UNIÓN CIVIL

Existen proyectos de ley polémicos, sobretodo si afectan áreas sensibles de las creencias de las mayorías o de la ideología, civil o religiosa, dominante en una sociedad. Ya no hablemos de los proyectos de ley que afectan los intereses de los grupos fácticos de poder y que rápidamente son archivados, casi sin discusión.

Algo de eso se percibe en el debate afiebrado que ha traído el proyecto de Unión Civil propuesto por el congresista Carlos Bruce, entrampado en la Comisión de Justicia por las fuerzas evangélicas y católicas que, curiosamente, se han vuelto aliadas de hecho para que no se convierta en ley. A tal punto de difícil se encuentra la situación que el propio congresista Bruce tuvo el coraje de declarar públicamente –posiblemente a un costo personal elevadísimo- su orientación sexual, a fin de usarlo como argumento político de defensa que destrabe el empate.

Estos proyectos polémicos son los que le toman el pulso a las sociedades, los que diagnostican más certeramente el carácter tolerante o no de las mayorías; y, no es secreto, que frente al proyecto la intolerancia viene de todas partes, desde los segmentos más pobres y menos educados hasta los más refinados y elitistas.

Solo una minoría lo apoya, mejor dicho lo apoyamos. Porque acá no se trata de imponer la razón de la mayoría, sino que los derechos se extiendan a todos. Existe un principio jurídico, el de la universalización de los derechos, sin importar los rasgos particulares del beneficiario. Caso contrario, estaríamos segregando a un grupo humano, fundamentando la segregación, en la razón de la mayoría. Ese es el camino más corto y rápido para la intolerancia y la discriminación.

Por eso los derechos no son sometidos a ninguna clase de consulta, porque los beneficiarios, si son un grupo minoritario, se les negaría el reconocimiento. Imagínense si en los Estados Unidos de los años sesenta se hubiera sometido a consulta las leyes de afirmación a favor de un grupo minoritario como eran los negros en ese entonces. Jamás habrían obtenido el reconocimiento efectivo de sus derechos civiles.

Ideológicamente el proyecto es liberal, en el sentido clásico del término, moderno; pero refleja muy bien, por las reacciones suscitadas, lo conservadora y premoderna que todavía puede ser la sociedad peruana. Todavía respira ese aire malsano de la Colonia. Las iras desplegadas al proyecto de Unión Civil tienen un tufo reaccionario tanto en hombres como en mujeres. De intolerancia ante el otro, al que es distinto por el hecho de serlo. E igualmente evidencia el temor y menosprecio que sentimos ante el homosexual.

De cierta forma nos encontramos en un periodo transicional en la sociedad peruana, entre lo viejo que se resiste a morir y lo nuevo que está naciendo. Como todo cambio es conflictivo, a veces anárquico, otras errático. Esta “revolución social” es silenciosa, pero de consecuencias mayúsculas en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del país. Afecta a los partidos políticos e, incluso, a la ideología dominante y a los valores que hasta ahora se consideraban incuestionables, como el rol del varón o de la mujer, y lo que entendemos por familia.

Y, de igual manera, refleja también que todavía no hemos separado la razón de Estado de la religión. Y las pruebas las vemos cada vez que ingresamos a una dependencia pública. Por mi trabajo debo ir constantemente a las dependencias del Poder Judicial. No es casual encontrar dentro de sus instalaciones una capilla católica, una gruta de adoración a la Virgen María, para no mencionar los abundantes crucifijos y ejemplares de la Biblia (católica) en los despachos de los magistrados. Como les digo a mis alumnos, se supone que el estado es laico, pero viendo toda esa simbología sacra parece que estamos ante un estado confesional. Por desgracia no tuvimos las guerras religiosas que padecieron los europeos y que los obligó a no meter a Dios en los asuntos de la tierra.

El proyecto de Unión Civil no significa el fin de la familia. La familia, acá y en otras latitudes, se está reestructurando, está cambiando, pero no es su fin. El proyecto aboga básicamente porque esas nuevas familias, que en los hechos ya existen, no queden desamparadas patrimonialmente.

Si el proyecto se aprueba, diría mucho más de la sociedad peruana que tomos de tomos de libros y ensayos, que avanzamos hacia una tolerancia al otro, tolerancia a regañadientes, pero tolerancia al fin y al cabo.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

LUCHAS Y CONTRALUCHAS, HUELGAS JUDICIALES Y JUEGO DE TRONOS EN LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

La larga huelga de los trabajadores del Poder Judicial duró más de cuarenta días sin importar la paralización de miles de procesos pendientes de resolución. Su principal pedido era ser excluidos de la ley de Servicio Civil.

Todo cambio genera resistencias. Lo insólito sería que los afectados se allanen al cambio. Por eso las resistencias en el pasado a la Ley de Carrera Magisterial, hoy a la ley de Servicio Civil, mañana a la inminente reforma universitaria y a la siempre postergada reforma política.

Es cierto que al momento de la aprobación de la ley en el Congreso de la República se cometió el error de exceptuar de los alcances de la norma, sin existir justificación alguna, entre otros, a los trabajadores del propio Congreso, de la Sunat o de la SBS, lo que motivó que otros trabajadores del estado con gran poder de negociación como son los judiciales busquen también “salirse” del marco normativo; pero no menos cierto es que de satisfacer su pedido, se vendría un “efecto cascada” de otras instituciones del estado que requieren lo mismo, y solo quedarían comprendidos dentro de la ley los estatales con menos poder de negociación. Por ello sería recomendable que el Congreso enmiende su propio error y derogue la excepción que, incluso, es inconstitucional, atendiendo al artículo 103º de nuestra Carta Política.

No obstante ello, efectuar los trabajadores judiciales una huelga indefinida por más de cuarenta días paralizando un servicio esencial del estado para exigir la exclusión del marco de una ley, contando con el entusiasmo explícito del propio presidente del Poder Judicial, no se ve en una democracia realmente con estado de derecho. En una democracia consolidada sería descabellado paralizar el servicio de la administración de justicia. Miles de miles de procesos de alimentos, de familia, de inquilinos morosos, de reos en cárcel o de trabajadores que solicitan sus beneficios sociales quedaron paralizados a lo largo y ancho de todo el país.

Ello ha llamado a cuestionar la poca eficacia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a darle solución inmediata y efectiva a la atención básica a los usuarios, que somos todos nosotros. No es posible que denegasen la declaratoria de emergencia del Poder Judicial a fin de contratar trabajadores que realicen las labores de los huelguistas.

Si bien la huelga es un derecho reconocido en la propia Constitución Política, ello no quita que se corte el derecho de servicio a los ciudadanos o se haya previsto siquiera una atención mínima (audiencias, recepción de escritos, atención en juicios de alimentos y  juicios penales). Imagínese, querido lector, si los trabajadores de Sedapal deciden realizar una huelga indefinida y suspender el servicio de agua a toda la ciudad de Lima. Sería impensable porque también están los derechos de los usuarios a recibir el servicio. Algo similar se produce con los usuarios del Poder Judicial. A quienes toman las decisiones no les importó el ciudadano, síntoma que estamos en muchos aspectos en una sociedad pre-moderna.

Y ya es hora que a los servidores del estado que hacen huelga se les descuente por los días no trabajados y no reciban su sueldo sin trabajar, bajo el subterfugio que van a “compensar” las horas perdidas, horas que jamás se compensan en la práctica. Día trabajado, día pagado; y si no se labora no existe contraprestación económica, como sucede en el sector privado.

Y ya es hora también que se modernice ese poder del estado. No me refiero a las computadoras de última generación, sino a las decisiones políticas, que las aplicadas son de antiquísima generación. En pleno siglo XXI al representante de un importante poder del estado, como si todavía estuviésemos en el medioevo, solo lo elijen “sus pares”, otros jueces supremos, y no la totalidad de jueces de todo el país, como sucede cuando se elije al presidente de la República, cuya decisión recae en todos los ciudadanos, o al presidente del Congreso, que lo determinan todos los congresistas electos y no solo los portavoces de cada bancada. Y lo mismo sucede con la designación del representante máximo en el Ministerio Público. De allí que se producen esos conciliábulos a media luz, los “toma y daca” de espaldas a la ciudadanía.

Ojalá algún día veamos elegido al presidente del Poder Judicial por todos los jueces del Perú. Ojalá. Con ello obviamente no se solucionarán todos sus problemas, pero se avanzaría un gran paso en la democratización de este importante poder del estado.

El otro tema es “la lucha de poderes” entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Eso tampoco se ve muy seguido.

Juego de poderes, es cierto. Intereses políticos para nombrar a dos fiscales supremos cuestionados, los hay. Lo malo es que ese “juego de tronos” se llevó de encuentro al estado de derecho. Algo similar pasó semanas atrás con las movidas para elegir, pese a los cuestionamientos con los que carga, al primo de la primera dama como el Fiscal de la Nación.

Esos roces de organismos constitucionales en gran parte se producen cuando no existe una institucionalidad sólida. Vienen los forcejeos bastante ásperos.

Es evidente que tanto en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el propio Tribunal Constitucional existen intereses políticos y económicos. Se produce acá y en otros países. Lo malo es que en países como el nuestro, donde no tenemos una sólida institucionalidad, quedan las instituciones a merced del juego político o los intereses económicos, y poco se puede hacer para que no se lleven de encuentro al maltrecho estado de derecho. De allí que luego nos enteramos de extrañas resoluciones que exculpan a un político importante o le archivan el proceso por alguna nulidad formal, amen de esas resoluciones judiciales que “amparan” a empresas poco escrupulosas a seguir abusando del erario público y de los consumidores o a saltarse las normas porque “lesionan” su derecho constitucional. Y por eso algunos que están adentro del Leviatán prefieren “no comprarse el pleito”, para estar tranquilos en su puesto hasta que termine su mandato o, vencido el mismo, permanecen en sus cargos por falta de nombramiento de los sucesores, como sucede con los miembros del TC y su alambicada resolución, atribuyéndose funciones que no le corresponden.

Creo que es hora también de buscar otras formas de nombramiento de los integrantes de los órganos constitucionales. El Congreso, por lo menos el que tenemos, no parece el más apropiado para estos menesteres.

Y todos estos cambios tienen un nombre y un apellido: Reforma Política. Tan mal vista en los noventa, pero tan necesaria ahora.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

DOS NUEVOS SANTOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

El mundo católico ha presenciado y vivido la elevación a estatus de santo a dos papas, hecho inusual y cuya característica común es que fueron los más carismáticos de la Iglesia en los últimos cincuenta años.

Más allá de los posibles “milagros” atribuidos a los ahora dos santos, así como la fe de los creyentes, se encuentra el hecho que una institución milenaria y que a su vez es un estado político haya tenido necesidad de un proceso de santificación tan rápido en el siglo XXI. ¿Por qué?

Creo que frente a los graves problemas que hoy día enfrenta la Iglesia Católica, entre otras estrategias, ha visto necesario contar con dos “héroes contemporáneos” que sirvan de aliento y ejemplo a la feligresía en un mundo bastante escéptico, y mitigar los problemas existentes al interior de la Iglesia (pederastía, corrupción en las altas esferas, escasez de nuevos servidores religiosos, peligro de anacronismo frente a los grandes debates del mundo contemporáneo).

Toda institución, laica o religiosa, necesita héroes, referentes que sean ejemplo que la institución y la ideología que están detrás, siguen vigentes, son “las correctas”, y puedan ser el paradigma a seguir, otorgue un referente de unidad a los militantes y capte nuevos simpatizantes. Los “héroes” cumplen esa función, muchas veces contra sus propios designios personales. Ejemplo del lado “ateo” lo puede ser el Che Guevara en la segunda mitad del siglo XX. Cohesionó después de su muerte a los movimientos comunistas y progresistas, sobretodo del llamado Tercer Mundo. Quizás el Che jamás se propuso ello, pero terminó siendo un icono post mortem y “santo laico”.

Algo similar ha pasado con los dos papas que han subido a los altares. Probablemente jamás se les cruzó por la mente ser santificados algún día; pero sus imágenes y prédicas serán usadas para un propósito subalterno a lo que ellos se propusieron.

Y si bien los dos papas santificados son los más carismáticos de los últimos cincuenta años, las coincidencias terminan allí. Me parece no es casual que uno, Juan XXIII, haya sido el de la apertura de la iglesia al mundo, el del Concilio Vaticano II; mientras el otro, Juan Pablo II, fuera el papa de la reacción, de la vuelta al conservadurismo y a las tradiciones, y el silenciamiento de las voces del denominado cristianismo de izquierda, aquellos seguidores de la Teología de la Liberación.

Creo que la propuesta de ambos papas ha sido producto de un “toma y daca” dentro de las altas esferas del Vaticano. En buen romance: una transacción en la lucha por el poder entre la facción progresista y la facción conservadora. Se eleva a los altares en tiempo record a Juan Pablo II, pero también al “papa bueno”, a Juan XXIII. Y en ambos casos festinando trámites y hasta cantidad de milagros.

Tan graves problemas debe estar atravesando la Iglesia de Pedro, que no sería raro que de aquí a algunos años comience el proceso de santificación del papa Francisco. Se comience a buscar “milagros” que haya hecho después de muerto, se abrevie trámites para subirlo a los altares, se busque testimonios de fe. No sería raro.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

HASTA SIEMPRE GABO

Por mérito propio es uno de los grandes de las letras hispanoamericanas del siglo XX. Solo con Cien de años de soledad, su novela más emblemática, hubiese pasado a la inmortalidad.

Curiosamente, a Gabo le pasó lo mismo que a Cervantes en el siglo XVII: para este Los trabajos de Persiles y Segismunda era su pasaporte al parnaso literario; García Márquez siempre defendió que El amor en los tiempos del cólera era su mejor novela. Sin embargo, uno pasó a la eternidad con El Quijote de la Mancha y el otro siempre será recordado por Cien años de soledad.

Quizás Cien años… es su novela más acabada, aquella que tiene inspiración de los dioses. Gabo “levita”. Y no es para menos. Se preparó con anteriores libros que describían ese fabuloso mundo como La hojarasca o Los funerales de la mamá grande, y Cien años de soledad era el resultado natural, la culminación del ciclo de Macondo, final apocalíptico, con trasfondo bíblico.

Pero, al publicarla, Gabo contaba con apenas cuarenta años de edad, por lo que tenía una “carrera literaria” por delante. Época del boom latinoamericano, combinación de notable talento con marketing editorial, los escritores de aquella generación debían entregar a su editor, bajo contrato, una nueva obra cada cierto tiempo. Por lo que el escritor estaba obligado a “dar algo” que estuviese a la altura de su prestigio. No siempre lo lograban (prueba de ello son las innumerables novelas menores tanto de Vargas Llosa como del propio García Márquez); pero en GGM dos novelas post Macondo son realmente muy buenas: El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto, magistral obra sobre los últimos días de Simón Bolívar. A ellas dos podemos sumar su primer tomo de memorias, Vivir para contarla.

El cine fue otra de sus pasiones. Incluso el García Márquez joven se matriculó en una escuela de cine en Roma. Su cinefilia no solo comprendía los comentarios de películas, sino escribir guiones y, posiblemente lo más importante, la promotoría cultural. Fue el de la iniciativa para la Academia de Cine en Los Baños – Cuba. Gracias a su prestigio, pudo llevar a la isla a realizadores de diferentes partes del mundo, incluyendo norteamericanos, a fin que vuelquen su experiencia en los jóvenes cineastas latinoamericanos. A casi treinta años, la experiencia de Los Baños no ha sido todavía adecuadamente sopesada; pero sospecho que el impacto en la formación de los jóvenes cineastas no fue tan grande como Gabo lo deseaba, en parte por la misma situación que se vive actualmente en Cuba y los problemas que arrastra desde hace varios años el modelo de socialismo cubano.

No tuvo igual suerte con las adaptaciones de sus novelas. Quizás por la inexorable ley que determina que de una buena novela es muy difícil hacer una buena película, en cambio de una mala novela sí se puede hacer una buena película. Algo de cierto hay. Es muy difícil adaptar una buena novela (hay excepciones como las adaptaciones de El gatopardo o Muerte en Venecia, ambas de Luchino Visconti), salvo que se realicen adaptaciones parciales o libres; en cambio las malas novelas, por el hecho de ser malas, pueden ser mejoradas y recreadas por un buen director con la complicidad de un hábil guionista, trasformándolas en una buena película. Cual destino trágico, a las obras de García Márquez se aplicó dicha ley.

La parte política fue la más discutible de Gabo. Su férrea defensa del régimen castrista le granjeó algunos enemigos y rivales, incluyendo al propio Mario Vargas Llosa, que tomó una posición radicalmente distinta con respecto a Cuba y al socialismo real. No obstante, Gabo no era un ideólogo como MVLL. Mario es un sistematizador lógico y coherente de una ideología. Sus ensayos y artículos periodísticos no tienen fisuras en la defensa y toma de posición sobre el liberalismo como ideología política. Gabo más fue un compañero de ruta del régimen cubano, un amigo leal que se encuentra al lado en las buenas y en las malas.

Dicho sea de paso, el célebre puñetazo que le infirió Vargas Llosa a García Márquez en los años setenta trascendió lo anecdótico personal (se decía que Gabo estaba enamorando a la esposa de Mario o, como decimos los peruanos, la estaba afanando). Ese puñetazo marcó el fin de una amistad y la separación ideológica de dos amigos que en los años previos defendieron a capa y espada la revolución cubana. Después de ese KO el boom ya no fue el mismo.

Personaje querible y carismático, lo cierto es que Gabo será recordado más por sus novelas que por las enemistades o posiciones políticas. Esta es una buena ocasión para entrar al fabuloso mundo que construyó con palabras o, si ya se conoce, volverse a internar. No hay pierde.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

NOÉ

Darren Aronofsky tiene muy buenos títulos como El Luchador, otros francamente fallidos como La fuente de la vida, y unos geniales como Réquiem por un sueño. Pero fue gracias al éxito que le trajo El cisne negro que consigue un presupuesto de superproducción para un proyecto ambicioso y arriesgado: una versión contemporánea de Noé y el diluvio universal; y el resultado está a medio camino, con un sabor que no deja contento a nadie, incluyendo por igual a católicos y musulmanes.

El asunto va por el lado histórico. Tanto por el relato bíblico, como por las películas que Hollywood ha producido sobre el diluvio universal, tenemos una idea pre-concebida de “lo que debió ser” el diluvio, con un Noé medio estrafalario, del cual todos se burlan mientras él pacientemente va levantando su arca. Y entramos al cine con la creencia que nuestra idea es “la verdad histórica”; obviando que el filme es una ficción y por tanto se permite una serie de licencias tanto en el personaje como en el contexto.

Es que contemporizar el relato del diluvio universal supone ponerlo a tono con nuestras preocupaciones actuales; de allí que vemos un Noé con un look más de guardián ecológico que de profeta bíblico (incluyendo el uso de blue jeans, sí, lo leyó bien, jeans). Pero también supone acercar al hombre y dejar el mito, lo que implica un ser contradictorio, con dudas y certezas, como cualquier mortal. Incluso en un momento se presenta la faceta del Noé totalitario e infanticida que, cuchillo en mano, trata de imponer su “verdad revelada” cueste lo que cueste. Y, como todo ser humano, falla en el objetivo final de su misión. Los resultados nunca serán los esperados, el fracaso siempre está a la vuelta de la esquina. Se hizo lo que se pudo, parece decirnos nuestro personaje.

Quizás esa lucha entre lo que es y lo que se espera ser se grafica mucho mejor en el antagonismo entre Tubal-cain y Noé. Uno se sabe que es de barro y viene del barro, es un hombre y no aspira a más; mientras el otro sabiendo que viene del mismo barro, quiere elevarse por encima de el. Esa contradicción la tenemos todos, solo que unos están más cerca del suelo, como los descendiente de la raza de Caín, y otros, los menos, hacen méritos para elevarse, con riesgo a caer en cualquier momento. Tarea difícil y a veces imposible.

Detrás de ello se encuentra impregnada la filosofía que sostiene que el ser humano es malo por naturaleza. La maldad del mundo que vemos en el filme lo demuestra muy bien. La novedad es que el bien busca trasformar esa maldad. De allí que el bien es una tarea ardua, difícil, llena de peligros y caídas, como lo evidencian los graves trances que pasa el personaje bíblico; mientras el mal fluye con naturalidad. Con este nacemos, el otro significa una reeducación permanente del hombre.

Se debe agradecer que no se usara la voz en off para que Noé “converse” con El Creador (se le llama así en la película, no Dios o Yavé), como era usual en las viejas películas con Charlton Heston, donde Dios conversaba con su profeta con voz grave e imperiosa. Los sueños premonitorios sirven para revelar lo que sucederá después (esa visión subjetiva de las cosas es un rasgo típico en el estilo de Aronofsky). Igual sucede con la inclusión de Los Guardianes, los ángeles caídos en la tradición bíblica, suerte de Transformers del mundo antiguo y venia al público adolescente.

Como se aprecia, esta versión de Noé ha significado hacer muchas concesiones al relato original, deviniendo casi casi en un Noé heterodoxo. Quizás por ello muchos espectadores que iban por la versión clásica de semana santa se han sentido decepcionados y más de uno abandonó la sala antes de finalizar la función. No se asemeja a las versiones que hemos visto tantas veces en las películas sobre La Biblia.

Y si bien Noé es irregular, al final el saldo es positivo. Es mejor dejarse llevar por el relato, sin prejuzgarlo.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

NOÉ [Noah] 

Dir: Darren Aronofsky

Guión: Darren Aronofsky, Ari Handel

c/  Russell Crowe (Noah), Jennifer Connelly (Naameh), Ray Winstone (Tubal-cain), Anthony Hopkins (Methuselah), Emma Watson (Ila), Logan Lerman (Ham), Douglas Booth (Shem), Nick Nolte (Samyaza), Leo McHugh Carroll            (Japheth)

EEUU/2014/Épica religiosa***/Estrenos

EZEQUIEL NOLASCO: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Tomando el título de la célebre novela de Gabriel García Márquez, nunca fue tan anunciada una muerte. Como en las tragedias griegas, su destino ya estaba escrito.

Enfrentarse solo a una mafia enquistada en un gobierno regional, con instituciones que prefirieron mirar a otro lado antes que investigar y menos otorgarle las garantías necesarias, estaba descontado que en una región donde los diferendos políticos son resueltos matando al opositor, que la vida de Ezequiel Nolasco pendía de un hilo.

Por distintos motivos es preocupante lo que está sucediendo en el gobierno regional de Áncash.

En primer lugar, porque el gobierno regional de Áncash es parte del estado peruano y es preocupante que los operadores políticos se hayan asociado a mafias que usan la violencia y el asesinato contra quienes se opongan a sus intereses.

Intereses que deben ser investigados en forma minuciosa. Posiblemente exista más que sobrevaloración de obras como se presume. Sería bueno que se investigue si existe lavado de activos o capitales del narcotráfico moviéndose por allí. Para que exista una organización que tiene poder e influencia en el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Controlaría General, la policía nacional y otras instituciones del estado peruano a fin que no se le investigue y queden impunes sus delitos, se debe presumir que existen operaciones de gran envergadura económica que no quieren ser reveladas.

También llama la atención que el presidente regional de Áncash no tenga ni una sola propiedad a su nombre. Como bien señaló en un programa dominical su operador político en el Congreso de la República, Heriberto Benites, bien se puede presumir obedece a operaciones de lavado de activos y uso de testaferros. No hay que ser muy zahorí para darse cuenta de ello.

Y si queremos profundizar en el tema, es propicio que se revise el proceso de regionalización en su conjunto. No está funcionando debidamente y al interior de cada región no tenemos un presidente regional, sino un reyezuelo que dispone de los recursos públicos como si fuesen suyos. Intereses políticos e intereses económicos, gracias al canon minero y gasífero, se han coludido para aprovechar los enormes ingresos disponibles en provecho propio y desmedro del mejoramiento en la calidad de vida de la población. Se hacen necesarios mayores controles, trasparencia, pesos y contrapesos institucionales, a fin que no se distorsione el fin por el cual nació la regionalización.

Ojalá esta vez los órganos que deben investigar al gobierno regional de Áncash sí usen las facultades constitucionales y legales que detentan, y el crimen contra Ezequiel Nolasco no quede impune. Por el bien de la democracia, por el bien del proceso de regionalización, por el bien del estado peruano y por el bien del país esperamos que los responsables de este alevoso crimen sean sancionados.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

SUÁREZ

Los “héroes” de la democracia no deslumbran tanto como los de la antigüedad. Es que la democracia, nos guste o no, es un sistema anodino, sin grandes epopeyas que narrar. Por eso, llaman más la atención aquellos que “desafían al sistema”, así sea solo de palabra. O intelectuales que “abracen” algún socialismo, siquiera “el del siglo XXI”, algo deslustrado últimamente por cierto. Difícilmente un joven quisiera ser un Jean-François Revel o un Raymond Aron como intelectual, menos un Adolfo Suárez o un Felipe González como operadores políticos.

Pero fue Adolfo Suárez uno de los personajes claves para llevar a cabo la transición española, ese experimento político tan alabado y estudiado en todas partes. El camino pacífico hacia la democracia, el experimento político que permitía una transición sorteando los graves peligros iniciales y los poderes fácticos que se oponían al cambio. Gracias a Suárez y a un pequeño grupo se pudo soslayar los fantasmas de la Guerra Civil, tan presentes en la sociedad española. El otro personaje eje de aquellos años difíciles fue Santiago Carrillo, el viejo dirigente comunista, luchador de las barricadas en la guerra que partió a España en dos. Ironías de la historia: un franquista y un comunista de la mano hacia la democracia representativa. Realismo político que le dicen. El tercero, de ese inicial grupo minoritario, fue el propio Rey Juan Carlos, figura gravitante para el cambio y que curiosamente fue formado por el mismísimo Franco para que después de su muerte conduzca un gobierno que deje las cosas como estaban.

Gracias a un derechista reciclado, un izquierdista igualmente reciclado y a un rey Borbón, se pudo sortear los graves peligros, incluyendo “la noche de los tricornios”, cuando en 1981 un grupo de policías invadió el Congreso de los Diputados para intentar regresar al pasado. Otra vez Suárez, junto a Carrillo y al propio Rey fueron determinantes para develar el motín de los policías. El gesto de Suárez de no tirarse al suelo a los primeros disparos e increparle a Tejero para que deponga su actitud fue el gesto heroico, arriesgado, que pocas veces un político hace. Como decimos nosotros hay que tener huevos para enfrentarse a un tipo nervioso y con una pistola en la mano.

El Alzheimer lo hizo perder los recuerdos de aquellos memorables años. La ingratitud de los españoles y en especial de la clase política, también. Muerto, se quiere lavar ofensas del pasado. Imagínense qué político ahora recibe el último adiós de su pueblo formando colas de más de dos kilómetros a intemperie y en pleno frío nórdico.

El homenaje que recibió de cuerpo presente quiere resarcir en parte esa ingratitud y demuestra que la democracia puede tener héroes tan grandes como los del mundo antiguo.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

INSTITUCIONALIDAD, DEMOCRACIA Y VOTO DE CONFIANZA

No obstante que la negativa de la mayoría del Congreso a otorgarle el viernes 14 el voto de confianza al recientemente juramentado “gabinete Nadine” solo interesó seriamente a muy pocos, lo cierto es que el Parlamento como en escasas oportunidades se puso a la altura de su majestad, y si bien el lunes 17 le otorgó –quizás muy expeditivamente- la confianza solicitada, el hecho merece resaltarse por lo siguiente.

La decisión inicial de abstenerse el Congreso a otorgarle la confianza era una “señal amarilla” de advertencia que las cosas no van bien en el manejo del Ejecutivo. Concretamente en la cada vez mayor intromisión de la primera dama en los asuntos del gobierno, dado que ella no fue elegida por el pueblo como gobernanta, ni ejerce cargo oficial alguno oficialmente dentro de la administración pública.

Imagínense que en una empresa de primer nivel, la esposa del Gerente General tiende su oficina al costado de su marido y comienza a despachar con los demás gerentes, les imparte directivas, reemplaza a unos por otros, autoriza compras, etc. Todo ello argumentando que “es la esposa del gerente”. Y, para colmo de colmos, el propio Gerente General cuando le van a consultar alguna decisión importante replica “si ya hablaron con su esposa”. Esa empresa sería tomada como no seria o, como decimos los peruanos, “como una empresa chicha”. Algo de eso está sucediendo dentro del Ejecutivo y las consecuencias para el país son mucho peores que para la empresa del ejemplo.

Ninguna democracia se sostiene sin institucionalidad. Eso lo sabemos por experiencia propia los peruanos por lo acaecido en los años noventa. E institucionalidad supone respeto a la Constitución Política y a la ley, los dos parámetros que todo gobierno debe acatar.

Y si usted es pragmático y no le quita el sueño estas cuestiones, hágalo por la economía: se ha demostrado que sin instituciones difícilmente el crecimiento se trasforma en desarrollo sostenido. Ya lo vivimos también con el guano en el siglo XIX, el caucho en el XX.

Democracia significa también políticas consensuadas. Y si bien en nuestro país es un poco difícil por el ánimo cainita que existe; es necesario que en ciertos puntos las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Temas generales como educación, infraestructura, políticas de desarrollo son vitales en vista que los frutos se verán pasado el gobierno de turno.

Las fuerzas políticas que tienden a “violar las reglas de juego” de vivir en democracia, incluyendo la alternancia en el poder, son las que menos ejercicio democrático tienen.  Fue el caso del fujimorismo en los noventa, en ese entonces con escasos años en la escena oficial, y del humalismo en el presente siglo. Saltarse la convivencia en democracia, la institucionalidad o la alternancia en el poder, a la larga trae más perjuicios que beneficios al país, y casi siempre quienes la perpetran terminan mal (Leguía en los años veinte, Fujimori en los noventa).

De allí que es importante “el gesto” del Parlamento la noche del viernes 14. Lo enaltece y se encuentra dentro de sus facultades constitucionales. Creo que el Congreso ya aprendió la lección de los años noventa, cuando no hicieron mucho caso a las bravatas del presidente Fujimori hasta que este cerró el Legislativo. Se han curado en salud y saben que de dejar las cosas como están, una mañana se encontrarán sin Congreso abierto (y sin sueldos y demás gollerías). Siquiera por la quincena estuvieron esa noche consecuentes con su rol de fiscalizadores.

Por el bien del país, por el bien de la democracia y por el bien del propio gobierno deben continuar con su rol constitucional. La historia solo se repite cuando no asimilamos la lección.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

EL GABINETE TÉCNICO DE NADINE O HACIA DÓNDE VA EL GOBIERNO

Luego de la abrupta salida del premier Villanueva y la más que evidente intervención en esta de la primera dama, cabe preguntarse las razones. ¿Simple alarde?, ¿devaneos de chiquilla sin experiencia política y “loquita por el poder” como dijo su suegro?

Creo que los motivos no van por allí. O por lo menos no son los medulares. Que no se guardó las formas, es cierto; pero que sea un simple alarde de la primera dama me parece dudoso.

Nuestra hipótesis es que ella apunta a una mejor administración en los dos años que le restan a este gobierno, lo cual le permita remontar en las encuestas ante una probable candidatura presidencial de su persona o de quien funja de locomotora nacionalista el 2016.

El asunto no es fácil; pero en el ejecutivo han perfilado un gabinete técnico más que político, con una PCM de perfil bajo (el actual premier es un “técnico” que ha ofrecido sus servicios a todos los gobiernos de turno) y quizás en la idea que un gabinete aséptico hará mejor las cosas. Se ha librado casi de cualquier rasgo político desde que movió a los quisquillosos ministros de izquierda en los primeros meses del régimen  y, ahora último, al premier Villanueva, quien mostraba una agenda más personal y que pasaba por el diálogo con las fuerzas de oposición.

Incluso el aumento de sueldo a los ministros –que tuvo el patrocinio de la primera dama-, a la luz de los hechos posteriores tuvo su razón de ser: atraer profesionales “químicamente puros”, incontaminados de cualquier rasgo político-partidario a trabajar para el estado.

La idea no es nueva, Fujimori en los noventa también la aplicó: tuvimos un estado más o menos eficiente (o con islas de excelencia), con altos sueldos de tecnócratas y sueldos paupérrimos en la base de la pirámide, pero carente de objetivos nacionales… O, mejor dicho, “el objetivo nacional” era la reelección inmediata del presidente de la república. Era “el pensamiento guía” de dicha comparsa, mientras se peleaba con “los políticos tradicionales” (los “malos de la película”).

Aparte que un gabinete técnico es “más manejable” que uno político; sobretodo cuando existen “poderes paralelos”, en la sombra, pero con más poder real que los ministros que firman las resoluciones.

Película ya vista donde todos conocemos el final.

Tengo mis dudas que un gabinete técnico pueda hacer mejor gobierno. Será un buen administrador, eso no me cabe duda, pero difícilmente podrá alcanzar objetivos nacionales que requieren consenso político (educación, salud, empleo, la siempre debatida reforma del estado). Como decía Luis Bedoya Reyes, en su época de alcalde, los técnicos se alquilan. Tenía razón don Luis. Basta ver el lamentable y poco ético papel que desempeñó el técnico ministro de economía en la salida del premier Villanueva.

Solo espero, por el bien del país, no se repita la historia de los años noventa (“poderes en la sombra”, desprestigio de lo político, uso y abuso de los recursos públicos). Que por estas tierras tenemos la mala costumbre de repetir las mismas historias pero con actores diferentes. Ya sabemos como terminaron los actores de aquel drama. No voy a fungir de adivino, pero no vaya a ser que de acá a algunos años quien esté en el banquillo de los acusados sea nuestro actual presidente clamando ¡soy inocente!

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

VENEZUELA, ENTRE EL AUTORITARISMO DEMOCRÁTICO Y LA LLANA DICTADURA

El socialismo del siglo XXI era, en esencia, un nacionalismo pan latinoamericano, con un rol importante sustentado en el carisma de Hugo Chávez. Su encanto fue que siempre el discurso parecía más radical que las propuestas económicas: jamás los medios de producción pasaron íntegramente al estado, ni hubo intento alguno por abolir las clases y privilegios sociales, menos eliminar en su país el capitalismo como sistema; amén de usar el petróleo para ganar aliados y conformar la ALBA, con Cuba como una suerte de mentor ideológico y asesor, y “países amigos” como Nicaragua, Bolivia o Ecuador.

Desde el ángulo económico podemos decir que se trataba de un capitalismo de estado, donde el estado tiene una omnipresencia avasalladora, desde regulador o controlador de precios y autorizaciones hasta el rol de empresario público; todo ello sustentado en una economía primaria de exportación de petróleo, mayormente al “enemigo”, encarnado en los Estados Unidos.

El capitalismo de estado demanda ingentes recursos económicos para sostenerse en el poder, así como una clientela leal “comprada” con esos recursos. Es su principal fuerza, pero como veremos más adelante, también su principal debilidad.

Precisamente, el sostén interno del régimen se basaba en el asistencialismo a las clases populares, formando una clientela social adicta al régimen, lo cual implica grandes programas de inclusión gracias al recurso petrolero. Asimismo, debía tener contenta a la cúpula militar con prebendas que le permitan su “lealtad”; prebendas de las que también gozaban los empresarios amigos del gobierno. Paralelo a ello, también se contaba con empleos en la burocracia estatal para los militantes del PSUV, el partido oficialista.

La clientela chavista era y es bastante variada, lo que le ha permitido subsistir por quince años ininterrumpidos en el poder. Si queremos hacer un símil en la región –salvando las notorias diferencias del caso-, quizás lo más cercano es el PRI de México en sus mejores años. Una suerte de corporativismo estatal con penetración en diferentes estratos sociales, así como el ascenso de nuevos ricos, los amigos del régimen que ganan las licitaciones públicas o los propios jerarcas de la cúpula partidaria que manejan los asuntos públicos y que en Venezuela han sido denominados la boliburguesía.

Este sostén social explica en parte porqué la oposición en Venezuela es débil. No únicamente por ser una oposición escasamente articulada y hasta hace poco bastante  fragmentada, sino porque el régimen chavista es bastante fuerte en la sociedad venezolana.

Son los sectores populares, pero también los militares, los nuevos ricos y gran parte del empresariado que no se hace problemas con el recorte de libertades del gobierno o el color político de este con tal de seguir haciendo negocios. A ello se debe sumar que la clase media era más o menos indiferente a estos asuntos hasta que comenzó a padecer la escasez de productos básicos y el deterioro progresivo de su poder adquisitivo.

En lo político-constitucional todos los países chavistas han dado un paso “refundacional” de la nación con la promulgación de una nueva constitución política (este planteamiento “refundacional” también estuvo presente en la gran trasformación del entonces candidato Ollanta Humala) que, sin excepción, contiene una cuasi indefinida reelección del presidente de la república y un vaciamiento de las instituciones democráticas, constituyéndose en democracias autoritarias.

Políticamente es lo más peculiar de estos regímenes: tienen una democracia formal de fachada (elecciones periódicas, nombramientos institucionales, etc.), pero carentes de contenido esencial de democracia representativa (separación de poderes, respeto a los derechos fundamentales de los contrarios al régimen).

Quizás los rasgos más característicos de las democracias autoritarias (o autoritarismos competitivos como también se les denomina) sea un partido dominante en la estructura del estado, que hace uso y abuso de los recursos públicos (compra de lealtades y prensa a su favor, elecciones más o menos amañadas, etc.); y una tolerancia de diferentes grados en la escena oficial de prensa y partidos de oposición, por lo general bastante debilitados y hostilizados por el oficialismo.

Esa es una diferencia esencial entre las democracias autoritarias y la simple dictadura. En esta ya no se permite el accionar de la prensa y partidos de oposición, y se coartan totalmente los derechos políticos de los ciudadanos.

Matices más, matices menos, el modelo de democracia autoritaria desde la orilla de la derecha lo tuvimos en Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Ingresó por elecciones totalmente legítimas y, una vez en el poder, trató de perpetuarse, incluyendo reelección presidencial inmediata, cambio de constitución política, “autogolpe”; pero tolerando siempre a prensa y partidos de oposición, con los que incluso “negociaba” favores políticos como se visionó en los llamados “vladivideos”.

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En el campo económico –que es el nacimiento de las protestas que hemos presenciado en Venezuela- el modelo tiene límites. Si bien el partido de gobierno necesita enormes recursos para mantener la lealtad de los grupos sociales que lo apoyan; tenemos también la gran ineficiencia del estado en administrar esos recursos, y la subsecuente corrupción –grande y pequeña- que se produce al manejarlos. Al final tenemos un estado empobrecido, lo cual es paradójico al ser Venezuela un país rico en petróleo, pero que prácticamente tiene que importar todo de fuera, con las correspondientes autorizaciones, permisos y licencias que traban el intercambio comercial. Si un empresario requiere importar un bien de fuera deberá realizar una infinitud de trámites, incluyendo autorización para contar con divisas, y las correspondientes corruptelas para “agilizar el trámite”.

El consumidor final lo que sufre en carne propia es la escasez de bienes en el mercado de precios controlados (lo más pintoresco fue la escasez de papel higiénico en los últimos meses), dando origen a que se encuentre de todo (o casi de todo) en el mercado negro o paralelo a un precio superior para aquellos que pueden pagar esos precios.

A ello se suma la inseguridad ciudadana, con una alta tasa de delitos contra la persona y el patrimonio. Lo más representativo, y noticia que dio la vuelta al mundo, fue el asesinato a sangre fría de una ex reina de belleza en una autopista venezolana.

Deterioro de la economía (inflación, escasez de artículos básicos, déficit público), inseguridad ciudadana (constantes asaltos y robos), recorte de libertades políticas y torpeza en el manejo de los asuntos públicos por el ejecutivo, así como en la relación con la  prensa y partidos de oposición, generó malestar en la sociedad; principalmente los estudiantes universitarios y la despiadada represión policial con el asesinato de cerca de quince ciudadanos, varios de ellos ocasionados por milicias chavistas armadas, sin contar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los detenidos en las manifestaciones.

Este malestar fue capitalizado por la oposición, principalmente el sector radical encabezado por Leopoldo López, joven político venezolano, cohesionándola en una serie de manifestaciones y protestas contra el gobierno de Maduro

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¿Los disturbios que hemos presenciado significan “el comienzo del fin” del chavismo?

No necesariamente. Las protestas han sido protagonizadas principalmente por jóvenes estudiantes universitarios que pertenecen a la clase media; así también los líderes políticos de la oposición (López, el propio Capriles) provienen de la clase media acomodada, no son líderes que han nacido y se comunican “instintivamente” con el pueblo, como fue el caso de Chávez (y limitadamente incluso del propio Maduro). Son vistos oficialmente como “los ricos” que protestan por habérseles quitado privilegios.

Es cierto que la más incómoda y eje de las protestas callejeras es una clase media acostumbrada a tener de todo a precios subsidiados y que ha sufrido gradualmente el deterioro de su ritmo de vida, incluyendo escasez de productos básicos y pérdida progresiva de su poder adquisitivo debido a la inflación constante que sufren los precios relativos. Pero, como la historia lo ha demostrado también, una clase media puede protestar pero no cambia el curso de los acontecimientos, salvo que se encuentre en una situación excepcional, lo que no es el caso.

Si bien el chavismo ahora está compuesto por varias facciones, la ofensiva externa significó cohesión interna de estas facciones para su supervivencia. Se debe tomar en cuenta que el chavismo tiene los medios políticos y económicos para quedarse en el poder, aparte de una comunidad internacional bastante indiferente con lo que sucede en Venezuela, más allá de los comunicados oficiales de rigor de los gobiernos vecinos “preocupados” por la democracia (la OEA y los organismos multilaterales se han mostrado totalmente pasivos en relación a la situación vivida en Venezuela). Tendría que existir una fuerte fractura interna y un debilitamiento notable del chavismo, la intervención directa de los poderes fácticos como los militares, o una decidida y enérgica intervención de los países y organismos internacionales, para poder especular en el fin del régimen.

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Escenarios que podrían suceder

La situación actual es insostenible. Probablemente veamos en el mediano plazo un reemplazo de Maduro y su facción por otra facción chavista, quizás la de Diosdado Cabello o alguien de su entorno en el ejecutivo; todo dependerá de la correlación de fuerzas que se presente al interior del chavismo, y si la facción rival tiene el respaldo de la cúpula militar.

En lo político, el discurso nacionalista se encuentra agotado. Por lo menos para establecer sólidas alianzas internacionales. En las actuales circunstancias, la ambición de una América Latina antiimperialista liderada por Venezuela es una utopía difícilmente realizable.

Debemos tener presente que el discurso chavista, así como el estilo de hacer política, se sustentaba mucho en el estilo de gobierno del general Juan Velasco Alvarado en Perú, a quien Chávez conoció y quedó admirado de su figura política cuando era un joven cadete. En el caso de Velasco, el discurso nacionalista se agotó precisamente cuando la situación económica se complicaba, algo similar a la venezolana de estos días: inflación al alza, déficit fiscal y el añadido del descontento en la oficialidad castrense.

Este último elemento es el que habría que determinar si existe en Venezuela. Lo cierto es que Maduro no ha podido consolidar su gobierno. No ha ganado legitimidad o consenso entre las demás facciones chavistas, actúa a la defensiva, lo que ha sido evidente en la despiadada represión de las protestas de Febrero.

Al ser inviable una chavistización de Latinoamérica, es probable que de aquí en adelante el gobierno de Maduro, o de quien lo suceda, se concentre más en resolver los graves problemas internos que en alianzas internacionales. Incluso, de existir serias fisuras al interior del partido de gobierno, podría producirse un desprendimiento gradual de la tutela cubana, considerando que parte del sector militar (y también una facción del chavismo) no ve con buenos ojos que una nación con un régimen socialista se entrometa en los asuntos internos de Venezuela.

No podemos especular sobre “un fin del chavismo” en Venezuela, dado que tiene una gran base social en los sectores populares (como en Perú lo tiene el fujimorismo), aparte que el propio Chávez se está convirtiendo en un mito, en una leyenda post mortem que aglutina y cohesiona a seguidores y simpatizantes. Es bastante probable que si el partido de gobierno supera la actual crisis y resuelve con pragmatismo los conflictos internos entre “los sucesores de Chávez”, tengamos un partido consolidado en la escena política venezolana, algo similar al peronismo en Argentina.

En lo económico el tema es más complicado, porque solo existen dos caminos (y sus respectivas variantes): o continúa el proceso de estatización de la economía, llegando al extremo de contar los ciudadanos con “cartillas de racionamiento” tipo Cuba y un mercado libre donde el que tenga dinero encontrará de todo a precios muchos más elevados; o liberaliza la economía, haciendo las correcciones a los desequilibrios existentes, lo cual significaría superar el control de precios y reprivatizar todo lo que había pasado a manos del estado.

Conociendo el sesgo ideológico de Maduro, así como su actuar político, el camino de la liberalización económica es poco probable que lo siga (implicaría un shock económico que lo haría más impopular); por lo que su gobierno podría optar por mayor estatismo. La fórmula intermedia, como reformas tibias, sería poner únicamente “parches” al desborde que se viene, lo que equivale a tomar una aspirina para poder recuperar la salud perdida.

El peor escenario: que el errado rumbo de Maduro, y a fin de consolidar al interior del chavismo su poder, podría ir acompañado de un recorte mayor de las libertades políticas, ilegalizar a la oposición y pasar del autoritarismo democrático al viaje sin retorno de la llana dictadura, camino bastante arriesgado y de pronóstico reservado.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

27-E: EL LÍMITE ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

No todo comenzó una fría mañana de Enero de 2008, cuando el agente especial del gobierno peruano depositaba la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, sino mucho antes, cuando un olvidado contralmirante -el controvertido contralmirante Faura- a mediados de los años setenta del siglo pasado advertía en un libro que no estaban delimitados los límites marítimos con Chile y exhortaba a solucionar esa agenda pendiente. Continuó en la década siguiente cuando la cancillería peruana hace suya dicha tesis y empezó la etapa del diálogo hasta agotar el trato directo con el estado chileno y pasar a la siguiente fase, donde un tercero (la Corte de la Haya) dirima el asunto.

Curiosamente el asunto de los límites marítimos con Chile fue uno de los pocos casos donde existió una política de estado que significó continuidad a través del tiempo y los distintos gobiernos: las personas iban rotando pero la política trazada desde Torre Tagle continuaba. Incluso la tesis de “las cuerdas separadas” era de la cancillería, a fin que no enturbie las relaciones económicas mutuas. Y, cosa rara también, significó un consenso de la clase política peruana, caracterizada no tanto por su fraternidad.

No solo es una victoria jurídica para nosotros, sino moral. Significa ganarle en derecho al país que nos ganó en la guerra del Pacífico. Ojalá se pueda superar definitivamente “el trauma de la guerra”; aunque ello no dependerá solo de nosotros, sino también de nuestro vecino. Significa voluntad política y buena fe de ambos gobiernos de acatar y ejecutar el fallo lo más pronto y serenamente.

Es cierto que gracias a nuestras relaciones comerciales y de inversión gran parte de esa desconfianza mutua ha ido amenguando. Los chilenos fueron los primeros en venir a invertir acá cuando se abrió nuestra economía, luego nosotros fuimos allá con nuestra gastronomía y comenzamos a abrir restaurantes peruanos por doquier. Nuestra cultura -por lo menos en la costa- se ha contagiado imperceptiblemente y para bien de cierta “chilenización”, y los chilenos gracias a los miles de migrantes peruanos se ha contagiado de parte de nuestras costumbres (de las buenas y de las otras también). Estamos dentro de la Alianza del Pacífico que, más allá de las rivalidades naturales, ha permitido sumar intereses y esfuerzos. Ya no hablemos de la complementariedad de dos ciudades cercanas como Tacna y Arica y que mereció una declaración conjunta de ambos alcaldes antes del fallo. Existe integración no solo económica, sino también social y cultural. Nos guste o no se está construyendo un “destino común”.

Así como Ecuador “se sacó el clavo” con la victoria militar sobre nosotros en Tiwinza en la década de los noventa y permitió abrir paso a las negociaciones de paz definitivas (otro mérito de la cancillería de Torre Tagle); igual puede suceder ahora y cerrar definitivamente las heridas del pasado. Dependerá que el hecho jurídico que es la sentencia de la Haya se convierta en hecho político. Países con tradición de encono peor que la nuestra lo han conseguido. El futuro post 27-E está abierto.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

CONCENTRACIÓN DE MEDIOS: EL CASO DE LA POLÉMICA DE LA COMPRA DE EPENSA POR EL GRUPO EL COMERCIO

Es cierto que el tema nació y continúa por la frustrada compra del Grupo La República (GLR) de los productos de Epensa (entre otros la revista Correo Semanal, los diarios Correo, Ojo, Ajá –fuera de circulación desde el 30 de Diciembre pasado- y El Bocón). Como es sabido, el Grupo El Comercio (GEC) concretó la transacción económica, desplazando a su rival La República, la que inmediatamente reaccionó denunciando una “concentración de medios”, realizando una campaña mediática sostenida, con foros públicos, constantes primeras planas del tema, invitación de “expertos en la materia”, incluyendo una entrevista in extenso a nuestro Nobel, quien se pronunció enfáticamente contra la concentración de medios por un solo grupo empresarial. Debemos tener presente que la declaración de Mario Vargas Llosa (y su posterior artículo principista) no es de un intelectual de izquierda, sino de un reputado intelectual de raigambre liberal, reforzando notablemente, con la autoridad moral que ostenta, la posición anti-concentradora en el debate generado.

Esta campaña sostenida traspasó las fronteras mediáticas cuando a fines del año 2013 el accionista mayoritario del GLR, junto a varios y conocidos periodistas (muchos de su propia casa periodística) interpusieron una acción de amparo contra la referida compra y contra los contratantes por atentar contra la libertad de expresión, solicitando la nulidad de la compraventa de las acciones. Como es conocido, la acción fue admitida a trámite. 

El problema tiene distintas aristas para su análisis: la jurídica, la política, la de derechos fundamentales, la económica, la constitucional, la judicial, la de libertad de mercado, de empresa y de competencia.

En propiedad, según declaraciones de voceros cercanos al GEC, se trataría de una compraventa del 54% del paquete accionario referente a la producción, comercialización y distribución de los productos de Epensa, más no el control editorial, la generación de contenidos, ni las plataformas multimedia, que quedarían en manos de la familia Agois-Banchero a través de la empresa Epensa SAC. En otras palabras, el GEC tiene el control económico absoluto del conglomerado periodístico, vale decir lo que es tiraje, distribución de los productos, merchandaising, cartera de clientes, fijación de tarifas publicitarias, promociones, etc.; mientras los Agois-Banchero tendrían el “control político” de dichos medios, vale decir podrían fijar la línea editorial de los productos y las informaciones periodísticas, incluyendo las que aparecen en las páginas webs de los diarios.

Si bien “el affaire” comenzó como una pelea entre dos grupos empresariales mediáticos, lo cierto es que ahora rebasa los límites de lo privado para convertirse en un asunto de interés público que debería ser debatido ampliamente, más allá de los intereses económicos de ambos grupos mediáticos.

La concentración de medios es un fenómeno que se produce en distintas partes del mundo. La consolidación de grandes empresas mediáticas ha permitido que ingresen a distintas áreas como la televisión, la radio, el internet y, por supuesto, comprar otros periódicos (lo que se denomina “propiedad cruzada”). También es cierto que algunos países -de corte marcadamente liberal y capitalista- han regulado los porcentajes de la participación de medios, a fin que no se generen “externalidades negativas” producto de la concentración en pocas manos de distintos medios de comunicación (el caso más emblemático es el de la propia Inglaterra).

Entre nosotros, como en muchos aspectos que requieren una adecuada regulación, no contamos con una ley expresa. Si bien el párrafo segundo del artículo 61º de la Constitución Política alude implícitamente al tema, pero faltó una ley de desarrollo de dicho contenido constitucional, ley que en su momento hubiese ahorrado más de un problema como el presente.

El asunto va por las “externalidades negativas” que pueden ocurrir cuando un solo grupo mediático tiene una posición dominante en el mercado de medios de comunicación, más si ese grupo, aparte de los medios escritos, tiene participación en la televisión, la radio y el internet.

Tratándose de medios de comunicación, las “externalidades negativas” afectan ámbitos privados y públicos, y van desde sesgar la información a favor o en contra de algún tema o personaje, pasando por las condiciones para el ingreso de nuevos medios, la distribución y venta de los medios de la competencia, las tarifas publicitarias, participación del total de publicidad disponible (lo que llaman “la torta publicitaria”), hasta la libertad de expresión e información, y la propia estabilidad del sistema político y de gobierno.

El asunto no va solo por la libertad de empresa, sino que afecta directa o indirectamente a la sociedad civil y a la sociedad política. Si elevamos el nivel de discusión a la idea del bien común, entonces vamos a la esencia misma de lo republicano: a salvaguardar el interés de todos frente al interés egoísta de unos cuantos. O si se quiere, hasta qué punto la libertad de empresa y la concentración de medios en particular afecta el buen gobierno o los intereses de todos.

Ese debate se encuentra ausente, salvo una que otra voz, en cierta forma porque -a diferencia de otros países de la región- la ideología y prédica neoliberal sigue siendo dominante entre nosotros, recurso eficaz cuando se trata de impedir cualquier regulación; lo que se ha reflejado no solo en los argumentos de periodistas del GEC a favor de la concentración, sino en confundir lo que sería una regulación de carácter jurídico-económico como existe en distintos países de raigambre liberal y capitalista, con una “mordaza” a la prensa a través de una ley similar a la existente en la época del gobierno del general Velasco, eludiendo así la esencia del debate. (Más allá de los “cucos” que no ayudan a un debate serio y más bien lo entorpecen, sería bueno que aquellos que defienden la concentración de medios argumenten más seriamente. Algunos lo están haciendo, lo que estimula el debate; pero otros no pasan de exhibir fantasmas, es decir nada).

Frente a ello urge un debate del tema en distintos niveles, no solo en la lucha entre ambos grupos periodísticos, y que fruto de ese debate se proponga (o no) una regulación legal de la concentración de medios y del segundo párrafo del artículo 61º de la Constitución Política. Tienen la palabra sobretodo los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones civiles y, por supuesto, los propios medios.

Asimismo, la variable política del asunto ya apareció y se irá acentuando conforme el proceso judicial vaya desarrollándose en los tribunales. No solo porque ya se encuentra en la agenda pública el debate, traspasando los intereses propios de cada uno de los grupos mediáticos en pugna; sino también porque está ocurriendo una suerte de “acumulación de fuerzas” en ambos bandos en pugna. Los dos grupos mediáticos saben muy bien que esta “guerra” no solo se libra en el fuero judicial o lanzándose puyas los periodistas de ambas casas, sino que el apoyo político implícito o explícito es importante para ganar la guerra. De allí que dos partidos políticos (el APRA y el PPC) se hayan pronunciado expresamente en contra de cualquier regulación, esgrimiendo precisamente como justificativo “la defensa de la libertad de expresión”. Por el lado del GLR ha contado como aliado -quizás no tan inesperadamente- al propio presidente de la república y otras personalidades respetadas, tanto del mundo político, como el académico y el intelectual. El asunto podría tornarse insostenible si los operadores políticos intervienen con medidas o actos fuera de toda proporción o extrayendo leyes inesperadas sin la necesaria reflexión y ponderación del tema.

De allí que el tema debería ser revisado en sede constitucional, sea el propio Tribunal Constitucional y, de ser posible, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obvio que con esta acción legal el Grupo La República tiene mucho que ganar y nada que perder (por razones éticas debería expresamente declarar su inhibitoria a adquirir el conglomerado de Epensa ante un eventual fallo a su favor), mientras al Grupo El Comercio le sucede exactamente lo contrario (razón por la cual al inicio no quiso entrar al debate y luego se vio forzado a ello); pero, los argumentos en sede constitucional -más allá de a quién le den la razón- servirían para fijar los lineamientos de una posible regulación legal.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es