Saturday, September 14, 2024

ALBERTO FUJIMORI (1938-2024). LUCES Y SOMBRAS

 Eduardo Jiménez J.

jimenezjeduardod@gmail.com

@ejj2107


En la primera mitad del siglo XX, bajo la presidencia de Augusto B. Leguía se cambia las estructuras económicas y sociales del Perú. Se inicia un proceso de modernización de las ciudades que hasta el día de hoy continúa. En la segunda mitad del siglo XX se considera a dos presidencias con iguales manifestaciones de un cambio radical: la de Juan Velasco Alvarado, dirigida hacia un nacionalismo estatista, y, la de Alberto Fujimori, hacia un liberalismo económico de signo totalmente opuesto al de Velasco. Aunque no les guste la comparación a los seguidores de uno u otro, pero ambos gobernantes influyen en el Perú de fines del siglo pasado e inicios del siglo XXI. Como dice Hugo Neira, cambian las estructuras tectónicas de la sociedad peruana.

 

Curiosamente Velasco y Fujimori tienen gobiernos autoritarios, su plan de gobierno se inspira en las ideas del opositor (Velasco en El antimperialismo y el Apra de Haya de la Torre; Fujimori en el Plan de gobierno de Mario Vargas Llosa), y ambos tenían el apelativo el chino, por los ojos rasgados, eran bastante populistas (aunque de distinto sesgo), visitaban caseríos remotos donde un presidente jamás había arribado y, a pesar que les duele a sus enemigos, muy queridos por el pueblo.

 

A Fujimori le tocó un momento difícil. El país se encontraba entre la ruina económica, el desgobierno, la hiperinflación y el terrorismo. Como buen populista, Fujimori no era un liberal, pero las circunstancias lo obligan a asumir medidas de ajuste como el shock económico de 1990 con el que inicia su mandato y da inicio a la época de estabilidad económica, baja inflación y una moneda confiable que, a pesar de todo, hasta ahora se siente sus beneficios. El modelo económico que se inicia en aquel entonces, pese a los contratiempos y desatinos de varias presidencias, todavía subsiste treinta años después.

 

No sólo la estabilidad y el modelo económico que conocemos, que ya sería bastante para el haber de un gobernante. Se privatizaron empresas públicas deficitarias, se fijó en forma definitiva la frontera con Ecuador, nos llevamos mejor con nuestros vecinos del norte y del sur, y, sobre todo, se terminó con el terrorismo y la captura de Abimael Guzmán, terror que había costado la vida a más de 30,000 peruanos a lo largo de doce años.

 

Fujimori fue también el primer presidente proveniente de una etnia minoritaria en el país: la de los nissei. Los nissei estaban insertos en la sociedad peruana desde décadas atrás. Muchos habían prosperado en el comercio, otros tenían pequeños negocios. Pero, es la primera vez que accedieron a las ligas mayores de la política. Y, le gana la presidencia de la república en 1990 a un “blanco” y de ascendencia aristocrática por la familia materna como Mario Vargas Llosa (la verdad más por error de él y de su entorno), que supuestamente tenía ganada la competencia electoral. Fue un fenómeno que en su momento mereció análisis sociológicos y políticos.

 

¿Cómo hizo Fujimori para durar diez años en el poder, ahora que los presidentes de la república ni siquiera terminan su mandato? Al margen de las especulaciones de sus detractores sobre fraude en las elecciones o compra de votos, lo cierto es que establece una alianza social con las grandes empresas, que les permite hacer negocios y ganar lo que quieran, con bajos costos y políticas laborales flexibles (se desarrolla la política del cholo barato) y, a cambio, los grandes empresarios lo apoyan totalmente. Pero, también establece alianzas con el pueblo, donde no solo es pan y circo, sino realiza obras: titulación de predios informales, asfaltado de pistas o cuando todavía no había mucho dinero en el fisco, pequeñas obras en los caseríos que visitaba, gracias al batallón de ingenieros del Ejército. Quienes lo acompañaron a esas remotas comunidades atestiguan que les preguntaba a las autoridades qué necesitaban, una carretera, una posta médica, una escuela, anotaba su edecán el pedido, y a los pocos meses se ejecutaba la obra.

 

La otra gran base de apoyo político fue la cúpula de las FFAA, la cual cobra notable importancia luego del golpe de estado de 1992. No al estilo del gobierno del ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry, donde el presidente civil es el mascarón de proa de un gobierno militar, sino más bien de un cogobierno sostenido en gran parte gracias a la cúpula militar, a cambio de prebendas a su favor. Si se quiere un adjetivo, se convierte en un gobierno cleptocrático. El nexo fue el asesor en la sombra, Vladimiro Montesinos, genio del mal y estructurador y operador de gran parte de estos negociados.

 

Las zonas oscuras de su gobierno: el golpe de estado en 1992, la corrupción, el robo descarado de miles de millones de soles, ejecuciones extrajudiciales en la época del terror (aunque sin llegar al genocidio como esgrimen sus opositores), la compra de políticos y medios de comunicación. Y la renuncia por fax cuando las cosas estaban complicadas. La violación de los derechos humanos fue su talón de Aquiles que sus enemigos aprovecharon para mantenerlo en la cárcel, y si no es por el polémico indulto que lo libera, hubiera muerto entre rejas como Leguía cien años atrás.

 

Es cierto que su segundo período, de 1995 a 2000, fue bastante flojo, casi en piloto automático. Más preocupado en un tercer mandato frente a los comicios del año 2000, que por continuar con las reformas (aparte que, como apuntamos, no era un liberal convencido). La idea de perpetuarse en el poder, apoyado por la cúpula militar, su mayoría congresal e interpretaciones amañadas de la constitución política para un tercer periodo (algo que, años después, también practicó Evo Morales en Bolivia), lo hicieron perder el norte político. La ambición por el poder, la hubris que ciega a los actores y los hace cometer errores trágicos.

 

Leguía muere en la cárcel; Velasco, ya destituido, en el hospital; Fujimori en la casa de su hija (y con el deseo de volver al poder, de ser presidente nuevamente). Fujimori es un personaje muy controvertido, con luces y sombras, por lo que se va a requerir en su momento de mucho desapasionamiento para un justo balance. Lo que sí estoy seguro es que sus odiadores serán olvidados en la noche del tiempo, mientras el ex presidente pasará a la historia, como pasaron a la historia Leguía y Velasco (de cuyos odiadores ya nadie se acuerda).

 

Como estos dos ex presidentes, Fujimori tiene varias cosas en su haber político, aunque igualmente carga con fuertes pasivos. Se atrevieron a hacer cosas, algo que muchos presidentes timoratos en democracia no se atreven. Pisaron callos y generaron resentimientos, de allí los anticuerpos que duran hasta el día de hoy. Por eso va a tener que pasar mucho tiempo para apreciar en su justa medida su gobierno, sin odios ni apasionamientos. Va a tener que correr mucha agua bajo el puente.


Sunday, September 08, 2024

EL PEZ EN EL AGUA. LAS MEMORIAS DE MARIO VARGAS LLOSA I PARTE

 

Eduardo Jiménez J.

jimenezjeduardod@gmail.com

@ejj2107


Las memorias de Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera, la campaña presidencial (titulada en el presente comentario como La política), que corresponde a los capítulos pares del libro. Comienza en 1987 con el mitin contra la estatización de la banca promovida en el primer gobierno de Alan García y termina en 1990 con su derrota en segunda vuelta contra Alberto Fujimori. La segunda parte de sus memorias, que corresponde a los capítulos impares, trata desde su niñez en la lejana Cochabamba con la familia materna hasta el viaje a Europa en 1959, cuando tenía 23 años, viaje del cual ya solo regresaría al Perú por temporadas (titulada Los años iniciales). Por razones de extensión vamos a publicar el artículo en dos partes, comenzando con la campaña hacia la presidencia, cuando MVLL ejerce la política tal como es. Naturalmente que los comentarios que realizo sobre su acción política o de los hechos que marcaron su formación como escritor son enteramente del suscrito.

EJJ

Setiembre, 2024


 

LA POLÍTICA

 

Las memorias en los escritores si bien no son una constante en todos, algunos sí deciden dejar por escrito su vida o parte importante de esta. Personas que conocieron, por lo general del mundo artístico, literario o político, y hechos de los que fueron testigos presenciales.

 

Casi siempre las memorias son un balance de vida y, en algunas ocasiones, si la persona es famosa, un ajuste de cuentas y un medio para justificarse o dar una imagen de si ante la posteridad, cuando ya no se encuentre en este mundo y nadie pueda defender ardorosamente al memorioso escritor.

 

Por eso las memorias se escriben y publican al final de la vida o dejando expresa condición de publicarlas después de muerto. Del boom literario de los años 60 solo Gabriel García Márquez, el gran rival y amigo de Mario Vargas Llosa, dejó memorias (Vivir para contarla, 2002) cuando frisaba los 75 años, y ya prácticamente con toda su obra publicada. El resto de autores del boom (Julio Cortázar, José Donoso, Carlos Fuentes), no tuvieron la urgencia de dejar para la posteridad su testimonio de vida.

 

Por ello, desde ese punto de vista, llama la atención que, en 1993, un todavía joven Mario Vargas Lllosa (MVLL), con 57 años y una producción literaria por venir bastante amplia, haya decidido publicar sus memorias.

 

Y la razón la podemos encontrar en que tres años atrás, en 1990, contra todo pronóstico, había perdido la candidatura presidencial en su país natal ante un ilustre desconocido, un ex rector de la Universidad Agraria que derrotó al mundialmente famoso escritor.

 

La mitad y hasta un poco más de El pez en el agua abarca la campaña electoral que comenzó en 1987, con un mitin multitudinario en la Plaza San Martín de la ciudad de Lima contra la estatización de la banca, medida impulsada durante el primer gobierno del por entonces joven populista y demagogo presidente Alan García Pérez. Se cierra, tres años después, en 1990, con la derrota en segunda vuelta del célebre escritor ante el desconocido ingeniero Alberto Fujimori.

 

Precisamente las páginas dedicadas a la campaña de 1987-1990 son las más abundantes y también, para ser sinceros, las más aburridas. Visto en perspectiva, muchos datos son innecesarios y quizás con dedicarle dos o tres capítulos a la aventura presidencial eran más que suficientes. Pero, hay un ajuste de cuentas que el escritor debe hacer con algunos hechos y personajes que desfilaron en esos tres años en que ejerce la política tal como es en la vida real y no en el mundo de las ideas.

 

En algunos pasajes trata de justificar por qué se lanzó a la presidencia; en otros ajusta cuentas con aliados de la campaña electoral; más allá arremete contra algunos escritores que opinaban diferente a él y que eran cercanos amigos (fue el caso de Julio Ramón Ribeyro, a quien dedicó párrafos bastante humillantes); en otros más zahiere a quienes denomina despreciativamente como “intelectuales subdesarrollados”, encarnados en la figura de Luis Alberto Sánchez, calificándolo de “intelectual barato”;  en otras líneas critica en forma implacable a los académicos oportunistas de lenguaje progre y antiimperialista, pero que se mueren de ganas por trabajar en universidades de EEUU; más allá hace pequeñas pero despiadadas descripciones de algunos políticos de aquellos años; y, en otros pasajes trata, haciendo un autoanálisis que permite la distancia, de encontrar explicaciones al fracaso de la campaña, la que aparentemente tenía el triunfo asegurado.

 

Obviando las vendettas personales, esa es la parte más interesante de sus memorias relacionadas con la aventura presidencial: la autocrítica de la campaña del Fredemo, con el Movimiento Libertad que el escritor encabezaba, campaña que sirve de paradigma de lo que un candidato no debe hacer.

 

Y esta, parafraseando el título de una novela de su gran rival, fue la crónica de un fracaso anunciado. Estaba para ser ganada en primera vuelta; pero, como siempre sucede, la hubris ciega al contendor.

 

La primera advertencia se la hicieron sus propios asesores desde el inicio: no ir en alianza política con dos partidos como Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, partidos que se encontraban muy desprestigiados ante la población.

 

A MVLL le tocó vivir el inicio de la descomposición de los partidos políticos en la década del 80. De allí que la alianza con dos partidos tradicionales y sumamente desprestigiados en el medio político como AP y PPC no era auspiciosa. Era el comienzo de la era de los independientes en la política nacional. Gente sin trayectoria en la política como Ricardo Belmont que, en 1989, había ganado la alcaldía de Lima gracias a su carisma y mediatez en la televisión y en la radio. Fue una señal que estaba ad portas la era de los “sin partido” y el inicio del fin de la partidocracia nacional.

 

El otro pasivo fueron los spots políticos del Fredemo, donde la suma gastada por los candidatos a las listas parlamentarias era una cachetada a la pobreza de tanta gente. Lo que gastaba en publicidad el Fredemo era más que lo sumado por los demás contendientes. Si bien escapó a las manos de MVLL y este quiso en algo remediar el problema, pero fue prácticamente imposible en un frente que no era nada orgánico, sino un conjunto de intereses superpuestos y muchas veces contradictorios.

 

También le pasó factura al candidato la sinceridad anunciando las reformas liberales, lo que fue aprovechado por sus opositores, principalmente el Apra y la izquierda, para asustar a la gente, anunciando que iba a despedir a medio millón de empleados públicos, que muchas empresas iban a quebrar y que el shock económico iba a traer más pobreza al pueblo. Naturalmente que el ciudadano común se asustó y dio marcha atrás a votar por el escritor. El gran debate de ideas que quiso plantear MVLL se convirtió en el terreno fangoso de la política nacional.

 

Y no olvidemos el terrorismo. Esa campaña se hizo en medio de los ataques de Sendero Luminoso y el MRTA. No fue fácil, muchos candidatos del Fredemo y de otros partidos fueron asesinados. Hasta el propio MVLL sufrió dos atentados. Hacer una campaña en medio de apagones, atentados a la vida, hiperinflación y oposición descarada del presidente Alan García fue bastante complicado.

 

Por cierto, AGP se equivocó de cálculo político creyendo que podía manejar al “chinito”, quien, a los pocos meses, ya asentado en el poder y con un asesor maquiavélico en la sombra como Vladimiro Montesinos, arremetió contra el Apra y la izquierda, convirtiéndose el titiritero mayor en prófugo político y no pudiendo retornar al país hasta la caída de Fujimori. A la izquierda, que lo había apoyado en la campaña presidencial, le pasó algo similar. Luego de una corta luna de miel, Fujimori se deshace de los ministros, asesores y personal de confianza de tendencia izquierdista, los cuales posteriormente serían una implacable oposición a su gobierno. De allí también que la izquierda lo odie tanto. De aliados pasaron a ser enemigos.

 

Otro factor que jugó contra su candidatura, y que MVLL no cuenta en sus memorias, es que se había desconectado del Perú actual. Él se fue en 1959, treinta años después el país que dejó era otro, y el estar afuera haciendo vida de escritor famoso, que discurría entre Europa y EEUU, lo desconectó del Perú real de aquellos días. No es lo mismo estar al tanto en la lejanía de lo que sucede en el país, que, viviéndolo cerca, en carne propia. No bastaba el mensaje liberal necesario en esos años, sino empatizar con la gente, darse “baños de multitud” que tanto detestaba, sentir ese feeling y “leer” en ese calor popular lo que el pueblo pensaba o creía, más allá de las portátiles, los asesores o los aplausos. Algo similar le pasó en 1995 al embajador Javier Pérez de Cuellar cuando intentó postular a la presidencia. Alberto Fujimori no solo se había afianzado en el poder, sino que captaba mejor ese sentimiento popular.

 

Como decía Luis Alberto Sánchez, a quien tanto menospreciaba MVLL como intelectual, pero era un viejo zorro en la política: “En el Perú para ser [presidente] hay que estar [en el país]”.

 

En los sectores populares “el chinito” era visto como uno de los suyos; en cambio a MVLL por “blanco” lo veían como del lado de los ricos, de los explotadores, percepción que se reforzaba por los adjetivos encomiásticos y apoyo descarado de la gran empresa a favor de su candidatura. La deducción era obvia para la gente de los estratos populares: si los ricos te apoyan es por algo.

 

El resto es historia conocida. Alberto Fujimori, a los pocos días de asumir la presidencia aplicó el programa liberal de MVLL, empezando con el shock económico para frenar la hiperinflación y sentar las bases económicas de un país más estable y fuerte. Fue el que, sin temblarle el pulso, despidió a medio millón de empleados públicos y privatizó las empresas del estado. Muchos que estuvieron al lado del escritor pasaron a la otra orilla para servir a Fujimori que, hasta hace poco, tanto basureaban.

 

Después de esa derrota, las venidas de MVLL a su país natal fueron cada vez más espaciadas y sus apariciones públicas en Perú fueron para apoyar la candidatura contraria a la hija de su contendor de los 90, Keiko Fujimori. En 2011 endosó su apoyo a Ollanta Humala y en 2016 a Pedro Pablo Kuczynski. La excepción fue el 2021, cuando dando muestras de realismo político, endosó su apoyo a la hija de su otrora rival frente a la candidatura de una izquierda radical y con sospechas de filo terrorismo encarnada por, hasta ese momento, otro desconocido, Pedro Castillo.

 

Existe un hecho implícito que llama la atención en sus memorias: la poca participación de las mujeres en la política. No es un hecho que solo se produjo en el Fredemo, también en los otros partidos de aquella contienda. Hay pocas mujeres actuando en la gran política. Vemos desfilar a hombres que hacen política, jóvenes o viejos, nóveles o experimentados en el quehacer político, pero son hombres. Las mujeres ocupan un rol subalterno, apoyando con las campañas de acción social o como secretarias. Las que aparecen en sus memorias participando en política nacional en 1990 son muy pocas: Lourdes Flores, que marcó su debut en las ligas mayores como diputada, o una Beatriz Merino que tiene cierta presencia al lado del escritor-candidato y llegó a ser senadora en aquella elección.

 

¿Qué de bueno trajo su candidatura?

 

Puso en el debate ideas que ahora son sentido común, en un país donde todavía se respiraba el control y presencia del estado sobre la economía y el proteccionismo a ultranza de la industria nacional, modelo que agonizaba en los años 80. Comenzaron a ser moneda corriente ideas como economía de mercado, libre competencia, leyes antimonopolio, derechos del consumidor, en una nación que parecía desaparecer entre el terrorismo, la hiperinflación y el desgobierno. Esas ideas fueron la base para el cambio de modelo económico que se ejecutó en los años 90.

 

Pero, ensayemos un poco de ucronía. ¿Qué hubiera sucedido si MVLL ganaba la presidencia en 1990?, ¿El Perú sería un país diferente?, ¿Ya estaríamos en la puerta del desarrollo y miembro de pleno derecho en la OCDE?, ¿Seríamos el ejemplo en la región, superando a Chile en estabilidad política?

 

Honestamente creo que no.

 

Yo voté por él en las dos vueltas de aquella ahora remota y crucial elección de 1990; pero, me parece que por respetar “las formas democráticas” -a la usanza de su pariente y ex presidente José Luis Bustamante y Rivero- lo habría entrampado en los cabes, codazos y patadas a la canilla a que son afectos los políticos criollos. De su programa de gobierno, con suerte habría ejecutado la mitad y muchas cosas quedado entrampadas por la oposición aprista e izquierdista, bastante fuerte en aquel entonces.

 

Aparte que ese programa requería una continuidad de por lo menos diez años y MVLL no hubiera aceptado reelegirse modificando la constitución política -como sí lo hizo Fujimori- y con la duda de si el desgaste de gobierno le habría permitido designar y que sea elegido alguien cercano a él para sucederlo y continuar con las reformas. Conociendo sus exabruptos, de repente, en el colmo de la impaciencia, hasta renunciaba a la presidencia y se largaba del país.

 

Cada reforma que quisiera ejecutar tendría de respuesta por parte de la oposición “movilizaciones nacionales” en las calles “contra el neoliberalismo hambreador” y cuestionamientos oficiales y censura de ministros en el congreso, donde no tenía mayoría parlamentaria. El statu quo comercial, económico y laboral estaba bien enraizado en aquellos años. La gran empresa siempre vivió una alianza con el gobierno de turno, sea civil o militar, protegiendo sus intereses, y los sindicatos tenían una gran presencia en muchos sectores laborales con huelgas que podían paralizar la actividad económica. Cada medida a ejecutar sería un dolor de cabeza, con el agravante de tener al terrorismo en las puertas de Palacio de gobierno.

 

Habría querido gobernar el Perú como si fuera Suiza, con la gran sombra de ser figura internacional y tener plena conciencia que el mundo entero lo miraría como presidente. Quizás fue una suerte, para los peruanos y para él, que no llegara a la presidencia y retornara al mundo de las letras (a estar en su hábitat natural, como pez en el agua). No necesariamente un buen escritor es un buen político.

 

MVLL cierra su experiencia política con un balance amargo, que no se refleja tanto en sus memorias, pero sí en los artículos periodísticos que escribió en aquellos años, como el titulado El “pueblo” y la “gente decente”, de Abril de 1992, a los pocos días del autogolpe de Alberto Fujimori. Como que se le cae la venda de los ojos y ve claramente que los empresarios, medios de comunicación y políticos que lo apoyaron en la aventura presidencial, pasaron a la otra orilla sin pestañear, justificando, algunas veces en forma bastante burda, el golpe de estado; claro está, a cambio de prebendas económicas o políticas. Una licitación, avisaje del estado en los medios de comunicación o un ministerio, bien valían un cambio radical de opinión, pasando de denostar a Fujimori en la campaña a considerarlo ahora como “un estadista de talla continental”.

 

Muchos de los antiguos aliados de MVLL, al pasar a la otra orilla, comenzaron a criticarlo severamente. Lo calificaron de antipatriota, de no querer a su país, algunos más de “resentido” por haber perdido la elección, todo por el hecho de criticar el golpe de estado y al ahora presidente Fujimori, al que enaltecían como “el salvador de la patria”. Sic transit gloria mundi.

Monday, September 02, 2024

DUNE DE DAVID LYNCH CUMPLE CUARENTA AÑOS

 Eduardo Jiménez J.

jimenezjeduardod@gmail.com

@ejj2107


La adaptación al cine de la novela de Frank Herbert rondaba desde los años 70, siendo Alejandro Jodorowsky el encargado de llevarla a la pantalla grande; pero, el desmesurado proyecto del chileno, la cantidad de horas que iba a tener el filme y el presupuesto que se desbordaba más allá de todo límite hicieron cancelar la adaptación hasta nuevo aviso. Por lo que quedó (existe un documental al respecto), iba a ser una recreación de la novela en ese estilo hiperrealista propio de Jodorowsky. Por cierto, el diseño visual y argumentativo inspiró célebres películas de la época como Star wars, Alien, Blade runner o la archiconocida Terminator.

 

Los elementos de la novela eran bastante atractivos para llevarlos al cine, así que, ante el fallido proyecto de Jodorowsky y habiendo comprado los derechos de la novela Dino de Laurentis, habría que esperar a 1984 para la primera adaptación.

 

Luego de descartar algunos nombres y ante el éxito que tuvo el film El hombre elefante (1980), el convocado fue David Lynch. El propio Lynch se encargó de preparar el guion, respetando la esencia de la novela; pero, la introspección de los personajes que corta la acción (propio del libro), el ritmo lento para una space opera, los flojos efectos especiales y la baja recaudación, decidieron a los productores cancelar una continuación como daba a entender el final del filme. Aparte que resumir una novela tan compleja como Dune requería más allá de las dos horas que tuvo la versión exhibida.

 

Precisamente, Lynch tuvo una fuerte presión de los productores para reducir el metraje inicial, mucho más amplio, al estándar de dos horas, de allí que algunos personajes “entran y salen” sin mayor relevancia y algunas escenas se quedan en solo un bosquejo, sin un aparente desarrollo. Otro problema fue que el actor que encarna al personaje principal, Paul Atreides, no supo expresar esas dudas internas del personaje de si es en realidad o no el mesías, si es un producto político-religioso de las Bene Gesserit para mantener el orden social en el universo conocido, invocando existencias supraterrenales, lo que sí consigue la adaptación de Villeneuve.

 

La adaptación de Lynch respeta la novela, incluso su ritmo lento se trasluce en la película; pero, al querer asumir las características principales y tener un metraje limitado, solo pudo dar pinceladas del contenido y de los personajes. La princesa Irulan, futura esposa de Paul, es la que cuenta la historia, como en el libro, aunque su participación en el filme es más bien discreta; Chani, la conviviente de Paul, tiene ese carácter pasivo reflejado en la novela (muy distinto al de la adaptación de Villeneuve); la orden de las Bene Gesserit más parecen brujas que verdaderas arquitectas del orden social y político; a la Dama Jessica no se le nota toda la gama de mujer extraordinaria que es; los fremen, los hombres del desierto, en un estereotipo de la época, son rubios y de tez blanca - ¡en pleno sol desértico del planeta! -. Y las piedras y paredes de cartón del decorado parecían más de una serie B de bajo presupuesto, al de un filme de 40 millones de dólares, suma respetable para la época (unos 120 millones al valor actual, presupuesto para un blockbuster el día de hoy). Ya no hablemos -como apuntamos líneas arriba- de los demás personajes que entran y salen de escena, sin mayor desarrollo.

 

Y si bien, por obvias razones, Lynch renegó de la adaptación que hizo, con el paso del tiempo su versión de Dune se convirtió en un filme de culto, siendo visto -a pesar de sus limitaciones- con más interés luego de su estreno. Se puede apreciar con la simpleza que tiene, sin pedir demasiado.

Tuesday, August 27, 2024

QUÉ ES UN WOKE

 Eduardo Jiménez J.

jimenezjeduardod@gmail.com

@ejj2107


En el presente siglo y dentro de la cultura de lo políticamente correcto, han aparecido los woke. Literalmente los que han despertado en la conciencia; aunque sus detractores la usan con sarcasmo como los iluminados.

 

Los woke surgen en Occidente, principalmente en las universidades top de Estados Unidos. De allí, por moda o remedo, han sido copiados en otras latitudes (por acá se les asocia con los caviares).

 

A diferencia de generaciones anteriores, no buscan cambiar radicalmente el mundo. Ejercen la crítica de quienes se desvían de lo políticamente correcto y considerado culpable de alguna falta (discriminación racial, sexual, de ideas contrarias, etc.), y, si es blanco por añadidura -un auténtico WASP-, confiese públicamente el pecado y expíe la falta con algún “castigo” ejemplar.

 

Y si bien nacen de ciertas corrientes culturales de izquierda, no necesariamente un woke es izquierdista en el sentido clásico del término. Puede ser un woke que esté de acuerdo con la no discriminación en el trabajo por razones de sexo, raza u opción sexual, pero también estar de acuerdo con la globalización económica que comenzó en los años 90 del siglo pasado y que es marcadamente capitalista, dominada por las grandes corporaciones mundiales. (Es más, por lo lucrativo, un woke busca trabajar en estas corporaciones).

 

Tampoco la lucha de clases se encuentra en su credo, ni el advenimiento, próximo o lejano, de un estado de los trabajadores. Un woke dista de los apóstoles del cambio social de los siglos XIX y XX que vivieron y murieron en la pobreza por un ideal. No se considera un santo de las catacumbas. Siendo woke no se vive tan mal. Puede vivir como burgués, sin tener la mala conciencia de este último.

 

Su credo gira en torno a las prácticas identitarias, al “lenguaje inclusivo” (todas y todes; cuerpo y cuerpa; sexo y sexa -sic-), derechos de la comunidad LGTB+, matrimonio igualitario, discriminación racial, medio ambiente, etc., por lo que ciertos sectores de la propia izquierda no los consideran como parte del gremio. El énfasis que han puesto en políticas centradas en un determinado grupo social va en contra del universalismo clásico de la izquierda. Lo woke se centra en particularidades, en políticas puntuales, en contraposición al ecumenismo izquierdista. Cada grupo woke desarrolla sus políticas y actividades propias a su interés, sin importarle demasiado la de otros grupos. Un grupo woke LGTB+ no tiene demasiado relación con un grupo woke pro defensa de los derechos de los animales y el veganismo.

 

Los woke, por su origen, pertenecen a esa clase media ilustrada progresista, de preferencia con estudios en universidades de primer nivel y trabaja en medios de comunicación, grandes empresas u ONGs con una estrecha relación con estas (sea como oficial de supervisión de buenas prácticas y dando charlas de capacitación de lo políticamente correcto en las grandes corporaciones, o impartiendo el adoctrinamiento woke en colegios privados exclusivos en Norteamérica).

 

Ian Buruma los define, no sin cierto sarcasmo, como “Los elegidos” (La ética protestante y el espíritu de lo woke) y sostiene que los antecedentes remotos del pensamiento y la práctica de lo woke se encuentran en la ética protestante, donde las confesiones públicas de los pecados y la redención traducida en un castigo ejemplar son parte importante de la expiación de las culpas. Desde confesar que le fue infiel a su mujer o que de joven torturaba y mataba animalitos indefensos o no iba a la iglesia, y la expiación de la culpa, proporcional al “pecado” cometido (actualmente es un esposo fiel, se dedica a la protección de los animales, concurre a la iglesia con su familia todos los domingos, etc.).

 

Sostiene el autor que tanto la confesión como la expiación del pecado debe hacerse en público y este debe evaluar si la expiación es la adecuada. De allí el éxito de los reality en Occidente, donde “el arrepentido” es parte del espectáculo confesando (sinceramente o no) sus pecados ante un vasto auditorio. No solo es el morbo de ver y escuchar a un famoso (en más de una ocasión con actuación y lágrimas de por medio), sino también el arrepentimiento público y el “castigo” que recibirá.

 

Aunque no necesariamente los woke se remontan ideológicamente a la ética protestante al inicio del capitalismo. En el mundo latino, la inquisición tuvo un papel similar en la premodernidad que se vivió por estas tierras. Los pecados estaban relacionados desde pactos con el diablo, brujería, pasando por la sodomía (pecado nefando) hasta el adulterio. En ese caso, la confesión de la víctima del pecado y la gravedad del mismo iban a conllevar la pena (no todos terminaban en la hoguera).

 

Incluso en la extinta Unión Soviética se usó el mismo procedimiento en los juicios de Moscú de la década del treinta del siglo pasado. Stalin, como ex seminarista, sabía muy bien que la confesión pública era importante para aquellos acusados de desvío de “la línea correcta del partido”. Y los acusados, con conciencia de que serían ejecutados de todas maneras, públicamente se inculpaban de haber sido agentes del imperialismo, sabotear planes quinquenales o propagar ideas que no iban en la dirección correcta del partido.

 

Al creerse dueños de la verdad y la razón (o aparentar creerlo), los woke asumen una superioridad moral con respecto al común de los mortales y, por consiguiente, aplican la cultura de la cancelación a todos aquellos que piensen o tengan conductas diferentes. De allí a la intolerancia apenas hay un paso, por lo que ser woke es contrario a cualquier liberalismo. Profesores que no comulgan con el credo woke en universidades, pueden ser separados de la institución. Igual periodistas de medios de comunicación importantes que tengan leve asomo de desviación, o empleados y CEOs de grandes corporaciones que no comparten las ideas de lo políticamente correcto.

 

Puede parecer hasta ridículo (y lo es), pero un woke convencido no leería a poetas que traficaban con esclavos como Rimbaud, o ejecutar piezas musicales clásicas de Bach porque era un misógino (como se aprecia en una escena del filme Tar). Ya no hablemos de películas consideradas racistas como Lo que el viento se llevó, que algunas empresas de streaming se vieron obligadas a retirar de su catálogo por presión de grupos woke, olvidando que la película se sitúa en una época en que en Norteamérica el esclavismo era algo natural en varios estados de la Unión. El woke fanático no aprecia los hechos en el contexto histórico en que se produjeron.

 

Una novela de nuestro Nobel como La casa verde tiene escenas explícitas de seducción a una niña por parte de un adulto, niña ciega y muda por añadidura, así como escenas implícitas de violación a menores en la selva. Para un woke esas escenas están fuera de los estándares de lo políticamente correcto. De haberla publicado ahora, Mario Vargas Llosa habría visto condenada a la hoguera su novela y anatematizado su nombre.

 

Se ejerce la cultura de la cancelación, por medio de la cual a un condenado por los woke se le retira todo apoyo económico, laboral, social y hasta moral. Es como un muerto en vida. El condenado no conseguirá trabajo en ninguna universidad o empresa de cierto nivel, hasta que por lo menos haga su declaración pública de haber pecado y sufra el castigo que merece por su expiación. Ya no son azotes a la luz pública, pero deberá expiar el pecado de alguna forma que se encuentre a la altura de la culpa hasta que los woke se sientan satisfechos de la redención. (El filme Tar trata sobre ello, cuando una mundialmente famosa directora de orquesta sufre las consecuencias de la cultura de la cancelación por haberse desviado de lo políticamente correcto, terminando como directora de tercera en algún remoto país asiático, al no poder conseguir trabajar en las orquestas europeas).

 

 Hemos regresado a esa etapa colonial en que todos eran creyentes por el temor a perder sus privilegios o, lo que era peor, la vida.

 

De allí que en muchas universidades, medios de comunicación y empresas de EEUU y Europa, por cuidar su puesto de trabajo, muchos abrazan la ideología woke por conveniencia (muchos CEOs aceptan las ideas woke en las empresas que comandan para que no los molesten en sus negocios).

 

Y, como señala Ian Buruma, lo peor es que lo woke no ayuda a corregir las grandes desigualdades entre ricos y pobres, ni en el mundo, ni en países desarrollados como los propios EEUU. Es otra crítica que le hace la izquierda clásica a los grupos woke: Ofrece satisfacción moral a los ricos para sentirse “progresistas” y aliviar así su conciencia por una generosa contribución; pero, los pobres y los grandes marginados en la sociedad, seguirán siendo pobres y grandes marginados.

Tuesday, August 20, 2024

LEY DE LESA HUMANIDAD

 Eduardo Jiménez J.

jimenezjeduardod@gmail.com

@ejj2107


Siempre existen leyes polémicas, como la ley 32107, que fija fecha de inicio en la vigencia de la Convención suscrita por el estado peruano acerca de la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Existen también intereses políticos en juego a favor y en contra del alcance temporal de la ley. No hay intereses puramente jurídicos en el tema.

 

Se considera como delitos de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma, entre otros, al asesinato, exterminio, genocidio, desaparición forzada, tortura, violación sexual, etc. Delitos que por su gravedad se caracterizan por ser imprescriptibles, siendo una excepción al principio de prescripción, y que pueden ser vistos, en sede supranacional, por la Corte Penal Internacional (CPI).

 

El punto controvertido se encuentra en si sería o no retroactivo los alcances del Convenio suscrito por el estado peruano. En otras palabras, desde cuándo entraría en vigencia la suscripción de la Convención en territorio nacional. Recordemos que la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad recién entró en vigencia en territorio nacional el 9 de Noviembre de 2003, conforme al artículo VIII de la citada convención; y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional el 1 de Julio de 2002, de acuerdo al artículo 126 del Estatuto. Estas fechas son importantes para establecer desde cuándo se puede tipificar como delitos de lesa humanidad en territorio nacional y, por tanto, ser de naturaleza imprescriptible.

 

Dicho sea, en 2004 la CIDH no expresó reparos sobre la entrada en vigencia del Convenio por parte del estado peruano, cuando este le comunicó la suscripción y la vigencia del mismo, lo que será importante para los hechos que sucedieron años después.

 

Por otro lado, la pregunta es si los efectos de la entrada en vigencia de la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad serán retroactivos (antes de haber entrado en vigor el Convenio en territorio nacional) y por tanto si podrá aplicarse a los delitos cometidos con anterioridad a las fechas mencionadas líneas arriba. Para contestar la pregunta se tendrá que tomar en cuenta el principio de legalidad, por el cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y a su jurisdicción, y no a la voluntad o arbitrio del poder político o de particulares.

 

Precisamente, el factor político entra a tallar para establecer una interpretación retroactiva de la imprescriptibilidad de dichos delitos con anterioridad a la suscripción de los convenios y saltarse los principios de legalidad y de irretroactividad. Querer procesar a actores políticos y mandos militares que, en los años 80 y 90, durante la lucha contra el terrorismo, fueron juzgados como delitos comunes (que ya prescribieron) y que de aplicar la convención los delitos cometidos no prescribirían y podrían llegar hasta la misma CPI.

 

Para complicar el panorama jurídico, en 2011 el Tribunal Constitucional en una sentencia controvertida, donde aplicó el derecho natural sobre el derecho positivo, consideró que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, sin importar el año de su cometimiento ni la fecha de entrada de la convención firmada por el estado peruano. (“En definitiva, aunque la pena aplicable a una conducta típica es la que se encontraba vigente en el tiempo en que ella se produjo (a menos que sobrevenga una más favorable), si tal conducta reviste las características de un crimen de lesa humanidad, por mandato constitucional e internacional, la acción penal susceptible de entablarse contra ella, con prescindencia de la fecha en que se haya cometido, es imprescriptible”).

 

Lo que dice la ley 32107

 

Lo que ha hecho la ley, que es de carácter aclaratorio, es fijar desde cuándo entró en vigencia el citado convenio sobre imprescriptibilidad.

 

Toda ley y todo convenio tienen una fecha clara de entrada en vigencia. Por seguridad jurídica no puede ser retroactivo, salvo en lo que favorezca al reo como garantiza nuestra propia Constitución política y es derecho fundamental en todo Occidente; por lo cual se ha aclarado que la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en sede nacional y por tanto para la aplicación en los delitos de lesa humanidad es a partir del 1 de Julio de 2002 (fecha en la cual nos sometemos a la jurisdicción de la CPI), considerando que los delitos cometidos con anterioridad se rigen por la ley del momento de su cometimiento y conforme a los plazos y prescripciones establecidos (“Art. 4.- Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada  en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional…”). Siendo nula de pleno derecho cualquier sanción impuesta en contravención a la norma (“…siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta”. Parte final art. 4 de la Ley).

 

A continuación, el art. 5 de la citada norma señala que “Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

 

Es el principio de irretroactividad de toda norma jurídica.

 

Caminos a tomar

 

Al ser una norma polémica y con efectos políticos más que jurídicos, los detractores de la norma publicada tendrán que recurrir al Tribunal Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad para determinar si se les da la razón o no, con lo cual se zanjaría la controversia que abrió el propio TC con su interpretación de 2011.

 

El otro camino es cómo resolverán los jueces casos puntuales que se presenten en sede nacional luego de la entrada en vigencia de la norma en nuestro ordenamiento jurídico. Podrán aplicar la ley 32107, ya vigente (y como indica la norma bajo “responsabilidad funcional”), o, mediante el control difuso, inaplicar la norma al caso que deben resolver. De inaplicar la norma en un juicio concreto, cualquier acusado podrá recurrir a una acción garantista como el habeas corpus para solicitar su libertad, acción que llegaría en última instancia al propio TC.

 

Jurídicamente, lo idóneo, es que el Tribunal Constitucional zanje definitivamente el asunto de una u otra manera en sede nacional.

 

Como vimos, en los organismos supranacionales, como la Corte Interamericana de DDHH, ya en 2004 no observaron la fecha de entrada en vigencia de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por parte del estado peruano, por lo que hacerlo ahora sería contradictorio con lo que manifestó en su oportunidad.

 

Hay que tener en cuenta que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no puede significar una persecución eterna, libre, abierta y arbitraria como plantean los que promueven que el convenio sea retroactivo. Aparte que resulta kafkiano juicios que se prolongan por 30 o 40 años, con inculpados que en el camino ya han muerto.

 

Existen ciertas garantías procesales a favor del inculpado, como la irretroactividad de toda norma y el principio de legalidad. Ese fue el gran avance en el derecho penal contemporáneo y uno de los pilares de lo que se conoce como Estado de Derecho; caso contrario, estaríamos regresando a los tiempos de los juzgamientos arbitrarios, juzgamientos de esa naturaleza que sobre todo se han producido en dictaduras o gobiernos autocráticos.


Tuesday, August 13, 2024

LA LEY NETFLIX

 Eduardo Jiménez J.

jimenezjeduardod@gmail.com

@ejj2107


El Decreto Legislativo 1623, más conocido como “la ley Netflix”, grava con el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los servicios digitales y bienes intangibles importados a través de internet a favor de personas naturales que no realicen actividad empresarial (desde las plataformas de streaming, pasando por las apps de juegos y apuestas, taxis por aplicativo, youtube premium, conferencias virtuales tipo zoom hasta aquellas que ofrecen cursos en línea).

 

En teoría la norma es idónea. Se entiende que los servicios digitales proporcionados por empresas no domiciliadas en el país (como es el caso del servicio de streaming y otros) deben tributar, como cualquier empresa domiciliada. De allí que en un primer momento la autoridad tributaria “exhortará” a la empresa no domiciliada a que se inscriba en el Registro Único de Contribuyentes, fijando un domicilio y representante legal dentro del territorio nacional. De no hacerlo, se procederá a la retención del IGV a través del pago por el servicio que realicen los usuarios por medio de los bancos, actuando estos como sujetos retenedores.

 

Existen tres tipos de tributos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Los impuestos no requieren de una contraprestación del estado a favor del contribuyente, por lo que sirven para los gastos en el mantenimiento del propio estado. Por otra parte, el impuesto general a las ventas es un impuesto “ciego” porque grava los bienes o servicios que toda persona adquiere, sin importar las rentas que tenga (gravará a un pobre o a un rico de igual manera).

 

Vamos a analizar algunas aristas que puede conllevar la norma aprobada.

 

Apreciaciones críticas

 

1.- Sabemos que el estado peruano ha aumentado su tamaño considerablemente y arrastramos desde hace varios años déficit fiscal (se gasta más de lo que se tiene). Ello se ha agudizado con el manejo dispendioso por parte del Ejecutivo y leyes populistas que el Parlamento nacional ha aprobado últimamente. Contrataciones de personal por favor político, creación de nuevas entidades, gastos superfluos o compras sobrevaloradas producto de la corrupción de funcionarios, hacen que los gastos del estado sean mayores y se requiera más dinero.

 

En otras palabras, los gobiernos sucesivos no han planteado una reforma interna del estado para que sea más eficiente y económico, sino que han buscado más dinero para solventar los gastos. No es secreto que la recaudación tributaria nacional está a la baja, siendo “la ley Netflix” una medida extrema, “raspar la olla” como se dice comúnmente, debido a que optimistamente se obtendrá solo unos 800 millones de soles en recaudación anual.

 

2.- Digo optimistamente, porque puede ser el caso que, al ser gravados los servicios digitales, no se llegue a esa suma ideal, sino una mucho menor por la evasión fiscal y la informalidad reinante en nuestro país, con un aproximado de 80% de empresas informales.

 

Ello puede generar que muchas personas naturales salgan de la formalidad de contratar el “servicio original” y pasen a las llamadas “empresas piratas” que ofrecen el mismo servicio por un precio mucho menor y sin impuesto obviamente, por lo que va a requerir una gran fiscalización por parte del estado, capacidad que dudamos tenga a esos niveles (en una labor de hormiga tendría que perseguir a infinidad de empresas informales de dentro y fuera del país y a millones de usuarios desperdigados en todo el territorio nacional).

 

El fenómeno ya se produjo en el pasado con la venta de Cds y Dvds piratas y las campañas de formalización que fueron un absoluto fracaso. Este fenómeno se produjo sobre todo por el alto costo del original de un álbum musical o una película, por lo que la mayoría de las personas optaban por los llamados “productos pirata”, de menor precio (y menor calidad) pero más accesibles para el común de la gente.

 

La piratería de los Cds y Dvds bajó notablemente gracias al streaming que, por un precio módico, se tenía películas y series de entretenimiento, coadyuvado con los televisores inteligentes y el servicio de internet que comenzaron a bajar de precio. Digamos que la tecnología “mató” el negocio de la piratería, no las campañas de fiscalización que de vez en cuando se efectuaban requisando productos ilegales.

 

Algo similar podría pasar ahora. Es posible que un porcentaje de los usuarios actuales o futuros migren a servicios piratas que ofrecen lo mismo, pero a un precio menor, o se compren cuentas en el extranjero, mucho más baratas que las locales.

 

Si en campañas contra bienes tangibles ilegales (los cd y dvd piratas) el estado fracasó en sus metas; suponemos que en la venta de servicios intangibles y más sofisticados como los de la norma aprobada, será mucho más complicado perseguir y sancionar a las empresas que los ofrezcan en forma ilegal dentro o fuera del país. Cerrará una empresa y se abrirá otra, como está sucediendo en otras latitudes.

 

3.- Otro factor que incidirá en la recaudación y en que aumente o no la “piratería digital” es conocer si las empresas de streaming o las apps de apuestas y juegos virtuales no domiciliados, decidan trasladar el 18% entero del IGV al consumidor final o solo una parte del mismo. El motivo es la competencia entre las propias empresas que ofrecen servicios similares. Van a evaluar ese factor antes de cargar enteramente el impuesto al consumidor final. Ello será importante para saber si la medida tendrá éxito o no, pero la decisión se encuentra en manos de los privados, no del estado.

 

4.- Como lo han resaltado varios tributaristas, el Estado hace décadas vive de los impuestos indirectos como el IGV. No solo porque es excesivo (equivale a casi la quinta parte del bien o el servicio a adquirir), sino porque en teoría debería ser un impuesto secundario frente al impuesto a la renta que grava los ingresos de las personas, naturales o jurídicas, y del cual hasta ahora no se ha visto ninguna reforma.

 

Presumimos que el facilismo de recaudar el IGV (el banco al final de cuentas es el sujeto retenedor que debe poner a favor del estado la suma retenida) ha dirigido el aprovechamiento de un impuesto sobradamente explotado. Una reforma para disminuir la informalidad o ampliar la base de los sujetos que tributan demandaría años antes de ver los frutos, por lo que recurrir al facilismo de usar un impuesto indirecto como el IGV es más viable, sobre todo para un estado que se encuentra en déficit desde hace mucho tiempo.