Por: Eduardo Jiménez J.
@ejj2107
2019 va a contener los efectos de lo acaecido en el 2018
en los dos ejes que marcaron el derrotero de la agenda del año anterior: la
reforma judicial y la reforma política.
La reforma judicial tiene componentes políticos desde que
los partidos influencian en los jueces y fiscales y estos a su vez buscan el
amparo político, como demostraron los audios difundidos en el 2018. De allí que
ha habido y van a ver serias resistencias para una reforma profunda del sistema
de justicia. ¿Cuánto se podrá avanzar? Dependerá de la decisión política de los
actores, incluyendo al presidente de la república, y del sesgo de la decisión
que tomen. ¿Reforma de todo el sistema de justicia o solo “maquillaje”? Lo
cierto, es que más allá de la modernización tecnológica de la administración de
justicia, el servilismo y obsecuencia que se vive –salvo excepciones- denotan
una rémora colonial bastante evidente.
Curiosamente, el cómo sea el desenlace de los casos de
megacorrupción va a perfilar las candidaturas del 2021, desde candidaturas
“institucionalistas” hasta las más radicales, incluyendo alguna a lo Bolsonaro.
¿Serán absueltos los acusados?, ¿se procesará a todos, sin importar el color
político?, ¿las penas serán severas o leves? A la altura de cómo se comporte el
sistema de justicia –incluyendo al vapuleado Ministerio Público- guardará
correspondencia con el tipo de candidaturas y las ofertas electorales que se
perfilen. Por ello es importante que sigan los procesos lo mejor posible, donde
solo tenemos por ahora prisiones preventivas, no juzgamientos definitivos.
Otro tema es el uso y abuso de las “prisiones
preventivas” y volverlas casi definitivas con periodos bastante largos de
reclusión y sin acusación fiscal. En un estado de derecho ello es inadmisible. Llama
la atención que los políticos hasta ahora investigados pertenecen a la
oposición al oficialismo y con posibilidades presidenciales hacia el 2021. No
se entiende como hasta ahora personajes políticos y empresariales vinculados a
casos de megacorrupción, pero inocuos para el poder o pertenecientes al “bando
antifujimorista” no sean investigados ni menos pedido también la prisión
preventiva.
En este panorama, un hecho no menos importante, es la
recomposición a mitad de año de casi todos los integrantes del Tribunal
Constitucional. Recordemos que la designación de los miembros del TC es
política, desde que el presidente y el congreso proponen a los candidatos. Si
algún jurista, por más probo que sea, no tiene “padrinazgo” de algún grupo
político, difícilmente su candidatura prosperará. De allí que los juristas que
lo integran, salvo excepciones, son de una medianía para abajo. Solo se espera
que a diferencia del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura, los
candidatos al TC sean por lo menos correctos e idóneos.
Cosa parecida ocurre con la reforma política, un poco más
complicada que la judicial. Si bien ha sido designada una junta de “notables” a
fin que preparen un proyecto de reforma, recordemos que la decisión final la
tiene el propio congreso. Cuánto querrá avanzar y si tiene voluntad para
hacerlo, lo cual puede abrir otros escenarios, como hacer de las reformas una
cuestión de confianza por parte del ejecutivo, de mostrarse renuente el
congreso de aprobarlas tal como están o demorar este el trámite de su
aprobación. Y también, por supuesto, se corre el riesgo que sea una reforma
bastante amorfa o “tibia” y sirva de caballo de batalla para los aspirantes al
2021.
Y, por cierto, los que creen que el fujimorismo “ha
muerto” están equivocados. Puede “resucitar”, de repente con Kenji y
reagruparse en su entorno las fuerzas más o menos leales que queden del
fujimorismo keikista. En política peruana, quizás por la falta de recambio
generacional, hay un principio: no hay muertos.
Otro tema de especulación es hacia dónde va el populismo
presidencial. Algunos temen que vaya a un populismo autoritario tipo el de
Rafael Correa en Ecuador, donde su bandera fue empoderar a la ciudadanía para
gobernar autocráticamente. Otros, que quede envuelto, por los áulicos que lo
rodean, en un populismo mesiánico que lo crea ser “el salvador de la patria”. Y
los menos suspicaces, que solo se trata de sobrevivencia política del ejecutivo
que ante su orfandad de poder político no le queda más que sintonizar con el
disgusto de la calle. Naturalmente que sacar “conejos del sombrero” como en el
2018 no surtirá tanto efecto. Politizar el ambiente y dejar de resolver los
problemas más importantes, nos puede estancar en muchas metas de desarrollo. Contestarse
con crecer solo 4% no resuelve problemas, como la demanda de puestos de trabajo
para jóvenes que ingresan a la PEA.
Más allá de las sospechas, justificadas o no, mejor es
“curarnos en salud” y estar alertas ante la tentación de un segundo
fujimorismo, sobretodo teniendo en cuenta que nuestras instituciones son muy
endebles, existen problemas serios que resolver, la idiosincrasia nacional
tiene un vasallaje demasiado acentuado herencia de nuestros trescientos años de
Colonia (Bolívar lo describió magistralmente hace doscientos años atrás y no
hemos cambiado) y la “calle” responde a estados de ánimo bastante volubles.
Nada está dicho y la historia se va escribiendo constantemente.
El otro coletazo que nos viene del 2018 es el referéndum.
Más político y plebiscitario que técnico, de materializarse en la reforma
política traerá problemas en el futuro, por lo que se deberá evaluar si el
congreso sigue las “recomendaciones” del resultado o en su soberanía toma
distancia. Igual sucede con el alcance de las reformas políticas. Parece que la
comisión encargada, ante el terreno minado, va a tener mucha cautela en lo que
propone.
Por eso, el 2019 se debatirá entre las esperanzas del
cambio o las frustraciones del todo sigue igual; o como expresa el principio
gatopardista “las cosas tienen que cambiar para que todo siga igual”.
