Eduardo Jiménez J.
jimenezjeduardod@gmail.com
@ejj2107
La crisis de la vivienda en España se
puede resumir en poca oferta inmobiliaria frente a una creciente demanda, lo
que hace sumamente caros los alquileres en las zonas metropolitanas.
Soluciones
se han planteado, mil, desde congelar alquileres y volver los contratos de
arrendamiento indefinidos, limitar los arrendamientos por turismo (los Airbnb),
hasta que el estado construya más viviendas y las alquile (la vivienda social).
Ninguna
llega a solucionar del todo el problema. Existen problemas desde los trámites
municipales para construir nuevas viviendas que pueden durar una eternidad
hasta una dudosa administración pública que ha demostrado ineficacia al momento
de cobrar a los inquilinos morosos.
A
diferencia de otras realidades, en España y en Europa en general, el estado,
vía los ayuntamientos y comunidades autonómicas, alquila viviendas públicas,
pero no es efectivo para cobrar a los inquilinos morosos o desalojar a los que
ya no cumplen los requisitos para seguir en una vivienda social. Razones
políticas, el mantener una clientela cautiva -tanto el PSOE como el PP- han
imposibilitado administrar eficientemente las viviendas a cargo del estado. ¿El
resultado? Muchas deudas no cobradas que, por el paso del tiempo, ya
prescribieron; tugurización de las “viviendas sociales”, pasadas de generación
a generación como si fuese una herencia; y, no pocos inquilinos que las han
subarrendado, algo legalmente prohibido.
Por
otro lado, la construcción de nuevas edificaciones se ve enfrentada a la maraña
burocrática -y por tanto corrupción- para que sea aprobado un proyecto. Pueden
pasar años durmiendo el sueño de los justos.
Los
okupas, hace algunos años atrás, fueron un síntoma claro de la crisis
habitacional que se vive en España. Gente joven que destina casi todo el sueldo
en pagar alquileres.
La
situación a corto plazo no tiene solución. Se estima que hoy día se requiere
más de 700,000 nuevas viviendas, con tendencia a aumentar el número en los
próximos años. Frente a ello, lo que se recomienda son parches, más efectistas
que reales (congelar alquileres, volver indefinidos los contratos, etc.).
Muchos especialistas han recomendado una solución integral que va desde abrir
el mercado inmobiliario, asociaciones público-privadas, hacer más viables las
licencias de construcción, ser más efectivos los procesos de desalojo (como entre
nosotros, pueden durar una eternidad), hasta permitir que la oferta y demanda
regulen el precio del alquiler, incluyendo la protección jurídica a los
pequeños propietarios (alrededor de 92%).
En
el pasado, en Perú, tuvimos problemas similares con los alquileres de inmuebles.
Existían leyes proteccionistas a favor del inquilino que desprotegían al
propietario -obligando a muchos pequeños dueños a pagar al inquilino moroso
para que desaloje el predio-, los propietarios preferían tener sus viviendas
cerradas porque sabían que iba a ser sumamente complicado desalojar a un
inquilino y las construcciones de nuevas viviendas era una utopía. Congelar
precios nunca fue la solución idónea. Lo sabemos por experiencia propia.
Como
sucedió por estos pagos, los sucesivos gobiernos españoles, sean de derecha o
de izquierda, han preferido las medidas efectistas -como poner topes a los
precios de las viviendas alquiladas o prorrogar contratos de forma forzosa- antes
que una solución integral que demandará diez o quince años y cuyos frutos los
verá el siguiente gobierno, muchas veces de la oposición. Sucede algo similar
que con el tema educativo: se prefiere inaugurar colegios y regalar laptops
a los estudiantes, con fotos y prensa incluida, así el gobierno sube en la aprobación
de las encuestas, que enfrentar el problema de fondo que demandaría años y un
enorme costo político. Siguiendo la política gatopardista, todo continúa
igual.
