Eduardo Jiménez J.
ejimenez2107@gmail.com
@ejj2107
El proyecto de ley
de la congresista Adriana Tudela acerca de una ley de cine ha tenido
detractores y defensores. El flanco más criticado ha sido si la nueva ley
censuraría proyectos concursables que sean incómodos al gobierno de turno. Por
otro lado, ¿se podrá regresar, como algunos plantean, a las cuotas obligatorias
de pantalla, como fue en el gobierno militar?
Debemos tener presente que hace muchos años que el cine
nacional se divorció de su audiencia nativa. Películas que antes eran vistas
por medio millón de espectadores es un sueño de una noche de verano en el ahora
de cualquier cineasta nacional. Ni el cine comercial peruano llega a esas cifras
y generalmente pasa sin pena ni gloria por la cartelera local.
Es cierto que el DL 19327 del gobierno militar propició
en veinte años de vigencia todo un semillero de jóvenes cineastas. Francisco
Lombardi, la figura emblemática de aquella generación, no habría podido
desarrollar su vasta obra si no fue bajo el amparo del DL del general Juan
Velasco Alvarado. Cuotas de pantalla obligatorias, parte de la taquilla para un
fondo de cine, innumerables documentales y cortos hubieran sido imposibles sin el
DL 19327.
Las ventajas comparativas de aquella ley son imposibles
ahora. Menos obligar a cuotas de pantalla a las exhibidoras, anegadas de
blockbusters de todo tipo. Los canales de difusión del cine han cambiado
también. Cada vez son menos los que asisten a ver un filme a pantalla completa
y prefieren verlo en la comodidad de su hogar. Lo digital ha venido a
revolucionar las formas de hacer y ver cine.
El quid del proyecto de la congresista Tudela es lo que
se podría calificar como qué atenta contra los valores del sistema democrático
o haga apología de la violencia y el terrorismo como para no darle fondos en un
proyecto concursable.
Mirado en blanco y negro es razonable poner esos filtros.
Es sensato, más si se trata de fondos donde está en juego dinero público, de
todos los contribuyentes. El problema está en los grises, en lo fronterizo y
quién calificaría si el filme va en contra de los valores democráticos o hace
apología del terrorismo.
En otras palabras, si se trata de funcionarios serviles
del gobierno de turno es probable que muchos proyectos en esa zona gris o
ambigua no pasarían. Sería una censura indirecta.
Películas como La
última tarde (2016) de Joel Calero, donde los personajes principales son
dos ex terroristas no pasaría los estándares de clasificación que propone el
proyecto. Y tengo entendido que La piel
más temida (2024) del mismo director está en una zona mucho más gris y ambigua
que propició calificativos de proterrorista
de cierta crítica, sin serlo me parece. De repente hasta el documental La revolución y la tierra que trata
sobre la reforma agraria del gobierno de Velasco podría ser calificado de
atentar contra los valores democráticos. Ya no hablemos de películas sobre la
vida de Javier Heraud que sacan ronchas a cierto periodismo de opinión.
En fin, ese es el tema. De aprobarse el proyecto de ley,
quién calificaría si un proyecto concursable va contra los valores del sistema
democrático o es apología del terrorismo. Los valores democráticos se entiende.
Lo de quién se hace cargo de decidir qué es y no es, ahí está el detalle.
No es tanto los ojos, sino el anteojo.
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