UN ELECTOR EN BUSCA DE SU PRESIDENTE

Por: Eduardo Jiménez J.

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He parafraseado el título de la obra de Pirandello para graficar lo que está sucediendo en las elecciones para presidente de la república. “Políticos antiguos” que no logran sintonizar con los nuevos tiempos; y nuevos que se desgastan rápidamente.

El estancamiento de la coalición Alianza Popular encabezada por dos políticos experimentados como Alan García y Lourdes Flores parece confirmar el fin de un ciclo que comenzó con la Asamblea Constituyente de 1978 y que tiene como personalidades representativas y sobrevivientes de aquella época  tanto a García como a Flores. (Incluso Lourdes ha insinuado que es momento de retirarse a los “cuarteles de invierno”).

Si bien tenemos un gran marco mundial que es el cuestionamiento a todo lo que provenga del establishment político (evidente en el desarrollo de las primarias en EEUU o el fin del bipartidismo español); lo cierto es que entre nosotros el proceso está marcado por un vertiginoso cambio de figuras nuevas en la política que al poco tiempo “envejecen”, así como agrupaciones políticas cuya vigencia no pasa de la coyuntura electoral.

A lo que debemos agregar que los nuevos políticos y sus agrupaciones privilegian un discurso vacío, muy genérico y poco atrayente para un electorado diverso. Y algunos –a la usanza de los aristócratas de antaño- han pensado que el dinero puede comprar la presidencia. Son políticos lights. En otras palabras: más allá de si aplican o no las nuevas herramientas de la tecnología de información, contratar asesores caros o derrochar publicidad y conciertos musicales por doquier, quizás lo que hace falta es la construcción de una nueva fe, de un “mito motivador” al decir de Mariátegui (el abuelo), y forjar un partido político de abajo hacia arriba, sostenido por una ideología o una “visión del mundo”, lo que no se logra de la noche a la mañana, ni existen atajos. Verdadero desafío hercúleo en estos tiempos.

Y dentro de este desgaste de viejos y nuevos políticos el elector sigue buscando un candidato que represente el cambio; pero en paralelo no perdona los “anticuchos” y  hechos poco claros y hasta medio turbios que se denuncian contra algún candidato, prefiriendo mirar a otra opción más trasparente.

Es lo que sucedió con la candidatura de García y los narcoindultos; así como la de Acuña y los casos de plagio (amén de un rosario de otras denuncias). Si bien cada uno esgrimió argumentaciones legales justificatorias, a veces lindantes con las leguleyadas, fueron difíciles de convencer. (Y cuando García pidió disculpas por los narcoindultos ya fue demasiado tarde).

Y, en el medio, un organismo electoral que privilegia los formalismos legales a la realidad: la casi exclusión del candidato Julio Guzmán dio la vuelta al mundo. En las democracias consolidadas y en las que se encuentran en vías de consolidación como la peruana, es muy raro que saquen de competencia a un candidato por no tener “un papel con un sello” y, por añadidura, un candidato que se encuentra segundo en las opciones del electorado. Puede parecer hasta que el organismo electoral “juega en pared” con otras candidaturas que quisiera favorecer. La práctica virreinal del “papel sellado” se privilegió sobre la realidad socio-política.

Pero creo algo está cambiando en la opinión que se tiene del elector promedio y que ya no pasa tan fácilmente estos hechos bochornosos. Calificado despectivamente de “electarado” por cierta prensa conservadora al eligir candidaturas cuestionadas o poco convincentes, más por “afinidad nacional” que por razonamiento (se elige alguien “tan peruano” en las virtudes y sobretodo los defectos como los tiene el elector). Considerado como un votante pragmático y sin muchos valores éticos –que, por lo demás, no le interesan demasiado- socialmente se le ubica en los estratos C (la nueva clase media), D y E.

Al parecer, el elector promedio está adquiriendo una conciencia crítica, más a nivel intuitivo que racional. No le interesa tanto los argumentos técnicos que, por ejemplo, rodean a los narcoindultos, los casos de plagio o la cuasi exclusión de Guzmán, pero sí considera ciertos valores universales como la honestidad o trasparencia en ciertos actos de los candidatos y de los organismos oficiales, y lo que puede estar bien o mal.

No es una actitud ética abstracta, más es sentido común que lo “aterriza” en cómo actúa un candidato o una institución.

Si bien no se puede generalizar (como en todas partes siempre habrá “electarados”), en un ambiente de marcada desconfianza como el peruano, tanto a las instituciones públicas como al oficio de político, el elector promedio está buscando un candidato que exprese ciertos valores que lo hagan creíble y que cumplirá la palabra empeñada de llegar a ser presidente. No un “pendex” redomado, sino alguien que inspire confianza.

Esto da incluso para una tesis universitaria sobre cultura, política y modernidad. Hay una suerte de mezcla de valores de cultura milenaria con modernidad.

De allí el ascenso meteórico de Guzmán, más con un trabajo en redes sociales y en el “boca a boca” que en costosas campañas publicitarias. Representa lo nuevo y “derecho”. Y, de haber salido de la contienda, las preferencias se hubieran encaminado no hacia algún puntero –ya bastante desgastados-, sino a dos candidaturas frescas y trasparentes que comienzan a hacerse visibles como la de Barnechea y la de Mendoza.

Ambos con campañas franciscanas, representan “lo nuevo” en política. Alfredo Barnechea, con un discurso articulado y reformista, ha sabido posicionarse en el centro político, bastante huérfano luego que la mayoría optó por la centroderecha. Mientras a Verónika Mendoza se le aprecia sinceridad en lo que dice; aunque no la tiene fácil dado que parte desde una izquierda neomarxista y antiminera (al igual que su entorno más cercano), cuando el elector predominante es de centro hacia la derecha (un elector más “conservador”). Convencerlo va a ser su gran reto, aparte que sus credenciales democráticas todavía no son muy claras (su posición frente al chavismo y la autocracia venezolana es, por decir lo menos, bastante ambigua). Quizás este no sea su año todavía, pero tiene una gran ventaja: es joven, trasparente y se ha hecho conocida a nivel nacional.

Curiosamente tanto Barnechea como Mendoza ganaron la representación de sus agrupaciones en elecciones internas verdaderamente abiertas y no los remedos que se dieron en otras organizaciones. Representan lo nuevo y, valgan verdades, lo honesto. Por el momento nadie los ha podido acusar de nada turbio. Pueden crecer, dependerá de su estrategia y los errores de sus contendores.

Para terminar, decíamos que no hay una nueva fe, un mito motivador. Quién está en algo de eso es Fuerza Popular. Los fujimoristas vienen construyendo un partido que puede proyectarse más allá del apellido Fujimori. Nos guste o no. Comenzaron con una fe a inicios del 2000 cuando vino la persecución a todo lo que pareciese u oliese a fujimorismo (y que ellos llaman “la gran persecución”), la experiencia de catacumbas que los cohesionó internamente (gracias a los errores de sus adversarios, sobretodo desde la izquierda). Están en mitad del proceso y en convertirse en un partido verdaderamente representativo, enraizado en lo “cholo popular”. Todavía tienen sus dilemas hamletianos. El 2016 es crítico para ellos: de perder otra vez Keiko, posiblemente gane preeminencia al interior de FP el albertismo, lo que marcaría una regresión en todo lo avanzado por los sectores más democráticos del partido.

Nada está dicho y los dados están echados.

PLAGIOS

Por: Eduardo Jiménez J.

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La denuncia -que dio la vuelta al mundo- contra un candidato a las presidenciales peruanas y dueño de tres universidades, acusado de plagio nada menos de su tesis doctoral, trae a colación nuevamente el tema, que se ha vuelto controvertido y bastante extendido, no solo en Perú sino en otros países con democracias y derechos más enraizados.

En cierta manera el plagio ha sido facilitado por los adelantos tecnológicos. Antes era un poco más difícil, aunque no imposible, copiar obras sin el consentimiento del autor o del editor; pero la revolución digital facilitó enormemente la tarea, a tal punto que se extendió la distribución y venta de obras “pirateadas”, es decir sin el respectivo licenciamiento o pago de derechos.

Si bien el copiar películas, temas musicales o libros encamina hacia un lucro obtenido a expensas de los autores o editores, el plagiar una tesis, un trabajo monográfico o un libro y pasarlo como propio, va más hacia la obtención de un grado, una nota o una satisfacción académica sin el esfuerzo intelectual debido.

Pero no se crea que únicamente el mundo académico se encuentra copado por el plagio. También lo están los planes de gobierno. Por lo menos tres agrupaciones políticas que compiten en las presidenciales fueron detectadas de no citar la fuente de donde provenía la información de sus planes de gobierno.

Los “padres de la patria” tampoco se salvan. Cada cierto tiempo surge un escándalo por plagio de alguna ley extranjera que con puntos y comas algún congresista la presenta como proyecto de ley de su “autoría”.

Hasta los jueces, nada menos que de la Corte Suprema de la República, no están exentos de acusaciones de plagio, como lo denunció un magistrado bastante acusioso, que detectó en los plenos casatorios (aquellos que producen jurisprudencia vinculante para todo el sistema judicial) párrafos enteros citados sin precisar la fuente y como si fuese autoría directa de los jueces supremos. El “copia y pega” se ha convertido en práctica institucional.

Como profesor universitario me he topado con trabajos plagiados sin impunidad o hasta tesis universitarias para la titulación, por lo que ahora soy más meticuloso cuando me corresponde ser asesor de una tesis o revisar un trabajo que no haya sido “bajado” de alguna de las tantas páginas existentes.

Usualmente los alumnos descargan ellos mismos los trabajos de alguna página de monografías (a veces es tan burdo y risible el plagio, que hasta citan artículos de leyes extranjeras como si fuesen nacionales). Pero, en otros casos, se encuentra la modalidad del “encargo”, es decir un trabajo encomendado para su realización a una tercera persona (casi siempre otro alumno) a cambio de una contraprestación económica. No han faltado casos en los que pude ser testigo que ciertos docentes se “ofrecían” para realizar tesis para el título universitario a cambio de una remuneración. (O, en ocasiones, a cambio de prestaciones sexuales si se trataba de alumnas).

Y si bien el tratarse de “doctor” es bastante usual en nuestro medio (a los médicos y abogados usualmente se nos dice doctor), nunca está demás tener un cartón con el grado, obtenido a las buenas o, muchas veces, con malas artes.

De allí que no solamente alumnos del pregrado sean copistas obsesivos. Existen casos de políticos conocidos y de jueces supremos que fueron “ayudados” para obtener el grado de doctor o magíster. Usualmente en el mundo académico el grado sirve para hacer carrera y, en cuanto a los supremos, el grado de doctor les confiere cierto estatus acorde al grado final en el escalafón judicial. En los políticos es más vanagloria personal.

La “cultura del plagio” se encuentra bastante extendida y enraizada. En cierta manera, a diferencia de los países anglosajones, nosotros “toleramos más” el plagio. Nos parece como algo natural. De allí que las campañas en contra de la piratería intelectual hayan fracasado rotundamente. (Circulan fotografías en la web donde policías con uniforme custodian locales de una conocida galería donde ofrecen todo tipo de películas y programas pirateados. En ese nivel estamos).

Quizás sea parte de nuestra “tolerancia ante la corrupción” que nos permite ser “flexibles” en los valores de acuerdo a cierto pragmatismo, sin sospechar que así no salimos del subdesarrollo ni económico ni cultural. (Existen estudios de la relación directa entre corrupción y subdesarrollo).

De repente una combinación de penas severas con sanciones morales de la sociedad puede ser un camino que permita, sino erradicar, bajar los niveles de plagio. Conozco universidades que expulsan a los alumnos que hayan cometido plagio en un trabajo académico o que les retiran el grado obtenido. Sería un buen comienzo extender ese tipo de sanciones al mundo académico local.

A 50 AÑOS DEL ESTRENO DE DOCTOR ZHIVAGO

Por: Eduardo Jiménez J.

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50 años atrás Doctor Zhivago tuvo una interpretación, digamos, ideológica. Ambientada en los albores de la revolución rusa, muchos no dudaron en calificarla de “reaccionaria” o “pequeñoburguesa” en el mejor de los casos. En plena guerra fría y choque de dos ideologías y formas de vida contapuestas, Doctor Zhivago no trata de encomiar ni remotamente la revolución de Octubre, sino narrar en un marco contextual histórico preciso los avatares de un amor casi imposible, una suerte de hoja al viento en la gran tormenta que fue la revolución que trastocó los cimientos del siglo XX.

Basada en la novela homónima de Boris Pasternak, novela-río con gran cantidad de situaciones y personajes que tuvieron que ser sintetizados en el filme, fue prohibida en la propia Unión Soviética, patria del autor, por ir contra el “realismo socialista”, dictum estético todavía vigente en aquellos años en la patria de Lenin, por lo que subrepticiamente salió el manuscrito hacia Europa occidental, donde fue publicada. Le valió a Pasternak el premio Nobel, la censura y recriminación en su propia patria, y el reconocimiento internacional fronteras afuera. De allí estaba a un paso para ser llevada al cine.

Es cierto que no estamos ante una “gran novela”. Es más, casi nadie recuerda en la actualidad a Pasternak, si no es por la versión cinematográfica de su obra; pero Doctor Zhivago tiene el gran mérito de la denuncia de los costos humanos que significó la revolución rusa y los pasos agigantados que se forzó para alcanzar un nivel de industrialización similar al de Occidente. Se sacrificaron tres generaciones de rusos para lograr alcanzar un nivel similar al de sus pares capitalistas. La escena que abre el filme hacia el largo flashback, con la presunta hija de Yuri y Lara trabajando en una represa, es bastante sintomático de cómo se vivió aquellos años. (Si la memoria no me traiciona, esa escena como el personaje no se encuentran en la novela, fue un hábil recurso cinematográfico para introducirnos a la historia).

La historia de Yuri Zhivago, de su gran amor por Lara, de Tonya, su esposa, y todos los demás personajes que transitan en la novela y el filme dan fiel testimonio de ello. Son seres comunes y corrientes que se ven envueltos en situaciones excepcionales y contra su voluntad. Situaciones que van a cambiar su vida por completo.

Filmada en gran parte en la España franquista de los años sesenta, tanto por costos de producción, como porque era impensable rodarla en la propia URSS, la película contó con unos protagónicos poco conocidos en el momento. Fue un riesgo de Carlo Ponti, el productor, y del propio Lean, el director, quien venía precedido de los laureles por Lawrence de Arabia, su anterior filme, por lo que obtuvo un control absoluto sobre la realización. Siguiendo un método similar a su anterior cinta para la elección de los protagónicos, eligió a actores casi desconocidos para los principales personajes, y los reforzó con actores de primer nivel para los roles secundarios. Así, alejados del star system, se optó por una desconocida Julie Christie para el papel de Lara, de Geraldine Chaplin para Tonya, y de Omar Sharif para encarnar al doctor Yuri Zhivago, quien ya había actuado para Lean en Lawrence de Arabia. A pesar de ello, el filme llegó a costar unos 15 millones de dólares, suma bastante elevada para la época.

Si bien fue recibida con cierta frialdad, poco a poco se fue ganando su sitial en la historia del cine (mereció posteriores reestrenos) y en la actualidad se la puede considerar como “la historia de amor” por excelencia. Narrada como un gran filme de época, con ella David Lean completaba una trilogía excepcional: El puente sobre el río Kwai en 1957, Lawrence de Arabia en 1962, y Doctor Zhivago en 1965. Era el gran espectáculo con una mano firme en la narración y solvencia interpretativa que hacía las delicias de un aficionado al cine. “Películas-río” con duración de más de tres horas, algo impensable en la actualidad.

Mención aparte merece la partitura musical a cargo del francés Maurice Jarre y, en especial, el tema de Lara, tantas veces ejecutado y que expresa ese amor melancólico, triste, épico y sublime a la vez.

Lean quiso continuar con la “saga histórica” con un cuarto filme en 1970, La hija de Ryan. Pero en una época de mostración de sexo explícito en las pantallas, a nadie le interesó el “escándalo” de un adulterio entre la hija de un irlandés rebelde y un oficial británico a inicios del siglo XX. Las pudorosas escenas íntimas y el ritmo moroso de la película eran parte de una sensibilidad ya perdida en el Occidente de la revolución sexual desatada en los años sesenta. Siéndole totalmente adverso, marcó su semiretiro, del cual solo volvería con un canto del cisne en 1984, Pasaje a la India. Bella película, también de época, pero sin la majestuosidad de las de antaño.

Ahora que se cumplen los cincuenta años del estreno de Doctor Zhivago se constata que sigue tan fresca y vigente como el día de su estreno, algo que sucede solo con los clásicos.

FLAGRANCIA

Por: Eduardo Jiménez J.

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La aplicación del decreto legislativo 1194 que contempla los delitos en flagrancia (cuando es evidente y no reviste complejidad la comisión del delito, ejemplo: un robo al paso, capturando al autor en el acto) está llevando a serios cuestionamientos de lo que podría suceder de continuar con el ritmo de aplicación de la norma en todo el país.

Es cierto que estos delitos, considerados “menores”, en más de una oportunidad la pena impuesta era un saludo a la bandera, con lo que se hacía reiterativa la comisión a sabiendas que no existía sanción efectiva. Es lo que sucede con la falta de respeto a la autoridad policial, la cual, por múltiples razones, ha perdido respeto y legitimidad en la sociedad. De allí que es escena común el presenciar a policías golpeados, cacheteados, escupidos, insultados y hasta atropellados, como fue el caso con la señora Silvana Buscaglia, primera procesada al amparo del Dec. Leg. 1194 y que le ha valido una condena cercana a los siete años por “cachetear” a un policía de tránsito.

La pregunta es si el remedio no será peor que la enfermedad.

El 1194 permite condenar en tiempo record, con el beneplácito de jueces, fiscales, prensa y sociedad civil. El Poder Judicial, tan venido a menos, gana algo de simpatía entre la sociedad y, de paso, las autoridades penitenciarias. Fiscalía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, todos felices y contentos hasta ahora.

Como varios entendidos en el tema ya lo han notado, el problema se puede presentar más adelante. El hecho es que si el ritmo de condenas por flagrancia continúa como hasta ahora, en corto plazo no vamos a tener centros penitenciarios (cárceles) para albergar a tanto condenado. Tome en cuenta que ahora robar un celular puede costar hasta 11 años de pena efectiva de internamiento.

Para cargar un poco las tintas, la situación hace recordar a la Inglaterra del siglo XVIII, cuando robar un pan podía tener pena de muerte. Lo malo es que entre nosotros la pena de muerte no se aplica para los delitos comunes, por lo que no cabe otra solución que aumentar el número de penales … o cambiar la norma.

Como más fácil es cambiar la ley que crear nuevos centros penitenciarios, estoy más que seguro que los legisladores optarán por lo primero en un muy corto plazo.

Por otra parte se encuentra la proporcionalidad de las penas.

Está fuera de toda proporcionalidad que a una señora sin antecentes penales la castiguen con casi siete años de pena privativa por faltarle el respeto a un policía, mientras que un homicidio puede recibir una pena mucho menor y un trato más benigno. Y la excusa que dan los jueces que “ese un problema del Código Penal” no justifica penas draconianas como la impuesta a la señora Buscaglia. Y no seamos fariseos, se le dio esa pena por tres evidencias subjetivas: es blanca, de “situación acomodada” y el caso fue mediático, por lo que el Poder Judicial no quería quedar mal ante la sociedad. Bastaba que sufra seis meses de pena efectiva, pague una fuerte multa, ofrezca disculpas públicas a la autoridad ofendida y se le obligue a otros seis meses de servicios comunitarios para resarcir el daño; pero seis años y ocho meses se encuentra fuera de toda proporción. Puro populismo penal y del malo. (Y para evitar las suspicacias, debo declarar que no conozco ni remotamente a la señora en cuestión).

Lo cual lleva a su vez a la necesidad que una comisión del ejecutivo, del legislativo o una comisión mixta, revise las penas que existen en el Código Penal. La inclusión de nuevos delitos, el aumento de penas en otros, ha creado un “Frankenstein jurídico” de horribles consecuencias. Merecen una revisión exhaustiva las penas y que estas sean proporcionales.

Este Congreso que termina dudo que lo pueda hacer; pero el siguiente gobierno en coordinación con el nuevo Legislativo puede hacer una labor útil allí, antes que se vea acorralado por los inevitables escándalos de coyuntura.

CHAPA TÚ CURUL ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Por: Eduardo Jiménez J.

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Ha llamado la atención que políticos locales del sector “progresista” hayan recalado en candidaturas cuestionadas, de cara a las elecciones generales del 2016. Como que ha pesado más lo pragmático que los “principios”.

Los casos más notorios son los “antirevocadores” que alguna vez estuvieron juntos y revueltos como Anel Towsend, Lourdes Flores  o el caso más patético, el de la propia Susana Villarán, de la mano en la plancha presidencial con un acusado de asesinato y violación de derechos humanos.

Puede decirse que es real politik; y en cierta manera lo es. La verdad que las opciones de sobrevivencia en el Perú de un personaje político o de un partido no son muchas como se cree.

Las carreras políticas no son prístinas y, por lo general, son fugaces; tienden a un “toma y daca” para sobrevivir. A veces este proceso es “darwiniano”; y, más de una vez, deben coger al vuelo “lo que caiga” con tal de sobrevivir.

Quizás de las tres nombradas, el caso de Anel sea el que presenta mayor movilidad de partido en partido para poder estar vigente. Puede ser descrita como una “oportunista”, pero ello le ha permitido estar en vitrina por 20 años en la política peruana, llegar a ser ministra de estado en un gobierno de triste recordación y hasta darse el lujo de conseguir trabajo como embajador para su marido. Ahora la vemos nada menos que de vicepresidenta en una plancha electoral. Al no haber partidos políticos sólidos ni arraigados en la sociedad, el que desee continuar vigente deberá cambiar, como quien se muda de ropa, el marbete partidario anterior por uno nuevo, y alas y buen viento. La décima de don Nicomedes Santa Cruz les calza como un guante: como has cambiado pelona.

El caso de Lourdes difiere un poco. Creo que en el caso de ella hay un doble aspecto. El personal y el partidario. Lourdes no va de partido en partido como la querida Anel, pero en la alianza con el Apra busca mantener su vigencia como política en momentos difíciles para el PPC y, de paso, salvar la valla de inscripción del partido de sus amores. Muy al margen si funciona o no la alianza, ella estará posicionada en el nuevo Congreso y podrá desplegar su descollante personalidad política, de repente con miras al 2021; y “de yapa”, misma mujer maravilla, habrá salvado la inscripción del único partido donde ha militado. Así que tan descabellado no está el plan de la Alianza Popular. Creo que más gana el PPC y ella que el Apra y Alan.

Pero el caso que linda con lo tragicómico es el de doña Susana Villarán. Es cierto que nadie de la izquierda la convocó. Que la doña tiene sus anticuerpos, hasta dentro de sus “aliados naturales”. Es cierto también que coincidió en el pasado muchas veces con los nacionalistas, especialmente en la época de la revocatoria. Igual de verosímil parecer el rumor que estuvo en conversas con APP, pero no se llegó a nada que estuviese a su “nivel”. Tampoco tuvo suerte en conseguir el puesto de relatora internacional sobre violencia contra las mujeres. Cargo burocrático bien pagado que su amigo Diego no pudo conseguir para ella. De allí que su futuro político era medio oscuro. Con el partido que ayudó a crear, Fuerza Social, reducido a escombros, y un futuro político poco halagador para una ex alcaldesa de la capital, y pese a la solemne promesa –una más que incumplió- de retirarse de la vida política, no le quedó más remedio que aceptar la invitación de los nacionalistas e ir de la mano con Daniel Urresti en la plancha presidencial.

Claro que pasar de defensora de los derechos humanos y de un izquierdismo progresista a esto, hay un gran paso de involución. Pero como diría alguna tía de época cuando una niña era cuestionada por ciertos matrimonios consumados por interés, hijita no hagas caso, abre las piernas y sigue adelante. Creo que esa receta ha seguido doña Susana para sobrevivir.

Total, como alguien dijo, en el Perú nunca hay muertos políticos, a lo cual podemos agregar: no hay muertos políticos, pero sí zombis políticos.

¿SISTEMA PÚBLICO O SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES?

Por: Eduardo Jiménez J.

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Generalmente el debate de la política pensionaria ha oscilado entre lo público y lo privado. Recordemos que el sistema privado de pensiones en nuestro país nació como una reacción a la pésima gestión del sistema público, donde distintos gobiernos, democráticos o autoritarios, se agenciaron de recursos disponiendo del ahorro producto de los descuentos pensionarios a miles de trabajadores, principalmente dependientes.

Frente a ello, y en el auge de la ola neoliberal de los años noventa, se instituyó el sistema privado de pensiones, copia directa del sistema que años atrás se había implementado en Chile. El sistema de aportes es similar al público: un ahorro forzoso, descontándose al trabajador una parte de su remuneración (alrededor del diez por ciento, sin contar comisiones a la empresa administradora). La diferencia con el sistema público se encuentra en la individualidad de los aportes, expresado en la tenencia por cada trabajador de una “cuenta individual de capitalización”, a la manera de una libreta de ahorros, donde se abonaría por “la rentabilidad” de sus aportes, más una comisión a favor de las administradoras precisamente por “administrar” el fondo jubilatorio.

No se pudo “matar” al sistema público, el cual quedó a cargo de una oficina descentralizada del estado (la ONP, Oficina de Normalización Previsional); sin embargo, todos los futuros trabajadores activos de aquella primera etapa fueron a pasar obligatoriamente al sistema privado, coartando la libre decisión del trabajador de decidir por el sistema público o privado. En respaldo de la tesis se argumentó que el sistema público estaba “quebrado”, pero en realidad lo que las nacientes AFPs requerían era una “masa crítica” de aportantes a fin que el sistema crezca y se consolide en el tiempo, por lo que se utilizó el subterfugio de la inviabilidad del sistema público.

Esta obligatoriedad se quiso aplicar a los trabajadores independientes –aunque tamizada con la opción de elegir entre el sistema público o el privado-, “reclutándolos” a una nueva AFP, lo cual originó protestas de este importante sector laboral, obligando al gobierno ha retroceder en la decisión.

Pero, de los trabajadores independientes me ocuparé más adelante. Vayamos a algunos aspectos criticables del sistema privado de pensiones, que ya cuenta con veinte años operando en nuestro país y se encuentra consolidado institucionalmente.

Algunos aspectos criticables del sistema se dirigen principalmente a los siguientes aspectos:

1. Pensiones de jubilación ofrecidas,

2. Rentabilidad del fondo de pensiones,

3. Inexistencia de una pensión mínima,

4. Poca trasparencia de las inversiones efectuadas por la administradora,

5. Comisiones cobradas,

6. Concentración oligopólica de pocas AFP en el mercado peruano.

Sobre el primer punto, las pensiones ofrecidas en promedio se encuentran un poco más por encima de las pensiones del sistema público. Vale decir que en veinte años operando el sistema no ha podido ofrecer pensiones más atractivas como las que su oferta inicial promovía. Los defensores de las AFP culpan a los propios trabajadores por no haber ahorrado lo suficiente en su cuenta individual y al gobierno por no dar más “facilidades” de inversión a las empresas administradoras.

Pero, la baja rentabilidad de los fondos de pensiones (negativos en algunos años) también se encuentra relacionado con la poca trasparencia de las inversiones efectuadas por las AFP; las que no buscarían maximizar la rentabilidad del fondo del trabajador, sino de las empresas del entorno de las propias AFP que recibirían liquidez financiera casi a costo cero (“dinero gratis”), empresas que si reportasen pérdidas, significaría pérdidas directas para el trabajador (ya que se trata de su dinero). Ese es uno de los puntos “débiles” del sistema: le puede ofrecer al trabajador una pensión de jubilación atractiva siempre y cuando las condiciones del entorno económico sean prósperas y el portafolio de inversiones sea rentable; pero en entornos recesivos o malas inversiones, el fondo ni siquiera se mantiene en términos positivos, sino que arroja pérdidas.

En otras palabras, la pensión del trabajador se encuentra en directa relación a cómo le vaya al mercado (nacional e internacional) y cómo las AFP han invertido su dinero.

Ese es un aspecto medular del sistema privado que no se discute en forma trasparente.

Se debe sumar a ese panorama poco trasparente, que en el sistema privado peruano no existe pensión mínima a favor del trabajador, como sí existe en el sistema chileno, por lo que hemos visto casos dramáticos de trabajadores con pensiones menores a los cien nuevos soles (algo así como 30 dólares americanos) mensuales. A lo que se debe sumar la “esperanza de vida” calculada a un trabajador que se va a jubilar: no recibe una pensión mayor, en vista que supuestamente va a vivir más de cien años, lo cual es un imposible en la vida real.

A ello se debe sumar las comisiones cobradas por las AFP. Paradójicamente en años anteriores, cuando el fondo arrojaba pérdidas para el trabajador, las AFP arrojaban como empresa, ganancias, dado que la comisión por “administrar el fondo” se le descontaba al trabajador, así genere pérdidas su fondo pensionario. Ello motivó que se implementase la reforma del año 2012 con respecto a las comisiones, pudiendo elegir el aportante entre comisión por saldo o por flujo.

El otro aspecto crucial del sistema privado es el oligopolio de empresas prestadoras. Actualmente son cuatro más una quinta (Habitat) que ingresó por concurso y la cual –por contrato con el estado- tendría la “cautividad” de los nuevos trabajadores que se incorporen a la actividad laboral. Cuando las empresas que prestan un servicio o venden un producto conforman un oligopolio, la competencia prácticamente no existe y generalmente las empresas oligopólicas tienden a “repartirse el mercado” o concertar precios.

Por ello y ante la vulnerabilidad que tiene el sistema privado por los vaivenes económicos del mundo y del país, se necesitaba que ingresen al sistema para reforzarlo los trabajadores independientes. En nuestro mercado laboral, los trabajadores formales son minoría. De esa minoría, aproximadamente solo la mitad aporta regularmente a un sistema de pensiones; la otra mitad o se encuentra desempleada o devino en informal. De allí la importancia cuantitativa de incorporar al sistema a los independientes.

Formalizar a los independientes, a fin que aporten a un sistema pensionario, no es mala idea, si tenemos en cuenta que de aquí a algunos años, cuando su fuerza laboral disminuya, esas personas requerirán una red de protección social. Pero, lamentablemente, ese reclutamiento “forzoso” se hizo en condiciones nada propicias. Creo que primero se debió discutir la reforma del sistema pensionario y de allí diseñar planes alternativos de jubilación para los trabajadores, sean dependientes o independientes. El reclutamiento de los independientes y los ingresantes a la vida activa laboral daba la impresión que obedecía más para favorecer a las AFP que al propio trabajador.

*****

A veinte años de creadas, las AFP “mueven” grandes capitales. Es un poder fáctico y bastante poderoso, por lo que los sucesivos gobiernos han tratado de mantener sus privilegios a cambio que les presten dinero vía bonos del tesoro público (las AFP son una de las principales compradoras de los bonos del estado). De allí que cualquier reforma profunda del sistema (la del 2012 fue bastante tímida) en las actuales condiciones es prácticamente imposible, dado que se requiere una gran voluntad política tanto del ejecutivo como del parlamento, lugares donde los lobies de las AFP están presentes a fin de mantener las cosas como están.

En Chile, por ejemplo, lugar donde nacieron, ya se produjo un amplio debate sobre los pobres resultados de las administradoras de pensiones y el gobierno tomó la decisión de crear una AFP estatal, en vista que por allá también presentaban problemas similares. Con ello, de cierta manera, vuelven al sistema público ante el poco éxito que el sistema privado ha tenido: por lo general los sectores con los ingresos más altos han sido los beneficiados, mientras que la gran base de la pirámide laboral no.

Creo que las condiciones son favorables para una reforma profunda del sistema pensionario en su conjunto, tanto el público como el privado. Hacerle “retoques” o maquillajes no resuelve los problemas de fondo. Quizás, como lo recomienda el Banco Mundial, una salida es un sistema mixto: público para todos y facultativo, con cuentas individuales, para aquellos que tengan expectativas de una mejor pensión. Algo así como tenemos en salud, donde no se rompe el principio de solidaridad y aquellos trabajadores que tienen convenios con clínicas privadas, el empleador sigue aportando a Essalud (el sistema público).

Otra salida, en una línea similar, es la propuesta de la Universidad del Pacífico: pensión no contributiva mínima en base a impuestos para todos los que se encuentren en edad de jubilarse y opciones de ahorro voluntario libre. Para ello deberían entrar al mercado peruano otras administradoras pensionarias que “mueven” grandes capitales y romper de esa forma el oligopolio imperante.

Asimismo, a nivel institucional, lo ideal sería que se cree un organismo regulador y fiscalizador autónomo y técnico, con estatus constitucional de ser posible, que sea el encargado de supervisar todo lo que es pensiones, tanto públicas como privadas. Actualmente la administración pensionaria se encuentra separada en distintos islotes que no ofrecen una solución integral al problema.

En igual sentido debe debatirse la ampliación de la edad para jubilarse. Por la esperanza de vida, una persona de 65 años (edad promedio de jubilación en casi todo Occidente) ya no es “vieja” como sucedía antaño, por lo que está en condiciones de ampliar su ciclo laboral. La decisión es polémica y ha encontrado fuertes resistencias de parte de los trabajadores organizados donde se ha querido implementar (fue el caso de Francia y Bélgica), pero algo se debe hacer; más tomando en cuenta que en los países con “población joven” como Perú, de acá a 40 años será todo lo contrario, un país con predominio de personas mayores de 60 años.

Lo otro sería dejar las cosas como están, con un panorama nada agradable para el trabajador promedio. O, peor aún (y espero no suceda), encontrarnos en poco tiempo con algún gobierno populista que –como ocurrió en Argentina- “expropie” los fondos privados de pensiones y pasen a la administración pública. Dicho sea de paso, es un rico botín y un “bocatto di cardinale” para todo gobierno con problemas de dinero y ánimo populista.

Por ello, la idea de un sistema mixto, donde se vuelva a repotenciar al sistema público con una administración eficiente y tecnocrática, acompañado de los “candados legales” adecuados, es una línea del debate que debe suscitarse en los próximos años y, por supuesto, de la necesaria decisión política. No vaya a ser que de aquí a un tiempo nos encontremos exigiendo la creación de una AFP estatal, lo que no solucionaría los problemas de fondo.

UN PAPEL HIGIÉNICO QUE HUELE FEO: LA CONCERTACIÓN DE PRECIOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN CHILE

Por: Eduardo Jiménez J.

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Indignación ha causado en el consumidor chileno el conocer que dos empresas concertaron precios del papel higiénico por largos quince años. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), conocida como La papelera -que en estas tierras opera las marcas Noble y Elite-, junto a SCA, dominan el mercado chileno de la papelería doméstica (papel higiénico, servilletas, toallas sanitarias, etc.).

Parecía hasta cinematográfica la forma que adquiría el intercambio de información entre las dos empresas. Uso de cuentas clandestinas de correo electrónico, móviles prepago desechados al poco tiempo de uso para evitar rastreos, hasta intercambio de partes matrimoniales para disimular la información.

El dueño de CMPC, con lágrimas en los ojos, salió en público a “pedir disculpas” por los lamentables hechos ocasionados por sus subordinados. Con lo que quiso decir tácitamente que, como dueño, no tuvo nada que ver con el asunto.

La situación no es nueva para nosotros. La más conocida fue la concertación del precio de los pollos. Pero se ha producido en otros sectores de la economía como los medicamentos o las Afp. Y se presentan cuando por el lado de la oferta se encuentra un oligopolio. Pocas empresas que prestan el servicio u ofrecen el producto.

Como en Perú, allá la concertación de precios solo tiene pena de multa, no de prisión efectiva para los directamente responsables. Pagas la multa luego de muchos años de apelación y de idas y venidas en los recovecos del Poder Judicial. Para ese entonces, el valor de la multa ya se encontrará enormemente devaluado.

Con el oligopolio, el mito del mercado se cae estrepitosamente. No hay competencia efectiva. Es como ponerte de acuerdo con el equipo rival para “arreglar” el resultado del juego. Claro, los defensores dirán que los monopolios y oligopolios no están prohibidos, lo cual es cierto; pero sí deben ser regulados escrupulosamente por el estado. Ejemplo: permitir la entrada de más administradoras de fondos pensionarios al país ayudaría a oxigenar una “sana competencia”. No las cuatro o cinco que existen en la actualidad. Al final se trata de administrar un capital a largo plazo y eso lo puede hacer cualquier empresa administradora de capitales, no solo las Afp.

De paso deberían regresar las penas privativas de libertad efectivas para los implicados en casos de colusión económica. Muy al margen de las multas o reparaciones, la pena privativa efectiva por largos años sería más disuasiva de cometer estos ilícitos que pagar una multa totalmente desvalorizada.

¿CONSTITUCIÓN O POLÍTICA?: LA CATALUÑA EN DEBATE

Por: Eduardo Jiménez J.

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       @ejj2107

Si bien parece se encuentran separadas, constitución y política cuentan con vasos comunicantes que les permite interactuar más allá de los tecnicismos legales.

Una constitución política, al final de cuentas, es el límite que se pone al poder y fijar unas reglas de juego en el actuar de las instituciones. Que a veces funciona y a veces no, es cierto también. Que muchas veces el poder fáctico se ha llevado de encuentro  a la ley de leyes, con derechos e instuciones incluidas, igualmente lo es.

Una constitución es una suerte de cristalización en el tiempo de una coyuntura determinada. Así, se buscaría “perpetuar” un hacer político más allá del calor en que nació. Todo constituyente y toda constitución aspira a la eternidad, ilusiòn que apunta a la prolongación en el tiempo del momento en que se promulgó.

El problema está cuando esa coyuntura cambia y los actores sociales son otros, que ni por asomo se sienten identificados con lo que establecía la carta en su momento auroral.

¿Qué debe prevalecer, la constitución o los nuevos hechos políticos?

El tema surge a colación del deseo de parte del pueblo catalán de querer independizarse de España. Los unionistas han recurrido al Tribunal Constitucional español, invocando la carta del 78 para cualquier intento de reforma, así como la no tan velada amenaza de la Comunidad Europea de no reconocerlos como nuevo estado.

En fin, el asunto por el lado de los unionistas va por la “leguleyeda” (valga la expresión), por los recursos judiciales que van a contrapelo de la autonomía. Como que un juicio pueda frenar los deseos de soberanía de un pueblo.

Olvidan que el pueblo es el soberano más allá de lo que se dijo o no se dijo en una ley cuarenta años atrás; y nadie, ni las personas, ni los pueblos, pueden estar unidos contra su voluntad.

Una constitución es apenas la foto de un momento dado. Los que apuestan por los escritos legales y otrosís digo olvidan que la realidad prima sobre la foto, quizás ya un tanto descolorida luego de muchos años y tanto ajetreo.  

Algo de eso está pasando en el debate español sobre la cataluña.

Los evasivos catalanes quieren irse de la unión ibérica y ningún texto legal o amenaza de exclusión los va a persuadir.

Quizás la mejor forma es que ellos decidan limpiamente en un referéndum, en una consulta ciudadana, como ya se hizo en otras democracias avanzadas. Allí está el caso de Escocia y el de Canadá, y para sorpresa de los unionistas, más bien ganó el “no”, la mayoría decidió quedarse en el viejo y criticado estado.

Es la forma más civilizada para que un pueblo elija su propio destino. Si gana el “sí” buen viaje y mejor destino, si gana el “no” bienvenido de vuelta a la unión; porque eso de que “te demando en el fuero para que te quedes” como que suena hasta medio ridículo. Que se sepa, ningún pueblo se ha quedado atado a otro por una acción judicial. Mejor déjenlos consultar libremente y nos atenemos a los resultados.