EGIPTO EN LLAMAS, LA DEMOCRACIA TUTELADA, LOS HERMANOS MUSULMANES

El gobierno nacionalista de Nasser en los años cincuenta supone una modernización “en autocracia” de las estructuras políticas de Egipto y una apertura más amplia a las costumbres occidentales, respetando la cultura islamista propia de la sociedad egipcia. Obviamente no implicó poner los cimientos de la democracia representativa, ni muchos menos, situación que no se encontraba ni remotamente en los planes nacionalistas de los entonces jóvenes militares que depusieron al rey Faruk. Son gobiernos militares que le van a dar al país “estabilidad en autocracia”, estabilidad que concluye tras la primavera árabe. En paralelo, por aquella época, los Hermanos Musulmanes, grupo religioso fundamentalista, tiene una marcada oposición al gobierno de Nasser, tras una breve convivencia política. Derrocado Mubarak luego de la primavera árabe, asume la presidencia Mohamed Mursi, líder de los Hermanos Musulmanes.

El año de Mursi en el gobierno fue de tensión con la cúpula militar, quienes no soltaron el poder real más allá de las formalidades y ritos democráticos. Con una economía marcadamente estatista, fueron el poder detrás del trono. Como sucedió con muchos gobiernos civiles en la América Latina de los años ochenta, el de Mursi fue una “democracia tutelada”. Por más que quiso “teocratizar” la sociedad y la política, difícilmente podía ejecutar sus planes. Esa tensión llegó a su clímax con el golpe de estado en Julio pasado.

La secuela de virtual guerra civil evidencia la fortaleza en por lo menos parte de la sociedad egipcia de los Hermanos Musulmanes. Entrenados en la clandestinidad por largas décadas, difícilmente la propuesta de ilegalizar el movimiento les hará mella, probablemente les fortalezca, y agudizará las contradicciones políticas.

Lo ocurrido en Egipto, donde en elecciones libres gana una organización teocrática, hace pensar dos veces en la secuela que puede tener la primavera árabe en el Medio Oriente. En un contexto más religioso que secular, los que cosecharán los dividendos de la apertura son los grupos islamistas extremos, no muy afectos a las libertades de la persona al estilo occidental; trayendo una paradoja: de una dictadura se pasa a otra.

Ello también trae un dilema principista y que no tiene respuesta única: ¿un gobierno elegido libre y democráticamente debe ser respetado su mandato o puede ser revocado de facto?

Los principistas señalarán que debe ser respetado su mandato; pero habría que recordarles que el gobierno de Hitler subió al poder por elecciones libres y ya conocemos ampliamente lo que sucedió después. Es un problema cuya solución es compleja y no pasa por el simple “deber ser”.

A nivel geopolítico Estados Unidos preferiría mantener a las antiguas dictaduras a modo de la política de apoyo a los gobiernos tiranos en América Latina durante las décadas pasadas, antes de arriesgar abrir más “la caja de Pandora” en que se ha convertido la primavera liberal del Medio Oriente. Aunque tampoco se puede permitir “el lujo” de dejar que Egipto se desangre en una virtual guerra civil, dado que es uno de los pivotes de estabilidad política en la zona.

Lo sucedido también hace reflexionar si los países del Medio Oriente se encuentran preparados para vivir en democracia. Algo similar se pensaba con respecto a nosotros años atrás. Creo que merecen apostar por afrontar los riegos del cambio. Es cierto que los riegos son bastante elevados, más en el contexto teocrático que se respira en la zona; pero la única manera que una sociedad madure es en el ensayo-error. De repente la democracia, como la entendemos nosotros y que nació y se desarrolló en Occidente, debe ser adaptada a sus formas culturales, distintas a las nuestras. De repente.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD A LOS DIEZ AÑOS

Un frío día del mes de Agosto del año 2003 Salomón Lerner, en calidad de Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, le entregaba al entonces presidente Alejandro Toledo el Informe Final, constituido en una serie de volúmenes que hasta ese momento era el estudio más prolijo y detallado de la génesis y los años del terror.

Creo que es ocioso especular si debió o no crearse la Comisión. Total, muy al margen de nuestras preferencias o antipatías es un hecho consumado. Igual sucedió con “la polémica” en torno al número de muertos. Si fueron 25,000 o 70,000 no es relevante en cuanto a los hechos acaecidos. Es como especular si en la II Guerra Mundial el número de judíos asesinados fue 6 o 60 millones, ello no quita la sistemática genocida del nazismo.

Otro mito en torno al Informe es que exculpaba a Sendero Luminoso. El informe determina la responsabilidad principal de SL. Ahora bien el uso del término “guerra interna” no implicó un estatus especial a los senderistas capturados, como de hecho fue así. Ninguno de ellos ha gozado o goza de un estatus de “prisionero de guerra”. Fue otro mito en el aireado debate luego de publicitado el informe.

Más allá de si se cumplieron o no sus recomendaciones, fue mucho más importante darle voz a los sin voz, a esa enorme cantidad de ciudadanos anónimos de pueblos remotos y desconocidos, que sufrieron el fuego y represalia de las fuerzas del orden y de las fuerzas del terror. Ello fue importante. Escucharlos y elevarlos a la real condición de ciudadanos.

Las recomendaciones del Informe Final no son “la verdad absoluta”. Me explico. El Informe de la CVR no es la Biblia. No es “la palabra revelada” que debe seguirse a pie juntillas de manera inmutable. Es un hito importante en el estudio y reflexión del fenómeno terrorista que puede y debe ser perfeccionado y superado; incluso para contradecirlo. La crítica más que ideológica debe ser científica, rebatir con fundamento lo que en el informe se dijo. Pero tan importante como las investigaciones que se realicen, es tener una memoria viva, no olvidar lo que sucedió. Si ahora resurge Sendero bajo otras etiquetas y consigue adeptos es porque muchos jóvenes no saben cabalmente lo que pasó en aquellos años, a tal punto que algunos creen que Abimael Guzmán fue un “luchador social” y por eso merece ser amnistiado. Por ello la memoria viva es importante para que no se repita la historia.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

BONOS DE LA REFORMA AGRARIA, RECESIÓN EN CAJAMARCA

Me parece que existe un hilo conductor entre dos hechos distantes en el tiempo y en los actores involucrados: la reforma agraria de 1969 y su último coletazo con el pago de los bonos emitidos por el estado hace más de cuarenta años; y la más que probable recesión en la región Cajamarca el día de hoy, post Conga, lo que traerá como secuela mayor pobreza y baja calidad de vida para sus pobladores.

Desde el punto de vista económico, la reforma agraria del gobierno militar fue un total fracaso. La parcelación en pequeñas unidades productivas de las grandes haciendas del Perú oligárquico trajo pobreza y atraso al campo. Sin la debida asesoría técnica y financiera, el minifundista se vio obligado a trabajar para subsistir, y los bajos precios que se le pagaban por sus productos subsidiaban a la ciudad. Esa situación más o menos se ha mantenido: según el censo agrario el minifundio es predominante, y difícilmente en ese contexto se puede erradicar la pobreza y el atraso. Son ciudadanos que votarán por líderes mesiánicos, esos de verbo inflamado y escasa actitud para el gobierno. Los programas que han querido apoyar al agro son más paliativos que verdaderas soluciones y, a todas luces, como están las cosas, necesariamente se debe retomar la economía de escala que permita una mejor productividad de las tierras.

Pero,  la reforma agraria trajo un hecho social y político impensable para los diseñadores del modelo: asumir la condición de ciudadanía con derechos inherentes en una mayoría de peruanos que dejaron la servidumbre y formas de explotación pre capitalistas.

Muchos migraron a la ciudad en busca de mejores oportunidades, produciéndose el proceso de expansión urbana que todos conocemos, lo que a su vez los convirtió en citadinos y a sus hijos en ciudadanos de primera categoría en un país desigual. El medio empleado para el ascenso social fue el mismo que se utilizó en distintas épocas y latitudes: la educación.

Cuarenta años después de todo este proceso, la reforma agraria nos vuelve a asaltar con un asunto colateral a esta: los bonos con los que se pagó la expropiación de las grandes haciendas. La expropiación no se pagó al contado -como ahora lo prescribe la propia constitución política- sino por medio de bonos. El estado se comprometía a pagar en veinte años la deuda agraria; sin embargo, como sucede en países como Perú, la deuda no llegó a pagarse del todo y muchos se quedaron con papeles inservibles y una vaga y lejana esperanza de ser redimidos algún día por algún gobierno que tuviese a bien honrar la obligación. Conozco familias de linaje aristocrático arruinadas con la reforma y viviendo dignamente su pobreza; otros aprovecharon el momento. Hubo de todo.

Muchos por la necesidad vendieron a precio vil sus bonos, gran parte de los cuales se encuentran en manos de especuladores que pacientemente esperaron a que el estado peruano, tarde o temprano, redima la deuda; y ahora que nuestro país se porta más serio y tiene más dinero, es hora que los pague. Y ahí viene el problema quizás más ético que legal.

El presidente del Tribunal Constitucional que ordenó el pago de los bonos de la reforma agraria fue empleado de uno de los principales tenedores de estos papeles: el Banco de Crédito. Bueno, se dirá fue empleado en tiempo pasado. Pero por ese solo hecho y teniendo en cuenta que ese funcionario de la más alta magistratura tiene derecho a votar doble, en su doble condición de miembro del TC y presidente del tribunal, debió abstenerse. Cuestiones de guardar formas, quizás “cuestiones de viejos” para muchos. De repente; pero la mujer del César no solo debe ser honrada...

Y a tal punto ha sido el escándalo luego de la votación que por allí uno de los magistrados de nuestro “guardián de la constitución” ha pedido la nulidad de su voto, con lo que se torna precaria la seguridad jurídica en torno a la polémica resolución del pago de los bonos agrarios.

No voy a entrar en el debate si la deuda agraria ya prescribió como sostiene un sector de juristas; eso es harina de otro costal. Yo creo que no, pero el asunto merece airearse. Tampoco entraré en el problema formal del procedimiento, que tiene sus bemoles, y hasta se comenta por ahí de un “escrito fantasma” que originó la resolución del TC. Habría que establecer previamente si quien suscribió el escrito tenía poder de representación suficiente y si este estaba vigente o no al momento de los hechos; así como si el Tribunal Constitucional se encontraba facultado a establecer los parámetros del pago de los bonos. Personalmente creo que eso era más competencia del legislador que del juez supremo constitucional.

Menos comentaré la propuesta, un tanto descabellada, de “justicia poética” del historiador Antonio Zapata, en el sentido de pagar los bonos solo de los que compraron legítimamente las tierras de las haciendas expropiadas durante la reforma agraria; asunto peliagudo y de difícil solución práctica. Mucho menos viable me parece la posición de los que discriminan sin mayores argumentos entre pagar a los expropiados originales o a sus legítimos herederos y no pagar a los terceros que compraron los bonos; lo cual nos traería más de un problema no solo legal y constitucional, sino internacional. Pero es un hecho que el problema tiene sus aristas y va más allá del simple pago.

Se dirá ¿qué tiene que ver todo esto con Cajamarca y en especial con los actores del affaire Conga?

La conexión es que esos actores, Gregorio Santos, el padre Arana y todos los demás, son “hijos de la revolución”, de la reforma que los convirtió en ciudadanos y que ahora reclaman sus derechos desde un plano de paridad política. Según nuestras abuelas serían unos igualados; pero son ciudadanos ya no siervos de la hacienda.

No les doy la razón en sus exigencias, porque me parece la estrategia y las alternativas de solución que plantean están equivocadas. Huelen a sebo de culebra. Los políticos regionales se han convertido en los nuevos curacas como acertadamente los califica el sociólogo Gonzalo Portocarrero. Persiguen ocupar el lugar de los antiguos hacendados y de los partidos nacionales que brillan por su ausencia; pero a su vez no rompen con el establishment, con el orden establecido, sino que utilizando un lenguaje radical y azuzando a las masas buscan “acomodarse” en el sistema. Claro, para eso se requiere identificar un “chivo expiatorio” como el culpable de todo el atraso, la pobreza y la desigualdad en la región, y darle duro y parejo. El caso de Ollanta Humala como esta suerte de líder mesiánico y salvador es el más conocido, y el más patético y decepcionante también.

Cajamarca es esencialmente minera y difícilmente el agro como está y menos el turismo pueden sustituir los ingresos que proporciona la minería. Más inteligente que la ciega oposición al proyecto Conga de Santos, Arana y compañía era aprovechar esos recursos que genera la gran minería para invertir en educación, salud e infraestructura, y que Cajamarca salga de la pobreza. Pero optaron por el camino de la demagogia y la agitación que produce muy buenos réditos políticos a corto plazo, y los resultados ya los vemos: la región Cajamarca va camino no solo a la recesión, sino a convertirse en la región  más pobre del país. Y ¿creen que a Yanacocha –la empresa concesionaria de Conga y el chivo expiatorio culpable - le ha hecho algún daño? Ninguno que no puedan paliar. Más bien su plan B es llevarse la inversión que pensaban destinar a otras regiones más amigables. Así es el capital, nos guste o no.

Cuarenta años después, los efectos económicos negativos de la reforma agraria dan como resultado que las variables sociales y políticas se muevan en otro sentido. De repente se hace necesaria una madurez de la clase política regional. Dependerá cómo solucionen los problemas de quienes dicen representar: con demagogia y más pobreza o con sensatez y pragmatismo.

Dependerá cómo estos hijos de la revolución afronten los nuevos problemas para saber si estamos ante una clase política madura y que encare con realismo los retos del siglo XXI o si estaremos ante otra oportunidad perdida.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

LA GRAN CONTINUACIÓN: AL TERCER AÑO DEL GOBIERNO DE HUMALA

El pronunciar un discurso sin sorpresas es bueno, en el sentido que nos aleja de anuncios cataclísmicos, de parteaguas polarizantes como el anuncio de la estatización de la banca en el primer gobierno de García o los confrontacionales discursos de Fujimori contra los “políticos tradicionales” en los años noventa. En ambos casos, la confrontación pura y dura cavó las tumbas políticas de los dos ex presidentes. En el caso de García le costó años de ostracismo y a Fujimori la cárcel.

 

Pero si el no anuncio de decisiones apocalípticas, así como continuar con lo positivo de sus antecesores en el cargo, nos aleja de la inmadurez y los complejos de Adán; un discurso de recuentos y buenas intenciones vacías como que no satisface las expectativas. Se parece a esos sánguches light que son vistosos pero no llenan. Algo de eso pasó al escuchar este 28 de Julio al presidente Humala comenzando su tercer año de gobierno.

 

Por lo general cuando no se dice nada puede deberse a dos supuestos: u oculta algo muy secreto y no lo quiere divulgar, por lo que “distrae” con actitudes intrascendentes; o sencillamente no tiene nada que decir. Creo que en el caso de nuestro presidente fue lo segundo.

 

El cambio de la gran trasformación a la hoja de ruta y luego a la gran continuación (o gran decepción como otros la califican) fue tan vertiginoso en el ahora presidente Humala que cuesta creer en cambios tan radicales y sinceros producidos en tan corto tiempo. Un cambio tan radical y rápido como, por ejemplo, el supuesto improbable de ver de la noche a la mañana a Lourdes Flores exhortando a sus huestes a incendiar la sede central del Banco de Crédito o de la Confiep. Difícil de creer.

 

Pero a Ollanta Humala creo le sucedió lo que a muchos otros presidentes de izquierda en el continente: perdió su autenticidad cuando llegó al poder. El libreto propio fue sustituido por otro, el cual no le convence mucho ni a él cuando lo dice ni a su auditorio cuando lo escucha, pero lo debe seguir si quiere mantenerse en el poder. Por ello, cuando de vez en cuando le sale su “corazoncito chavista” se aprecia al Humala auténtico, al nacionalista que quiso comprar Repsol o estatizar la economía como único camino al desarrollo. Es el Ollanta Humala que tiene como inspiración directa la prédica revolucionaria del general Velasco, el Humala que estoy seguro se conoce de memoria los discursos del “general de los pobres”. Ese es el Humala más natural, el que de vez en cuando “sale del closet” y vuelve a meterse cuando arrecian las lluvias de críticas. Y, salvando las distancias y los personajes, lo mismo le pasaría a Gregorio Santos o al Padre Arana en el muy improbable caso que lleguen a la presidencia de la república: una vez en el poder estarían tratando de persuadir sin mucho éxito a sus seguidores que la ortodoxia económica y el dejar hacer del mercado son los mecanismos idóneos para el desarrollo (y de refilón exclamarían que “Conga va”).

 

Esas contradicciones entre “el antiguo y el nuevo Humala” lo agarran en el tercer año de su gobierno sin convencer demasiado en su nuevo papel de custodio del establishment y guardando en el desván de los recuerdos al antiguo e incendiario personaje antisistema. Lo malo es que lo coge en un momento donde el “piloto automático” de la economía no va a ser suficiente, donde los poderes fácticos están pendientes de cautelar sus intereses al menor desvío del presidente, y con un peligroso aislamiento político que lo puede hacer cometer graves errores. Y son tres años los que tiene por delante.

 

Por lo visto, la gran trasformación está enterrada y difícilmente va a resucitar; pero la gran continuación tampoco lo va a ayudar mucho.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

LA REPARTIJA

Existen ciertos hechos que marcan una línea divisoria, un parteaguas. La repartija del miércoles 17 es uno de ellos, donde la mayoría de Gana Perú, en alianza con los fujimoristas, Perú Posible y como furgón de cola el PPC se repartieron diez importantes cargos públicos. Sintomático de lo bajo que ha caído la política peruana y que puede seguir cayendo más.

Y si bien los partidos políticos involucrados sea activa o pasivamente, dieron marcha atrás, con mea culpa incluido; existen varias lecciones que extraer de ese aciago 17 de Julio. La primera que el partido de Ollanta Humala oficialmente se estrena como un “partido tradicional más”. No solo porque entró de lleno a los vicios más usuales de los partidos que tanto denostó de candidato; sino debido a que en la noche de ese 17 de Julio reprimió con dureza toda oposición beligerante al contubernio producido en el hemiciclo horas antes, comportándose como un partido en el gobierno autocrático y represor. Del discurso incendiario y ruidoso del nacionalista de hace apenas cinco años atrás, apenas quedan cenizas. De la promesa de la gran trasformación no queda ni la hoja de ruta. Con una carencia programática absoluta, ambigüedad y grisura partidaria, y factores externos poco propicios, es muy difícil así que pueda ya no ganar las elecciones del 2016, sino siquiera culminar decentemente los tres años que todavía le restan a su gobierno y tener una mayoría que le permita “blindar” al presidente y no termine acusado en una megacomisión como su colega García. Evidentemente que el partido nacionalista no es el partido revolucionario y trasformador que muchos creyeron y por el que votaron ilusionadamente millones de peruanos en el 2006 y el 2011. Quizás con la repartija buscaron copar puestos claves en el Tribunal Constitucional a fin de allanar el camino a la presidencia de la primera dama (y de paso liberar, solapa nomás, al hermanísimo Antauro). Lo malo es que Humala está perdiendo legitimidad a ritmo impresionante y alejándose vertiginosamente de una continuidad hacia el 2016; salvo que practique las triquiñuelas legales a las que era afecto Alberto Fujimori, las que se hacen vía el TC o el JNE; triquiñuelas que la ciudadanía ya no está dispuesta a aceptar, como lo están demostrando las continuas manifestaciones de estos días.

En cuanto a los fujimoristas, existen dos reacciones contrarias. Las que suscita de rechazo su candidato al TC, Rolando Sousa; y la actitud de Keiko Fujimori, con reflejos rápidos para posicionarse en la escena con una crítica hacia todo el proceso de elección y sintonizar así con el sentir de la ciudadanía, cuando su partido horas antes había avalado la repartija.

Los apristas no se quedaron atrás gracias a los reflejos rápidos de Alan García, que si bien no lo libran de la posible inhabilitación política, más que seguro su partido obtendrá el 2016 una cantidad mayor a los cuatro congresistas de este quinquenio. Curiosamente si García es inhabilitado políticamente, sale ganando Keiko, así que los nacionalistas al final no saben para quien trabajan (y de repente, al paso que van, son ellos los que el 2016 apenas van a obtener cuatro congresistas).

En cuanto a Perú Posible y el PPC se comportaron como lo que son: “furgón de cola” de una mayoría, deseosos de tener siquiera un cargo que les permita contar con presencia política y puestos públicos para los militantes. Con esas actitudes uno va camino a la extinción y el otro a ser lo que siempre fue: un partido netamente limeño.

Pero, nombrar  impresentables como un abogado defensor de narcotraficantes y corruptos; una abogada expulsada de la administración pública por incompetente y saqueadora contumaz de una Fundación a su cargo, con propiedades misteriosamente adquiridas en los últimos años por más de medio millón de dólares; amén de otro abogado (a jurista no llega), ayer profesor mediocre de derecho constitucional en una universidad católica -según confesión de sus propios ex alumnos de la maestría donde enseñaba- y hoy embajador político y entusiasta defensor de la candidatura presidencial de la primera dama; aparte de otros candidatos de trayectoria gris, cuyas únicas cualidades son tener carné de algún partido político metido en la repartija y descartar candidaturas más decentes e idóneas, demuestra no solo lo mal que se encuentra el sistema de partidos, sino las consecuencias de no haber hecho estos la reforma (o auto reforma) una vez recobrada la democracia en el 2001. Ningún partido político de ese entonces se atrevió a tanto, un poco por intereses externos y otro poco por intereses personales. Ahora vemos las consecuencias.

Otra lección que podemos extraer de la minicrisis de la repartija es que, previa reforma constitucional, ciertos nombramientos importantes como los directores del Banco Central de Reserva, los magistrados del TC o el Defensor del Pueblo es preferible que los vea un órgano autónomo, técnico y sin tanta presión política. Pienso en el Consejo Nacional de la Magistratura, vía ampliación de competencias, pero puede ser otro; incluso –no seamos pacatos- alguna consultoría seria y de probada reputación. Lo importante es que estos nombramientos importantes no tengan una naturaleza política, sino más técnica y académica; sino luego de un tiempo vamos a presenciar de nuevo otra repartija como la del aciago 17 de Julio.

Mención aparte merecen los jóvenes que, gracias a las tecnologías modernas, convocaron rápidamente una manifestación contra el cuoteo que desvergonzadamente el Congreso había perpetrado horas antes. La dignidad tuvo rostro de juventud en ese momento, lo cual es positivo. Fueron nuestros indignados.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

DE BUENAS INTENCIONES SE ENCUENTRA EMPEDRADO EL CAMINO AL INFIERNO

No estoy en contra de la regulación por el estado de la salud pública, ni que intervenga en ciertas áreas sensibles; el asunto más está en el cómo lo hace.

Viene a colación por la recientemente promulgada Ley de la comida chatarra, como se le denomina a la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, Ley 30021. No cabe duda las buenas intenciones, tomando en cuenta el evidente incremento de sobrepeso en los niños y adolescentes debido principalmente al consumo masivo de comida rica en grasas, sal y dulces que no nutre sino engorda (“comida chatarra”). Corregir ello es tarea del estado, no del sector privado, dado que se trata de una política de salud pública necesaria y urgente; sino pregúntenle al alcalde de Nueva York que hace poco ha tomado medidas limitantes para el consumo de gaseosas en establecimientos públicos.

La idea de los kioskos saludables en los colegios no es mala; pero la controversia está sobretodo en cómo fiscalizar a nivel nacional a fin que cumplan con la norma miles y miles de colegios entre públicos y privados. Encargar esa tarea al Indecopi, Ministerio de Salud, de Educación, o gobiernos regionales y locales, más es un saludo a la bandera que una eficiente fiscalización; aparte que no se dice nada sobre la venta de comida nada saludable en los alrededores de los colegios. Basta darse una vuelta a la salida de cualquier centro educativo para constatar la venta de fritangas, dulces de todo tipo y “sánguches de a sol” con su abundante mayonesa, ketchup y papas fritas.

Más efectiva es la educación del menor desde los inicios, desde la familia. Inculcar sanos hábitos alimenticios en el hogar, base de formación esencial de todo ser humano. Claro que si los padres son habituales consumidores de “comida chatarra” difícilmente podrán trasmitir buenos hábitos alimenticios a sus retoños.

La educación en los hábitos alimenticios, por ejemplo, vía spots televisivos y campañas permanentes creo que sería una promoción más efectiva por parte del estado que la dación de una ley que se quedará en el papel, como tantas otras de nuestro sistema jurídico.

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La otra “buena intención” de los legisladores es un proyecto de ley que favorece a los deudores insolventes de deudas contraídas con las entidades del sistema financiero (proyecto de ley de insolvencia familiar), cuya autoría también pertenece al congresista Jaime Delgado, ex presidente de la Asociación de Consumidores –Aspec- y actual congresista del oficialismo.

El proyecto de ley busca que en casos imprevistos donde el deudor no pueda enfrentar los pagos de alguna deuda ante el sistema financiero se someta a un procedimiento administrativo especial (de “insolvencia familiar”). En estos supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, el deudor insolvente podrá someterse a un proceso que permita refinanciar su obligación o en defecto la autoridad administrativa resolver el asunto. Hasta allí todo parece razonable, el punto objetable son las causales de insolvencia (el proyecto en su artículo 6º incorrectamente las establece como causales de sobreendeudamiento):

a) Pérdida de empleo por despido directo y/o indirecto;

b) Precariedad de empleo o empleo no registrado;

c) Incapacidad temporal o permanente;

d) Enfermedad grave o crónica que implique un gasto excesivo en tratamientos y/o medicamentos;

e) Separación personal, divorcio vincular o disolución de la sociedad conyugal;

f) Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino;

g) Asunción de gastos imprevistos producto de coyunturas especiales.

Puede entenderse que la pérdida de empleo o el enfrentar una enfermedad grave sean causales atendibles; pero la separación o divorcio de la pareja o la asunción de “gastos imprevistos” puede dar lugar a que la causal sea mal usada o que la interpretación sea tan laxa que permita su mal uso. Yo me puedo divorciar de mi cónyuge a fin de eludir pagar un crédito o asumir supuestos “gastos imprevistos” e ingresar a un procedimiento de insolvencia. Acá no estamos en Suiza y la costumbre del “cabeceo” todavía es parte de la cultura peruana.

Creo que al legislador Delgado ahí se le pasó la mano, aparte de olvidar que el marco del Derecho de Obligaciones bien puede resolver esos casos imprevistos de insolvencia a que alude su proyecto.

De repente más coherente con su conocida defensa del consumidor, y ahora furibundo nacionalismo, hubiese sido presentar un proyecto de ley modificatorio del artículo 9 de la ley del sistema financiero que permite a los bancos cobrar las tasas de interés, comisiones y gastos que les da la gana, como quieran y cuando quieran, escapándose de los parámetros que hasta la dación de dicha ley los sujetaba a las tasas máximas establecidas en el Código Civil. Esa iniciativa sí hubiera sido “revolucionaria” digna de la desaparecida gran trasformación o siquiera de la hoja de ruta.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

TE METISTE A SOLDADO … EL SERVICIO MILITAR “VOLUNTARIO-OBLIGATORIO”

La reacción de rechazo que originó el sorteo de “voluntarios” al servicio militar indica que algo está cambiando para bien en la sociedad peruana. Los menos favorecidos son tomados en cuenta; hecho que no hubiese ocurrido hace apenas treinta años atrás, donde se hubiese impuesto la leva obligatoria y la idea de “servir a la patria” como excusa de las conscripciones forzosas en los sectores populares.

El tránsito de servicio militar obligatorio a voluntario conlleva una serie de elementos adicionales relacionados con “hacer atractivo” el servicio. La idea de patria en abstracto ya no funciona; tienen que existir incentivos más concretos como la paga, condiciones de alojamiento (rancho, trato), estudios de especialización, posibilidad de hacer carrera militar para quien le guste y el riesgo. Recordemos que en el VRAEM existe un foco de narcotráfico muy difícil de erradicar, y mucho se especuló que parte de los enrolados iba a servir allá. Suerte de carne de cañón a bajo costo.

Asimismo, se comentó que la ley era discriminatoria en vista que permitía eludir el servicio a quien pagase la multa, cuyo monto iba a poder ser solventado únicamente por jóvenes de los sectores medios y altos, más no de los sectores populares. Igual sucedía con la discriminación de los estudiantes de carreras técnicas, los que de ser llamados deberían enrolarse, pero no los universitarios, existiendo una segunda discriminación. Aparte que quien rehusase enrolarse pasaba a tener el estatus de “muerto civil”, en vista que se le recortaban varios de sus derechos civiles más importantes.

Todo ello es cierto, pero hay un detalle importante: la ley se promulgó en el gobierno anterior aprista y en ese momento no causó tanto revuelo, sobretodo por la excepción a la regla que de su naturaleza voluntaria se convertía en un encubierto servicio obligatorio. De repente el gobierno de Humala y el propio presidente en vez de “comprarse el pleito” tozudamente, debieron proponer los cambios legislativos y no “acomodarse” a una ley que desfavorecía a quien carecía de recursos económicos.

La actitud del gobierno (comenzando por el presidente) fue la del “patrón prepotente” que impone las condiciones sin escuchar a los demás. Allí falló, sus alegatos a favor del servicio militar fueron desastrosos y el resto es historia conocida.

Desde que en distintos países de América Latina el servicio militar pasó de obligatorio a voluntario, la tensión y los conflictos generados entre incentivos que sean atractivos y la necesidad de cubrir plazas de soldados en las fuerzas armadas continuará. No será esta la última controversia que presenciemos. Quizás el asunto estaba no tanto en pasar abruptamente a un servicio voluntario, sino en cómo hacer más atractivo un servicio militar obligatorio donde participen todos los mayores de 18 años sin distinción material alguna.

Un servicio militar que no sea reflejo de la situación de servidumbre muy al estilo gamonal previo a 1968, donde el patrón prepotente y abusivo era reemplazado por el oficial igualmente prepotente y abusivo. Para decirlo de otra manera: el viejo servicio militar obligatorio se quedó en esa etapa oligárquica pre-ciudadana, cuando la sociedad peruana ha evolucionado en horizontalidad.

Algo está cambiando en nuestra anquilosada estructura social y van penetrando poco a poco ideas más democráticas y el concepto de ciudadanía no se queda solo en el papel. Algo está cambiando…

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

PRECIOS EN ARGENTINA

A fin de detener la espiral inflacionaria, hace algunos meses el gobierno federal argentino dispuso el “congelamiento” de los precios de productos básicos; así parecía resuelto un problema agudo para la administración de Cristina K, tan vapuleada en el alza del costo de vida. Sin embargo, los productores ya “le sacaron la vuelta” al congelamiento de precios.

Similar a lo que pasaba en Perú durante el primer gobierno de García, las empresas productoras han ofrecido en el mercado otros productos muy parecidos, pero con precio libre. Así por ejemplo han aparecido mayonesas “libre de colesterol” o con “la receta liviana”, no sujetas al control de precios. En lácteos, tendremos frente a la leche de precio congelado, la "extra calcio con vitaminas A, C, D", la "extra calcio natural con sulfato de hierro y vitaminas A, C y D" o la "extra calcio natural, con vitaminas A, C y D, fuente de DHA (ácido docosahexaenoico)". Ni las nobles papas se salvan. Frente a la papa de precio regulado tenemos la “papa cepillada” (con menos tierrita que la más silvestre).

Igual sucede con los empaques. Las presentaciones están cambiando. Frente a los de precio congelado, aparecen otros de tamaño o cantidad diferente. Ni los huevos son la excepción. Frente al “huevo congelado”, está el huevo con “omega 3”.

Se dirá que se debe regular más. La verdad, para ser sincero, no serviría. Supongamos que el gobierno ponga un ejército de fiscalizadores o regule todos los precios, el ingenio hará que saquen un producto diferente o en otra presentación “no regulada”; o, peor aún, se genere escasez o “rompan la mano” al funcionario fiscalizador; con mayor razón en un país como Argentina donde la corrupción es vista solo como un pecado venial. Es que Crtistina ni su equipo entienden que los precios son señales que envía el mercado. Te va a indicar si el producto falta o sobra (es lo que está sucediendo también en Venezuela). Entre nosotros los precios regulados en el primer gobierno de García trajeron escasez y corrupción. A partir de los noventa, al liberalizarse los precios no faltan productos; y cuando el estado quiere subsidiar alguno se va el producto de contrabando a otro país o a otra región que no tiene precio regulado, como sucede con la gasolina en la selva.

Sería bueno que doña Cristina lea un poco más de historia económica. Encontrará que el congelamiento de precios no es la solución.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

A DIEZ AÑOS DEL GOBIERNO DE LOS K

Si bien aprender de los errores ajenos es poco común –casi siempre aprendemos más de nuestros propios errores- no está demás mirar la situación de Argentina a diez años del gobierno de los Kirchner, con reelección conyugal incluida.

Quizás ahora Argentina se encuentra mucho pero mucho más lejos de despegar hacia el desarrollo que hace diez años atrás: con una economía hipertrofiada, inflación elevada, escasez de divisas y una serie de corrupciones gubernamentales mayores la hacen parecerse más a un país del tercer mundo que a uno europeo como alguna vez se creyó.

La corrupción es democrática (algo bueno trajo “la revolución” de los Kirchner): va desde los funcionarios de los estamentos más bajos del gobierno y asciende hasta las altas esferas. Cada vez es más insistente el rumor de enriquecimiento sin causa aparente de la pareja presidencial, a tal punto que el patrimonio conyugal ha crecido más de diez veces desde que asumieron la presidencia; mientras la mayoría de los argentinos se empobrece día a día.

Esa es una de las aristas de los gobiernos autocráticos: la pobreza de los ciudadanos y la riqueza de los que están en el poder; y, para silenciar las denuncias, persiguen a los acusadores, les colocan mordaza, expropian las empresas o los desaparecen.

En diez años de gobierno de los K se estatizaron empresas que ahora se encuentran en pérdida, expropiaron los fondos privados de pensiones (como decimos los peruanos “se los tiraron”), han impuesto mordazas más o menos sofisticadas a la oposición, no permiten que se divulguen porcentajes del alza del costo de vida que no sean oficiales y han sometido al Poder Judicial y a otras instituciones que los puedan controlar.

Va a ser difícil que salgan del hoyo los argentinos. Van a tener que reconstruir su riqueza, respetar las libertades de la persona y buscar consensos nada fáciles. Quizás Cristina se vaya (con sus millones) pero dejará un país sumido en el atraso, el oprobio y la desgracia.

Si de algo nos sirve la historia ajena, aprendamos de Argentina y que nada bueno resulta cuando una pareja conyugal se sucede en el poder, al final es una autocracia que trae más pobreza, corrupción y atraso al país. Por eso los peruanos debemos estar alertas ante los intentos de cierta pareja que quiere repetir la misma historia.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

ASU MARE O EL INTENTO DE HACER CINE COMERCIAL EN EL PERÚ

El éxito obtenido por el filme peruano Asu mare ha permitido retomar la vieja polémica entre liberales y proteccionistas sobre la mejor forma de ayudar a que se consolide y despegue el cine peruano.

Los primeros sostienen que debe ser el mercado el que -a través de su “mano invisible”- determine que películas se deben hacer y ver, y cuáles no, sin necesidad de la intervención estatal vía premios o subsidios a proyectos de filmes nacionales, exhibiendo como el ejemplo por antonomasia el filme Asu mare, con más de dos millones de espectadores en las primeras semanas de su proyección, habiendo destronado nada menos que a temidos blockbusters como La era del hielo.

Los segundos, en cambio, creen que el estado de todas maneras debe intervenir dado que existen filmes cuya temática o estilo no se condice con un público mayoritario, por lo que de no existir apoyo estatal difícilmente se podrían realizar. Sustentan fácticamente su posición en los diversos premios obtenidos en el extranjero por películas peruanas cuya convocatoria de público no necesariamente es amplia.

De cierta manera, esta vieja polémica se puede reducir a que los librecambistas afirman que para hacer películas rating manda, mientras los segundos sostienen incentivos estatales primero. No es necesario ser demasiado zahorí para saber cómo quedó la televisión nacional de señal abierta que abrazó ardorosamente el dictum rating manda. Algo similar pasaría con el cine. Tendríamos un espectro de comedias chabacanas, calatas por doquier o dramones insufribles. Pero los proteccionistas que llevan al extremo su posición igualmente se confunden con el mercantilismo llano y puro, con una suerte de lobismo cultural donde un pequeño y cerrado grupo de elegidos determinaría vía premios, cuotas de pantalla, subsidios estatales y otras sinecuras adicionales sufragadas con dinero de todos nosotros qué películas merecen apoyo del gobierno y qué películas no, teniendo a “papá Estado” como el garante que evite la competencia de fuera. Esta posición llevada a la radicalidad también nos traería perjuicio.

En principio que el éxito de Asu mare es atípico, por lo que no se presta a ser un ejemplo emblemático de la producción del cine nacional. Su éxito se debe a causas extraordinarias como el carisma del actor principal, el ser este ampliamente conocido y el costumbrismo limeño reflejado en el écran. Es más, hasta donde sabemos, los productores hicieron un trabajo previo de marketing a fin de asegurar la concurrencia a las salas. Es muy difícil que ese mismo éxito se repita en otras cintas peruanas por más que intenten ser comerciales, como ya ha sucedido en el pasado. (O lo que es peor: copien el estilo y la temática de Asu mare).

Incluso su temática explica gran parte del éxito obtenido, al tocar el delicado tema de la mujer sola que debe sacar adelante un hogar, hecho muy evidente de nuestra realidad y que, estoy seguro, ha tocado las fibras íntimas de más de un espectador. Si bien la madre soltera es más evidente en los sectores populares, se repite también en las otras capas sociales. El tomar a broma hechos que son de naturaleza dramática como que produce una catarsis colectiva. Luego de visionar la película el espectador se siente más aliviado de una carga emotiva que lleva muy adentro. Y si la madre del protagonista es el objeto de sus bromas, es también un homenaje indirecto a quien lo ayudó a formarse como hombre, quizás con mano de hierro como lo cuenta, pero necesaria al fin y al cabo.

Con el fenómeno de Asu mare bien se aplica el adagio una golondrina no hace el verano. No obstante, su producción puede servir de inspiración para otras películas nacionales que intenten apostar por el cine comercial. Un estudio previo de marketing, un buen guión, el contar con estrellas conocidas en el medio o no descuidar la labor técnica-profesional son elementos indispensables. Lo ideal sería que se replique su éxito a fin de consolidar una industria nacional del cine con mayor producción de filmes que los seis u ocho al año que se ruedan usualmente y que -como señalamos en otro artículo- permitiría continuidad y ejercicio en el oficio, así como fuentes de trabajo estables, con personas que se podrían dedicar íntegramente al cine.

Pero, para que exista un mercado del cine peruano requiere de la presencia del estado. Nos guste o no, la mano del mercado por si sola no va a consolidar un cine nacional; hacen falta políticas culturales claras y precisas, voluntad política e incentivos llevados con prudencia y efectividad, por lo menos en los inicios, así como apoyar “el otro cine”, el que no congrega grandes multitudes pero que es parte de nuestra realidad.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

¿VA EL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA HACIA LA GRAN TRASFORMACIÓN?

Es difícil afirmar o negar si el gobierno de Ollanta Humala, por los últimos hechos ocurridos, ha iniciado un viraje hacia el estatista programa de gobierno inicial llamado “La gran trasformación”, documento de fuerte raigambre velasquista.

No me parece que el tema vaya por cuestiones programáticas (retomar la gran trasformación), ideológicas (recuperar el nacionalismo velasquista) o principistas (resurgimiento del “corazoncito chavista” del presidente), sino creo va por el lado pragmático.

Es cierto que el contexto en que se anunció la compra de los activos de Repsol no podía ser menos afortunado: el aval que Perú otorgó a las controvertidas últimas elecciones en Venezuela, la presencia del propio Ollanta Humala en la asunción a la presidencia de Nicolás Maduro, así como la sempiterna ambigüedad de la reelección conyugal. Síntomas que el gobierno de Humala abandonaba la hoja de ruta para abrazar la gran trasformación e iniciar un viraje a la autocracia al estilo venezolano.

Creo más bien que el anuncio de la posible y luego negada compra de los activos de Repsol son “globos de ensayo” a fin de pulsear cómo tomaría la sociedad propuestas que son francamente discutibles (la herramienta legal ya estaba lista con la publicación de un controvertido decreto supremo que facilitaba la operación). En cierta forma es poner una agenda en debate público y determinar el grado de apoyo o rechazo que propicia. En este caso fue más lo segundo que lo primero; por lo que, como sucedió con otros intentos polémicos de la pareja presidencial, retrocedió en su intención, como lo dejó entrever la primera dama y días después fue ratificado por los funcionarios de Petroperú. Y retroceden porque más importante que poner en debate una política de estado (su rol empresarial) es el intento de reelección encubierta, el cual a ningún costo debe sufrir un desgaste de capital político, y la pareja presidencial se dio perfecta cuenta que el tema de la compra de los activos de Repsol era un tema que tendría un alto costo político, así como puntos en la aceptación ciudadana. Por eso retrocedieron en el intento de comprar la refinería La Pampilla y los grifos.

Pero, ¿era viable una compra de los activos de Repsol y volver al rol empresarial del estado?

Personalmente no me opongo al rol empresarial del estado, incluso me pareció un grave error el privatizar los activos de Petroperú en los años noventa y no repontenciar o ampliar la empresa a través de asociaciones público-privadas y, de paso, regular el precio final de la gasolina, uno de los más caros de la región. El rol empresarial del estado, bien hecho, es positivo, como sucede en distintos países capitalistas. Lamentablemente en Perú la historia de las empresas públicas fue nefasta por el uso político de los gobiernos de turno (“caja chica” del gobierno central y fuente de empleo para los incondicionales del régimen) y el correlato poco técnico propició que gran parte de la deuda pública fuese causada por las empresas del estado deficitarias, generando la hiperinflación que conocimos a fines de los ochenta y déficit público (las cuentas del estado “en rojo”).

El manejo poco técnico de las empresas públicas obedece a la escasa institucionalidad del estado peruano, a diferencia de países como Chile o Colombia. La poca institucionalidad propicia que el gobierno de turno use las empresas estatales para fines políticos. Por eso fueron creados “los candados” que la propia Constitución Política establece en su régimen económico (subsidiario rol empresarial del estado y solo por ley expresa). No fue únicamente por el ambiente neoliberal que se vivió en el momento de la promulgación de la carta del 93, sino por la pésima experiencia empresarial del propio estado en los años setenta y ochenta.

Si no existe institucionalidad y prima la voluntad del gobernante de turno, siendo un poco mal pensado, es fácil deducir que se quiere o se quiso tener un manejo político de un bien con volatilidad política como es el petróleo. Comprando la refinería de La Pampilla y teniendo grifos a disposición, el estado iba a tener un control casi absoluto del precio final de la gasolina y el GLP. Y teniendo un precio final de la gasolina y el GLP este se puede subsidiar (cumplir, por ejemplo, con la promesa de la campaña humalista en primera vuelta del balón de gas a doce soles), teniendo satisfechos a todos: los ciudadanos, aumentando así la simpatía electoral para una posible candidatura de la primera dama; los propietarios de Repsol que se llevan cuatrocientos millones de dólares sin invertir un sol en la modernización de La Pampilla a la que estaban obligados; y las AFP que son accionistas minoritarios y podrán respirar tranquilos al tener cerca a “papá Estado” para que se haga cargo de los pasivos de la empresa. Es lo que en jerga política se conoce como “socialización de las pérdidas”: el estado es “bueno” e interviene para hacerse cargo de las pérdidas de las empresas privadas a costa de todos los contribuyentes.

Justo existe un aspecto donde no se ha puesto demasiado énfasis, el de los accionistas minoritarios como son las AFP que poseen cerca del 21% del paquete accionario. El asunto es que han invertido en una empresa deficitaria dinero de los aportantes, de todos los cotizantes a las AFP, y si la empresa no marcha bien quienes van a sufrir el castigo son los trabajadores al tener una pensión mucho menor al momento de jubilarse (el sistema privado se sustenta en un portafolio que obtiene dividendos o pérdidas, dependiendo cómo se invierta el dinero de los trabajadores). Las AFP han tenido un silencio cómplice hasta el momento, como esperando que el estado intervenga para reflotar la empresa y verse librados de tener que aportar para la modernización de la planta.

Asimismo Repsol estaba obligada a la modernización de La Pampilla el 2006, obligación que no satisfizo, incumpliendo el contrato suscrito con el estado y, peor aún, el estado vía sus organismos competentes no apercibió a Repsol para cumplir con la modernización de la planta, inversión cercana a los mil millones de dólares. Consiguientemente, y para variar, el propio estado también se encontraba en falta. Pero, según datos confiables, Repsol es una empresa que se encuentra en pérdida, cercana esta a los setecientos millones de dólares, por lo que la compra sería no solo de sus activos sino también de los pasivos, costándonos la transacción humalista a todos los contribuyentes unos dos mil millones de dólares, cinco veces más que los cuatrocientos inicialmente anunciados.

Comprando La Pampilla el estado habría “ayudado” a Repsol, al comprar una empresa deficitaria y que por añadidura incumplió sus compromisos contractuales de modernización de la refinería, ayudaría a las AFP que tampoco cumplieron con guardar parte de los dividendos ganados para la modernización de la planta y tendría el control del precio final de la gasolina y el GLP para fines políticos de cara al 2016. Todos felices, todos contentos, pero a costa de todos los peruanos.

Ollanta Humala y su esposa no van hacia la gran trasformación, mucho menos se están alineando con la órbita chavista (habría que ser ciego político para hacerlo en estos momentos), su fin es más prosaico, más pedestre: perdurar políticamente más allá del 2016, hecho que no creo lo logren para bien de la democracia peruana.

P.D.: Réquiem para Javier.-

Como todo hombre cometió errores, de los políticos y de los otros; pero su integridad como persona y entereza para la denuncia al costo que fuese posibilitó que el Parlamento cumpla con una de sus funciones esenciales: la fiscalización. Los últimos meses fue víctima de una poco oculta venganza política que le valió una suspensión que una jueza determinó que había violado el debido proceso. En fin, ya no pudo regresar al escenario de tantos apetitos y trifulcas. Se está yendo la gente de valor, la que todavía creía en los ideales como Armando y Javier, y quedan los otros. Signo de los tiempos.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es