¿EXISTE UNA DICTADURA CONGRESAL?

 Eduardo Jiménez J.

jimenezjeduardod@gmail.com

@ejj2107

Se puede definir el poder como una relación de subordinación, en la que unos mandan y otros obedecen, incluso contra su voluntad; donde las decisiones se adoptan dentro de un conjunto de reglas de juego, por consenso o por imposición, en forma democrática o autoritaria. Ello se puede aplicar también a las instituciones y a las jerarquías. Poder es hacer.

 

En democracia constitucional lo ideal es que las reglas de juego para el ingreso al poder (las elecciones, con las reglas previamente determinadas), el mantenerse, fiscalizar o salir del poder (competencias y funciones de cada órgano del estado; organismos fiscalizadores del poder; renuncia, finalización del mandato o vacancia en el ejercicio del poder), así como las relaciones de los poderes (ejecutivo y legislativo, poder judicial), sean lo más trasparentes y claras, propiciando una estabilidad jurídica sin que un poder avasalle al otro. Como alguien acertadamente señaló, la constitución política es la que pone límites al poder, necesarios para que este no sea arbitrario. En países como el nuestro, es una ecuación más fácil de decir que de hacer, pero necesaria para darle estabilidad sin abuso al ejercicio del poder.

 

Otra premisa es que no existe “vacío de poder”. El vacío es ajeno al poder. Si alguien no lo tiene, lo pierde o lo deja, otro lo ocupará.

 

El poder puede llevar a confrontación de instituciones y de personas. En Inglaterra, la confrontación entre el Parlamento (dominado por los comunes o burgueses) y el Rey, dio nacimiento a la conformación de lo que hoy conocemos como monarquía constitucional, donde el Parlamento tiene realmente el poder y el rey, con el paso del tiempo, se convirtió solo en una figura simbólica.

 

En esta tensa lucha, hubo casos sangrientos, como el de Oliver Cromwell, parlamentario inglés, que decapitó al rey Carlos I y proclamó una efímera República.

 

Históricamente Ejecutivo y Legislativa no siempre se han llevado en paz. Se trata que en democracia sus relaciones se resuelvan por canales institucionales. No se consigue en todas las ocasiones, aunque es lo ideal.

 

 

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Cierta oposición tiende a señalar que existe una “dictadura congresal”; pero, ¿existe realmente una?

 

Para que exista una “dictadura congresal”, el Parlamento asume de facto funciones y competencias no solo legislativas, sino ejecutivas y judiciales. Es decir, “absorbe” a los otros dos poderes del estado y a los organismos autónomos.

 

El escenario político dista mucho de eso. Lo que sí existe es un mayor poder del Congreso frente al Ejecutivo, producto del pulseo político entre ambos poderes del estado desde por lo menos el año 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski asume la presidencia de la República y tiene al frente una aplastante mayoría fujimorista. En esa oportunidad, el pulseo lo gana el Congreso al obligar a renunciar a PPK, ante una inminente vacancia.

 

Esta situación se va a agravar con el populismo demagógico de Martín Vizcarra que enfrenta al Congreso fujimorista a fin de ganar popularidad, llegando a su cenit con el cierre del Parlamento en 2019, argumentando una “denegatoria fáctica de confianza”, y, concluye por el momento, con Pedro Castillo, quien asume la presidencia con una mayoría relativa con la agrupación política Perú Libre, pero insuficiente para hacer reformas a la Constitución política o convocar una Asamblea constituyente, uno de sus más caros anhelos de él y su grupo.

 

El período de Castillo es importante para conocer la situación actual. Él y su grupo político en vez de buscar consensos para una reforma constitucional y aprobar algunas leyes importantes, siguiendo la estrategia de Vizcarra o Fujimori, asume la política de la confrontación pura y dura con el Congreso, creyendo que le iba a otorgar réditos políticos. Así, al viejo estilo sindical, como en sus años de dirigente del Conare-Sutep, arremete contra el Legislativo, y éste reacciona defendiéndose y sabiendo que con dos denegatorias de confianza lo podía disolver.

 

El punto de quiebre se produce con el frustrado golpe de estado de Castillo en Diciembre de 2022, cuando en el tercer intento de vacancia, y ante el frustrado intento del ex presidente de cerrar el Congreso, el Parlamento consigue más del mínimo legal para destituirlo, incluyendo votos de congresistas que antaño “coqueteaban” con el golpista, pero que sabían muy bien que de cerrar Castillo el Congreso se quedarían sin trabajo, sin prebendas y, sobre todo, sin poder. Dicho sea, las FFAA tienen una posición “institucionalista” y de respeto a la Constitución y la democracia, negándose a respaldar el intento de golpe de estado. Con ello, la suerte del ex presidente Castillo estaba dicha. Ese es el momento clave para entender la situación actual.

 

Comenzó con una labor de supervivencia del propio Congreso contra la arremetida de Pedro Castillo y el grupo político que lo respaldaba. Como algunos analistas señalan, de no haberse producido el intento de golpe por parte del ex presidente, el estado de las cosas no hubiera llegado al nivel que vemos hoy en día. Podemos inferir que el poder actual del Congreso es producto de las arremetidas que contra éste tuvo en el pasado inmediato el Ejecutivo (gobiernos de Vizcarra y Castillo).

 

Hay un hecho que es minusvalorado y hasta despreciado: el Congreso (o parte de sus representantes más lúcidos) tuvo un rol fundamental para contener las arremetidas antidemocráticas de Pedro Castillo y su grupo político en el año y medio que estuvo en el poder. De haber claudicado el Parlamento en ese momento, hoy tendríamos una historia muy distinta. Nitcheanamente se podría decir con respecto al Congreso que lo que no lo mató, lo hizo más fuerte.

 

Frente al fracaso en conservar el poder por la vía democrática, el sector perdedor en este pulseo Ejecutivo-Congreso es el que tejió la leyenda negra de la “dictadura congresal”. El resto es historia conocida. Asume la vicepresidenta en funciones, Dina Boluarte, sin poder y sin bancada propia. Allí, frente a un Ejecutivo débil, el Congreso obtiene mayor poder, aunque no legitimidad ante la población. La leyenda negra de la “dictadura congresal” estaría servida en bandeja.

 

En paralelo, el lawfare (usar las acusaciones y juzgamientos judiciales para fines políticos) llega a su exacerbación con los “superfiscales” en el caso Odebrecht que, con el apoyo de ciertas ONGs bastante politizadas, van a acusar a personajes políticos incómodos para sus intereses. La aquiescencia de cierto sector del Poder Judicial con las prisiones preventivas, tendrá encarcelados y con desprestigio político a ciertos personajes públicos, pero a ningún empresario coludido con la corrupción. Es un hecho significativo que también se toma poco en cuenta. Para la corrupción es necesario dos: el corrupto y el corruptor. No tenemos “entre rejas” a ningún empresario que haya entregado sobornos por alguna licitación, solo políticos que los recibieron, en especial aquellos incómodos o contrarios a los grupos dominantes que controlan el Ministerio Público.

 

Los “superfiscales” gozarán de gran poder, popularidad y legitimidad por poco tiempo, hasta que se descubre el acuerdo con Odebrecht suscrito por estos (que limita los delitos a casos puntuales de sobornos de la empresa, esta puede pagar una exigua reparación civil en cómodas cuotas mensuales y, de complemento, puede volver a contratar con el estado como si no hubiera pasado nada), y los casos se comienzan a caer en pleno juicio por falta de pruebas fehacientes y de tipificación de los delitos (caso Los cocteles). En todos estos años se han gastado millones de soles de los contribuyentes para procesos mal sustentados y con peor pronóstico, procesos donde los fines políticos se han superpuesto a una correcta administración de justicia.

 

No estamos ante una “dictadura congresal” propiamente, pero sí ante un congreso que ha ganado poder en estos años de confrontación con el Ejecutivo, a quien, como vimos, derrotó en el pulseo por el poder en los gobiernos de PPK, Vizcarra y Castillo (estos dos últimos destituidos).

 

Frente a ello, el Congreso, como ganador en esta lucha contra el Ejecutivo a lo largo de todos estos años, en vez de usar su capital político para fines de interés público (por ejemplo, aprobando una reforma política coherente o leyes importantes para la sociedad), lo ha despilfarrado en un mal uso o abuso del poder, haciendo lobby a favor de representantes de bancadas del actual legislativo, aprobando leyes populistas o aprovechándose en forma descarada del cargo. Bancadas de derecha o de izquierda, no existen diferencias para estas componendas bajo la mesa (existen excepciones honrosas). La reforma universitaria ya pertenece al pasado y se desandó el poco camino avanzado; la propia ley de crimen organizado favorece a muchos personajes públicos con cuentas ante la justicia; o la ley de “reforma previsional” que significa un forado fiscal y no resuelve el problema de fondo. Y, por supuesto, la corrupción. No solo los congresistas “mochasueldos”, sino los negociados y grandes licitaciones que se producen entre bambalinas, amén de algunas leyes con nombre propio.

 

Son algunos casos de aprovechamiento del poder en favor propio. Funciona el “borrón y cuenta nueva” o como se diría en El gatopardo, “las cosas deben cambiar para que sigan igual”. Pero de ello a una “dictadura congresal” dista mucho. Sería bueno que aquellos que lo creen revisen un poco la historia universal para conocer lo que de verdad es una dictadura congresal. El Perú, como en otros aspectos, está lejos de eso.

 

Más que “dictadura congresal” lo que existe es una precaria institucionalidad, cada vez más debilitada por las confrontaciones a lo largo de todos estos años entre Ejecutivo vs Congreso, visos evidentes de corrupción en los poderes del estado y una falta de madurez de los actores políticos para ponerse de acuerdo en aspectos puntuales.

 

Es preocupante también que los últimos presidentes constitucionales no hayan terminado su mandato o, peor aún, hayan terminado presos (y en el camino uno que se quitó la vida). Las acusaciones penales contra presidentes constitucionales no es signo de un Poder Judicial autónomo y vigoroso, sino de serios problemas estructurales y vendettas políticas entre grupos de poder. No es reflejo de un Poder Judicial y Ministerio Público con estándares suizos de eficiencia, sino de una administración de justicia con débil institucionalidad, sojuzgada y colonizada por grupos de poder con agenda propia.

 

Y, como correlato de esta precaria institucionalidad, la fragmentación de representación política a la que vamos en 2026, quizás con más de 50 agrupaciones inscritas formalmente para competir. Eso sí es preocupante y puede dar lugar a que los dos candidatos más votados, pero con escasa votación significativa, pasen a la segunda vuelta y se repita la historia del “voto anti” (yo voto por ese candidato porque detesto al otro). Ello, como que estén inscritos partidos y potenciales candidatos con dudosa ejecutoría democrática (como sucedió con Perú Libre en 2021), puede dar lugar a un escenario más grave en los próximos años y que se incube una nueva crisis política.

 

 

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En conclusión, podemos deducir que cuando el Ejecutivo ha tenido apoyo de una mayoría en el Congreso, el respaldo fáctico de las Fuerzas Armadas, o incluso popularidad entre la ciudadanía, ha tenido cierta estabilidad para gobernar. Pero, en sentido contrario, cuando el Congreso tiene una mayoría contraria al Ejecutivo, este no ha podido hacer alianzas, o peor aún, ha intentado ir contra el propio Parlamento sin tener la fuerza suficiente, o las FFAA le han negado un apoyo fáctico, el pulseo por el poder lo gana el Congreso.

 

La célebre frase de Mao Tse Tung “el poder nace del fusil”, aludía a la lucha armada para alcanzar o mantenerse en el poder. Naturalmente que en gobiernos democráticos son otros los mecanismos para llegar al poder o para mantenerse en él. Igualmente, la “salida de los tanques”, es decir los golpes de estado militares para solucionar las crisis políticas, es inviable en esta época; por lo que es necesaria la búsqueda de otras salidas para las crisis recurrentes que se presentan.

 

Asimismo, la utilización en la lucha por el poder de ciertas instituciones de la administración de justicia para “golpear” al adversario, ha dado lugar al debilitamiento y falta de credibilidad de instituciones importantes como sucede con el Ministerio Público, quien ha demostrado poca eficiencia en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y sí notable parcialización con ciertos sectores políticos.

 

Por otra parte, las relaciones entre Ejecutivo y Congreso por lo general han sido tensas y difíciles, y los canales institucionales no siempre han solucionado el problema. Quizás es hora de sincerar el estado de las cosas y de replantear estas relaciones y buscar otras formas de gobierno, como la que se practica en distintos países europeos: un jefe de estado (un presidente) con poco poder, más simbólico que real, y un jefe de gobierno (primer ministro) que emerja del Congreso, de la votación popular, quien tendría las facultades ejecutivas propiamente. En caso de crisis recurrentes -como sucede entre nosotros-, se disuelve el parlamento y se convoca a elecciones legislativas de inmediato, emergiendo de allí el nuevo jefe de gobierno. Claro, tendríamos que tener un sistema de partidos políticos estable y que no pase de 4 o 5, amén de una reforma en la elección de los representantes al Parlamento. Y, lo más complicado: remar contra un presidencialismo enraizado hace más de 200 años en nuestras repúblicas, aunque no haya funcionado como lo idearon los padres fundadores.

 

Son salidas institucionales que ayudarían mucho a resolver las crisis recurrentes que tenemos y que, al parecer, todavía no tienen visos de solución.