de derecha como de izquierda.

Lo preocupante es que luego de casi 30 años se ha vuelto a quebrar el orden institucional en nuestro país, hemos regresado a un pasado aparentemente cerrado en nuestra historia. Lo cual nos trae otra lección que no hemos aprendido: para asentarnos como sociedad y crecer y madurar no bastan las reformas económicas sino también las políticas que es donde estamos en déficit. De haber existido madurez política y sólidas instituciones, jamás se hubiese producido el cierre del congreso. El diálogo y la negociación de acuerdos habrían reemplazado a la excesiva polarización que vimos estos tres últimos años. Ambas partes, oposición fujiaprista y oficialismo más aliados de uno y otro bando optaron por el enfrentamiento final: la muerte política del otro. Matarte he o matarme has.

Nada garantiza tampoco que la lucha contra la corrupción y el afianzamiento de las instituciones democráticas sean el norte del ejecutivo. Va a tener cuatro meses por delante para gobernar por decretos sin oposición alguna. De haber prensa independiente, sería bueno que revise con lupa esos decretos, así como el gasto público en el sector defensa. El apoyo del comando conjunto de las fuerzas armadas al presidente Vizcarra no creo haya sido gratuito. La compra de armas y equipo militar a sobreprecios es la forma idónea de ganar algo para quien negocia dar respaldo “con las armas”. Igual sucede con los gobernadores y alcaldes que “respaldaron” al presidente. No lo hicieron en vano. Va a existir mucha micro obra que solo servirá para justificar un gasto poco productivo. La “lluvia de millones” va a estar bastante presente estos meses.

¿Dónde quedan las tan cacareadas reformas judicial y política que lanzó el ejecutivo meses atrás, y que fue materia de su cuestionamiento al congreso? Ninguna ha avanzado un centímetro y dudo que se apliquen a los comicios de los siguientes meses. Vamos a tener la misma cantidad de partidos (por llamarlos de alguna manera) y los mismos problemas o agravados de los tenidos hasta el presente. Nada garantiza que el próximo congreso sea de mejor calidad que el cerrado.

Don Luis Bedoya Reyes decía que los técnicos se alquilan. Podemos decir lo mismo de los constitucionalistas, politólogos y gacetilleros en general. Ha sido curioso ver aparecer una cantidad prodigiosa de “constitucionalistas” que en su vida profesional han escrito jamás ni siquiera un manual de derecho constitucional o por lo menos algún artículo de la materia, opinar a favor o en contra del cierre del congreso, o de la “denegación fáctica”, nueva teoría que estamos seguros enriquecerá la doctrina del derecho constitucional.

Por trasparencia y honradez de criterio, muchos de los opinólogos que han saltado a la palestra deberían ser sinceros con sus intereses. Responder preguntas como si asesoran o han asesorado al ejecutivo o al congreso, o a ciertos personajes de ambos poderes, si tienen intereses en conflicto en el estado, el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, si pertenecen o son simpatizantes de alguna tendencia política. Vamos, si son anti o pro fujimoristas. No me digan que solo los guía “la verdad”. Sinceridad, algo que me parece se ha perdido en este turbio debate.

También debemos estar alertas de un “cambio de constitución” fruto de alguna transacción poco clara entre el presidente Vizcarra y los grupos de izquierda que lo apoyaron. Recordemos que “una nueva constitución” fue la salida al penúltimo autogolpe de estado, solo que la alianza esa vez fue con grupos de derecha. Como que la obra de teatro se repite. Cambian los actores, pero no los papeles.

Vizcarra ya no tiene el gran enemigo que siempre fue el congreso fujimorista. Se quedó sin némesis, sin el gran villano que todo héroe debe tener. ¿Qué va a ser ahora? Las costuras de su mala performance gubernamental, donde tiene evidentes carencias, se van a notar más. Y ya no tiene el “gran enemigo” a quien culpar. O le queda hacer un mejor gobierno (esperamos eso, aunque es poco probable que suceda) o buscará otro enemigo que justifique su poca idoneidad para resolver los problemas. Y una tercera salida es hacer populismo barato, gastando irresponsablemente y complaciendo a quienes lo apoyaron. Salida esta última bastante preocupante.

El quinquenio iniciado en el 2016 está perdido. En año y medio que falta dudo que se puedan corregir muchos aspectos deficitarios. Las políticas institucionales no maduran de la noche a la mañana. Posiblemente los indicadores sociales (índice de pobreza, educación, anemia, distribución de la riqueza, poblaciones vulnerables) estarán en rojo al terminar Vizcarra su gestión.

Como a Fujimori en 1992, a Vizcarra ahora se le presentan varios escenarios. De lo que haga o deje de hacer, de que no lo ciegue la soberbia y ambición del poder, que no se crea el cuento de sus áulicos que es “el salvador de la patria”, dependerá su futuro no solo político, sino existencial. Puede preguntarle al ex presidente que se encuentra en el fundo Barbadillo.

Saturday, September 14, 2019

LA CONSTITUCIÓN DE 1979


Por: Eduardo Jiménez J.
ejimenez2107@gmail.com
@ejjj2107





Hay algo de leyenda urbana con respecto a la Constitución peruana de 1979. Un poco tiene que ver el hecho que se aprobó a la salida del último gobierno militar. Ello le otorgó cierta aura de texto de avanzada para la época, reconociendo una serie de derechos humanos elevados a precepto constitucional, aparte de algunas instituciones nuevas como el Tribunal de Garantías Constitucionales. Sumado a que vivíamos el fin de un gobierno militar y el comienzo –con cronograma incluido- de un proceso democrático vivido con esperanza pero también con cierto temor.

Fue una constitución aprobada por consenso, lo cual le granjeó cierto estatus de texto democrático, con un estilo socialdemócrata que la emparentaba con la constitución española, promulgada un año antes también a la salida de una dictadura.

Los cien constituyentes reunidos a lo largo de un año diseñaron una carta magna que pensaron debería llegar al nuevo siglo. Se mezclaron varias generaciones, desde aquellos que tenían una trayectoria política cimentada como Héctor Cornejo Chávez o los que despegarían en su vida pública, como un jovencísimo Alan García, pasando por los de la generación intermedia de un Javier Valle Riestra, coronados por la presidencia magna de Víctor Raúl Haya de la Torre, canto del cisne de una vida de cincuenta años dedicada a la política peruana. Revisando los debates de aquellos años, es sorprende la contundencia de los argumentos de uno y otro lado. Cualquiera que haya presenciado los debates de ese entonces se habrá dado cuenta de su riqueza, años luz de los actuales escarceos parlamentarios. Podemos decir que fue la generación ya en extinción de políticos y juristas formados en principios y dogmas sólidos.

Históricamente, una constitución es la cristalización de un proceso político y social, y la del 79 no fue la excepción. “Herencia” jurídica y política de la revolución peruana iniciada diez años atrás. Para bien o para mal el docenio militar –como la década fujimorista- marcó el Perú de la segunda mitad del siglo XX.

En un plano más pedestre, la constitución de 1979 fue un instrumento político para retornar a la democracia. El gobierno militar había anunciado un cronograma de “retorno a la democracia” que incluía una asamblea constituyente elegida por sufragio popular y la dación de una nueva carta política. No eran “notables” elegidos arbitrariamente los que iban a redactar el texto, sino personas elegidas por voto popular de las canteras de los partidos políticos que reaparecían luego de un letargo de diez años; de allí que mayoritariamente ganaron curules el Apra, el PPC y los partidos de izquierda, obteniendo cada agrupación aproximadamente un tercio de representación de los cien constituyentes designados. Escenario de encuentro de un Luis Bedoya Reyes o un Alayza Grundy con el mítico Víctor Raúl Haya de la Torre; de intelectuales de las filas apristas como Andrés Townsend o Luis Alberto Sánchez, o de un ajetreado asesor sindical como Genaro Ledesma con otros provenientes del mundo campesino de la toma de tierras como lo fue Hugo Blanco, juramentando con una soga como correa. Se congregaron generaciones y tendencias políticas inimaginables en el presente.

No obstante ese contexto democrático y variado que se abría con una nueva carta política, con bastantes ilusiones y esperanzas, lo cierto es que tuvo corta vigencia, de apenas doce años, siendo reemplazada en el 93 por la constitución vigente, producto también de transacciones políticas a fin de salir del impase del autogolpe de estado del año anterior.

¿Pudo haber sido una constitución con vigencia hasta el presente como la española? Es posible, pero nuestro agitado escenario político lo impidió. De allí también su corta vigencia.

Esta vez la constitución del 93 no tuvo un debate tan intenso políticamente como su predecesora. El matiz estuvo en el subrayado de “economía de mercado”, prioridad de la propiedad privada frente a otros tipos de propiedad y una suerte de santidad de los contratos. Un enfoque marcadamente liberal producto de la ideología predominante en aquellos años y que ha servido de recurrente blanco a distintos grupos de izquierda para reclamar un “cambio de constitución”.

Habiendo no estado exenta de polémica la aprobación de la constitución de 1993, era forzosa una comparación con la de 1979, aparte que no distaban demasiados años entre una y otra. De allí que las comparaciones resultaron obligatorias entre los dos textos constitucionales.

Es cierto que el tiempo de distancia entre una y otra era corto, pero los hechos que acaecieron en esos poquísimos años fue abismal. En el mundo desaparecieron los estados socialistas en Europa oriental, China se volcó al modelo de “socialismo de mercado”, hubo una preeminencia en Occidente del llamado “consenso de Washington”, el estado se desprendió de muchas funciones sociales y comenzó la ola privatizadora de empresas públicas y de muchos servicios que hasta ese entonces era sentido común que solo los brindaba el estado.

La prevalencia del llamado neoliberalismo impregnó a la carta de 1993, por eso muchos antimercado y proestado propusieron retornar a la constitución de 1979 una vez que el régimen fujimorista se derrumbó. Una especie de paraíso perdido en el vendaval de los aciagos tiempos. La leyenda de la constitución progresista no tardaría en expandirse en las discusiones académicas y políticas.

La pregunta evidente es ¿por qué no se reemplazó la carta del 93 por la del 79 cuando se derrumbó el régimen fujimorista?, ¿o por qué no fue reemplazada por una nueva constitución y más bien hasta ahora la del 93 goza de buena salud?

Es cierto que la constitución de 1979 estaba mejor sistematizada que la de 1993 y que de repente obedecía a un espíritu de avanzada de aquellos años, pero también es cierto que un texto de por si no abre las puertas del progreso o del desarrollo de una nación. No es garantía de cambio social un texto progresista. Incluso con una constitución conservadora se pueden hacer cambios, si existe voluntad política de los actores sociales. Hay prueba abundante al respecto.

Para expresarlo de otra manera, la constitución de 1979 no era “socialista” ni fue la culpable del “atraso” en los años 80. Ni tampoco la constitución de 1993 fue la responsable del crecimiento económico que hemos tenido en el presente siglo. Son parte de las leyendas interesadas que en uno y otro bando circularon.

Los 80, sea con constitución liberal o protectora de ciertos derechos sociales, la performance económica hubiese sido más o menos la misma: el terrorismo, la hiperinflación, el desgobierno y la poca productividad y competitividad de las empresas de ese entonces, tanto públicas como privadas, no permitieron un crecimiento sostenido.

Igual pasa con el contexto actual. La predominancia de los objetivos económicos antes que los políticos, la decadencia casi terminal de los partidos políticos y la poca importancia que tiene la política en un ambiente pragmático ha coadyuvado a continuar un ritmo de crecimiento sostenido que muy poco tiene que ver con que tengamos una constitución liberal.

Quizás esa “leyenda urbana” acerca del “progreso” que traería la constitución del 93 es tan falaz como aquella sobre la constitución del 79.

Dejemos los textos constitucionales en el lugar que corresponden. Una constitución por si no hace el desarrollo económico de un pueblo, ni asienta las instituciones. Es el tiempo y el respeto a estas, así como el espíritu de una época y cómo se desarrolla la escena internacional y local lo que permiten un cambio de las cosas materiales. Falta mucho camino todavía. Felizmente se reposa cierta sensatez en la mayoría de actores sobre los cambios constitucionales y salvo pequeñas reformas de articulados no se vislumbra por ahora un cambio radical de constitución, para bien quizás del sistema jurídico y de sus instituciones.